#LeyCiberespacio: Ser o no ser

El 14 de enero, William Peña, periodista venezolano de larga y consistente trayectoria en la fuente de tecnología, encendió las alarmas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaría por aprobar una ley que vulneraría (aún más) los derechos humanos de los venezolanos al poner bajo control del Estado (lo cual en Venezuela quiere decir una facción política sin contrapesos institucionales) los contenidos que circulan por Internet.

De inmediato un grupo de periodistas, investigadores, activistas y defensores de la libertad de expresión e información nos dimos a la tarea, con el invaluable apoyo de organizaciones de larga trayectoria, como Access Now y Derechos Digitales, de analizar el texto para fijar posición sobre lo que se planteaba.

Para los expertos, el articulado no resistía una mirada desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos humanos. Los argumentos técnico-legales fluyeron de seguidas, consistentes y con precisión. Total, no estamos solos, los venezolanos, en esto de enfrentar la oleada totalitaria que intenta minar las libertades en la red. Ya hay roncha. Hasta ahora, el documento ha sido suscrito por cerca de 50 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Otros asuntos, sin embargo, ocuparon la discusión. ¿Qué tono dar al documento? ¿Se parte de minimizar la intentona (que eso es, por ahora…) por provenir de un ente -la ANC- que la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional no reconoce? ¿Pero es que acaso ésta no ha sancionado ya una ley, como la llamada “Ley Contra el Odio”, que se ha aplicado para amedrentar a la disidencia política?

Cuestionar la ley, para algunos adherentes, podría significar el reconocer la ANC. ¿Y qué hacemos? ¿No la reconocemos y, por lo tanto, callamos? El consenso nos llevó a redactar este párrafo que-creemos- resulta lo suficientemente claro: 

“Por todo lo expuesto, nos oponemos a la aprobación de este proyecto. La legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con estándares de derechos humanos”.

 

¿Que el párrafo debió ir al principio...? Para algunos gustos, quizás. Pero allí está. Lo medular reluce: nos oponemos a la ANC y a todo cuanto de ella emane por carecer de legitimidad. Y esta ley, de aprobarse, lo será. Por lo demás, incluso en el seno de una instancia legítima, aspiramos a que cualquier ley que tenga como propósito regular el ámbito digital se elabore con el concurso de todos los sectores implicados. Vamos avisando.

El otro punto que generó debate fue: En el contexto de crecientes restricciones, ¿qué destacar como acciones dirigidas a controlar la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet? ¿Sólo las legales? ¿O incluimos bloqueos, detenciones arbitrarias a usuarios de redes sociales, acoso en línea, ataques técnicos…? Las cuentas de este rosario son pródigas en Venezuela, pero el ordenamiento jurídico, sin duda, tiene un gran peso por las vías que abre para la apelación y la justicia. Al menos en países democráticos. Que no es nuestro caso, lo sabemos. 

Este aspecto, el legal, nos lleva a otro no menos importante, vital. ¿Confiamos en esta filtración? De una, quienes conocemos a William Peña, y su trayectoria dentro de Inside Telecom, asentimos. Confiamos y recordamos la filtración que los periodistas de ese medio hicieron del texto propuesto para reformar la ley de telecomunicaciones en el año 2008, dirigida a establecer, entre otras cosas, un punto único de acceso a Internet en manos del Estado (amén de la reforma del artículo 5to para revertir el carácter de interés general de las telecomunicaciones).

En el 2008, gracias a la presión ciudadana, el “borrador de ley” que la ministra tuvo que reconocer que existía, no pasó. Esperaron dos años, pero lo hicieron. Y ese cambio, al menos en mi opinión, le puso una lápida muy pesada (aunque no la única) a las telecomunicaciones.  

Conclusión: No hay que bajar la guardia. Y no la bajamos.

El estado de excepción y la libertad en la red

Mayo 2007. Reelecto en diciembre de 2006, Hugo Chávez no dudó en avanzar en lo que su ministro de Comunicaciones, Andrés Izarra, perfiló ese mismo año como la estrategia del gobierno: alcanzar la hegemonía comunicacional. En menos de una semana se concretaron dos medidas que, sin duda, configuraron un "turning point". Estatizaron la CANTV y cerraron RCTV. Lo que pasó con el sistema de medios tradicionales se vio de inmediato. No fue difícil prever que las voces críticas migrarían al emergente entorno digital. Bajo el control de cambios, sin embargo, el sector de las telecomunicaciones fue progresivamente desmantelado hasta llegar al sombrío panorama de hoy. Sin embargo, allí están ciudadanos, periodistas y medios, sorteando la censura a punta de banda rancha. Por eso, el gobierno atenaza cada día más la Internet libre y la incluye sin ambages -este mayo de 2017, una década después- en el decreto de estado de excepción. Por eso, es tan importante defenderla. 

