28 de abril de 2009

¡Internet sí es prioritaria!

Ya está en línea el sitio web de la campaña Internet Prioritaria donde se encuentra disponible el pronunciamiento mediante el cual un grupo de docentes e investigadores nos disponemos a promover la campaña por la exclusión del adjetivo "suntuario o superfluo" para el uso de Internet, tal y como lo establece el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el sector público venezolano (Decreto 6649, del 25 de marzo 2009). En el sitio se puede acceder a una variada fuente de recursos, como documentos, apoyos internacionales, blogs, notas de prensa e imágenes para descargar de uso libre para las personas u organizaciones que quieran sumarse a esta causa.

Antes de haber sido dada de alta formalmente, en apenas 48 horas la campaña logró recoger 199 firmas de personas vinculadas a muy diversos sectores, tanto del país como del exterior. A las dos horas del lanzamiento se recibieron 100 adhesiones más. Hay un grupo de apoyo en la red social Facebook y se creo una etiqueta (#internetlujo) para movilizar la opinión en la tuitosfera. La comunidad de blogueros venezolanos también comenzó a hacer sentir su opinión. Estudiantes, profesionales, empresarios, periodistas, empleados públicos y, en general, ciudadanos venezolanos preocupados por las limitaciones que podría ocasionar la restricción del uso de esta herramienta en el sector público, se han sumado al pronunciamiento.

Nuestra intención no es sólo pedir la reformulación del reciente decreto, sino también promover el que se mantenga la condición del uso de Internet como prioritario, como se establece en el Decreto No. 825 del 22 de mayo del año 2000, promover el desarrollo de buenas prácticas que permitan la optimización de los recursos públicos y fomentar la capacitación institucional para su uso estratégico.

Compartimos la preocupación del gobierno nacional acerca de la necesidad de disminuir el gasto público, pero creemos inconveniente disminuir el presupuesto destinado a la inversión en las plataformas tecnológicas de información y comunicación por cuanto éstas, si son bien usadas, contribuyen al ahorro de recursos en la administración pública.

Creemos firmemente, como lo señala uno de los considerandos del Decreto No. 825, que es necesario "insertar a la Nación dentro del concepto de sociedad del conocimiento y de los procesos de interrelación, teniendo en cuenta que, para el desarrollo de estos procesos, la red mundial denominada Internet, representa en la actualidad y en los años por venir, un medio para la interrelación con el resto de los países y una herramienta invalorable para el acceso y difusión de ideas".

Agradecemos a la comunidad nacional e internacional el apoyo que entan pocas horas han dado al pronunciamiento y los animamos a adherir el comunicado aquí.

27 de abril de 2009

La democratización del acceso a Internet:
¿Una década en pico de zamuro?



A través de la campaña Internet Prioritaria, auspiciada por el Consejo de Computación Académica de la ULA, ciudadanos venezolanos de diversas posiciones políticas, que coinciden en la creencia de que el uso con sentido y la apropiación social de la Internet contribuyen con el desarrollo social, estamos solicitando la eliminación del término "suntuario o superfluo" que se le adjudica en el Decreto 6649 y abogando por la plena vigencia del Decreto 825, mediante el cual se le declara como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.En este artículo pasamos una somera revista a algunos aspectos legislativos de la década 1999-2009, a los avances que significaron para el sector, y exponemos las razones que, a nuestro juicio, avalan el petitorio.

La reciente aprobación del Decreto 6649, que declara como suntuario el uso de la Internet en el sector público, ha disparado agudas alarmas pues contraviene las políticas públicas nacionales expresadas en diversos instrumentos legales, entre ellos el decreto 825 que lo considera pprioritario para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.

La promulgación de ese decreto, en el año 2000, generó comentarios sumamente positivos como los de Rico (2003) quien destacó que a partir de la promulgación de la Constitución de 1999, “Venezuela ha experimentado un intenso desarrollo legislativo marcado por un acentuado propósito de lograr la actualización de normas y la integración del país en el marco de una economía globalizada; dentro de estos cambios, la tecnología ha ocupado un lugar de destacada importancia”.

