Ley de medios comunitarios: ¿Una manzana envenenada?

Con apoyo de diversos estamentos y funcionarios del gobierno, desde principios de año se vienen realizando reuniones que, como ha sido difundido por varios medios, promueven la discusión y aprobación de una Ley, simplifiquemos el título, de Medios Comunitarios.

Variadas notas de prensa, así como documentos disponibles, revelan que la propuesta apunta básicamente al logro de dos cuestiones: la reserva del 33 por ciento del espectro electromagnético para este tipo de iniciativas y el otorgamiento de un abultado presupuesto público para estas emisoras por vía de la publicidad oficial. Algunos señalan el 50 por ciento.

Amén de las lógicas suspicacias que un proyecto de este tipo pueda levantar, y de lo evidentemente desfasado que resulta, tomando en consideración las nuevas venas que abre la digitalización, lo que nos parece más curioso es el ominoso silencio de quienes, en nuestra opinión, tendrían mucho que abonar en un debate sobre el tema. Porque ese es un punto cardinal. No hay discusión y debate. Al menos abiertamente.

Las reuniones a las que nos estamos refiriendo están siendo auspiciadas por destacadas figuras afectas al gobierno y en ella participan, de forma mayoritaria también, gestores y representantes de un conjunto de medios claramente identificados con el sector oficial.

Sé, porque conozco el sector desde hace muchos años, que el de los medios comunitarios no es un grupo homogéneo, sumiso y obsecuente. Por el contrario, si algo late en el corazón de su tradición, es el ser esquivo a los controles y mediatizaciones.

Esa, y no otra, es la razón de su emergencia en el espacio mediático, para demandar democracia informativa, al margen de los intereses comerciales y gubernamentales. Ello, como ha sido reconocido por tirios y troyanos, se puso claramente de manifiesto en el año 2002 cuando, gracias al blackout mediático operado por la TV comercial, surgieron como una “alternativa” a la desinformación.

¿Cómo se comportan ahora? Varios estudios disponibles que examinan sus discursos y tendencias dan cuenta de ello. Algunos son de corte descriptivo, con énfasis en las percepciones de sus promotores; otros, ponen sus los oídos en las audiencias; algunos más de fondo, producto de tesis doctorales en universidades y centros de investigación del país y del extranjero, los calibran a la luz de teorías comunicacionales y políticas.

Palabras más, palabras menos, al menos los que hemos consultado, coinciden en una realidad notoria: son pocos los que cuentan con un fuerte anclaje social. Un buen trozo de esta torta ha sido comida por el gobierno. Desde el 2002 se planificó y llevo a cabo un proceso de cooptación dirigido a hacer de ellos un altavoz oficial y así se desempeñan muchos. Muchísimos.

Pero también emerge de bulto que ese panorama no es uniforme, plácido, inamovible. Subsisten, penosamente invisibilizadas, una interesante cantidad de medios de genuina vocación alternativa y comunitaria.

¿Qué piensan estos de esta propuesta de Ley? ¿Qué les parece una pretensión como la que se revela en el proyecto, destinada a doblegar, mediante una pauta publicitaria oficial, su necesaria, sana y legítima independencia?

Que sepamos, no existe en el orbe legislación que se ajuste a tamaño despropósito. Existen sí, Estados democráticos que aseguran y destinan presupuestos y partidas del erario público al sostenimiento económico de unos medios que le urgen a la democracia. Partidas y presupuestos compuestos por ingresos provenientes de fuentes públicas y privadas, vía tasas impositivas, por ejemplo, administrados localmente y supervisados por entes equilibrados y probos.

Porque es esto lo que está en el fondo. Quién te financia y para qué. Ya lo decía Alfonso Gumucio-Dagron, uno de los estudiosos más respetados por el movimiento de medios comunitarios a escala latinoamericana: La sostenibilidad de estos medios es un arte de equilibristas.

De acuerdo con este investigador, autor de varios libros de obligada consulta y protagonista de diversas experiencias en Bolivia y Guatemala, los medios comunitarios tienen que procurar un balance (nada fácil) entre tres tipos de sostenibilidades: social, económica e institucional.

