El decreto 6244 ha circulado como un virus informático: por correo, de buzón en buzón, y luego de los primeros alertas se comienzan a producir reflexiones más detenidas, lecturas y análisis de fondo que podrían contribuir con el mejoramiento del texto legal. Ello implicaría, por supuesto, que hubiera una consulta. Una consulta amplia y también escucha. Así lo señala el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Germán Rodríguez, quien fuera el primer coordinador y presidente de la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun), cuando invita a mirar este conjunto de disposiciones desde un ángulo menos estrecho: el que se abre con la construcción de la Sociedad de la Información que descansa sobre la participación multisectorial.Ninguna definición le cuadra mejor al decreto 6244 que el de ser un secreto a voces. Dada la crispación del momento político que vivimos, desde que se destapara el rumor sobre su existencia, un mes atrás, los esfuerzos divulgativos se centraron en lanzar un alerta sobre la posibilidad de que se dictara una nueva Ley, en este caso dirigida a regular el sector de la Informática y las Telecomunicaciones -y también el de los Servicios Postales- que pusiera en riesgo principios democráticos esenciales como la libertad de expresión e información.
Treinta días después es posible comprobar que a través de diversas fuentes y vías el mencionado decreto ha circulado con amplitud. Con la misma rapidez con la que se propagan los virus informáticos, éste se ha ido instalando en los buzones de correo de muchos venezolanos que, consientes de su importancia, lo han leído detenidamente con el interés de ir más allá de una diatriba coyuntural y dar pie a un análisis concienzudo que, de ser escuchado, pudiera contribuir con el mejoramiento de la propuesta.
En todo caso, se trata de venezolanos que no titubean a la hora de emitir sus opiniones, pues saben que su interés y preocupación encuentran cobijo en el Preámbulo de la Constitución de la República que declara a nuestra sociedad como democrática, participativa y protagónica. Entre los que han realizado este ejercicio destacan quienes protagonizaran los primeros esfuerzos para que la conexión de Venezuela a la red Internet fuera una realidad a principios de los años noventa.
Uno de ellos es Luis Germán Rodríguez, coordinador y primer presidente (1991-1995) de la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun), profesor e investigador (jubilado activo) de la UCV y consultor de la ONG Fundación Redes y Desarrollo (Funredes), una institución dedicada a la difusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en particular en América Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir al desarrollo e integración regional.
¿Qué aspectos le inquietan de este documento?
Frente a una nueva realidad hace falta una nueva legislación, pero esa realidad incluye el hecho de que desde hace varios años, a escala mundial, con el impulso y apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, estamos inmersos en un proceso de construcción de la Sociedad de la Información. En ese proceso los gobiernos de cada país tienen la responsabilidad de promover y coordinar la participación multisectorial para acordar sobre sus características, para modelarla de acuerdo con sus propios intereses, más allá de cómo se decida llamarla, sea de la Información, de la Comunicación, del Conocimiento o de los Saberes Compartidos. Este proyecto de ley, que obviamente tiene mucho que ver con este tema, no es, precisamente, una muestra de ello, de una vocación de consulta.
Sin embargo hay un título, el Segundo, dedicado expresamente al tema de la participación comunitaria…
Eso me llama mucho la atención. Es un título, pero de apenas ocho artículos que no van muy lejos, que se quedan en simples enunciados. No está mal como declaración, pero una nueva Ley es una oportunidad para innovar y, efectivamente, propiciar la participación en aspectos tales como la conformación del Fondo del Servicio Universal (que se convierte en el Fondo para las Telecomunicaciones, la Informáticas y los Servicios Postales) y el de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fidetel). La junta directiva del primero de ellos, según el decreto, contaría con cuatro representantes ministeriales y uno de los operadores; la del segundo, por su parte, estaría compuesta por cinco representantes ministeriales, uno de las universidades y otro de los operadores. Esta última junta, la de Fidetel, ni siquiera tiene la responsabilidad de formular proyectos, sino de evaluarlos y hacerles seguimiento. ¿Quién decide entonces cuáles proyectos van a financiarse con esos recursos? Tenemos que considerar que esos son recursos enormes que a escala internacional, no sólo en Venezuela, están represados, están siendo subutilizados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sólo se usa, en promedio, un 15 por ciento de estos fondos.
Sería allí donde debería haber participación ciudadana, en la definición de esos proyectos…
Exactamente. ¿Cómo se va a invertir ese dinero? ¿En qué áreas? En la definición de los proyectos la participación ciudadana, de la sociedad civil, de las universidad, etc., está minimizada. Por otro lado, hay un aspecto bastante notorio y es el desbalance entre lo explícito que son unos títulos y lo vagos que resultan otros. Yo no soy experto en técnicas legislativas, pero hay un título, el XV, dedicado a la Promoción y Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales que tiene cuatro artículos, apenas página y media de consideraciones muy loables, de buenos deseos, pero sin definición ni desarrollo. El título siguiente, por el contrario, referido al Régimen Sancionatorio, tiene 24 páginas y consta de 38 artículos. No sé si desde el punto de vista legislativo sea posible comparar estas cosas, pero llama la atención lo bien que se explaya un aspecto, el punitivo, y lo poco que se trabaja el otro, el de la promoción y desarrollo.
¿Alguna vez, en otras épocas, el gobierno llamó a las universidades a participar en estos asuntos? Me refiero particularmente del desarrollo de Internet, tomando en cuenta que la academia fue determinante en eso.
Nosotros, las universidades, actuábamos desde el Conicit, que era un ente del Estado, pero manejado con otros criterios; allí se convocaba a todo el que tuviera una experticia y había gente de todos los colores. La razón que prevalecía era el conocimiento. Hablamos del principio de los noventa, cuando ni siquiera las empresas fuertes del sector, como CANTV o TELCEL, entendían de esto y no les interesaba porque aún no era un negocio. La necesidad de un punto de acceso único a Internet o de interconexión nacional, e incluso regional, lo planteamos nosotros en esa época, pero no tuvo acogida entre los operadores porque obviamente ellos tenían otros intereses y no visionaban lo que llegaría a ser la Internet.
En América Latina ¿existe alguna experiencia exitosa que pueda referir en cuanto a la participación multisectorial en estos temas, a la inclusión de todos los sectores?
Desde el año 2001-2003 la corriente internacional se dirige hacia allá, hacia una concertación de intereses que dé como resultado una interrelación armoniosa beneficio de todos, en pro del desarrollo social. Hay experiencias interesantes, como la boliviana, la peruana o la brasileña, entre otras. En los eventos internacionales tú ves eso, como algunos se presentan como la delegación de un país. Los representantes del gobierno no acuden solos, sino que van en igualdad de condiciones voceros empresariales y de la sociedad civil. El punto es que una sociedad inclusiva se construye incluyendo, partiendo de consultas amplias donde todos los que tengan algo que decir participen y sean escuchados.
Un punto de acceso deber ser manejado por un consorcio plural
Un punto de acceso debería ser administrado por entes plurales e independientes que garanticen excelencia en la operación técnica y un tratamiento no discriminatorio a los usuarios. Esa es una vieja idea, se ha hablado de ello desde hace años, se han iniciado conversaciones varias veces, pero por una parte las agallas de muchos proveedores de acceso a Internet, especialmente los más grandes como CANTV o TELCEL (hablo de principios de los noventa), y en general la falta de voluntad de todos, torpedearon la posibilidad de que se consolidara un consorcio amplio para el intercambio de tráfico venezolano. Un punto de acceso es un elemento demasiado importante para dejarlo en manos de un solo sector.
Publicado en el Diario de Los Andes www.diariodelosandes.com
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