18 de noviembre de 2011

LA LCPPP no pechará
a las empresas de telecomunicaciones


Como relatamos en un post anterior, el  jueves 10 de  noviembre, con los votos del PSUV y del PCV se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular. En su intervención, el diputado Biagio Pilieri  advirtió que el texto consignado incialmente había sufrido algunas modificaciones. 
Entre estas, notamos las siguientes:

-La  exposición de motivos incluye los artículos 57 y 58 de la CRBV (Libertad de expresión y Derecho a la información)
Título I: Disposiciones fundamentales
- En el artículo 1ero (Objeto) se incluye el deber que tienen estos medios de garantizar una comunicación libre y plural.
-Se eliminó el artículo 5 referente a los mecanismos de participación.
-En el artículo 6 (de las definiciones) apartado 2, se establece que son medios sin fines de lucro.
-Desaparecieron las definiciones de 10 y 11 correspondientes a propaganda y publicidad.
Título II: Organización para la comunicación popular
-En el artículo 7 se establece la creación de un registro o censo de las organizaciones que serán financiadas y se establece que será “el órgano con competencia en la materia”.
Título IV: Del financiamiento para la comunicación.
-Los recursos del fondo que se creará y será manejado por la Vicepresidencia -artículo 18- se reducen a dos fuentes: donaciones y una contribución especial prevista en la Ley.
-Esa contribución especial se reduce a un solo tipo de empresas, las de publicidad y mercadeo, que deberán aportar el 2% de sus ganancias o utilidades.
Como vemos, es esta última la única modificación de fondo. Del nuevo tributo quedan excluidas las empresas de telecomunicaciones...
El texto, como ha sido anunciado por la AN, será llevado a segunda "discusión" el próximo 7 de diciembre. Se puede decargar aquí.

14 de noviembre de 2011

Medios digitales y participación política


El Departamento de Comunicación Social y el Laboratorio de Investigación Educativa de la Universidad de Los Andes convocan a la presentación de artículos para el Volumen 5, Número 1, del Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", correspondiente al primer semestre del año 2012, destinado a explorar la relación entre los medios digitales y la participación política.

El binomio tecnología-sociedad puede explorarse desde varias y muy diversas perspectivas. Una de ellas, sin embargo, ha cobrado renovado auge con el inicio de la segunda década del Siglo XXI: la política. Ello como consecuencia del impacto que ha tenido el uso de redes sociales y medios digitales en los procesos de cambios políticos y sociales que se observan en el Medio Oriente, concretamente las revueltas ocurridas en países como Túnez y Egipto en las cuales el protagonismo de los ciudadanos, enlazados a través de redes sociales como Facebook, o través del uso de canales de información como Twitter, ha sido relevante.

La emergencia de un nuevo infociudadano que, valido de herramientas de teleinformación, busca incidir en el espacio público es sin duda un fenómeno novedoso y necesitado de estudio y reflexión pues, como ha dicho Manuel Castells, la política se halla cada vez más encapsulada en el mundo de los medios de comunicación, adaptándose a sus códigos o intentando cambiar las reglas del juego mediante la creación de otros nuevos.

¿Qué efectos tiene el nuevo ecosistema mediático en la democracia? ¿Contribuye con el aumento de la deliberación, de la participación o de la incidencia de los ciudadanos en los asuntos públicos? De acuerdo con algunos autores, gracias a la emergencia de una vibrante ciberesfera, una mayor cantidad de ciudadanos anónimos tienen la oportunidad de interactuar y generar atención en torno a temas de su interés, de modo tal que se incluyan en la agenda mediática y política de una sociedad. Otros, por el contrario, arguyen que si bien existe mayor capacidad de habla y de relacionamiento entre los ciudadanos, ello no asegura su participación activa en la esfera pública ni su escucha o incidencia política.

Las preguntas en torno al impacto de Internet en la democracia expresan contradicciones. ¿Contribuyen las redes sociales articuladas en el ciberespacio a generar mayor participación social o nos aíslan en nuestra habitación frente a la pantalla? ¿Propician el cambio social o provocan fragmentación y dispersión? Aún más ¿qué relación existe -si es que hay alguna- entre el acceso a las TIC, los nuevos medios digitales y la participación política?

Este número de Disertaciones se propone la recepción de resultados de investigaciones, concluidas o por concluir, y de ensayos en torno a algunos temas ubicados en la intersección entre Medios Digitales y Participación Política, a saber: Redes sociales y participación ciudadana, ciberesfera pública y democracia, medios alternativos en la sociedad de la información, derechos de cuarta generación en la sociedad digital, periodismo ciudadano; medios, ciudadanía y democracia; ética en la sociedad digital, democracia electrónica y ciberpolítica , entre otros.

Asimismo se propone, en el contexto de este escenario, alentar contribuciones de fondo sobre las transformaciones que están ocurriendo en las teorías y modelos de la comunicación, así como sobre las metodologías emergentes para el estudio de estos asuntos dentro del mismo entorno digital y con las herramientas disponibles en él.

Disertaciones está indizada en Latindex, donde obtuvo la más alta calificación en los criterios de calidad científica. Los interesados en enviar contribuciones deben hacerlo a través del sistema electrónico de recepción de manuscritos donde se encuentran disponibles las normas para los autores.

La fecha límite de entrega de los manuscritos es el 30 de diciembre de 2011

Raisa Urribarrí, editora.

4 de noviembre de 2011

¿Se discutirá la ley de medios comunitarios?


     Desde principios de este año se vienen realizando consultas en relación con una ley dirigida a normar el funcionamiento de los medios comunitarios. Medios que, en el año 2000, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fueron reconocidos por parte del Estado. En agosto, un grupo de colectivos vinculados con estas iniciativas, con el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), introdujo a la Asamblea Nacional (AN), por iniciativa popular, una propuesta de ley con el apoyo de un poco más de 16 mil firmas que, posteriormente, fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral, según informó el presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la AN.  

     Aunque en varias ocasiones públicamente se ha anunciado su discusión, y se han consignado otros documentos que valoran esta iniciativa y presentan propuestas alternas, esta no se ha producido. Con el interés de ampliar el conocimiento sobre el asunto, el Diario de Los Andes (Trujillo) realizó una serie informativa de seis entregas en la que abrió sus páginas a diferentes voces: radialistas comunitarios, diputados del PSUV y de la Unidad Democrática, Cámara de la Radio, académicos de las tres universidades públicas nacionales con mayor tradición en el área de comunicación social, así como otros actores y protagonistas de iniciativas de comunicación alternativa, educativa y popular. 

     Para la realización de la serie tuvimos la responsabilidad de ofrecer un breve esbozo inicial, acopiar la documentación disponible y contribuir con la selección de vocerías. Lamentablemente, no todas las fuentes que sugerimos consultar accedieron a ello, pero el conjunto de trabajos, en líneas generales, cumple con el objetivo compartido, entre el Diario y nosotros, de informar con equilibrio y equidad. Agradecemos a la colega Paula Rivero, coordinadora editorial del periódico, y a Amílcar Trejo, responsable de los trabajos, su receptividad y compromiso. Igualmente a Henry Quintero, editor gráfico corporativo, por su inagotable paciencia con esta colaboradora. Aquí están todos los textos, en el orden en el cual aparecieron publicados.