Social, porque deben auscultar y expresar los pálpitos de una comunidad, que siempre es diversa, con equidad. Económica, porque de ella depende su autonomía e independencia. Y, finalmente, institucional, porque tienen el derecho - y el deber- de exigirle al Estado un margo legal y regulatorio que garantice su supervivencia, de acuerdo con los ideales de una gestión democrática y participativa. Sin concesiones.

Hemos advertido muy de cerca la presión que sienten quienes, para nosotros, encarnan prácticas de legítima comunicación comunitaria y alternativa. Por eso nos resultan tan valiosas las expresiones de Argenis Fuenmanyor, de Tierra Libre FM de Trujillo; o de Kenia Useche, de Canal Z, de Maracaibo, quienes en un reciente foro celebrado en Valera, con el patrocinio de la misma Gobernación del Estado, abogaron por una revisión de fondo sobre el quehacer de estos medios y, en el contexto de la Ley que se promueve, pusieron sobre el tapete el tema de su necesaria independencia, al margen del discurso oficial.

¿Quién puede dudarlo? Es necesaria una Legislación que legitime, acote y preserve el digno quehacer de estos medios. Lo que no debe aceptarse es que, en aras de su muy circunstancial cooptación, se les ofrezca -y se acepte- una manzana envenenada. ¿Habrá algún ingenuo en esta época? ¿Se la comerán? ¿Cómo conjurar esa trampa? ¿Cómo aprovechar esta contingencia para avanzar en la antigua y noble lucha por una comunicación democrática?

#GenteEnRed: una opinión desde el país invisible

A raíz de los sucesos de Medio Oriente, una pregunta circula insistentemente entre investigadores, políticos y activistas: ¿Estimulan las tecnologías de información y comunicación (TIC), la Internet y las redes sociales la participación política?

En nuestra opinión, la respuesta pasa por el rastreo de discusiones pasadas, sostenidas al calor del surgimiento y auge de Internet (la 1.0) en el seno de las llamadas comunidades virtuales que no otra cosa, aunque más complejas, son las estructuras hoy definidas como redes sociales.

Nos referimos a una abundante cantidad de estudios, documentales y empíricos, desarrollados por centros de investigación, ONG y organismos internacionales que, cobijados bajo el rótulo de ICT4D (TIC para el Desarrollo) o el de Community Informatics (Informática Comunitaria) tenían, entre otros propósitos, establecer correlaciones entre el uso de las TIC y su impacto en el desarrollo humano, social o comunitario.

Una revisión a fondo de estos informes, que abarcan más de una década, resulta una tarea difícil y abrumadora, pero buceando entre ellos se desprende que una pregunta como la formulada al principio pasa, en primer lugar, por considerar la existencia de una tríada indisoluble: acceso, participación e incidencia. Porque una cosa es el acceso a las TIC, otra su uso y, una más, su apropiación, vale decir, su utilización estratégica, como sería la creación y/o utilización de redes sociales con fines de incidencia política.

En Venezuela, aunque según las estadísticas el acceso a Internet (plataforma en la que anidan estas redes) se ha ampliado, los estudios señalan que su uso se asocia mayoritariamente con lo lúdico, con el entretenimiento. Es decir, se accede a los recursos, se participa en ciertos espacios de forma activa, pero no siempre en el sentido político del término. Puede haber más acceso, más uso, pero no, necesariamente, una mayor incidencia en el ámbito político. Viéndolo de otra forma, supone afirmar una obviedad: también puede haber participación e incidencia política, al margen del acceso a las TIC.

Existe, sin embargo, una creciente porción de ciudadanos -los llamados infociudadanos- interesados en participar en los asuntos públicos y esto se hace bastante evidente en este tipo de redes sociales. Pero una cosa es participar y otra, muy distinta, incidir. La participación que nace en esta suerte de ciberesfera pública puede generar incidencia cuando las redes presenciales y virtuales se combinan recíprocamente. Son las llamadas blended networking, o redes que combinan ambas facetas, pero que esa sinapsis se produzca depende de asuntos de fondo, del contexto y de la tecnología, no solo de esta última.

