#LeyCiberespacio: Ser o no ser

El 14 de enero, William Peña, periodista venezolano de larga y consistente trayectoria en la fuente de tecnología, encendió las alarmas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaría por aprobar una ley que vulneraría (aún más) los derechos humanos de los venezolanos al poner bajo control del Estado (lo cual en Venezuela quiere decir una facción política sin contrapesos institucionales) los contenidos que circulan por Internet.

De inmediato un grupo de periodistas, investigadores, activistas y defensores de la libertad de expresión e información nos dimos a la tarea, con el invaluable apoyo de organizaciones de larga trayectoria, como Access Now y Derechos Digitales, de analizar el texto para fijar posición sobre lo que se planteaba.

Para los expertos, el articulado no resistía una mirada desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos humanos. Los argumentos técnico-legales fluyeron de seguidas, consistentes y con precisión. Total, no estamos solos, los venezolanos, en esto de enfrentar la oleada totalitaria que intenta minar las libertades en la red. Ya hay roncha. Hasta ahora, el documento ha sido suscrito por cerca de 50 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Otros asuntos, sin embargo, ocuparon la discusión. ¿Qué tono dar al documento? ¿Se parte de minimizar la intentona (que eso es, por ahora…) por provenir de un ente -la ANC- que la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional no reconoce? ¿Pero es que acaso ésta no ha sancionado ya una ley, como la llamada “Ley Contra el Odio”, que se ha aplicado para amedrentar a la disidencia política?

Cuestionar la ley, para algunos adherentes, podría significar el reconocer la ANC. ¿Y qué hacemos? ¿No la reconocemos y, por lo tanto, callamos? El consenso nos llevó a redactar este párrafo que-creemos- resulta lo suficientemente claro: 

“Por todo lo expuesto, nos oponemos a la aprobación de este proyecto. La legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con estándares de derechos humanos”.

 

¿Que el párrafo debió ir al principio...? Para algunos gustos, quizás. Pero allí está. Lo medular reluce: nos oponemos a la ANC y a todo cuanto de ella emane por carecer de legitimidad. Y esta ley, de aprobarse, lo será. Por lo demás, incluso en el seno de una instancia legítima, aspiramos a que cualquier ley que tenga como propósito regular el ámbito digital se elabore con el concurso de todos los sectores implicados. Vamos avisando.

El otro punto que generó debate fue: En el contexto de crecientes restricciones, ¿qué destacar como acciones dirigidas a controlar la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet? ¿Sólo las legales? ¿O incluimos bloqueos, detenciones arbitrarias a usuarios de redes sociales, acoso en línea, ataques técnicos…? Las cuentas de este rosario son pródigas en Venezuela, pero el ordenamiento jurídico, sin duda, tiene un gran peso por las vías que abre para la apelación y la justicia. Al menos en países democráticos. Que no es nuestro caso, lo sabemos. 

Este aspecto, el legal, nos lleva a otro no menos importante, vital. ¿Confiamos en esta filtración? De una, quienes conocemos a William Peña, y su trayectoria dentro de Inside Telecom, asentimos. Confiamos y recordamos la filtración que los periodistas de ese medio hicieron del texto propuesto para reformar la ley de telecomunicaciones en el año 2008, dirigida a establecer, entre otras cosas, un punto único de acceso a Internet en manos del Estado (amén de la reforma del artículo 5to para revertir el carácter de interés general de las telecomunicaciones).

En el 2008, gracias a la presión ciudadana, el “borrador de ley” que la ministra tuvo que reconocer que existía, no pasó. Esperaron dos años, pero lo hicieron. Y ese cambio, al menos en mi opinión, le puso una lápida muy pesada (aunque no la única) a las telecomunicaciones.  

Conclusión: No hay que bajar la guardia. Y no la bajamos.

LA LCPPP no pechará a las empresas de telecomunicaciones

Como relatamos en un post anterior, el  jueves 10 de  noviembre, con los votos del PSUV y del PCV se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular. En su intervención, el diputado Biagio Pilieri  advirtió que el texto consignado incialmente había sufrido algunas modificaciones. 