19 de septiembre de 2011

6 de septiembre de 2011

Ley de medios comunitarios no debe polarizarse


*Entrevista hecha por la periodista Marianela Mavares, publicada en el Diario El Tiempo, de Valera.



¿Qué opina sobre la Ley de Medios Comunitarios?

Lo primero es que la discusión sobre esta Ley no puede ser objeto de polarización. Por una razón muy sencilla: al ser expresión de una comunidad, un medio comunitario, por definición, es plural y diverso.

¿Cómo evalúa la propuesta introducida en la Asamblea?

Que adolece de lo que justamente he dicho le resulta propio, el pluralismo, pues expresa -desde la exposición de motivos- una parcialidad. Si bien el proyecto se introdujo por iniciativa popular, algo que celebramos, ésta fue impulsada por el sector oficial y, por lo tanto, recoge sólo su visión e intereses. Son válidos, cómo no, y tienen el derecho de promoverlos,  pero otros ciudadanos también tienen el derecho de ser escuchados. Sobre todo porque las luchas de los medios comunitarios no son de hoy, sino de hace varias décadas, y el Estado está en mora con esta Ley desde hace diez años.

En mora, ¿por qué?

Porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 legaliza la existencia de estos medios y sobre su desempeño sólo se cuenta con un Reglamento, vigente desde el 2002. Obviamente, en cuanto a la normativa, entre esos niveles macro y micro, que son una Ley Orgánica y un reglamento, hace falta uno meso como este, es decir, una Ley Ordinaria

¿Y quiénes deberían opinar y ser escuchados?

Todas aquellas personas e instituciones que tengan algo que decir, con base en argumentos. Hablamos de algo muy serio, de una Ley de la República. Así como el sector oficial acompañó una propuesta, los diputados de la oposición que integran la comisión de medios presentaron una serie de principios a ser considerados. Pero, más allá de estos dos sectores, políticamente diferenciados, hay otros cuyas opiniones deberían ser tomadas en cuenta dada su experticia en estos asuntos.

¿A cuáles se refiere?

A los centros de investigación de la comunicación de las universidades nacionales, a la asociación venezolana de investigadores de la comunicación, a las escuelas de comunicación social, a las instituciones de larga data y tradición como el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, cuyo equipo periodístico recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2002 (por haber informado veraz, imparcial y oportunamente durante el blackout mediático) y la primera licencia que se otorgó en el país para la operación de una radio comunitaria.
¿Qué opina del documento que presentó la oposición?

Aunque de alguna forma también refleja el clima polarizador, es más amplio. Sorprende, por ejemplo, que acoja como referentes los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el cual ha servido de guía para la elaboración de normativas de avanzada como las de Argentina y Uruguay, países con los cuales nuestro gobierno tiene excelentes relaciones.  Si los diputados, tanto del PSUV como de la oposición, se sentaran a trabajar constructivamente podríamos tener una buena Ley.


¿En su criterio, cuáles son los puntos centrales de una Legislación como esta?

En primer lugar su definición, en cuanto a los medios que atañe. Estimo que lo conveniente sería legislar sobre radio y TV únicamente, porque el anteproyecto presentado incluye hasta las expresiones muralísticas, lo cual es impensable. Lo segundo sería lo relativo a los fines y objetivos de estos medios, que -por cierto- están muy bien definidos en el reglamento vigente, pues acoge lo que tradicional e históricamente han sido: medios de un tercer sector no comprometido ni con intereses comerciales ni gubernamentales.
Otro aspecto, obviamente, tiene que ver con el ente otorga licencias, financiamiento y regula su quehacer. Este debe estar constituido de forma equilibrada, con representantes de diversos sectores. En Uruguay, por ejemplo, existe un  Consejo integrado por representantes de algunos ministerios, de los propios medios comunitarios, universidades públicas y privadas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. En este punto falla, y mucho, el  proyecto presentado, pues establece, por ejemplo, la creación de un fondo dirigido a captar y distribuir recursos para estos medios y lo adscribe a la Vicepresidencia de la República. A escala internacional no se conoce algo similar.

¿Está de acuerdo con la división del espectro en tres partes iguales?

Los primeros papeles de trabajo introducían ese punto, pero el proyecto presentado ya no lo contempla. Pero igual te diría lo siguiente. El espectro electromagnético es un bien público administrado por el Estado y debe procurarse la equidad en su distribución. Bolivia acaba de aprobar una Ley que les otorga 33% al Estado, 33 % a los comerciales, 17 %  al sector social comunitario y 17 % a los pueblos indígenas originarios y campesinos. Cada realidad orienta una propuesta. Ahora bien, con la digitalización esto pasa a otro lugar. Tendríamos que estar hablando ya, como en otros países, de neutralidad de la red, de acceso universal al servicio de banda ancha. En realidad esta es una Ley del Siglo XX que, insisto, debería discutirse con amplitud, profundidad y sin sesgos.

31 de agosto de 2011

Anuncian pronta discusión
de la Ley de Comunicación Comunitaria

Hoy fueron entregadas para su verificación ante el Consejo Nacional Electoral las cerca de 26 mil firmas que avalan el proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular consignado el pasado 4 de agosto en la Asamblea Nacional. Además de los representantes del partido de gobierno, que promueve la propuesta, en el acto estuvo presente el diputado opositor Stalin González, miembro de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, quien destacó que el Estado está en mora con esta Ley desde el año 2000 cuando, con la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se abrió la compuerta legal para la existencia de la radiodifusión sonora y televisión abierta comunitaria de servicio público, sin fines de lucro. Estos medios, aunque cuentan con un reglamento, aprobado en el año 2001, adolecen de una Ley marco.
     Como se sabe, el proyecto presentado por los sectores afectos al ejecutivo el cuatro de agosto pasado, recibió una réplica por parte de los sectores de oposición quienes introdujeron un documento  insiprado en los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el cual ha servido de guía para la elaboración de normativas de avanzada como las de Argentina y Uruguay, y con el que aspiran la actualización y cualificación del texto legal.
     A la entrada del CNE, Blanca Eekhout, reconocida activista de medios comunitarios (fundadora de CatiaTV) que hoy ocupa la segunda vicepresidencia del congreso y quien también pertenece a la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, aseguró que, verificadas las firmas, habría discusión en esa instancia y luego se pasaría a la consulta pública. Todas las propuestas -dijo- serán consideradas.
     La que no será discutida, al parecer, es la referente a la vieja aspiración de los colectivos populares, de acceder al 33% del espectro radioeléctrico. Del primer texto ventilado entre los grupos, hasta el que finalmente fue orillado a la Asamblea, esta moción fue descartada. Permanece en pie, sí, la creación de un fondo de financiamiento constituido por una contribución especial del 2% de las utiidades brutas de las empresas dedicadas a la publicidad y a las telecomunicaciones, además de los aportes del sector público y donaciones particulares. Dicho fondo estaría adscrito a la Vicepresidencia de la República. Algunos gestores de medios han destacado la urgencia de contar con este fondo, pues "el aporte monetario es necesario para seguir ejerciendo nuestras labores".
     Sobre ese aspecto, aunque los principios de la AMARC promueven la sustentabilidad económica de los medios comunitarios, vinculan este punto con su independencia y transparencia, por lo cual -destacan- los recursos obtenidos deberán ser reinvertidos íntegramente en el funcionamiento de la emisora para el cumplimiento de sus objetivos y fines, a saber:
        Satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los integrantes de sus comunidades, sean éstas territoriales, etnolingüísticas o de intereses. Sus finalidades se relacionan directamente con las de la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del desarrollo social, de los Derechos Humanos, de la diversidad cultural y lingüística, de la pluralidad de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios pluralistas y por tanto deben permitir y promover el acceso, diálogo y participación de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales y religiosas, edades o de cualquier otro tipo, en sus emisoras.
      En esa dirección, tanto el otorgamiento de licencias, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del funcionamiento del servicio de radiodifusión comunitaria deberán ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales.
 

