19 de enero de 2019

#LeyCiberespacio: Ser o no ser


El 14 de enero, William Peña, periodista venezolano de larga y consistente trayectoria en la fuente de tecnología, encendió las alarmas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaría por aprobar una ley que vulneraría (aún más) los derechos humanos de los venezolanos al poner bajo control del Estado (lo cual en Venezuela quiere decir una facción política sin contrapesos institucionales) los contenidos que circulan por Internet.

De inmediato un grupo de periodistas, investigadores, activistas y defensores de la libertad de expresión e información nos dimos a la tarea, con el invaluable apoyo de organizaciones de larga trayectoria, como Access Now y Derechos Digitales, de analizar el texto para fijar posición sobre lo que se planteaba.

Para los expertos, el articulado no resistía una mirada desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos humanos. Los argumentos técnico-legales fluyeron de seguidas, consistentes y con precisión. Total, no estamos solos, los venezolanos, en esto de enfrentar la oleada totalitaria que intenta minar las libertades en la red. Ya hay roncha. Hasta ahora, el documento ha sido suscrito por cerca de 50 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Otros asuntos, sin embargo, ocuparon la discusión. ¿Qué tono dar al documento? ¿Se parte de minimizar la intentona (que eso es, por ahora…) por provenir de un ente -la ANC- que la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional no reconoce? ¿Pero es que acaso ésta no ha sancionado ya una ley, como la llamada “Ley Contra el Odio”, que se ha aplicado para amedrentar a la disidencia política?

Cuestionar la ley, para algunos adherentes, podría significar el reconocer la ANC. ¿Y qué hacemos? ¿No la reconocemos y, por lo tanto, callamos? El consenso nos llevó a redactar este párrafo que-creemos- resulta lo suficientemente claro: 

“Por todo lo expuesto, nos oponemos a la aprobación de este proyecto. La legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con estándares de derechos humanos”.
 
¿Que el párrafo debió ir al principio...? Para algunos gustos, quizás. Pero allí está. Lo medular reluce: nos oponemos a la ANC y a todo cuanto de ella emane por carecer de legitimidad. Y esta ley, de aprobarse, lo será. Por lo demás, incluso en el seno de una instancia legítima, aspiramos a que cualquier ley que tenga como propósito regular el ámbito digital se elabore con el concurso de todos los sectores implicados. Vamos avisando.

El otro punto que generó debate fue: En el contexto de crecientes restricciones, ¿qué destacar como acciones dirigidas a controlar la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet? ¿Sólo las legales? ¿O incluimos bloqueos, detenciones arbitrarias a usuarios de redes sociales, acoso en línea, ataques técnicos…? Las cuentas de este rosario son pródigas en Venezuela, pero el ordenamiento jurídico, sin duda, tiene un gran peso por las vías que abre para la apelación y la justicia. Al menos en países democráticos. Que no es nuestro caso, lo sabemos. 

Este aspecto, el legal, nos lleva a otro no menos importante, vital. ¿Confiamos en esta filtración? De una, quienes conocemos a William Peña, y su trayectoria dentro de Inside Telecom, asentimos. Confiamos y recordamos la filtración que los periodistas de ese medio hicieron del texto propuesto para reformar la ley de telecomunicaciones en el año 2008, dirigida a establecer, entre otras cosas, un punto único de acceso a Internet en manos del Estado (amén de la reforma del artículo 5to para revertir el carácter de interés general de las telecomunicaciones).

En el 2008, gracias a la presión ciudadana, el “borrador de ley” que la ministra tuvo que reconocer que existía, no pasó. Esperaron dos años, pero lo hicieron. Y ese cambio, al menos en mi opinión, le puso una lápida muy pesada (aunque no la única) a las telecomunicaciones.  

Conclusión: No hay que bajar la guardia. Y no la bajamos.

1 de diciembre de 2018

¿Comunicación alternativa en la era digital?