Lo que vimos en Medio Oriente, como lo describió Manuel Castells, fueron “revueltas cogeneradas sin estrategia central” que multiplicaron a lo interno las protestas y, paralelamente, le dieron alta visibilidad más allá del Norte africano. Eso tiene un indudable valor, como ya vimos, pero quizás no sea el más importante, el de más largo plazo, como el que concibe el uso de las TIC atado al concepto de participación y construcción ciudadana.

En Venezuela, lamentablemente, pocos actores políticos reconocen la centralidad de este asunto. Aunque hay señales positivas, como las iniciativas realizadas en Caracas bajo el auspicio de @chacaodigital, la gran mayoría aún no lo percibe así, a pesar de la importancia que le ha otorgado el mismo Jefe del Estado. No queremos decir que el Presidente advierta el potencial de las redes, y de canales de información como Twitter, por ejemplo, de la manera en que nosotros lo aspiraríamos, pero ha puesto el asunto sobre el tapete y ello, sin duda, es positivo.

Hoy cualquier proyecto político pasa por la búsqueda de esa articulación realidad-virtualidad. Se trata de encontrar el equilibrio entre ambas dimensiones y de saber aprovechar las ventajas que tiene cada una. Pero lograrlo no es sencillo. Se requiere un profesional formado (no sólo con experticia técnica), motivado y con capacidades para buscar información, para discriminarla, contextualizarla, otorgarle sentido, generar conocimiento y aplicarlo en áreas específicas. Cimentar ese bagaje teórico-práctico requiere tiempo y dedicación.

En Venezuela, los medios digitales, especialmente los blogs, Facebook y Twitter, se han venido convirtiendo en un espacio de difusión y deliberación de asuntos políticos y sociales, expresión de un conglomerado políticamente muy variopinto en el cual es posible advertir gradaciones, más allá del blanco y del negro (aunque los incluye) al que pretenden confinar a los ciudadanos los extremos en confrontación. De manera tibia, en algunas ocasiones circunscritas al mismo ámbito comunicacional, este conjunto ha revelado su potencial. ¿Estará preparado para dar otro paso? ¿Serán nuestros políticos capaces de advertir ese momento? Y, para finalizar, ¿No representa este grupo una apetecible porción de los codiciados NiNi?

Publicado en Código Venezuela

Trujillo, la MUD y el país alternativo

Los días previos a la Semana Santa, durante los cuales la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) comenzó a deslizar los nombres de quienes resultarían postulados como candidatos a diputados en las elecciones del 26S, evidenciaron el clima que, suponíamos, prevalecería en los sectores opositores tradicionales.

Tanto fue el ruido que nacionalmente se extendió el plazo para divulgar el pronunciamiento, debido a las molestias que originó la forma como fueron acordadas algunas nominaciones, así como el surgimiento de nuevas estrategias de selección propuestas por algunos de los grupos que integran la MUD.

Como comentaba a una amiga, angustiada por la fisura del capítulo regional, he tenido como norma eximirme de escribir sobre política-partidista. Por una sencilla razón: no es mi campo de juego. No participo en las Grandes Ligas. Le he apostado invariablemente a las Pequeñas, lo cual, traducido al lenguaje político, significa trabajar en el ámbito de la formación ciudadana, pues, como muchos, estoy convencida de que sólo si sembramos allí podremos tener equipos (partidos) que representen nuestras aspiraciones, equipos a los que valga la pena apostar.

¿Partidos Vs.Sociedad Civil?

No obstante, a causa de la reciente diatriba escenificada en nuestro Estado, donde si hemos interpretado bien el debate se ha centrado en una falaz oposición partidos/sociedad civil, es necesario dejar claro que, al menos desde nuestro punto de vista, una democracia sin partidos resulta insostenible. Como ha dicho Jesús Hermoso, Secretario General de la Juventud de Bandera Roja, lo contrario a las organizaciones políticas son los egos, los “yoes” supremos y, como consecuencia, las autocracias. Obviamente, estas consideraciones no deben interpretarse como un visto bueno para la forma en cómo éstos suelen proceder. Es evidente que los partidos necesitan urgentes transformaciones de fondo. La pregunta es: ¿Lo harán sin la sociedad civil? En nuestro criterio, no.