6 de agosto de 2011

¿Comunicación para el Poder Popular?

27 de junio de 2011

Ley de medios comunitarios:
¿Una manzana envenenada?

Con apoyo de diversos estamentos y funcionarios del gobierno, desde principios de año se vienen realizando reuniones que, como ha sido difundido por varios medios, promueven la discusión y aprobación de una Ley, simplifiquemos el título, de Medios Comunitarios.


Variadas notas de prensa, así como documentos disponibles, revelan que la propuesta apunta básicamente al logro de dos cuestiones: la reserva del 33 por ciento del espectro electromagnético para este tipo de iniciativas y el otorgamiento de un abultado presupuesto público para estas emisoras por vía de la publicidad oficial. Algunos señalan el 50 por ciento.


Amén de las lógicas suspicacias que un proyecto de este tipo pueda levantar, y de lo evidentemente desfasado que resulta, tomando en consideración las nuevas venas que abre la digitalización, lo que nos parece más curioso es el ominoso silencio de quienes, en nuestra opinión, tendrían mucho que abonar en un debate sobre el tema. Porque ese es un punto cardinal. No hay discusión y debate. Al menos abiertamente.


Las reuniones a las que nos estamos refiriendo están siendo auspiciadas por destacadas figuras afectas al gobierno y en ella participan, de forma mayoritaria también, gestores y representantes de un conjunto de medios claramente identificados con el sector oficial.


Sé, porque conozco el sector desde hace muchos años, que el de los medios comunitarios no es un grupo homogéneo, sumiso y obsecuente. Por el contrario, si algo late en el corazón de su tradición, es el ser esquivo a los controles y mediatizaciones.


Esa, y no otra, es la razón de su emergencia en el espacio mediático, para demandar democracia informativa, al margen de los intereses comerciales y gubernamentales. Ello, como ha sido reconocido por tirios y troyanos, se puso claramente de manifiesto en el año 2002 cuando, gracias al blackout mediático operado por la TV comercial, surgieron como una “alternativa” a la desinformación.


¿Cómo se comportan ahora? Varios estudios disponibles que examinan sus discursos y tendencias dan cuenta de ello. Algunos son de corte descriptivo, con énfasis en las percepciones de sus promotores; otros, ponen sus los oídos en las audiencias; algunos más de fondo, producto de tesis doctorales en universidades y centros de investigación del país y del extranjero, los calibran a la luz de teorías comunicacionales y políticas.


Palabras más, palabras menos, al menos los que hemos consultado, coinciden en una realidad notoria: son pocos los que cuentan con un fuerte anclaje social. Un buen trozo de esta torta ha sido comida por el gobierno. Desde el 2002 se planificó y llevo a cabo un proceso de cooptación dirigido a hacer de ellos un altavoz oficial y así se desempeñan muchos. Muchísimos.


Pero también emerge de bulto que ese panorama no es uniforme, plácido, inamovible. Subsisten, penosamente invisibilizadas, una interesante cantidad de medios de genuina vocación alternativa y comunitaria.


¿Qué piensan estos de esta propuesta de Ley? ¿Qué les parece una pretensión como la que se revela en el proyecto, destinada a doblegar, mediante una pauta publicitaria oficial, su necesaria, sana y legítima independencia?


Que sepamos, no existe en el orbe legislación que se ajuste a tamaño despropósito. Existen sí, Estados democráticos que aseguran y destinan presupuestos y partidas del erario público al sostenimiento económico de unos medios que le urgen a la democracia. Partidas y presupuestos compuestos por ingresos provenientes de fuentes públicas y privadas, vía tasas impositivas, por ejemplo, administrados localmente y supervisados por entes equilibrados y probos.


Porque es esto lo que está en el fondo. Quién te financia y para qué. Ya lo decía Alfonso Gumucio-Dagron, uno de los estudiosos más respetados por el movimiento de medios comunitarios a escala latinoamericana: La sostenibilidad de estos medios es un arte de equilibristas.


De acuerdo con este investigador, autor de varios libros de obligada consulta y protagonista de diversas experiencias en Bolivia y Guatemala, los medios comunitarios tienen que procurar un balance (nada fácil) entre tres tipos de sostenibilidades: social, económica e institucional.


Social, porque deben auscultar y expresar los pálpitos de una comunidad, que siempre es diversa, con equidad. Económica, porque de ella depende su autonomía e independencia. Y, finalmente, institucional, porque tienen el derecho - y el deber- de exigirle al Estado un margo legal y regulatorio que garantice su supervivencia, de acuerdo con los ideales de una gestión democrática y participativa. Sin concesiones.


Hemos advertido muy de cerca la presión que sienten quienes, para nosotros, encarnan prácticas de legítima comunicación comunitaria y alternativa. Por eso nos resultan tan valiosas las expresiones de Argenis Fuenmanyor, de Tierra Libre FM de Trujillo; o de Kenia Useche, de Canal Z, de Maracaibo, quienes en un reciente foro celebrado en Valera, con el patrocinio de la misma Gobernación del Estado, abogaron por una revisión de fondo sobre el quehacer de estos medios y, en el contexto de la Ley que se promueve, pusieron sobre el tapete el tema de su necesaria independencia, al margen del discurso oficial.


¿Quién puede dudarlo? Es necesaria una Legislación que legitime, acote y preserve el digno quehacer de estos medios. Lo que no debe aceptarse es que, en aras de su muy circunstancial cooptación, se les ofrezca -y se acepte- una manzana envenenada. ¿Habrá algún ingenuo en esta época? ¿Se la comerán? ¿Cómo conjurar esa trampa? ¿Cómo aprovechar esta contingencia para avanzar en la antigua y noble lucha por una comunicación democrática?

2 de junio de 2011

Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet (01/06/2011)

De los principios generales (1, a):

"La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad..."

Ver el texto completo aquí

5 de mayo de 2011

En 1993 la ONU proclamó el Tres de Mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa y anualmente, desde el 2003, la UNESCO realiza una conferencia anual - el World Press Freedom Day- dirigida a celebrar los principios fundamentales de la libertad de expresión y prensa, defender los medios de comunicación de los ataques a su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

Como otras instituciones, la UNESCO destinó su evento de este año a analizar el potencial de Internet y el uso de las plataformas digitales. El leit motiv de la conferencia realizada en Washington durante tres días fue, precisamente, Medios del Siglo XXI: Nuevas fronteras y nuevas barreras.