En efecto, es posible afirmar sin dudar que el año 1999 representó un hito para Venezuela. La nueva Constitución Nacional lanzó al país al Siglo XXI días antes de que concluyera el año al disponer:

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. (Artículo 110)

Y no fue una simple declaración. La disposición legal se avenía perfectamente con la decisión gubernamental de crear, por primera vez en la historia del país, una cartera ministerial dedicada al fomento de la Ciencia y la Tecnología (agosto 1999), al cuyo frente se designó a un joven investigador que puso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el centro del interés nacional al anunciar la creación de un Consejo Nacional de Tecnologías de la Información que “definirá estrategias que garanticen una mayor y más equitativa participación de la sociedad en la utilización de Internet” (Carlos Genatios, El Universal 02-12-99 p. E-2)

A su vez, el despacho de Infraestructura, a través de CONATEL, dio a conocer el Plan Nacional de Telecomunicaciones que preveía, en un lapso de seis años, lograr que un 15 por ciento de los venezolanos usara activamente la Internet para lo cual se anunció la promulgación de un decreto que lo declarara servicio prioritario, en el marco de la nueva Ley de Telecomunicaciones que se discutía: el 825.

En su artículo primero, el Decreto 825, promulgado el 22 de mayo del año 2000 “declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.”, en consonancia con lo dispuesto en mencionado Plan Nacional de Telecomunicaciones que entre sus objetivos tenía el de “insertar a la Nación dentro del concepto de sociedad del conocimiento y de los procesos de interrelación, teniendo en cuenta que, para el desarrollo de estos procesos, la red mundial denominada Internet, representa en la actualidad y en los años por venir, un medio para la interrelación con el resto de los países y una herramienta invalorable para el acceso y difusión de ideas”.

Todo ello, vale destacar, en sintonía con la Constitución Nacional, que en su artículo 108 reza:

Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Claramente vemos entonces que la novísima disposición constitucional, y las posteriores medidas del Ejecutivo, apuntaban a la democratización del acceso a Internet que comenzó a hacerse rápidamente realidad a través de un programa bandera: Los Infocentros.

Los Infocentros: una breve revisión

Como se recordará (Urribarrí, 2000), a mediados de los años 90, para tratar de subsanar el “rezago digital” de las poblaciones que carecían de acceso a la Internet, situación compartida por diversos países del mundo, surge la figura de los centros comunitarios, las cabinas públicas o, como fueron definidos más genéricamente, los telecentros, lugares que, en su versión comercial (cibercafés), se encargan simplemente de ofrecer acceso a servicios de telecomunicaciones, pero que también, en palabras de Gómez (1999), pueden ser centros de soporte a las iniciativas ciudadanas a favor del desarrollo. La experiencia más antigua y conocida de todas es la red nacional de cabinas públicas de Perú, auspiciada por la Red Científica Peruana (RCP) en 1995.

De acuerdo con Robinson, la diferencia entre un cibercafé y un infocentro es que el segundo, a la par de ser un centro de acceso a la información, ofrece capacitación para el manejo de la misma; de allí que representen la difusión de la cultura informática y la cultura de la información a los ciudadanos en la base social. (Robinson, 2000).

En Venezuela, el primer telecentro se inauguró en 1996: el Centro de Información Digital (CID), ubicado en la Casa de la Cultura de La Victoria del estado Aragua, un proyecto realizado con la consultoría de HACER-ULA que recibió apoyo de la Gobernación de ese estado y del extinto Conicit, a través de Reacciun, desarrollado por una fundación privada (Fundacid).

A comienzos de 1999, también con el apoyo de Reacciun, bajo el nombre de CAPIB (Cabinas de Acceso Público a Internet en Bibliotecas) se abrieron dos servicios en las salas de ciencia y tecnología de la Biblioteca Metropolitana de Caracas (Reacciun, 1999).

A mediados de 1999 la empresa Hacer Sistemas, C.A., incubada en la Corporación Parque Tecnológico de Mérida (CPTM), y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) crearon el proyecto Ventana Teleinformática Universitaria para desarrollar en Caracas los primeros Muelles de Alejandría, una iniciativa piloto que se pensaba masificar mediante el sistema de franquicia al resto del país, destinada a ofrecer un servicio orientado profesores y estudiantes sin acceso a las TIC.

También la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) de Mérida, gracias al apoyo la CPTM y de la Gobernación de ese estado, se dedicó a ofrecer entonces acceso a Internet a niños y jóvenes mediante convenios suscritos con escuelas y liceos, a través en sus “Casas de Ciencia”, ubicadas en Tovar, El Vigía, Tucaní y Timotes. En Barinas, como parte de los servicios de conectividad del nodo local de Reacciun, se fundó en 1999 la Sala de Acceso Público a Internet (SAPI) en el local de la comisionaduría del Conicit.

