#LeyCiberespacio: Ser o no ser

El 14 de enero, William Peña, periodista venezolano de larga y consistente trayectoria en la fuente de tecnología, encendió las alarmas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaría por aprobar una ley que vulneraría (aún más) los derechos humanos de los venezolanos al poner bajo control del Estado (lo cual en Venezuela quiere decir una facción política sin contrapesos institucionales) los contenidos que circulan por Internet.

De inmediato un grupo de periodistas, investigadores, activistas y defensores de la libertad de expresión e información nos dimos a la tarea, con el invaluable apoyo de organizaciones de larga trayectoria, como Access Now y Derechos Digitales, de analizar el texto para fijar posición sobre lo que se planteaba.

Para los expertos, el articulado no resistía una mirada desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos humanos. Los argumentos técnico-legales fluyeron de seguidas, consistentes y con precisión. Total, no estamos solos, los venezolanos, en esto de enfrentar la oleada totalitaria que intenta minar las libertades en la red. Ya hay roncha. Hasta ahora, el documento ha sido suscrito por cerca de 50 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Otros asuntos, sin embargo, ocuparon la discusión. ¿Qué tono dar al documento? ¿Se parte de minimizar la intentona (que eso es, por ahora…) por provenir de un ente -la ANC- que la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional no reconoce? ¿Pero es que acaso ésta no ha sancionado ya una ley, como la llamada “Ley Contra el Odio”, que se ha aplicado para amedrentar a la disidencia política?

Cuestionar la ley, para algunos adherentes, podría significar el reconocer la ANC. ¿Y qué hacemos? ¿No la reconocemos y, por lo tanto, callamos? El consenso nos llevó a redactar este párrafo que-creemos- resulta lo suficientemente claro: 

“Por todo lo expuesto, nos oponemos a la aprobación de este proyecto. La legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con estándares de derechos humanos”.

 

¿Que el párrafo debió ir al principio...? Para algunos gustos, quizás. Pero allí está. Lo medular reluce: nos oponemos a la ANC y a todo cuanto de ella emane por carecer de legitimidad. Y esta ley, de aprobarse, lo será. Por lo demás, incluso en el seno de una instancia legítima, aspiramos a que cualquier ley que tenga como propósito regular el ámbito digital se elabore con el concurso de todos los sectores implicados. Vamos avisando.

El otro punto que generó debate fue: En el contexto de crecientes restricciones, ¿qué destacar como acciones dirigidas a controlar la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet? ¿Sólo las legales? ¿O incluimos bloqueos, detenciones arbitrarias a usuarios de redes sociales, acoso en línea, ataques técnicos…? Las cuentas de este rosario son pródigas en Venezuela, pero el ordenamiento jurídico, sin duda, tiene un gran peso por las vías que abre para la apelación y la justicia. Al menos en países democráticos. Que no es nuestro caso, lo sabemos. 

Este aspecto, el legal, nos lleva a otro no menos importante, vital. ¿Confiamos en esta filtración? De una, quienes conocemos a William Peña, y su trayectoria dentro de Inside Telecom, asentimos. Confiamos y recordamos la filtración que los periodistas de ese medio hicieron del texto propuesto para reformar la ley de telecomunicaciones en el año 2008, dirigida a establecer, entre otras cosas, un punto único de acceso a Internet en manos del Estado (amén de la reforma del artículo 5to para revertir el carácter de interés general de las telecomunicaciones).

En el 2008, gracias a la presión ciudadana, el “borrador de ley” que la ministra tuvo que reconocer que existía, no pasó. Esperaron dos años, pero lo hicieron. Y ese cambio, al menos en mi opinión, le puso una lápida muy pesada (aunque no la única) a las telecomunicaciones.  

Conclusión: No hay que bajar la guardia. Y no la bajamos.

Perfil de Internet en Venezuela: Límites y Retos

Gracias a la invitación de la Internet Society, Capítulo Venezuela , participamos en el Encuentro de Gobernanza de Internet. Aquí dejo la presentación que compartimos.

El silencio de los desconectados

“Para los conectados, el resto del mundo tiene Internet”. Con esta agria sentencia  comienza un post de la bloguera cubana Elaine Díaz con el cual, no lo dudo, le resultaría fácil identificarse al 55% de la población venezolana sin acceso a la red…si pudiera participar en las discusiones que, en su nombre, se libran en diversos escenarios.

