Hace algunos años comenzamos a observar con atención el desempeño de las radios comunitarias a partir de la percepción de que éstas, a contravía de su larga tradición, en vez de ser iniciativas dirigidas a democratizar las comunicaciones le estaban abonando a la polarización política. En ese entonces, nos referimos al año 2007, aunque advertíamos rasgos preocupantes, indicábamos que se necesitaban estudios más profundos, diagnósticos exhaustivos que dieran mejor cuenta de la situación. Ya han comenzado a producirse. Dos investigaciones muy recientes, realizadas por estudiantes de la maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Zulia, ofrecen un panorama bastante completo, pues se complementan regional y temáticamente. La primera de ellas corresponde a Camilo Mora, quien analizó la participación ciudadana en la gestión de las radios comunitarias del estado Táchira; y la segunda, que examinó la situación legal de las radios comunitarias del municipio Maracaibo del estado Zulia, a un equipo encabezado por Nerio Abreu.
Los hallazgos de ambos estudios exponen con contundencia las irregularidades en las que incurren buena parte de estas emisoras. El focalizado en Maracaibo, que explora los aspectos legales, arroja como resultado que de las 32 emisoras que es posible sintonizar, apenas 6 cuentan con la habilitación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El del estado Táchira, por su lado, revela que existen 11 emisoras autorizadas, pero 21 más con solicitudes en espera desde hace varios años.
Uno de los asuntos más relevantes de estas pesquisas emerge del análisis de su programación. Mientras que en las del municipio Maracaibo despunta su cariz comercial, en las de Táchira sobresale su mayoritaria adhesión al gobierno. No es que las estudiadas en Maracaibo carezcan de ese sesgo, pero no es lo predominante, de acuerdo con lo que exponen sus autores en un artículo que, por cierto, fue favorablemente comentado el domingo pasado en el Editorial del diario Últimas Noticias.
El estudio de Mora, aún inédito, descubre en las emisoras del estado Táchira “la inobservancia del Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público Sin Fines de Lucro”, lo cual se manifiesta “en considerables programas de opinión conducidos por autoridades civiles, como alcaldes o concejales, que más allá de expresarse de forma institucional, frecuentemente lo hacen como activadores político-partidistas”. Igualmente agrega: “pocos medios poseen una programación que rescate el acervo cultural y espiritual de las comunidades (…) la mayor parte de la programación está destinada al entretenimiento”.
Ambos trabajos coinciden al señalar irregularidades y ambos apelan a la urgente intervención del ente regulador. Recomienda el de Abreu: "Resulta indispensable que el Estado venezolano, a través de Conatel, investigue plenamente las actividades que realizan las llamadas emisoras comunitarias. Solo mediante la aplicación de las leyes se podrá conseguir que lo que surgió como una alternativa al monopolio de los medios tradicionales no se convierta en espacios para la realización de las mismas prácticas de las radios comerciales". Y así el de Mora: “Consideramos que Conatel debe ser más celosa en el cumplimiento de la ley”. Lo que nosotros nos hemos venido preguntando desde el año 2007 es: ¿Qué ente, quién, quiénes, debe (n) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales?
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel) del año 2000 dispuso en su artículo 34 que Conatel estuviera adscrita al Ministerio de Infraestructura, pero con el transcurrir del tiempo, y de forma discrecional, ésta fue migrando por varios despachos hasta quedar bajo el mandato de la Vicepresidencia de la República. Aunque la reforma hecha en diciembre pasado no aclara el asunto de su adscripción, más bien aparece como un galimatías, el artículo 40 se mantuvo intacto: en él se establece que su Consejo Directivo estará formado por el director y cuatro miembros, con sus respectivos suplentes, de libre nombramiento y remoción por parte del Jefe del Estado.
Dada la importancia de los asuntos bajo su competencia, con la finalidad de garantizar su equidad e independencia, en otras latitudes el organismo regulador de las telecomunicaciones está integrado por diversos sectores: organismos del Estado, representantes de la empresa privada, de las academias y voceros comunitarios, entre otros. El espíritu que priva es que, en medio de una dinámica plural, no se imponga el interés de un sector por sobre los otros y prevalezca el equilibrio.
Las investigaciones de campo demuestran que las radios comunitarias no están cumpliendo con el papel que la Ley y su extensa y sólida tradición les asigna. En la nota editorial de Últimas Noticias, firmada por Eleazar Díaz Rangel, se formulan varias preguntas, todas muy interesantes y pertinentes, pero por lo que hemos venido coligiendo (se titula Preguntas a Conatel) el destinatario no parece ser el más adecuado. ¿De quien -y de qué- depende que las radios comunitarias marquen una diferencia?
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