RCTV: No más sospechas

Hace un año, cuando la pantalla de Radio Caracas Televisión (RCTV) despareció de nuestros televisores y su red de transmisión comenzó a ser operada por la naciente TVes, gracias a una expedita sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una terca suspicacia, lamentablemente no sin fundamentos, nos hacía suponer que la medida obedecía al propósito de seguir avanzando hacia lo que había sido anunciado por voceros del gobierno.

“Para el nuevo panorama estratégico que se plantea, la lucha que cae en el campo ideológico tiene que ver con una batalla de ideas por el corazón y la mente de la gente. Hay que elaborar un nuevo plan, y el que nosotros proponemos es que sea hacia la hegemonía comunicacional e informativa del Estado” (*)

Las palabras de Andrés Izarra, quien se desempeñara como gerente de información del noticiero de RCTV y renunciara ante organizaciones de DDHH el sábado 13 de abril del 2002 en protesta por la censura impuesta por sus dueños, no admitían matices interpretativos. Resultaba evidente que la no renovación de la concesión a la planta televisora obedecía a un plan previamente trazado que se cumpliría a como diera lugar.

Pero más allá de las razones que llevaron al cierre del canal, de los turbios procedimientos que se siguieron y de sus propósitos ulteriores, lo que más nos llamó -y nos sigue llamando- la atención en este caso fue la confiscación de la red de transmisión de RCTV, pues diversos voceros gubernamentales habían asegurado que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, el bien que el Estado decidía reservarse era la frecuencia del espectro, mas no los asociados a su operación, pues éstos pertenecían a sus legítimos dueños.

En consecuencia, además de la sorpresa que produce la medida, el argumento que se adujo para justificar la toma y usufructo de la red de transmisión de RCTV, “por razón de utilidad pública o social”, nos sonaba, permítasenos el término coloquial, a cuento chino. Porque fue ello lo que se invocó: el artículo 193 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que “declara de utilidad pública y social el establecimiento y desarrollo de redes de telecomunicaciones, por el Estado o por los particulares, de conformidad con los planes que desarrolle el Ejecutivo Nacional”.

Efectivamente, éste dispone que “El Presidente de la República podrá ordenar la expropiación de los bienes necesarios para tales fines” y -agrega- “si no hubiere acuerdo para la determinación del monto de la indemnización a que haya lugar, se seguirá, a tales efectos, el procedimiento establecido para los procesos expropiatorios en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social”.

Pero recordemos que según esa Ley, “la expropiación es una institución de derecho público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de causa de utilidad pública o interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad, o algún otro derecho de los particulares a su patrimonio, mediante sentencia firme y pago oportuno de la justa indemnización”. En una entrevista difundida por Televen la mañana del 27 de mayo del año pasado, el entonces ministro para las telecomunicaciones y la informática, capitán retirado Jesse Chacón, afirmó: si los equipos resultaran necesarios para la cabal operación de TVes se les indemnizará.

Entonces nos preguntábamos: ¿Quién decide qué bien o derecho es objeto de reserva o expropiación por causa de utilidad pública y social en un Estado cooptado por un poder omnímodo? Hoy, la respuesta luce bastante obvia: ese mismo poder, uno que actúa a sus anchas, sin bridas ni contrapesos, y que ni siquiera se toma la molestia de guardar las apariencias.

Como periodistas -ayer y hoy- condenamos el comportamiento parcializado y por ende poco ético de los canales de TV venezolanos, especialmente el que se puso en evidencia durante el tristemente célebre blackout o apagón de abril del año 2002, pero si vivimos en un sistema democrático, todos los ciudadanos, sin distingos de ningún tipo, merecemos un trato ajustado al Estado de Derecho.

365 días después de la incautación de sus equipos, los dueños de RCTV aún esperan el pago que por ley les corresponde. Como ciudadanos estamos en la obligación de recordarle al gobierno esa deuda pendiente. Con el grupo económico, obviamente, pero por extensión con los ciudadanos que aún creemos vivir en democracia. Cuestión de no levantar sospechas.

(*) Entrevista publicada por la periodista Laura Weffer en el diario El Nacional el 07-01-07.

Diario de Los Andes, 28 de mayo de 2008.