Por esa razón celebro como auspiciosa la presencia de nuevas voces en el escenario donde se disputa la representación en la Asamblea Nacional (AN), pues los ciudadanos tienen el derecho de exigir cambios, pero también la responsabilidad de contribuir con ellos: con el de los partidos y con el del ejercicio de la política en general.

Para ello, no obstante, es menester el desarrollo de un trabajo organizado y sostenido, un camino largo, lento y lleno de escollos que deben ser entendidos y asumidos como los obstáculos naturales que enfrentan quienes comienzan el entrenamiento necesario para llegar a las ligas mayores.

Pretender cobrar sin haber hecho el trabajo sólo asegura la permanencia, o acaso el aumento, de una enorme deuda por pagar. Es lo que traducimos del último estudio nacional de opinión pública de Alfredo Keller y Asociados (marzo 2010) el cual revela que, aunque las preferencias de los electores están parejas (34 % de los encuestados se pronuncia por el oficialismo y 32 % por la oposición), un nada despreciable 21% desea una AN plural que piense, y exprese, al país como un todo.

El desafío de un país inclusivo

He allí el reto. Para los partidos, que deben abrir sus compuertas a nuevos liderazgos, y para las organizaciones de la sociedad civil, que tendrían que trabajar a fondo para interpretar y maximizar ese desiderátum con propuestas y estrategias claras. De este desafío, cabe añadir, no están exentos los grupos disidentes del campo oficial e incluso aquellos que se sienten abacorados dentro del mismo partido de gobierno.

Estas reflexiones, lamentablemente escasas a escala local, son –sin embargo– pródigas en las redes sociales, estos nuevos espacios de interlocución ciudadana donde interesantes e intensos diálogos tienen lugar. No son pocos los correos electrónicos, blogs, artículos, mensajes de texto y tuits que han circulado los pasados días sobre la coyuntura electoral del 26S. Entre ellos el llamado de atención que hace Olga Ramos, representante de la ONG Asamblea de Educación, quien acertadamente diferencia: una cosa es el acuerdo unitario sobre el que trabaja la MUD y otra, muy distinta, la unidad nacional en torno a un proyecto de país.

Aferarrse a la MUD como una tabla de salvación, destaca la educadora, es seguir apostándole a soluciones mesiánicas. La UNIDAD, con mayúsculas, requiere otro punto de partida: “La procura de una opción que permita unificar, no a los grupos opositores, sino al país en torno a un proyecto que nos impulse a salir de la crisis generalizada cuyos orígenes preceden, al menos en un par de décadas, al inicio de este gobierno”.

Hacia esa misma dirección apunta Jesús Torrealba, del colectivo Radar de los Barrios, quien, aunque cuestiona las primeras decisiones de la MUD, les concede el beneficio de la duda, pero anuncia que si en la madrugada del 27S el país opositor no celebra una victoria, sino que enfrenta otra costosa frustración, no se dedicará ya a denunciar o proponer soluciones a problemas puntuales, sino a construir “una alternativa doble: democrática, frente al régimen totalitario que hoy nos desgobierna; y progresista, frente a las direcciones opositoras que han sido incapaces de proponer futuro porque son simplemente la encarnación del pasado”.

Cada uno con su estilo, Ramos y Torrealba, representantes de sendas organizaciones de la sociedad civil, señalan el reto que la Venezuela alternativa, deseosa de cambios profundos, tiene por delante. Ni más ni menos que el trabajo pendiente por hacer: Construir ciudadanía para gestar un proyecto de país democrático y plural. ¿Estará Trujillo listo para ese desafío?

Publicado en el Diario de Los Andes, 05-04-2010

*Ilustración: La quema de Judas, del pintor trujillano Salvador Valero (1965)

¡Se acabaron los kleenex!

Usualmente, cuando se aproximan comicios electorales los llamados “no alineados”, esa amplia franja de la población no identificada con gobierno u oposición que va in crescendo, manifiestan su descontento por el menú de opciones que partidos o grupos de electores presentan a su consideración.