Todas estas iniciativas, vale la pena resaltar, obtuvieron en su momento financiamiento por parte de los organismos del Estado, sea a escala nacional (Reacciun-Conicit) o regional (Gobernaciones de Aragua y Mérida), a diferencia de la tendencia observada en otros países de América Latina y El Caribe, donde el apoyo oficial a los telecentros resultó escaso (Gómez, 1999)

En esa dirección, el impulso más notorio se advirtió en el año 2000 cuando justamente, para materializar la vigencia del Decreto 825, se crean 234 Infocentros distribuidos en todo el territorio nacional, “con una inversión inicial de 17 mil millones de bolívares, destinada fundamentalmente a darle conectividad gratuita a 7 millones de venezolanos, especialmente de escasos recursos”, de acuerdo con lo que reporta una investigación realizada por Bermúdez (2002) en la que se ofrecen cifras del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí se afirma que: “de no haber sido por los Infocentros, un gran número de venezolanos de escasos recursos no habría podido acceder a esta tecnología y que su uso se orienta a resolver una de sus necesidades principales: la demanda académica”

Estudios más recientes como los de Durán (2007), quien hizo un análisis etnográfico de las prácticas educomunicativas asociadas al uso del infocentro ubicado en la parroquia San Luis de Valera (estado Trujillo), validan esa apreciación al afirmar que la mayoría de los usuarios de ese infocentro son habitantes de la parroquia, mujeres menores de 30 años y de extracción social D y E, que utilizan principalmente los servicios de búsqueda de información, correo electrónico y el envío de móvil mensajes.

Llama la atención que en sus recomendaciones, Durán apunte: “Es necesario que se resuelva la improvisación en la que se encuentra inmersa la gestión del infocentro, mediante el establecimiento de mecanismos de control, seguimiento, monitoreo y evaluación de las propuesta, así como también desarrollar estudios que permitan vislumbrar el impacto generado por las mismas”. De acuerdo con su estudio “si bien es cierto que los infocentros ha contribuido con la reducción de la brecha digital, cabe esperar aún más inversiones en términos de capacitación en usos estratégicos”. (Durán, 2007)

A modo de conclusión

En Venezuela, con sus altos y sus bajos, podemos decir entonces, la implantación de estos centros y otras iniciativas de conectividad (como el equipamiento de centros educativos, entre los más importantes) y de uso imperativo por parte de la administración pública (Onidex, Cadivi, Seniat, etc.) han cumplido con la tarea de permitir el acceso y el uso de la red a un mayor número de venezolanos, especialmente a quienes se cuentan dentro de los sectores cuyos ingresos les imposibilitan la compra de equipos y el pago de los servicios. En una década, aunque siempre sea deseable una mayor, la penetración y uso de Internet en Venezuela se ha incrementado de un 4 a aproximadamente un 20 por ciento, según cifras de Datanálisis.

Pedir que se retire el calificativo de suntuario al uso de Internet y promover la plena vigencia del decreto 825 es un llamado a retomar una línea de acción y una política que en algún momento pareció -y aún nos parece- estratégica para el desarrollo nacional:

Insertar a la Nación dentro del concepto de sociedad del conocimiento y de los procesos de interrelación, teniendo en cuenta que, para el desarrollo de estos procesos, la red mundial denominada Internet, representa en la actualidad y en los años por venir, un medio para la interrelación con el resto de los países y una herramienta invalorable para el acceso y difusión de ideas. (Considerando del Decreto 825)

Referencias:

Bermúdez et al (2002). Trabajando la Internet con una visión social: Reflexiones desde la experiencia venezolana.
http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/participantes/docuparti/esp_doc_73.html

Durán, E (2007) TIC para el desarrollo ¿Mito o posibilidad? Una mirada etnográfica a un infocentro venezolano. Tesis de maestría inédita. Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, Núcleo Valera.

Gómez, Ricardo et al. (1999). Telecentre Evaluation and Research: a global perspective. En: Gómez, R. y Hunt, P. (Eds.) Telecentre Evaluation: a global perspective. Report on an International Meeting on Telecentre Evaluation. IDRC: Québec, Canadá.