En los últimos meses, debido a las protestas ocurridas en el país, las cuales –como resultado del control y la censura oficiales–   han sido silenciadas por la mayoría de los medios, comienza a tomar fuerza la idea de que los ciudadanos y las audiencias se han deslizado a la red para expresarse, informar e informarse sobre lo que sucede.  En nuestro criterio, aunque en ello haya bastante de verdad , eso no es del todo cierto.  Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la penetración de Internet alcanza casi el 45% de la población, pero este porcentaje de usuarios no está distribuido equitativamente a lo largo y ancho del país.

Si bien en el Distrito Capital y el estado Miranda los conectados superan el 90%, en estados como Trujillo, por mencionar uno, no llegan al 25%. Aún más: en la zona alta de la parroquia Juan Ignacio Montilla de Valera, un grupo de ciudadanos puede tener acceso a un servicio de banda ancha de 10Mbps (prestado por la empresa Inter); mientras que en la parroquia San Luis, de la misma ciudad, la gente aún accede a través de conexiones discadas (Cantv). Consulta aquí un mapa interactivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presta atención a los dos puntos azules, ambos en Caracas. 

En la actualidad, la censura no solo tiene que ver con las presiones del gobierno sobre los medios (incluidos los digitales),  sino con nuevas formas de discriminación –como la brecha digital– mucho más dinámicas y complejas de comprender. ¿Las estamos estudiando con propiedad? ¿O estamos, como suele suceder, haciendo más énfasis en lo más evidente y que genera más ruido? [Demasiada luz encandila].

En Venezuela el acceso y, por ende, la libertad de expresión en la red no solo se ven coartados a través de disposiciones arbitrarias e ilegales como las de la Conatel, que ordenó a los proveedores de servicio de Internet (y ellos aceptaron) el bloqueo de más de 500 sitios web; o mediante el acoso o la censura a periodistas y ciberciudadanos,  sino a través de mecanismos más sutiles, pero prácticamente “invisibles”, como el control de la infraestructura de telecomunicaciones.

 El “ecosistema internet” puede ser representado, como lo propone Daniel Pimienta, con la forma de una pirámide en cuya base descansa la infraestructura (la red de transporte: cables, satélites, fibra óptica, etc.) sobre la cual se alza la infoestructura  (los diversos servicios: correo, video, redes sociales). Los contenidos (o la infocultura) son las piezas de información que circulan entre los usuarios;  vale decir, la punta del iceberg, lo único que una persona no familiarizada con estos temas puede ver a simple vista.

En nuestra opinión, en Venezuela el control de la red se efectúa y comienza por la base, vale decir, por la infraestructura, y a través de dos mecanismos: El financiero, mediante la restricción a las empresas privadas de las divisas necesarias para sus inversiones (asignación y repatriación); y el normativo, vía la promulgación de leyes, como la de Telecomunicaciones y la  de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (ResorteMe), ambas reformadas en diciembre del año 2010.

Las tres “C”: Cencoex, Cantv, Conatel

En Venezuela, el Estado (hoy lamentablemente cooptado por el gobierno) no solo es el propietario del operador principal de telecomunicaciones (la empresa Cantv, renacionalizada en el año 2007), a través del cual se producen cerca del 90% de las conexiones a Internet, sino que controla al ente que las regula (CONATEL[1]), y –algo para nada menor– también decide de manera unilateral sobre la asignación y repatriación de las divisas requeridas por las empresas privadas de telecomunicaciones (antes CADIVI, hoy CENCOEX).

¿En qué aspectos ha incidido este control?  Nos referiremos, por ahora, sólo a uno: la velocidad de acceso. En la actualidad, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal),  se considera banda ancha aquella conexión que es igual o mayor a 4 Mbps. En Venezuela, la velocidad promedio  ronda los 1,5 Mbps  Sólo para comparar: El promedio latinoamericano es de 2.5 Kbps (va desde Ecuador, con 3.6 Mbps, hasta llegar a Bolivia, con 1 Mbps).  El “pico de velocidad” promedio latinoamericano es de 13.5 Mbps (Va desde Ecuador, que tiene 18.5 Mbps hasta llegar a Venezuela con  8.0 Mbps (Akamai, 2013).

Desde el año 2008 nuestro país ha venido bajando en los índices de preparación para el ingreso exitoso a la Sociedad de la Información. De acuerdo con  la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT, Informe 2013), pasamos del puesto 76 al 79 (157 países: Corea del sur en el tope, Níger en el fondo).  Las conexiones se han multiplicado, pero en la misma medida se han precarizado.

Las empresas privadas dejaron de vender planes superiores a 2Mbps. De las tres compañías de telefonía celular, solo una (Digitel) ofrece conexiones 4G y en un limitado número de localidades. Existe un parque de teléfonos inteligentes de aproximadamente 8 millones de aparatos, pero de éstos, según cálculos propios basados en las cifras de la Conatel y de la UIT, sólo un 7% se sirve de la banda ancha.