No pocas veces hemos escuchado frases como: el domingo aprovecho para hacer una parrillita o, en el “mejor” de los casos, voy a votar…pero con un pañuelo en la nariz. Tanto -pareciera ser- el desánimo y el descontento. Pero suceden cosas, algo parece estar cambiando. Quienes miran los toros desde la barrera, pero lo hacen con atención, comienzan a mostrar signos de hartazgo.

Las últimas protestas son prueba de ello. Interpretadas por algunos analistas como consecuencia de la salida de RCTV de las compañías operadoras de TV por suscripción, en nuestra opinión, más que obedecer a ello, la levantisca observada durante los últimos días ha prendido en la gente del común, sin distingo de afiliación política, pues ella ha operado como catalizadora del descontento de una población ahíta de soluciones a sus problemas. Hablamos de seguridad ciudadana, servicios públicos (como luz, agua y transporte) e inflación, entre los más sentidos.

Porque los ciudadanos ¿es tan difícil entenderlo? anhelamos una eficiente gestión pública, un clima de paz y sana gobernabilidad. Y ello pasa por la superación de una forma de ejercicio político que ha fracasado en la satisfacción de las aspiraciones de las mayorías. Ello, obviamente, está directamente en relación con aquellos a quienes elegimos para que gobiernen y nos representen.

¿Estamos ejerciendo nuestro derecho a elegir? ¿Sabemos quiénes son y a qué intereses responden nuestros representantes? ¿Nos han rendido cuentas nuestros gobernantes? Los ciudadanos también tenemos responsabilidades. Derechos, sí, pero también deberes. Entre ellos el de votar con conciencia de lo que significan nuestros actos y el de exigir a quienes pretenden ejercer cargos públicos una hoja de servicio intachable, un comportamiento cívico ejemplar, un proyecto y, por supuesto, que luego nos rindan cuentas de su actuación.

En relación con esto, y frente a las próximas elecciones parlamentarias pautadas para celebrarse el 26 de septiembre, privadamente, cara a cara, o en pequeños grupos de reflexión (reales y virtuales) ciudadanos de diferentes ocupaciones, intereses y tendencias políticas hemos estado conversando sobre la posibilidad de que el estado Trujillo pueda dar un salto cualitativo, en el sentido de postular como candidatos a personas con una excelente trayectoria de servicio público y comprometida con una agenda legislativa vinculada al sentir colectivo. Ojo: no se promueve la antipolítica, sino un forma cualitativamente diferente de ejercerla. En todo caso, interprétese como un llamado de atención a los partidos políticos. A todos, sin excepción.

Sin embargo, la sensación que no pocas veces nos ha embarga al término de nuestros diálogos puede resumirse con un: “estamos entrampados”, aludiendo con ello a que opciones dicotómicas se imponen y parecieran dejarnos sin escapatoria. “Es que no escuchan”, exclaman por ahí.

¿Cómo salir de esta trampa? Obviamente no hay respuesta al tiro, ni mágica ni fácil. Pero la poesía es sabia y, como decía nuestro gran poeta Rafael Cadenas: No se pueden buscar las salidas en el sitio de donde se pretende salir. Ello pareciera un buen punto de partida. Cabe entonces preguntarnos: ¿De qué estamos abjurando? ¿Qué es necesario tramsformar? ¿Habría alguien dispuesto a encarnar esa voluntad, a comprometerese con un verdadero cambio?

Los ciudadanos tenemos el derecho de exigir y escoger personas que nos representen con dignidad y que ejerzan con decoro la administración de la cosa pública. Es urgente urbanizar la política y creo no equivocarme al afirmar que cada vez somos más quienes no nos conformamos con el llamado "mal menor", que cada vez somos más quienes nos negamos a acudir a las urnas con un pañuelo en la nariz. A mí, lo digo sin reservas, se me acabó la cajita de kleenex.

Algunos dicen que en Trujillo, este pequeño, deprimido y olvidado estado andino, no estamos preparados para dar un salto cualitativo y probablemente sea cierto. Lo que me pregunto es si no somos nosotros, los ciudadanos, los responsables de impulsarlo, de trabajar por la construcción de una alternativa, de una referencia.

Publicado en el Diario de Los Andes