Gracias a Derechos Digitales (Marianne Díaz Hernández) por hacerlo, por alertar, y por sumar voces de la región en este comunicado.

Venezuela: sigue declinando la libertad en la red

Venezuela es uno de los cinco países donde la libertad en la red ha declinado de forma continua en los últimos cinco años.

El informe “Libertad en la Red” (en inglés, Freedom on the Net) es el producto de una investigación realizada anualmente por la organización Freedom House desde el año 2011. El reporte, que en la actualidad incluye la evaluación de 65 países, se obtiene de la aplicación de una metodología basada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ofrece un panorama global acerca de las libertades de los ciudadanos en la red. Asimismo, señala las amenazas que se observan para el ejercicio del derecho a la comunicación y los desafíos para su defensa.

Para la realización del reporte “Libertad en la Red”, se examinan cerca de cien indicadores distribuidos tres categorías:  Obstáculos para el acceso, limitaciones a los contenidos y violaciones de los derechos de los usuarios. Cada ítem se puntúa en un rango variable. Los analistas de cada país, con la asesoría del equipo de investigadores de Freedom House, asignan puntos numéricos a cada uno de los indicadores, lo que permite un análisis comparativo entre los países y facilita un examen de las tendencias de cada uno de ellos a lo largo del tiempo. La puntuación total va de 0 (mejor) a 100 (peor). Los países que acumulan entre 0 y 30 puntos se consideran "libres”, de 31 a 60 "parcialmente libres, y de 61 a 100, "no libres".

Desde su primera edición, en el año 2011, “Libertad en la Red” incluye un capítulo sobre Venezuela. Aunque durante los seis años estudiados el país se ha mantenido dentro de la categoría “parcialmente libre”, sus índices han venido desmejorando progresivamente. Mientras que en el año 2011 obtuvo 46 puntos, en 2016 alcanzó 60, justo en el límite para ser considerado “no libre”. En el informe de este año sobresalen las dificultades para el acceso, derivadas del deterioro y el control de la infraestructura, y la cada vez más agresiva política de acoso, intimidación y violencia en contra de periodistas, activistas e infociudadanos.

Postales de Venezuela en el IGF 2015

http://www.cecalc.ula.ve/internetprioritaria/

Estuve en Brasil la semana pasada en el Internet Governance Forum como parte de la delegación de la organización Freedom House. Como analista para Venezuela del reporte Freedom on The Net (Libertad en la Red), pude hablar unos minutos sobre la situación del país en la presentación del informe mundial. 

Más allá de lo que está ampliamente documentado en la publicación, intenté destacar el elemento que, en mi opinión, juega un papel definitivo en el desarrollo, aunque quizás sea más apropiado decir subdesarrollo, del entorno digital venezolano. En un evento como ese, tener el chance de decir unas palabritas es algo extraordinario. Y esto fue lo que dije, este fue mi punto (no lo llevé escrito, así que dejo constancia por aquí). Gracias a Sanja Kelly, directora del proyecto, por darme esa oportunidad.

El patrón de control y de limitación de la libertad en el entorno digital que se sigue en Venezuela es, básicamente, el de la restricción del acceso. En el reporte de Freedom House, que analiza siete países de América Latina y el Caribe, somos el que muestra el peor desempeño en ese aspecto, después de Cuba. 

Cuando se analizan los factores que atentan contra la Libertad en la Red, mi impresión es que se le suele prestar mayor atención al bloqueo, al control y a la remoción de los contenidos, al igual que a la violación de los derechos de los usuarios, procedimientos absolutamente repudiables que se producen una vez que los ciudadanos han ganado cierto espacio en la red. Pero ¿no es acaso lícito preguntarse si restringir el acceso a la red mundial es, también, un modo de represión más sutil y menos visible, y una violación del artículo 19 de la declaración de los derechos humanos? En mi opinión, sí. Y en Venezuela el control comienza por allí. Las tenazas se aplican en la raíz. 