Un informe reciente de la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y empresas de Telecomunicaciones (Ahciet) vaticinó que, de acuerdo con las tendencias que se observan,  en el año 2020 Uruguay y Argentina igualarán a Europa, con el 75 por ciento de los hogares con banda ancha.  Chile llegará al 67 por ciento, México al 64 por ciento, Brasil al 63 por ciento y Venezuela al 54 por ciento. Hablamos de 2020 y ya –hoy–según la UIT,  más del 95% de los puestos de trabajo tienen o incluyen un factor de competencia digital.

En resumen: Nos estamos quedando atrás.  El acceso y el uso de Internet no es un lujo, es una prioridad, tal y como lo defendimos en la campaña InternetPrioritaria en el año 2009. En 2011 los relatores de libertad de expresión propusieron que se considerase un derecho humano, pues es puerta de entrada y garantía para el ejercicio de otros derechos, como los de expresión, educación y trabajo. Sabemos que la brecha digital es reflejo o consecuencia de la brecha económica y social y que, gracias a la velocidad con la que impactan las TIC todos los procesos, esta brecha no hará sino ampliarse cada día más. 

¿Qué hacer?  ¿Qué garantías debemos demandar al Estado?

No es posible plantear reclamos y demandas si no hemos comprendido de qué se trata este asunto. En ese sentido, toca, en primer lugar: Sensibilizar sobre estos temas para generar una masa crítica de usuarios.  ¿Cómo hacerlo?  ¿Por dónde empezar? Los jóvenes son la clave. 70% de los usuarios venezolanos de Internet son jóvenes. Esta investigación muestra que aquellos entre 18-29 años son el grupo más dispuesto a defender la apertura del entorno digital.

Internet es una puerta de entrada a la diversidad y una palanca para el desarrollo. Sin embargo, hacer que esté disponible para todo el mundo es sólo posible a través la formulación y desarrollo de políticas públicas producto del debate social. ¿Lo estamos dando? Me temo que no.  No creo equivocarme al decir que sobre esto hablamos mucho, pero todavía muy pocos…precisamente, los conectados.

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[1] La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el ente responsable de administrar, regular y controlar el uso de los recursos limitados utilizados en las telecomunicaciones y medios de comunicación audiovisuales. En la letra es un instituto con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, pero es dependiente del poder ejecutivo. Sus cinco directivos son de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República. El Directorio de Responsabilidad Social, otra instancia reguladora prevista en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, es presidido por el Director General de CONATEL e integrado por once miembros, de los cuales siete son representantes de organismos estatales.

Net neutrality and broadband access: A crucial issue of human rights in Latin America

Escribí este texto hace un año y no lo había publicado. No lo aceptaron como abstract en la conferencia a la cual lo mandé...Un mes después la ONU declaró que el acceso a Internet debía considerarse un derecho humano. Me pareció que valía la pena desempolvarlo hoy.

We must understand that communication is not only a fundamental right under the Universal Declaration of Human Rights since 1948, but also that –as UNESCO’s MacBride Report stated in 1980– the right to communicate is a prerequisite for the realization of other human rights.

Since the invention of the first communicating devices, such as the telegraph and the telephone, information and communication technologies (ICT) have been directed to enhance the human capacity to communicate, to skip the geographical and temporal distances by using those technologies. Nevertheless, this concept could be used to disguise ICT as mere instruments to our perception.

In contrast, there are different theoretical approaches to ICT, such as those proposed by researches of communication phenomena like Javier Echeverría (2008) and Manuel Castells (2009). These experts focus their investigation on the social changes they induce, comparing them to those caused by writing, printing or industrialization.

Approaching the study of ICT from the human rights’ perspective, it is valid to emphasize their capacity to build great global, multimedia channels, which are a valuable tool for the defense of human rights. Although, it is also urgent to underline that ICT ––because of the profound impacts they have–– have contributed to the emergence of new human and social rights that we must be comprehend in order to effectively defend them.

To support this thesis, it is sufficient to say that –as human right activist David Sasaki noted in his presentation at the Personal Democracy Forum recently held in Santiago de Chile– with the invention of the printing press by Johannes Gutenberg in 1450, copyright was born in Spain and the Western world. This was claimed by Spanish philologist and printer Antonio Nebrija, author of the first Spanish grammar (1492) and the first dictionary of this language (1495).