Rico, M (2003). La consagración del derecho de acceso a la tecnología en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1379

Robinson, Scott (1999). Telecentros y el Rezago Digital ¿Nuevo Culto de Cargo o Reto Legítimo? Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana: México. Mimeo.

Urribarrí, R. (2000) Telecentros en Venezuela ¿Una Herramienta para la Transformación Social? Comunicación No. 110 (14-19). 2000.

http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM2000110_14-19.pdf

Legislación:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Decreto 6649, 24 de marzo 2009
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/marzo/250309/250309-39146-7.html

Decreto 825, 22 de mayo 2000.
http://www.tsj.gov.ve/gaceta/mayo/220500/220500-36955-01.html

22 de abril de 2009

Decreto 6244 ahora en el MPPTI

De acuerdo con lo informado por Sandra Benítez (ULA) co-organizadora junto con Luis Germán Rodríguez (UCV) de la videoconferencia realizada ayer, la Ley de Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales (el llamado Decreto 6244) se encuentra nuevamente en manos de los especialistas del Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática quienes, en un plazo "perentorio" lo remitirán a la Comisión de Ciencia y Tecnología y Comunicación de la Asamblea Nacional (AN) para su discusión y aprobación.

Así se los informó el propio vicepresidente de este órgano parlamentario, Israel Sotillo, a quien le entregaron, en su nombre y en el de los académicos que hemos venido cuestionando la reserva con la que se ha tratado esta Ley, un documento en el que se solicita una amplia discusión del texto legal. Según Benítez, el diputado aseguró que así sería; además, anunció la introducción al parlamento de otra ley de suma importancia para el sector de las comunicaciones: la de medios alternativos y comunitarios.

En cuando a la videoconferencia, con algunos desbarajustes técnicos, como la ausencia de videostreaming y la indefinción en cuanto a si habrá disponible un registro audiovisual para ser consultado por los interesados, ésta se produjo como había sido anunciada, con la ausencia del único representante del sector oficial que había confirmado su participación.

Los panelistas, ubicados en salas de la UCV y los tres Núcleos de la ULA, se pasearon por los entresijos del decreto 6244, analizándolo desde la perspectiva histórica (Bernardino Herrera/Ininco), de Derechos Humanos (Carlos Correa/Espacio Público-UCAB), de Políticas Públicas (Luisa Torrealba/Ininco), de inclusión social-comunicación alternativa (María Fernanda Madriz/Ininco), sociocomunicativa (Carlos Arcila/ULA) y tecnoeconómica (Adela Vivas/Casetel). Igualmente, se revisaron los antecedentes de anteriores convocatorias, en las cuales tampoco se ha contado con la participación de representantes de organismos oficiales (Ysabel Briceño/Parque Tecnológico de Mérida), y se alertó sobre otro Decreto no en remojo, sino recientemente aprobado -el 6649- en el cual se califica como suntuario el uso de internet en la administración pública, a contrapelo de lo establecido en el decreto 825 que lo declara como prioritario (José Gregorio Silva y quien suscribe/ULA).

17 de abril de 2009

Videoconferencia ULA-UCV
para analizar decreto 6244

El próximo martes 21, de 10:30 de la mañana y hasta el mediodía, se llevará a cabo una videoconferencia en la que nuevamente las Universidades Central y de Los Andes sumarán esfuerzos para analizar los alcances que tendría la aprobación del Proyecto de Reforma de La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, informática y Servicios Postales", mejor conocido como el "Decreto 6244".

En esta oportunidad los panelistas (ubicados en la Gerencia de Televisión y Multimedia del edificio de la Biblioteca de la UCV y en el Laboratorio de Internet 2 de la ULA) examinarán el documento en cuestión tomando en consideración sus aristas económicas, políticas, sociales y , especialmente, de derechos humanos. En tal sentido, los sub temas a ser considerados son:

- Libertad de Expresión
- Libre Acceso al Conocimiento
- Democratización del acceso a los servicios
- Soberanía Tecnológica
- Seguridad Informática
- Desarrollo de Infraestructura (Fondo de acceso Universal)

Adicionalmente, con esta actividad también se busca identificar los aspectos tanto positivos como negativos del proyecto, con el interés de contribuir positivamente con la redacción de la propuesta y presentar recomendaciones ante las instancias respectivas de la Asamblea Nacional.