Si bien es cierto que el crecimiento de Internet ha ampliado en gran medida las capacidades de los individuos y grupos para buscar, recibir y difundir información, y que las nuevas plataformas han hecho posible que casi cualquier ciudadano pueda comunicarse globalmente, también lo es que comienzan a emerger obstáculos e intentos de bloquear, filtrar y censurar la información que circula por los medios digitales.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), también con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa recopiló y divulgó las 10 estrategias más difundidas para la censura en Internet alrededor del mundo y los países que han tomado la delantera en su uso. Lo que resulta más sorprendente -subrayan- no es la identidad de los represores, pues se trata de países con antecedentes bastante conocidos, “sino cuán rápido han adaptado viejas estrategias al mundo de Internet”.

El que sigue es un breve resumen.

Bloqueo/ Irán

Desde la reñida elección presidencial de 2009, Irán ha aumentado dramáticamente la sofisticación del bloqueo de la Web, así como sus esfuerzos para impedir que los periodistas accedan o creen contenido en línea. En octubre, el bloguero Hossein Ronaghi Maleki fue sentenciado a 15 años de prisión por el supuesto desarrollo de un programa contra el filtro en Internet y dar cabida en la red a otros blogueros iraníes.

Censura de precisión/Bielorusia

Durante las últimas elecciones presidenciales, Charter 97 -un medio independiente en línea- fue dado de baja mediante un ataque DOS (sobrecarga del servidor con solicitudes externas de comunicación). Adicionalmente, los usuarios del medio fueron redirigidos hacia un sitio falso creado por un tercero desconocido, sus oficinas fueron allanadas y sus editores golpeados, arrestados y amenazados.

Acceso negado/Cuba

El acceso a la red es precario y la infraestructura local de Internet está muy poco extendida. Solo una pequeña fracción de la población tiene permitido su uso y la mayoría debe usar puntos de acceso controlados por el gobierno mediante el registro de identificación, intensa vigilancia y restricciones.

Control de la infraestructura/Etiopía

La compañía estatal de telecomunicaciones tiene el control monopólico sobre el acceso a Internet y líneas telefónicas fijas o celulares. En este país se lleva a cabo una filtración sustancial de noticias sobre política y ha invertido en tecnología para el bloqueo satelital y para impedir que los ciudadanos reciban noticias de fuentes extranjeras

Ataques con software malintencionado/China

Periodistas reciben correos electrónicos infectados con programas que pueden ser usados para espiar sus comunicaciones, robar sus documentos confidenciales, e incluso dirigir su computadora para que realice ataques en línea hacia otros blancos. Un conjunto de esos ataques coincidieron con la entrega del Premio Nobel de la Paz en 2010 al escritor y defensor de los derechos humanos encarcelado Liu Xiaobo, y la supresión oficial de noticias que describían las revueltas de Medio Oriente.

El informe completo se puede leer aquí: http://bit.ly/lSZfRd

29 de abril de 2011

Aumentan y se diversifican
las amenazas sobre Internet

“Nuevas tecnologías, innovación en los modos de represión” se titula la introducción al informe Libertad en la Red 2011, un estudio publicado recientemente por la organización Freedom House (FH), según el cual la libertad de expresión y prensa en Internet correría riesgos en Venezuela.

Esta es la segunda investigación que realiza FH para calibrar el estado de la red a escala global. El informe del año 2009 examinó 15 países y de América Latina sólo figuraron Cuba y Brasil. El actual presenta los resultados de 22 más, para un total de 37. Entre los latinoamericanos se cuentan, además de los dos anteriores, México y Venezuela.

En líneas generales, internacionalmente la propagación e intensificación de los controles de Internet sigue cuatro patrones bien definidos: bloqueo de contenido político relevante, ciberataques contra sitios críticos, control de la infraestructura de telecomunicaciones y manipulación de la información disponible en línea.

Los resultados globales revelan que un número cada vez mayor de gobiernos se está moviendo para regular o restringir la libre circulación de información en Internet. Incluso en países como Corea del Sur y el Reino Unido la red es vapuleada a través del acoso judicial, la censura o la vigilancia.

No obstante, el informe también señala que, aunque las amenazas aumentan y se diversifican, igualmente lo hacen las iniciativas de ciudadanos y activistas que ensayan y encuentran formas de eludir las restricciones y de usar las diversas herramientas disponibles en la red para promover la democracia y los derechos humanos.

La metodología del estudio se basa en el escrutinio de un conjunto de cien indicadores clasificados en tres categorías: obstáculos para el acceso, límites en el contenido y violación de los derechos de los usuarios. Los resultados permiten agrupar a los países en tres segmentos: con libertad en la red, parcialmente libres y sin libertad.

Ocho países aparecen en el tope, con Estonia y Estados Unidos a la cabeza, y once en la base, con Irán, Burma y Cuba disputándose el foso. Venezuela se ubica en el medio, junto con diecisiete más y, según los hallazgos, comienza a mostrar “signos iniciales de control de Internet por motivos políticos”.

Ya en los preliminares, de un texto de casi 150 páginas, las investigadoras Sanja Kelly y Sarah Cook mencionan este dato y advierten que, si bien en nuestro país las restricciones a los medios de radiodifusión habían crecido en los últimos años, la red se había mantenido relativamente libre de control.

Aunque hasta la fecha no se han detectado casos de filtrado a gran escala, o detenciones masivas de ciberactivistas, sí se nota “el esfuerzo por intimidar a los sitios web para que censuren los comentarios de sus usuarios”, afirman. Un riesgo adicional a futuro lo supone la posible aplicación discrecional de la ley Resorte, reformada en diciembre pasado, que insta a los operadores de las redes de telecomunicaciones a convertirse en censores.

Entre los eventos más relevantes asociados a un posible bloqueo mencionan un caso puntual: la dificultad que se tuvo para acceder a ciertos blogs alojados en la plataforma de Wordpress y al portal Noticiero Digital (inaccesible desde Venezuela a través de CANTV) durante los días cercanos a las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010.

El informe señala una arista crítica: la imposibilidad de comprobar la responsabilidad del gobierno, u otros agentes, en estos casos. Subraya que estos son eventos preocupantes en un país donde no existen contrapesos entre los diferentes poderes del Estado y que carece de instituciones independientes ante las cuales propietarios, usuarios y productores de contenido pueden tramitar sus quejas, pues el organismo regulador del sector, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), depende del poder ejecutivo a través de la Vicepresidencia de la República.

De cara a las próximas elecciones presidenciales del 2012, el estudio sugiere que podría “aumentar la censura y el hostigamiento a los medios digitales y a los usuarios de Internet”. De concretarse este vaticinio, el gobierno estaría bien apalancado, pues en Venezuela, “aunque hay 25 operadores de telecomunicaciones, es la CANTV, estatizada en 2007, la compañía que monopoliza el servicio de banda ancha y controla más del 90 por ciento del mercado de Internet”. Movilnet, por su parte, lidera el mercado de la telefonía móvil.

El informe completo se puede revisar aquí

Publicado en CódigoVenezuela y Diario de Los Andes

7 de abril de 2011

Comunicación digital...y local


Quedaron asuntos pendientes, hilos sueltos y, afortunadamente, muchos más aprendizajes que los previstos. Cuando se trabaja con base en una pedagogía de (j) aulas abiertas, siempre sucede así. A pesar de cualquier dificultad, se sale ganando.