Entre estas, notamos las siguientes:

-La  exposición de motivos incluye los artículos 57 y 58 de la CRBV (Libertad de expresión y Derecho a la información)

Título I: Disposiciones fundamentales

- En el artículo 1ero (Objeto) se incluye el deber que tienen estos medios de garantizar una comunicación libre y plural.

-Se eliminó el artículo 5 referente a los mecanismos de participación.

-En el artículo 6 (de las definiciones) apartado 2, se establece que son medios sin fines de lucro.

-Desaparecieron las definiciones de 10 y 11 correspondientes a propaganda y publicidad.

Título II: Organización para la comunicación popular

-En el artículo 7 se establece la creación de un registro o censo de las organizaciones que serán financiadas y se establece que será “el órgano con competencia en la materia”.

Título IV: Del financiamiento para la comunicación.

-Los recursos del fondo que se creará y será manejado por la Vicepresidencia -artículo 18- se reducen a dos fuentes: donaciones y una contribución especial prevista en la Ley.

-Esa contribución especial se reduce a un solo tipo de empresas, las de publicidad y mercadeo, que deberán aportar el 2% de sus ganancias o utilidades.

Como vemos, es esta última la única modificación de fondo. Del nuevo tributo quedan excluidas las empresas de telecomunicaciones...

El texto, como ha sido anunciado por la AN, será llevado a segunda "discusión" el próximo 7 de diciembre. Se puede decargar aquí.

Rapidito y sin debate se aprobó la LCPPP

La primera "discusión" de la LCPPP

¿Se discutirá la ley de medios comunitarios?

     Desde principios de este año se vienen realizando consultas en relación con una ley dirigida a normar el funcionamiento de los medios comunitarios. Medios que, en el año 2000, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fueron reconocidos por parte del Estado. En agosto, un grupo de colectivos vinculados con estas iniciativas, con el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), introdujo a la Asamblea Nacional (AN), por iniciativa popular, una propuesta de ley con el apoyo de un poco más de 16 mil firmas que, posteriormente, fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral, según informó el presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la AN.  

     Aunque en varias ocasiones públicamente se ha anunciado su discusión, y se han consignado otros documentos que valoran esta iniciativa y presentan propuestas alternas, esta no se ha producido. Con el interés de ampliar el conocimiento sobre el asunto, el Diario de Los Andes (Trujillo) realizó una serie informativa de seis entregas en la que abrió sus páginas a diferentes voces: radialistas comunitarios, diputados del PSUV y de la Unidad Democrática, Cámara de la Radio, académicos de las tres universidades públicas nacionales con mayor tradición en el área de comunicación social, así como otros actores y protagonistas de iniciativas de comunicación alternativa, educativa y popular. 

     Para la realización de la serie tuvimos la responsabilidad de ofrecer un breve esbozo inicial, acopiar la documentación disponible y contribuir con la selección de vocerías. Lamentablemente, no todas las fuentes que sugerimos consultar accedieron a ello, pero el conjunto de trabajos, en líneas generales, cumple con el objetivo compartido, entre el Diario y nosotros, de informar con equilibrio y equidad. Agradecemos a la colega Paula Rivero, coordinadora editorial del periódico, y a Amílcar Trejo, responsable de los trabajos, su receptividad y compromiso. Igualmente a Henry Quintero, editor gráfico corporativo, por su inagotable paciencia con esta colaboradora. Aquí están todos los textos, en el orden en el cual aparecieron publicados.

Ley de Comunicación Comunitaria debe ser discutida por todos

Entrevista con la periodista María Fonseca Sevillano sobre la Ley de Comunicación para el poder Popular.
08/09/2011, Se puede oír aquí.

Ley de medios comunitarios no debe polarizarse

*Entrevista hecha por la periodista Marianela Mavares, publicada en el Diario El Tiempo, de Valera.

¿Qué opina sobre la Ley de Medios Comunitarios?

Lo primero es que la discusión sobre esta Ley no puede ser objeto de polarización. Por una razón muy sencilla: al ser expresión de una comunidad, un medio comunitario, por definición, es plural y diverso.

¿Cómo evalúa la propuesta introducida en la Asamblea?