Luis Botello, del ICFJ, y los panelistas: Camila Adames, Carlos Serrano, Lourdes Arróliga y Grisha Vera

Nunca una idea, como la de hurgar en los preceptos de la comunicación alternativa, me pareció más ajustada para el desafío que enfrenta el periodismo en esta época.

En un reciente foro sobre La desinformación en la era digital, un asunto que por su gravedad ocupa cada vez más espacios de discusión, uno de los panelistas, el periodista colombiano Carlos Serrano, quien trabaja desde Miami para el servicio público de radio y televisión del Reino Unido (BBC), sugirió que una manera de conjurar la desinformación era “acercarse a las audiencias”.

En ese momento pensé en las experiencias que han surgido en Venezuela como consecuencia de la política de hegemonía comunicacional impuesta por el gobierno. Me refiero a los casos de ElBusTV y, muy especialmente, al programa de formación de infociudadanos de El Pitazo.

El BusTV, que ganó una nominación en la categoría de innovación del Premio Gabriel García Márquez de este año, busca directamente a las audiencias en los autobuses de Caracas donde se mueve una población que, no es difícil deducir, difícilmente puede acceder a medios independientes por Internet en un país cuya conectividad decrece a diario.

El programa de infociudadanos de El Pitazo, un portal digital de noticias que ha sido bloqueado por el gobierno para los usuarios de Venezuela, busca formar competencias ciudadanas para la búsqueda, el tratamiento y la difusión de noticias de y en las comunidades más vulnerables, así como para verificar la información que circula en redes sociales.

En el año 2014, justamente cuando Venezuela acabada de padecer la primera gran y fuerte ola represiva del gobierno de Nicolás Maduro, gracias a la invitación del profesor Marcelino Bisbal, coordinador de los Postgrados en Comunicación Social de la UCAB, compartí con un grupo de colegas algunas ideas en torno a la recomposición del periodismo.

Me referí allí a varios asuntos, pero el que me sirve hoy para argumentar lo que vengo hilando, es este: Cuando se habla de innovación periodística, con uso o por efecto de las TIC, quisiera pensar que se trata de otras apuestas que impliquen más escucha ciudadana.

En aquel momento no existían ni El Pitazo ni El BusTV, por mencionar apenas dos de los medios que nacieron al calor de la censura que se impuso en dos períodos represivos clave (2014 y 2017), posteriores e la elección del presidente Nicolás Maduro. Otro ejemplo en esa búsqueda es Efecto Cocuyo, con su iniciativa "Encuentros Cocuyos" para dialogar con las audiencias.

El territorio periodístico estaba vacío. El gobierno lo había secado a través del cierre y la compra de medios, las restricciones para la compra de papel periódico, la extorsión fiscal y múltiples presiones sobre las líneas editoriales. Pero los periodistas estaban llenos. Llenos del compromiso con dos de los valores supremos del periodismo: la verdad y el servicio público.

La crisis venezolana ha sacado lo mejor de nuestro gremio convirtiendo a estos colegas, no solo en emprendedores de medios, sino en una muralla para la defensa de la democracia.

Cuando los periodistas auscultan con oído fino a la sociedad sacan de ella su savia. Y en ese trabajo, si es genuino, se transforman. Dejan de ser canal y abren paso a otras voces.

¿No es ese el corazón de la comunicación comunitaria, alternativa? 

Volver la mirada a experiencias de comunicación comunitaria que marcaron una época en Latinoamérica, hurgar en sus pliegues, ricos en aprendizajes, podría ayudarnos ahora a navegar con éxito en las promisorias, pero también oscuras y turbulentas aguas de la digitalización. Y no solo en Venezuela.

Las posibilidades que nos ofrecen hoy las tecnologías (manejo de grandes volúmenes de datos, economía de recursos y difusión global de los mensajes, entre otras) no deberían obnubilarnos y dejar fuera lo esencial. Todas esas potencialidades, por el contrario, deberían ponerse al servicio de los ciudadanos. Ya estamos viendo que es posible.

¿Comunicación alternativa en la era digital? ¡Pues sí!