No son pocos los problemas que confronta la carrera de comunicación social en el país, como comentamos hace un par de semanas. La de la Universidad de Los Andes, en Trujillo, no es la excepción. Los más notorios, al menos desde aquello que directamente nos concierne, son la existencia de un pensum desactualizado y la falta de una infraestructura de telecomunicaciones que permita explotar a fondo las posibilidades que brinda la web 2.0 para la formación y el ejercicio profesional. No obstante, los 18 cursantes de la cátedra de periodismo digital superaron el reto que se les impuso: con ganas y determinación.

Si en algo modifica la explosión digital al viejo y noble oficio periodístico es la posibilidad que se abre para la difusión y el tratamiento alternativo de la información de proximidad. Esa fue la apuesta que lanzamos: hacer comunicación digital con énfasis en lo local. Y la ganamos.

Con ocho propuestas, cinco individuales y tres colectivas, nuestros estudiantes no sólo demostraron los conocimientos adquiridos, sino algo aún más importante: que cuando se les reta son capaces de formular y llevar a cabo proyectos factibles, iniciativas que, al concluir la cátedra, pueden echar a volar por cuenta propia.

Porque esa es otra de las posibilidades que brinda el nuevo entorno digital a los profesionales de la comunicación: fundar y emprender de forma independiente. ¿Cuántos de estos proyectos se sostendrán en el tiempo? No lo sabemos, pero la semilla está allí. Que germine dependerá de la continuidad enel esfuerzo.

Los proyectos

Letras Periodísticas: Revista digital dedicada al ámbito cultural. Quiere ser un espacio donde confluyan productos periodísticos destinados a resaltar, difundir y exponer expresiones culturales propias de la entidad trujillana.

Cancha 2.0: Un blog de información y promoción deportiva con énfasis en las disciplinas amateur que se desarrollan en los andes y que reciben una muy escasa cobertura noticiosa.

El Instantáneo. La actualidad trujillana segundo a segundo. Una cuenta Twitter, un sitio en Facebook y un Blog. Tres herramientas enlazadas para informar al instante, crear redes sociales y profundizar en la información localmente relevante.

Deportes NURR. ¿Saben Uds. cuántos grupos deportivos hacen vida en el NURR? Asómense a este blog y se llevarán una sorpresa. Atletas destacados, historias, agenda de eventos y mucho más.

Consejo Comunal Nueva Esperanza. Desde Pampan, una iniciativa donde el periodismo digital se da la mano con la comunicación para el desarrollo y el servicio comunitario.

Padres de Estreno. Como su nombre lo indica, esta es una guía de información local para los padres que se estrenan en el ejercicio de una profesión que no se enseña en ninguna parte.

Literalmente joven. Blog elaborado por un grupo de estudiantes del colegio Monseñor Mejía. Liceístas de Valera toman la red para hablar, con su propia voz, de las realidades que les toca vivir. Un ejemplo de como el periodismo escolar puede ser una vía para la formación ciudadana.

La Fototeca del NURR. Un notable esfuerzo dirigido a preservar y compartir la memoria gráfica de la Universidad de los Andes en Trujillo. Es un sitio web desarrollado por Alfredo Zambrano, quien ha sido por casi 20 años el fotógrafo oficial del NURR y uno de los alumnos más aventajados de la carrera. Hecha con apoyo del personal de RedULA y PrensaNURR, la Fototeca aún se encuentra en período de prueba en la Intranet local. Por su misma condición, estará alojada en el servidor institucional de nuestra Universidad.

31 de marzo de 2011

#GenteEnRed: una opinión desde el país invisible

A raíz de los sucesos de Medio Oriente, una pregunta circula insistentemente entre investigadores, políticos y activistas: ¿Estimulan las tecnologías de información y comunicación (TIC), la Internet y las redes sociales la participación política?

En nuestra opinión, la respuesta pasa por el rastreo de discusiones pasadas, sostenidas al calor del surgimiento y auge de Internet (la 1.0) en el seno de las llamadas comunidades virtuales que no otra cosa, aunque más complejas, son las estructuras hoy definidas como redes sociales.

Nos referimos a una abundante cantidad de estudios, documentales y empíricos, desarrollados por centros de investigación, ONG y organismos internacionales que, cobijados bajo el rótulo de ICT4D (TIC para el Desarrollo) o el de Community Informatics (Informática Comunitaria) tenían, entre otros propósitos, establecer correlaciones entre el uso de las TIC y su impacto en el desarrollo humano, social o comunitario.

Una revisión a fondo de estos informes, que abarcan más de una década, resulta una tarea difícil y abrumadora, pero buceando entre ellos se desprende que una pregunta como la formulada al principio pasa, en primer lugar, por considerar la existencia de una tríada indisoluble: acceso, participación e incidencia. Porque una cosa es el acceso a las TIC, otra su uso y, una más, su apropiación, vale decir, su utilización estratégica, como sería la creación y/o utilización de redes sociales con fines de incidencia política.

En Venezuela, aunque según las estadísticas el acceso a Internet (plataforma en la que anidan estas redes) se ha ampliado, los estudios señalan que su uso se asocia mayoritariamente con lo lúdico, con el entretenimiento. Es decir, se accede a los recursos, se participa en ciertos espacios de forma activa, pero no siempre en el sentido político del término. Puede haber más acceso, más uso, pero no, necesariamente, una mayor incidencia en el ámbito político. Viéndolo de otra forma, supone afirmar una obviedad: también puede haber participación e incidencia política, al margen del acceso a las TIC.

Existe, sin embargo, una creciente porción de ciudadanos -los llamados infociudadanos- interesados en participar en los asuntos públicos y esto se hace bastante evidente en este tipo de redes sociales. Pero una cosa es participar y otra, muy distinta, incidir. La participación que nace en esta suerte de ciberesfera pública puede generar incidencia cuando las redes presenciales y virtuales se combinan recíprocamente. Son las llamadas blended networking, o redes que combinan ambas facetas, pero que esa sinapsis se produzca depende de asuntos de fondo, del contexto y de la tecnología, no solo de esta última.

Lo que vimos en Medio Oriente, como lo describió Manuel Castells, fueron “revueltas cogeneradas sin estrategia central” que multiplicaron a lo interno las protestas y, paralelamente, le dieron alta visibilidad más allá del Norte africano. Eso tiene un indudable valor, como ya vimos, pero quizás no sea el más importante, el de más largo plazo, como el que concibe el uso de las TIC atado al concepto de participación y construcción ciudadana.

En Venezuela, lamentablemente, pocos actores políticos reconocen la centralidad de este asunto. Aunque hay señales positivas, como las iniciativas realizadas en Caracas bajo el auspicio de @chacaodigital, la gran mayoría aún no lo percibe así, a pesar de la importancia que le ha otorgado el mismo Jefe del Estado. No queremos decir que el Presidente advierta el potencial de las redes, y de canales de información como Twitter, por ejemplo, de la manera en que nosotros lo aspiraríamos, pero ha puesto el asunto sobre el tapete y ello, sin duda, es positivo.

Hoy cualquier proyecto político pasa por la búsqueda de esa articulación realidad-virtualidad. Se trata de encontrar el equilibrio entre ambas dimensiones y de saber aprovechar las ventajas que tiene cada una. Pero lograrlo no es sencillo. Se requiere un profesional formado (no sólo con experticia técnica), motivado y con capacidades para buscar información, para discriminarla, contextualizarla, otorgarle sentido, generar conocimiento y aplicarlo en áreas específicas. Cimentar ese bagaje teórico-práctico requiere tiempo y dedicación.