Que adolece de lo que justamente he dicho le resulta propio, el pluralismo, pues expresa -desde la exposición de motivos- una parcialidad. Si bien el proyecto se introdujo por iniciativa popular, algo que celebramos, ésta fue impulsada por el sector oficial y, por lo tanto, recoge sólo su visión e intereses. Son válidos, cómo no, y tienen el derecho de promoverlos,  pero otros ciudadanos también tienen el derecho de ser escuchados. Sobre todo porque las luchas de los medios comunitarios no son de hoy, sino de hace varias décadas, y el Estado está en mora con esta Ley desde hace diez años.

En mora, ¿por qué?

Porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 legaliza la existencia de estos medios y sobre su desempeño sólo se cuenta con un Reglamento, vigente desde el 2002. Obviamente, en cuanto a la normativa, entre esos niveles macro y micro, que son una Ley Orgánica y un reglamento, hace falta uno meso como este, es decir, una Ley Ordinaria

¿Y quiénes deberían opinar y ser escuchados?

Todas aquellas personas e instituciones que tengan algo que decir, con base en argumentos. Hablamos de algo muy serio, de una Ley de la República. Así como el sector oficial acompañó una propuesta, los diputados de la oposición que integran la comisión de medios presentaron una serie de principios a ser considerados. Pero, más allá de estos dos sectores, políticamente diferenciados, hay otros cuyas opiniones deberían ser tomadas en cuenta dada su experticia en estos asuntos.

¿A cuáles se refiere?

A los centros de investigación de la comunicación de las universidades nacionales, a la asociación venezolana de investigadores de la comunicación, a las escuelas de comunicación social, a las instituciones de larga data y tradición como el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, cuyo equipo periodístico recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2002 (por haber informado veraz, imparcial y oportunamente durante el blackout mediático) y la primera licencia que se otorgó en el país para la operación de una radio comunitaria.

¿Qué opina del documento que presentó la oposición?

Aunque de alguna forma también refleja el clima polarizador, es más amplio. Sorprende, por ejemplo, que acoja como referentes los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el cual ha servido de guía para la elaboración de normativas de avanzada como las de Argentina y Uruguay, países con los cuales nuestro gobierno tiene excelentes relaciones.  Si los diputados, tanto del PSUV como de la oposición, se sentaran a trabajar constructivamente podríamos tener una buena Ley.

¿En su criterio, cuáles son los puntos centrales de una Legislación como esta?

En primer lugar su definición, en cuanto a los medios que atañe. Estimo que lo conveniente sería legislar sobre radio y TV únicamente, porque el anteproyecto presentado incluye hasta las expresiones muralísticas, lo cual es impensable. Lo segundo sería lo relativo a los fines y objetivos de estos medios, que -por cierto- están muy bien definidos en el reglamento vigente, pues acoge lo que tradicional e históricamente han sido: medios de un tercer sector no comprometido ni con intereses comerciales ni gubernamentales.

Otro aspecto, obviamente, tiene que ver con el ente otorga licencias, financiamiento y regula su quehacer. Este debe estar constituido de forma equilibrada, con representantes de diversos sectores. En Uruguay, por ejemplo, existe un  Consejo integrado por representantes de algunos ministerios, de los propios medios comunitarios, universidades públicas y privadas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. En este punto falla, y mucho, el  proyecto presentado, pues establece, por ejemplo, la creación de un fondo dirigido a captar y distribuir recursos para estos medios y lo adscribe a la Vicepresidencia de la República. A escala internacional no se conoce algo similar.

¿Está de acuerdo con la división del espectro en tres partes iguales?

Los primeros papeles de trabajo introducían ese punto, pero el proyecto presentado ya no lo contempla. Pero igual te diría lo siguiente. El espectro electromagnético es un bien público administrado por el Estado y debe procurarse la equidad en su distribución. Bolivia acaba de aprobar una Ley que les otorga 33% al Estado, 33 % a los comerciales, 17 %  al sector social comunitario y 17 % a los pueblos indígenas originarios y campesinos. Cada realidad orienta una propuesta. Ahora bien, con la digitalización esto pasa a otro lugar. Tendríamos que estar hablando ya, como en otros países, de neutralidad de la red, de acceso universal al servicio de banda ancha. En realidad esta es una Ley del Siglo XX que, insisto, debería discutirse con amplitud, profundidad y sin sesgos.

¿Comunicación para el Poder Popular?