En la UCV se contará con la presencia de los profesores de esa casa de estudios: Bernardino Herrera, Luisa Torrealba, Carlos Colina, María Fernanda Madriz y Luis Germán Rodríguez, así como también del doctor Carlos Correa, coordinador de la ONG Espacio Público; del ingeniero Freddy Brito, Presidente del CENDIT - MppTII y de la abogada Adela Vivas, ex-presidenta de CASETEL.

En la ULA actuarán como panelistas los profesores Nelson Pérez, Zulima Barboza, José Gregorio Silva y Beatriz Sandia.

Oportunamente se dará a conocer el enlace al videostreaming para que los interesados puedan participar en remoto.

16 de abril de 2009

Nuevas prácticas de comunicación
y construcción de ciudadanía

DISERTACIONES: Llamado a la presentación de trabajos

El Departamento de Comunicación Social y el Laboratorio de Investigación Educativa de la Universidad de Los Andes convocan a la presentación de artículos y reseñas para el segundo número del Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones" correspondiente al primer semestre del año 2009 destinado a explorar las nuevas prácticas de comunicación en el entorno digital y su relación con la construcción de ciudadanía.

El Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones" es una revista científica, arbitrada e indexada consagrada a artículos y contribuciones ligadas fundamental, pero no exclusivamente, a las líneas de investigación de: (i) Sociedad y Tecnologías de la Información y la Comunicación; (ii) Comunicación y Política; (iii) Periodismo; y (iv) Comunicación y Cultura y se compone de tres secciones: Editorial, Artículos y Reseñas.

La sección destinada a los artículos tiene como finalidad exponer los resultados de trabajos de investigación que se desarrollen principalmente -pero no exclusivamente- en instituciones académicas venezolanas y latinoamericanas. El apartado destinado a las reseñas pretende ser una guía comentada de las más recientes publicaciones, a escala internacional, vinculadas con las líneas de investigación de la revista.

Disertaciones está registrada en el Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Teconología (Revencyt) bajo el código RVA037 y catalogada en la base de datos de la Red Venezolana de Comunicación y Cultura (Recom) de la Universidad Católica Andrés Bello.

Los interesados en enviar contribuciones deben hacerlo a través del sistema electrónico de recepción de manuscritos donde se encuentran disponibles las normas para los autores.Eventualmente también podrán hacerlo a la dirección electrónica disertaciones@ula.ve

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO
Bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigación favorece un mayor intercambio de conocimiento a escala global, Disertaciones provee acceso libre inmediato a su contenido a través del sistema de indexación de metadatos PKP Open Archives Harverster, desarrollado por el Public Knowledge Project.

Disertaciones Vol. 2 No. 1 Julio 2009


NUEVAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

La transformación del paradigma comunicativo ocasionado por la invención de la Internet ha provocado la emergencia de nuevas prácticas de comunicación digital que han abierto espacios insospechados para la visibilización de discursos y formas alternas de organización social. Las mutaciones que a diario ocurren en la nueva ágora pública en que se ha convertido el ciberespacio se manifiestan con especial énfasis en las redes sociales que permiten idear, diseñar y crear nuevas lógicas de difusión, participación y ciberactivismo. La exploración de las nuevas vías de participación ciudadana y el impulso de la democracia participativa gracias al uso de nuevas herramientas de interacción social, representa un interesante campo de investigación, pues a la par que surgen nuevos medios proliferan también nuevos espacios de interacción social que alientan prácticas de participación y movilización ciudadanas.

En tal sentido, Disertaciones abre sus páginas a contribuciones provenientes de la academia, pero también a individuos y organizaciones sociales que, al aprovechar estos nuevos medios y espacios, actúan más que como usuarios, como productores de contenidos y canal activo de distribución de mensajes. Consciente de que este es sólo uno de los tantos nudos que se entretejen en la amplia trama que constituye la relación TIC, Cultura y Sociedad, Disertaciones también recibe en este número colaboraciones vinculadas con las líneas generales de la revista; no obstante, hace un llamado especial a realizar contribuciones relacionadas con:
  • Alfabetización digital.
  • Ciberpolítica
  • Comunicación ciudadana
  • Inclusión digital
  • Infociudadanía
  • Formación de comunicadores en/para el entorno digital
  • Gobierno electrónico
  • Políticas y Legislación de telecomunicaciones
  • TV Digital
  • Uso de los centros públicos de acceso a Internet (Infocentros/Telecentros)

Fecha tope para la recepción de los manuscritos: 30-05-2009