En Venezuela, los medios digitales, especialmente los blogs, Facebook y Twitter, se han venido convirtiendo en un espacio de difusión y deliberación de asuntos políticos y sociales, expresión de un conglomerado políticamente muy variopinto en el cual es posible advertir gradaciones, más allá del blanco y del negro (aunque los incluye) al que pretenden confinar a los ciudadanos los extremos en confrontación. De manera tibia, en algunas ocasiones circunscritas al mismo ámbito comunicacional, este conjunto ha revelado su potencial. ¿Estará preparado para dar otro paso? ¿Serán nuestros políticos capaces de advertir ese momento? Y, para finalizar, ¿No representa este grupo una apetecible porción de los codiciados NiNi?

Publicado en Código Venezuela

24 de marzo de 2011

Periodismo digital en Venezuela:
SOS desde la Universidad

La próxima semana culmina el cuarto año de la carrera de comunicación social de la Universidad de Los Andes en Trujillo y, con éste, el primer año en que se imparte la cátedra Periodismo digital con cuyo dictado colaboramos, pues nos interesaba examinar un supuesto de nuestra investigación doctoral dirigida a examinar algunos de los cambios que ocurren en la Sociedad de la Información.
Esta experiencia nos permitió corroborar ciertos supuestos planteados en nuestra indagación y fortalecer otros. Entre los más importantes: la urgencia que tienen las escuelas de comunicación social de reformular sus planes de estudio de cara a las innovaciones tecnológicas que influyen en el ejercicio profesional.
Es indudable que sigue haciendo falta una formación de corte humanístico, profundamente reflexiva, con base en lo mejor del oficio, pero ésta debe estar acompañada de un intensivo quehacer práctico. En la Sociedad de la Información resulta un despropósito formar un profesional para la comunicación social sin que éste tenga la posibilidad de hacer una inmersión activa en el nuevo ecosistema mediático hipertecnologizado.
El reto para la universidad venezolana no es menor. Catorce imparten la carrera. De éstas, sólo 4 son públicas: las del Zulia (LUZ), los Andes (ULA), Central (UCV) y Bolivariana (UBV). Únicamente LUZ (desde 1995) y la ULA (desde 2003) cuentan con una materia obligatoria dirigida a preparar a los estudiantes en estos asuntos. La UCV la incluyó en el año 2005, pero como electiva. De las diez privadas, apenas tres, la Católica Andrés Bello, la Fermín Toro y la Rafael Belloso Chacín, la han introducido en sus planes de estudio.
En el caso de las públicas es necesario subrayar que la materia se dicta en espacios inadecuados. Salas de redacción con equipos obsoletos y, lo más grave, con serios problemas de conexión, situación que tiende a empeorar debido a la progresiva disminución del presupuesto otorgado por el Estado y la promulgación de decretos como el 6649 (marzo 2009) que considera el servicio y uso de Internet como gasto suntuario o superfluo para este sector.
Coincidimos con Rosa Virginia Fagúndez, profesora en la UCV, cuando en la tesis de grado de Ingrid Valero Periodismo Digital: El perfil del periodista digital en los medios venezolanos, de la cual fue tutora, sostiene que “en las escuelas debe crearse un departamento que transversalice todos los campos de la comunicación social a su propio entorno, desde el periodismo ciudadano, pasando por el discurso digital, los medios audiovisuales, la publicidad, la foto e infografía digital, el diseño gráfico, e incluso un nuevo programa informático que ofrezca posibilidades de diagramación gracias al enorme abanico de opciones digitales (video, podcasts, animación, publicidad interactiva, radio y TV digital) con que se cuenta actualmente”.
Si algo distingue a la sociedad del Siglo XXI es la centralidad que ocupan las tecnologías de información y comunicación. No en balde se le llama de la información, de la comunicación, del conocimiento, sociedad-red e, incluso, cibersociedad. Para decirlo con palabras de Perogrullo: El Estado no puede desconocer esta realidad y los centros de educación superior que egresan comunicadores deben ajustarse a ella.
Con el postgrado en medios digitales, la ULA ha dado un paso importante para cualificar la formación de sus egresados y satisfacer las demandas de un campo laboral en franca mutación, pero en el pregrado los cambios suelen llegar con excesivo y peligroso retardo.
Como afirma Esther Vargas, ningún dispositivo (o habilidad técnica, agregaríamos nosotros) nos transformará en mejores periodistas, pero es indiscutible que, como advierte Mario Tascón, el periodismo de este siglo demanda más máquinas. En este libro Reflexiones sobre Periodismo, lo que dejó 2010 y lo que se viene en 2011 quedan abiertos ese y otros debates.
Innovación técnica, sí, pero también sólidos fundamentos éticos y sensibilidad estética. Más equipamiento, sí, pero también más y mejor conexión social, nuevas narrativas, equipos multidisciplinarios, globalización de la información local, localización de la información global, nuevos modelos de negocio… Este año, en los rostros de los jóvenes que pasaron por nuestras (j) aulas, ratificamos la certeza acerca del enorme tamaño de ese desafío. 

17 de marzo de 2011

¿Preguntas a Conatel?

Hace algunos años comenzamos a observar con atención el desempeño de las radios comunitarias a partir de la percepción de que éstas, a contravía de su larga tradición, en vez de ser iniciativas dirigidas a democratizar las comunicaciones le estaban abonando a la polarización política. En ese entonces, nos referimos al año 2007, aunque advertíamos rasgos preocupantes, indicábamos que se necesitaban estudios más profundos, diagnósticos exhaustivos que dieran mejor cuenta de la situación.

Ya han comenzado a producirse. Dos investigaciones muy recientes, realizadas por estudiantes de la maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Zulia, ofrecen un panorama bastante completo, pues se complementan regional y temáticamente. La primera de ellas corresponde a Camilo Mora, quien analizó la participación ciudadana en la gestión de las radios comunitarias del estado Táchira; y la segunda, que examinó la situación legal de las radios comunitarias del municipio Maracaibo del estado Zulia, a un equipo encabezado por Nerio Abreu.

Los hallazgos de ambos estudios exponen con contundencia las irregularidades en las que incurren buena parte de estas emisoras. El focalizado en Maracaibo, que explora los aspectos legales, arroja como resultado que de las 32 emisoras que es posible sintonizar, apenas 6 cuentan con la habilitación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El del estado Táchira, por su lado, revela que existen 11 emisoras autorizadas, pero 21 más con solicitudes en espera desde hace varios años.

Uno de los asuntos más relevantes de estas pesquisas emerge del análisis de su programación. Mientras que en las del municipio Maracaibo despunta su cariz comercial, en las de Táchira sobresale su mayoritaria adhesión al gobierno. No es que las estudiadas en Maracaibo carezcan de ese sesgo, pero no es lo predominante, de acuerdo con lo que exponen sus autores en un artículo que, por cierto, fue favorablemente comentado el domingo pasado en el Editorial del diario Últimas Noticias.

