¿Qué opina sobre la Ley de Medios Comunitarios?
Lo primero es que la discusión sobre esta
Ley no puede ser objeto de polarización. Por una razón muy sencilla: al ser
expresión de una comunidad, un medio comunitario, por definición, es plural y
diverso.
¿Cómo evalúa la propuesta introducida en la
Asamblea?
Que adolece de lo que justamente he dicho le
resulta propio, el pluralismo, pues expresa -desde la exposición de motivos- una
parcialidad. Si bien el proyecto se introdujo por iniciativa popular, algo que
celebramos, ésta fue impulsada por el sector oficial y, por lo tanto, recoge sólo
su visión e intereses. Son válidos, cómo no, y tienen el derecho de promoverlos,
pero otros ciudadanos también tienen el
derecho de ser escuchados. Sobre todo porque las luchas de los medios
comunitarios no son de hoy, sino de hace varias décadas, y el Estado está en
mora con esta Ley desde hace diez años.
En mora, ¿por qué?
Porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones
del año 2000 legaliza la existencia de estos medios y sobre su desempeño sólo
se cuenta con un Reglamento, vigente desde el 2002. Obviamente, en cuanto a la
normativa, entre esos niveles macro y micro, que son una Ley Orgánica y un
reglamento, hace falta uno meso como este, es decir, una Ley Ordinaria
¿Y quiénes deberían opinar y ser
escuchados?
Todas aquellas personas e instituciones que
tengan algo que decir, con base en argumentos. Hablamos de algo muy serio, de
una Ley de la República. Así
¿A cuáles se refiere?
A los centros de investigación de la
comunicación de las universidades nacionales, a la asociación venezolana de
investigadores de la comunicación, a las escuelas de comunicación social, a las
instituciones de larga data y tradición como el Instituto Radiofónico Fe y
Alegría, cuyo equipo periodístico recibió el Premio Nacional de Periodismo en
el año 2002 (por haber informado veraz, imparcial y oportunamente durante el
blackout mediático) y la primera licencia que se otorgó en el país para la
operación de una radio comunitaria.
¿Qué opina del documento que presentó la
oposición?
Aunque de alguna forma también refleja el
clima polarizador, es más amplio. Sorprende, por ejemplo, que acoja como
referentes los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y
TV de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el cual ha servido de guía
para la elaboración de normativas de avanzada como las de Argentina y Uruguay,
países con los cuales nuestro gobierno tiene excelentes relaciones. Si los diputados, tanto del PSUV como de la
oposición, se sentaran a trabajar constructivamente podríamos tener una buena
Ley.
¿En su criterio, cuáles son los puntos centrales
de una Legislación como esta?
En primer lugar su definición, en cuanto a
los medios que atañe. Estimo que lo conveniente sería legislar sobre radio y TV
únicamente, porque el anteproyecto presentado incluye hasta las expresiones
muralísticas, lo cual es impensable. Lo segundo sería lo relativo a los fines y
objetivos de estos medios, que -por cierto- están muy bien definidos en el
reglamento vigente, pues acoge lo que tradicional e históricamente han sido:
medios de un tercer sector no comprometido ni con intereses comerciales ni
gubernamentales.
Otro aspecto, obviamente, tiene que ver con
el ente otorga licencias, financiamiento y regula su quehacer. Este debe estar constituido
de forma equilibrada, con representantes de diversos sectores. En Uruguay, por
ejemplo, existe un Consejo integrado por
representantes de algunos ministerios, de los propios medios comunitarios,
universidades públicas y privadas y organizaciones de defensa de la libertad de
expresión. En este punto falla, y mucho, el
proyecto presentado, pues establece, por ejemplo, la creación de un
fondo dirigido a captar y distribuir recursos para estos medios y lo adscribe a
la Vicepresidencia de la República. A
¿Está de acuerdo con la división del
espectro en tres partes iguales?
Los primeros papeles de trabajo introducían
ese punto, pero el proyecto presentado ya no lo contempla. Pero igual te diría
lo siguiente. El espectro electromagnético es un bien público administrado por
el Estado y debe procurarse la equidad en su distribución. Bolivia acaba de
aprobar una Ley que les otorga 33% al Estado, 33 % a los comerciales, 17 % al sector social comunitario y 17 % a los
pueblos indígenas originarios y campesinos. Cada realidad orienta una
propuesta. Ahora bien, con la digitalización esto pasa a otro lugar. Tendríamos
que estar hablando ya, como en otros países, de neutralidad de la red, de
acceso universal al servicio de banda ancha. En realidad esta es una Ley del
Siglo XX que, insisto, debería discutirse con amplitud, profundidad y sin
sesgos.
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