Ello es evidente en la división urbano rural, en la prestación de servicios de banda ancha (4 G, por ejemplo) sólo en algunos sectores de ciertas ciudades, en el desmantelamiento de las redes académicas... Tenemos más puntos de conexión, sí, pero la conectividad que estos ofrecen es cada vez más precaria. Nuestra velocidad promedio de conexión es menor a 2 Mbps. En otras palabras: La mayoría de la población no cuenta con servicios de banda ancha. 

Por supuesto que cuando me refiero al acceso lo hago en los términos en que lo concibe la Unesco, que no lo limita únicamente a la disponibilidad de la infraestructura, pero que obviamente la incluye. Participar con equidad en la Sociedad de la Información pasa por comprenderla, y no se comprende lo que no se conoce. La apropiación de Internet es una experiencia. Experiencia negada, por si se nos olvida, a más de la mitad de la población mundial. 

No es nada que no haya dicho o escrito antes, sólo que tuve el privilegio de expresarlo en un IGF. 

Quizás porque hice casi toda mi carrera académica en la provincia, en una zona casi rural, en un núcleo poco desarrollado de la Universidad de Los Andes (ULA), que fue pionera en el desarrollo de las redes académicas en ALC, eso lo he tenido claro desde los años '90. Hacen falta políticas inclusivas que procuren una Internet libre, abierta y segura para TODOS.

Venezuela también tuvo su mención en otra de las sesiones. En el panel que analizó la responsabilidad de los intermediarios, convocado por la organización ManilaPrinciples on Intermediary Liability, el Dr. Giancarlo Frosio, del Centro Internet y Sociedad de la Universidad de Stanford, presentó los hallazgos del proyecto WILMap (con el que hemos venido colaborando) el cual consiste en un mapa en línea que documenta la evolución de la regulación de Internet que afecta la libertad de expresión y los derechos de los usuarios en todo el mundo. En su presentación, Frosio mencionó el bloqueo de contenidos por parte de Conatel.

Venezuela en el mapa.

De Venezuela, y por Venezuela, también estuvieron presentes los tres jóvenesembajadores de la Internet Society, de los cuales tuve y me traigo una impresión gratísima. Muchachos de provincia (los tres viven en Mérida) que despuntan ya con liderazgo propio: Encel Sánchez, Paola Pérez y Maureen Hernández. Esta última, estudiante de ingeniería de sistemas de la ULA, tuvo una mención especial por parte de la presidenta y CEO de Internet Society, Kathryn Brown, y de Vint Cerf, el papá de los helados. ¡Nada menos!
 

Los IGF son una oportunidad para aprender, para hacer networking y también, cómo no, para callarse. Y con esta confesión cierro esta nota. También me mordí la lengua.

En la presentación de las últimas publicaciones de la Unesco, el coordinador del panel, integrado por varios de los autores, inició la sesión contándole al auditorio que había tenido una pesadilla terrible. Que unos árboles lo atenazaban y lo sofocaban, en venganza por haber destruido demasiados bosques para imprimir tantos documentos. Nos rogó que le ayudáramos a exorcizar la culpa. 

Tímidos, unos cuantos manifestaron razonamientos de apoyo, pero la mayoría, indefectiblemente (algo de esperar por el contexto), terminaba con el latiguillo de...pero mejor, claro, imprimir unos pocos libros e informes y el resto ponerlo en línea. Por supuesto, ¡eso es lo que hace la Unesco! Sin embargo, había allí un montón enorme de cajas, muchísimos libros, documentos e informes valiosos que lamentablemente llegarán a muy pocos lectores. Me guardé lo que quería decir:

Que nos mandaran a Venezuela todas esas cajas, que bajar todos esos informes era una tortura con nuestras pobres conexiones, que imprimirlos era un lujo -no digamos para los estudiantes- para profesores universitarios cuyo salario no llega a los 50 dólares mensuales. Me callé, sí. Porque tampoco es cuestión de ir por el mundo a exponer nuestras miserias. Basta con el dolor que se siente cuando se visitan los países de la región y se comprende -por contraste- lo que significa ser habitante de un país potencia.

Demba Kandeh, un joven activista de Gambia, leyó la declaración de la delegación en la ceremonia de cierre.