El estudio de Mora, aún inédito, descubre en las emisoras del estado Táchira “la inobservancia del Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público Sin Fines de Lucro”, lo cual se manifiesta “en considerables programas de opinión conducidos por autoridades civiles, como alcaldes o concejales, que más allá de expresarse de forma institucional, frecuentemente lo hacen como activadores político-partidistas”. Igualmente agrega: “pocos medios poseen una programación que rescate el acervo cultural y espiritual de las comunidades (…) la mayor parte de la programación está destinada al entretenimiento”.

Ambos trabajos coinciden al señalar irregularidades y ambos apelan a la urgente intervención del ente regulador. Recomienda el de Abreu: "Resulta indispensable que el Estado venezolano, a través de Conatel, investigue plenamente las actividades que realizan las llamadas emisoras comunitarias. Solo mediante la aplicación de las leyes se podrá conseguir que lo que surgió como una alternativa al monopolio de los medios tradicionales no se convierta en espacios para la realización de las mismas prácticas de las radios comerciales". Y así el de Mora: “Consideramos que Conatel debe ser más celosa en el cumplimiento de la ley”. Lo que nosotros nos hemos venido preguntando desde el año 2007 es: ¿Qué ente, quién, quiénes, debe (n) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales?

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel) del año 2000 dispuso en su artículo 34 que Conatel estuviera adscrita al Ministerio de Infraestructura, pero con el transcurrir del tiempo, y de forma discrecional, ésta fue migrando por varios despachos hasta quedar bajo el mandato de la Vicepresidencia de la República. Aunque la reforma hecha en diciembre pasado no aclara el asunto de su adscripción, más bien aparece como un galimatías, el artículo 40 se mantuvo intacto: en él se establece que su Consejo Directivo estará formado por el director y cuatro miembros, con sus respectivos suplentes, de libre nombramiento y remoción por parte del Jefe del Estado.

Dada la importancia de los asuntos bajo su competencia, con la finalidad de garantizar su equidad e independencia, en otras latitudes el organismo regulador de las telecomunicaciones está integrado por diversos sectores: organismos del Estado, representantes de la empresa privada, de las academias y voceros comunitarios, entre otros. El espíritu que priva es que, en medio de una dinámica plural, no se imponga el interés de un sector por sobre los otros y prevalezca el equilibrio.

Las investigaciones de campo demuestran que las radios comunitarias no están cumpliendo con el papel que la Ley y su extensa y sólida tradición les asigna. En la nota editorial de Últimas Noticias, firmada por Eleazar Díaz Rangel, se formulan varias preguntas, todas muy interesantes y pertinentes, pero por lo que hemos venido coligiendo (se titula Preguntas a Conatel) el destinatario no parece ser el más adecuado. ¿De quien -y de qué- depende que las radios comunitarias marquen una diferencia?

Publicado en Código Venezuela

10 de marzo de 2011

Periodismo y hospitalidad

El término hospitalidad pareciera haberse puesto de moda. En el lenguaje “de andar por casa”, como califica a la lengua de uso diario la lingüista Margarita Arribas, decimos que una persona es hospitalaria cuando acoge con amabilidad y generosidad a los invitados. Cuando estamos frente a alguien distinguido con ese comportamiento, decimos que es un excelente anfitrión o afitriona.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, del latín hospitalitas, la hospitalidad es la “virtud que se ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades”. A su vez del griego filoxenia (derivado de “filos”, que es amigo, y “xenos”, que es extranjero), ser hospitalario es ser amigo de los extranjeros; todo lo contrario de ser xenófobo, que es sentir rechazo hacia éstos.

Diversos autores y disciplinas han abordado el tema de la hospitalidad. Entre ellos los filósofos adscritos a la corriente hermenéutica, como el alemán H-G. Gadamer quien, según estudiosos de su obra como Aníbal Rodríguez Silva, fue el fundador de la hermenéutica hospitalaria, aquella que parte del principio de que “es el otro quien tiene la razón”.

¿En qué consistiría, entonces, un periodismo de corte hospitalario? En la tesis desarrollada por el investigador Lokman Tsui (doctorado en Comunicación por la Universidad de Pennsylvania el año pasado) y justamente titulada Un periodismo hospitalario, se analizan los cambios institucionales del periodismo en un mundo globalizado y se responde a esta pregunta a través de un estudio comparativo entre algunos medios que han migrado al entorno digital (en proceso de adaptación, les llama) y otros emergentes calificados de "transformativos", como Indymedia y Global Voices, iniciativas que buscan ampliar la conversación global y arrojar luz sobre hechos desde perspectivas que otros medios tienden a ignorar.

En la tesis de Tsui se parte del principio de que la hospitalidad consiste, de acuerdo con Roger Silverstone, quien la incorporó a los estudios de la comunicación, en "la obligación ética de escuchar." Según el académico inglés, los medios de comunicación son instituciones de representación, y como tal, tienen la obligación de ser hospitalarios.

Estamos en medio de una época que se caracteriza, entre otras cosas, por el surgimiento de una enorme cantidad de nuevas voces públicas gracias a las facilidades que provee la Internet. En estos tiempos, afirma Tsui, entender al periodismo a través de la lente de la hospitalidad presenta no sólo una oportunidad, sino un desafío radical, pues en un mundo donde todos pueden hablar ¿quién escucha? Se recomienda, como colofón de esta disertación, que el periodismo se convierta en una institución donde la escucha, la conversación y la hospitalidad constituyan los valores centrales.

En esta dirección, los periodistas no sólo tienen el derecho de escribir (o emitir), sino -principalmente- el deber de escuchar. En medio del ruido, la función de los medios no radica sólo en la representación, sino en ejercer un cierto grado de moderación y guía. Ello pasa, claro está, porque los periodistas entendamos nuestra profesión como los hermeneutas, vale decir, que partamos del convencimiento -nada sencillo- de que no estamos en posesión de la última palabra. No sólo en una sociedad globalizada, sino como la nuestra, también polarizada, es un desafío de los mayores.

Publicado en Código Venezuela y Diario de Los Andes

21 de febrero de 2011

Internet y la academia: ¿Qué pasa con la red?

Venezuela fue pionera en la conexión a Internet en América Latina. El país comenzó su desarrollo en 1981 a través del Sistema Automatizado de información Científica y Tecnológica (SAICYT) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), con una base tecnológica X.25, que era la vigente en aquella época. Los usuarios, una ilustre cofradía que no llegaba al centenar de personas, accedían a los servicios, básicamente al correo electrónico, por medio de líneas discadas y módems con una velocidad de 9.600 baudios por segundo (bps).

Casi una década después, en 1990, la red ya alcanzaba un registro de dos mil usuarios. Conectada a Internet a través del JvNCnet en la Universidad de Princeton, a través del protocolo de interconexión TCP/IP, se funda en 1994 la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun) que comienza operaciones formales en 1995. Eran los tiempos de “Dino”, el recordado servidor del Conicit. Quien tuviera una cuenta de correo bajo el dominio dino.conicit.ve era un adelantado en una época en la que Internet estaba lejos de ser una herramienta de uso cotidiano, como lo es ahora, sino que formaba parte de un imaginario del que llegaban referencias a través del cine y revistas especializadas.

Estamos hablando de los años previos a la invención de la WEB, cuando las búsquedas comenzaban con un gracioso (nos parece ahora) gopher:// en vez de www. ¡Cuánta pasión invirtió la academia venezolana para popularizar el nuevo y poderoso invento!