When we refer to ICT, we allude to diverse elements and techniques used for treating and transmitting information. These techniques include mainly those related to microelectronics, informatics and telecommunications. Notwithstanding, is the conjunction of all of these factors, personified in the Web, the one that captures the attention, especially when concerning the validity of free communication and expression.

In a recent article in the journal Scientific America, Tim Berners-Lee, its creator, warned that the Web is now more essential to freedom of expression than any other medium, and that its principles are being undermined. In his view, the disconnection is a form of deprivation of our freedom.

           
The Web, as we have said, is not only a new medium for information and communication, but it is also the needle weaving the Information Society. Furthermore, in this new social space new issues emerge and they are difficult to grasp. In our opinion, the most important among them are the net neutrality and the universal access to broadband (fixed and mobile) which doesn’t only imply to access the service, but also to content, applications, devices and use capabilities.

Currently, a discussion has arisen between two sides. Those who claim for preserving a neutral network ––one in which traffic access and content are clearly separated–– and those who argue that the exponential growth of traffic should lead to the establishment of discriminatory measures to ensure the quality of service in case of potential congestion situations.

                       
Nowadays, the “disconnect” has to do not only with government pressure on the citizens, as happens in countries like China or Iran, but also with new forms of discrimination (nothing else is the digital divide), which are more dynamic and complex that the gaps of the past and are now directly relate to access to broadband. It is clear that the transmission capacity also affects access to services: those with slow connections will have access to simple applications, whereas those with better services can access more sophisticated applications.

In this regard, it is worth to note that, according to one of  the most recently research released by The Economic Commission for Latin America (ECLAC) and The Regional Dialogue on the Information Society (Jordan, 2010), countries in Latin America and the Caribbean (LAC) have few affordable access plans to households. The cost of megabit per second in these countries is fifteen times higher than in the countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

The penetration levels in the Latin American region ––of 6% for fixed broadband and 4% for mobile broadband–– are lower than the global averages of 8% and 10% respectively. This locates the region below Europe and North America, where over 30% of the population has access to this service. Besides, the average speed offered in the OECD outweighs 12 times that of the Latin American region (30.6 versus 2.5 Mbps).

This disparity in the information society highlights not only the undermining of social duty, but also associates it with a fundamental human right, that of free communication and expression. This right must be defended crucially. In this fight, public awareness is vital, but it particularly needs the decision making from governments in terms of public policies.

It is necessary to legislate to protect net neutrality? According to Berners-Lee’s opinion, yes, it is. “Although the Internet and Web generally thrive on lack of regulation, some basic values have to be legally preserved” (Berners-Lee, 2010). On past July 13, Chile became the first country of ALC to approve ––by 99 votes in favor, zero against and one abstention–– a Net Neutrality Bill.

Is it necessary to legislate to ensure universal access to broadband? In Peru is already under consideration a decree that declares it of public necessity and national interest. Where do we go? In this paper we intend to present a brief panorama of what ––and how––has been done in ALC and what, in our opinion, is there to be done to preserve a fundamental human right.

            

References      

Berners-Lee, T. (2010) Long live the web: a call for continued open standards and neutrality.  Scientific America, Retrieved from http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web&page=5

November 24, 2010

Castells, M. (2009). Communication power. New York: Oxford University Press.

Jordán, V. (2010). Banda ancha: la nueva brecha digital. In V. Jordán (Ed.). Acelerando la revolución digital: banda ancha para América Latina y el Caribe (pp. 265). Santiago: Naciones Unidas.

Echeverría, J. (2008). Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación. CTS, 4(10), 171-182.

Abstract presented for consideration at The TERENA Networking Conference

16 - 19 May 2011, Prague, Czech Republic

La imagen es tomada de: http://www.nanopaprika.eu/profiles/blogs/nanomedicine-art-gallery

LA LCPPP no pechará a las empresas de telecomunicaciones

Como relatamos en un post anterior, el  jueves 10 de  noviembre, con los votos del PSUV y del PCV se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular. En su intervención, el diputado Biagio Pilieri  advirtió que el texto consignado incialmente había sufrido algunas modificaciones. 

Entre estas, notamos las siguientes:

-La  exposición de motivos incluye los artículos 57 y 58 de la CRBV (Libertad de expresión y Derecho a la información)

Título I: Disposiciones fundamentales

- En el artículo 1ero (Objeto) se incluye el deber que tienen estos medios de garantizar una comunicación libre y plural.

-Se eliminó el artículo 5 referente a los mecanismos de participación.

-En el artículo 6 (de las definiciones) apartado 2, se establece que son medios sin fines de lucro.

-Desaparecieron las definiciones de 10 y 11 correspondientes a propaganda y publicidad.

