Nuestros temores se refieren a las modificaciones de los artículos 337 y 338 de la Ley fundamental que, en caso de aprobarse en su estado actual, podrían atentar contra la libertad de prensa.
En la versión inicial el artículo 337 establecía que, en una situación de estado de excepción decretado por el poder ejecutivo, pueden suspenderse algunas garantías constitucionales, con excepción de los derechos intangibles tales como el derecho a la vida, la protección de la integridad física que excluye cualquier recurso a la tortura, el derecho a comunicar, el derecho al debido proceso y el acceso a la información. La nueva versión del artículo 337 retira las dos últimas garantías del campo de los derechos considerados inviolables, incluso en situaciones de estado de excepción.
Que el derecho al debido proceso no se garantice en tales circunstancias es algo que ya lleva a temer por el funcionamiento del Estado de derecho. Pero una situación de excepción no tiene por qué quitar a la población, y a los medios de comunicación, el derecho a estar informados. Es por ello que la modificación del artículo 337 atenta contra la libertad de prensa.
La enmienda del artículo 338 duplica los riesgos de deriva planteados anteriormente. El texto inicial establece que el "estado de excepción puede durar hasta treinta días renovables y podrá ampliarse hasta noventa días renovables en caso de conflicto interno y externo". Enmendado, el artículo 338 suprime los plazos de prórroga y autoriza al Presidente de la República a no tener que informar al Tribunal Supremo de Justicia.
Estas nuevas disposiciones contravienen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Venezuela debe respetar en tanto que Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Corte ha dictaminado varias veces que el estado de excepción no puede durar eternamente, precisamente porque compromete el respeto de las libertades fundamentales.Estos dos puntos de la reforma constitucional dividen gravemente a la opinión pública, incluidos los partidos políticos que forman parte de la coalición en el poder. El Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria para Todos (PPT) y Podemos han manifestado su reprobación y han pedido que se aplace el referéndum, para que el pueblo venezolano tenga tiempo de conocer mejor el proyecto constitucional.
(Extracto de la carta enviada por la ONG Reporteros sin Fronteras a la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, periodista Desiré Santos Amaral)
A partir de hoy comenzaremos a publicar, con la forma de pequeños extractos, opiniones sobre la reforma. El espacio queda abierto.
No hay duda, creo. No hay duda de que con la propuesta de reforma, el país disminuye su densidad democrática. No hay duda de que, si se aprueba, daremos varios pasos atrás en materia de participación popular en los asuntos públicos. No hay duda de que con su puesta en práctica el país se pondrá a caminar con las manecillas girando al revés. No hay duda de que el texto asomado resulta indefendible desde (sobre todo) los predios de la izquierda. No hay duda, en fin, de que, vistos los cambios anunciados, hay que cuidar el proyecto político (democrático y con contenido social) que compró el país en 1998, del propio Presidente Chávez. No se si exagero, pero se está convirtiendo en su peor enemigo.
Ignacio Avalos, 15-10-07