No obstante, el objetivo de hacer accesible la red a un mayor número de venezolanos sólo comenzó a fraguarse en 1996 cuando, gracias al otorgamiento de siete licencias para la operación de Proveedores del Servicio de Internet (PSI) por parte de la Comisión Nacional del Telecomunicaciones (Conatel), se inicia la explotación comercial de Internet. Puede afirmarse, entonces, que en Venezuela la red entró por las puertas de la academia y que la vanguardia que mostró el país con su temprano desarrollo se debió a científicos y técnicos de nuestras universidades y centros de investigación. La Universidad de Los Andes destacó en ese esfuerzo por ser la pionera, en 1992, con la creación de RedULA. Los nombres de José Gregorio Silva, Edmundo Vitale, Luis Núñez, Ermanno Pietrosemoli y Edgar Chacón, profesores de las Facultades de Ciencias e Ingeniería, ocupan las primeras líneas de esa historia.

En marzo del año 2000 Reacciun -que era una Asociación Civil sin fines de Lucro- pasa a ser administrada por el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), ente tutelado por el recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según declaraciones del primer titular de ese despacho, Carlos Genatios, el CNTI tenía entre sus objetivos dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 825, que declara el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo económico, social y cultural del país.

Siete años después, la gestión de la Red Académica Nacional fue asumida por la Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI)

En la actualidad, según reza en su portal, Reacciun no sólo interconecta instituciones de educación superior y centros de investigación, sino organismos nacionales dependientes del MCTI. Su espina dorsal (backbone) la componen 4 nodos enrutadores principales ubicados en Caracas, que se sirven de la operadora nacional (CANTV) con enlaces de anchos de banda que van de 34Mbps a 100 Mbps, para el acceso de redes avanzadas; y desde 512Kbps a 100Mbps, para acceso a Internet comercial o global.

Reacciun es miembro de la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (Red CLARA) una Organización de Derecho Internacional sin fines de lucro dirigida a promover la investigación, la innovación y la educación mediante el uso de redes de telecomunicaciones. A través ella, la red académica nacional se conecta a otras redes de América Latina con un enlace de 45 Mbps, que a su vez la articula con las Paneuropea Geant2 y la asiática Apan. También dispone de un enlace de 155 Mbps, conocido como Internet2, que la conecta a Estados Unidos.

Se supone que a través de Reacciun los académicos, profesores e investigadores de los diferentes centros de investigación y universidades del país, podemos acceder a velocidades de conexión superiores a las que brindan los proveedores comerciales de acceso a Internet y disfrutar de los servicios de telecomunicaciones avanzadas que exigen nuestras labores. La realidad, sin embargo, es una muy distinta. La pregunta que corre por casa es: ¿Qué pasa con la red? En posteriores entregas trataremos de asomar algunas respuestas.

Publicado en el Diario de Los Andes, 18/02/2011

10 de febrero de 2011

Cable Venezuela-Cuba: ¿a prueba de tiburones?

El martes pasado llegó las costas de Siboney, Cuba, la punta norte del cable de 1630 kilómetros de largo cuyo extremo sur se encuentra sembrado en Camurí, una de las playas del estado Vargas, desde el pasado 22 de enero. Con una capacidad de 640 gigabytes, el cable de fibra óptica, que pudiera multiplicar por 3000 la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz de que dispone actualmente Cuba, ha sido fabricado a prueba de tiburones, según se lee en una nota difundida por la revista Cuba Socialista, órgano informativo del comité central del Partido Comunista Cubano.

El proyecto, denominado Sistema Internacional de Telecomunicaciones ALBA1, con un costo de aproximadamente 70 millones de dólares, ha sido ejecutado por Shanghai Bell, una filial de Alcatel-Lucent con sede en China, y será administrado por Telecomunicaciones Gran Caribe, una empresa cuya propiedad es 60% venezolana y 40% cubana.

Pero una cosa es la conexión a la red y otra, muy distinta, la infraestructura que permitirá el acceso a los servicios, Cuba adentro. Ya lo ha dicho el viceministro de Informática y Comunicaciones cubano Jorge Luis Perdomo: el cable tendido desde Venezuela no será una "varita mágica" para llevar la Internet a las casas de los cubanos, pues todavía hacen falta inversiones en la infraestructura de redes.

De acuerdo con el profesor de la Universidad Estatal de California Larry Press, estudioso del proceso de adopción de Internet en Cuba, mientras la red de datos consistía sólo en conectividad asíncrona UUCP a la información Soviética, a través de enlaces X.25, se mantuvo por “debajo del radar”, pero cuando, a pesar del bloqueo, se produjo la conexión a Internet vía satélite, ésta comenzó a ser objeto de escrutinio y surgió una fuerte divergencia de criterio entre los líderes políticos de la isla, como se hizo evidente en una Sesión Plenaria del Comité Central del Partido Comunista.

Mientras Carlos Lage, entonces secretario del Consejo Ejecutivo de Ministros, enfatizaba sobre la necesidad de promover el uso de Internet para enfrentar los desafíos científicos y los cambios tecnológicos, Raúl Castro alertaba sobre su potencial utilización subversiva por parte de los opositores políticos. En medio de aquellos debates, fechados en 1997, el control de Internet se impuso como política y el gobierno optó por contener la expansión de la red, manteniéndola reducida y con un estricto control sobre el contenido y el acceso.

A principios de 2008, Cuba autorizó la compra de computadoras personales y el acceso a proveedores de Internet con permiso del gobierno, pero un equipo básico cuesta un promedio de 780 dólares, una hora de conexión entre 10 y 15 y el salario promedio mensual no llega a los 20. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el índice de penetración apenas sobrepasa el 10%, cifra que incluso ha sido calificada de abultada.

Según un despacho de la agencia informativa Reuters, en la inauguración de una conferencia el viceministro de Informática y Comunicaciones cubano dijo que el gobierno tiene como meta seguir desarrollando el sector de las telecomunicaciones en función del desarrollo económico y social del país, incluyendo a todos los actores de la sociedad.

La llegada del cable submarino a las costas cubanas coincide con el impulso de algunas reformas. ¿Hacia dónde se mueven estos cambios? Algo interesante de ver en un futuro próximo es la manera cómo el gobierno manejará la multiplicación de la conectividad y si ello va a afectar, y de qué manera, los cambios económicos y sociales que progresivamente se producen en la isla

De acuerdo con declaraciones del presidente Hugo Chávez, el financiamiento del proyecto proviene de un préstamo hecho por China y ello, según Press, no es un asunto menor dado que desde 2008 este país es el segundo socio comercial de Cuba y el mayor importador de sus productos. Según Stefan Harper, autor del libro El Consenso de Beijing, referido por el investigador norteamericano, entre la democracia de mercado y sus libertades, y el autoritarismo de mercado y la mejora de las condiciones de vida (aunque con límites en la libertad de expresión), la mayoría de los países en busca de desarrollo tienden a preferir el modelo autoritario.

¿Cuál será el papel de China en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones cubana? Más aún ¿cuál será su papel en el aggiornamento del modelo político de la isla? ¿Qué más circula por ese cable entre Cuba y Venezuela? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla?

La foto es de la agencia EFE.

Publicado en Código Venezuela.