Título II: Organización para la comunicación popular

-En el artículo 7 se establece la creación de un registro o censo de las organizaciones que serán financiadas y se establece que será “el órgano con competencia en la materia”.

Título IV: Del financiamiento para la comunicación.

-Los recursos del fondo que se creará y será manejado por la Vicepresidencia -artículo 18- se reducen a dos fuentes: donaciones y una contribución especial prevista en la Ley.

-Esa contribución especial se reduce a un solo tipo de empresas, las de publicidad y mercadeo, que deberán aportar el 2% de sus ganancias o utilidades.

Como vemos, es esta última la única modificación de fondo. Del nuevo tributo quedan excluidas las empresas de telecomunicaciones...

El texto, como ha sido anunciado por la AN, será llevado a segunda "discusión" el próximo 7 de diciembre. Se puede decargar aquí.

Ley de Comunicación Comunitaria debe ser discutida por todos

Entrevista con la periodista María Fonseca Sevillano sobre la Ley de Comunicación para el poder Popular.
08/09/2011, Se puede oír aquí.

Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet (01/06/2011)

De los principios generales (1, a):

"La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad..."

Ver el texto completo aquí

En 1993 la ONU proclamó el Tres de Mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa y anualmente, desde el 2003, la UNESCO realiza una conferencia anual - el World Press Freedom Day- dirigida a celebrar los principios fundamentales de la libertad de expresión y prensa, defender los medios de comunicación de los ataques a su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

Como otras instituciones, la UNESCO destinó su evento de este año a analizar el potencial de Internet y el uso de las plataformas digitales. El leit motiv de la conferencia realizada en Washington durante tres días fue, precisamente, Medios del Siglo XXI: Nuevas fronteras y nuevas barreras.

Si bien es cierto que el crecimiento de Internet ha ampliado en gran medida las capacidades de los individuos y grupos para buscar, recibir y difundir información, y que las nuevas plataformas han hecho posible que casi cualquier ciudadano pueda comunicarse globalmente, también lo es que comienzan a emerger obstáculos e intentos de bloquear, filtrar y censurar la información que circula por los medios digitales.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), también con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa recopiló y divulgó las 10 estrategias más difundidas para la censura en Internet alrededor del mundo y los países que han tomado la delantera en su uso. Lo que resulta más sorprendente -subrayan- no es la identidad de los represores, pues se trata de países con antecedentes bastante conocidos, “sino cuán rápido han adaptado viejas estrategias al mundo de Internet”.

El que sigue es un breve resumen.

Bloqueo/ Irán

Desde la reñida elección presidencial de 2009, Irán ha aumentado dramáticamente la sofisticación del bloqueo de la Web, así como sus esfuerzos para impedir que los periodistas accedan o creen contenido en línea. En octubre, el bloguero Hossein Ronaghi Maleki fue sentenciado a 15 años de prisión por el supuesto desarrollo de un programa contra el filtro en Internet y dar cabida en la red a otros blogueros iraníes.

Censura de precisión/Bielorusia

Durante las últimas elecciones presidenciales, Charter 97 -un medio independiente en línea- fue dado de baja mediante un ataque DOS (sobrecarga del servidor con solicitudes externas de comunicación). Adicionalmente, los usuarios del medio fueron redirigidos hacia un sitio falso creado por un tercero desconocido, sus oficinas fueron allanadas y sus editores golpeados, arrestados y amenazados.

Acceso negado/Cuba

El acceso a la red es precario y la infraestructura local de Internet está muy poco extendida. Solo una pequeña fracción de la población tiene permitido su uso y la mayoría debe usar puntos de acceso controlados por el gobierno mediante el registro de identificación, intensa vigilancia y restricciones.

Control de la infraestructura/Etiopía

La compañía estatal de telecomunicaciones tiene el control monopólico sobre el acceso a Internet y líneas telefónicas fijas o celulares. En este país se lleva a cabo una filtración sustancial de noticias sobre política y ha invertido en tecnología para el bloqueo satelital y para impedir que los ciudadanos reciban noticias de fuentes extranjeras

Ataques con software malintencionado/China

Periodistas reciben correos electrónicos infectados con programas que pueden ser usados para espiar sus comunicaciones, robar sus documentos confidenciales, e incluso dirigir su computadora para que realice ataques en línea hacia otros blancos. Un conjunto de esos ataques coincidieron con la entrega del Premio Nobel de la Paz en 2010 al escritor y defensor de los derechos humanos encarcelado Liu Xiaobo, y la supresión oficial de noticias que describían las revueltas de Medio Oriente.

El informe completo se puede leer aquí: http://bit.ly/lSZfRd