Expertos de ULA y UCV analizaránnueva Ley de Telecomunicaciones

Calificados expertos en el área de teleinformación de las Universidades de Los Andes (en Mérida) y la Central de Venezuela (en Caracas), con la intervención especial de la abogada Adela Vivas, representante de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel) http://www.casetel.org/ , gremio que reúne a las compañías responsables de la operación de los servicios de telecomunicaciones en Venezuela, establecerán un diálogo remoto mediante videoconferencia para analizar la importancia de la nueva Ley de Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales que, de acuerdo con voceros oficiales, será discutida próximamente por la Asamblea Nacional.

Organizada por el Consejo de Computación Académica (CCA) http://www.cca.ula.ve/y el Laboratorio de Investigación Educativa (LIESR) www.saber.ula.ve/liesr de la Universidad de Los Andes, con el apoyo del Parque Tecnológico de Mérida y la Escuela de Comunicación Social de la ULA-Táchira, esta actividad tendrá lugar el próximo jueves dos de octubre, a las 2 y treinta minutos de la tarde, y tiene como propósito aportar opiniones que contribuyan positivamente con la redacción del texto legal, así como también movilizar la opinión pública en torno a un tema muy sensible y de alto interés para el colectivo; de allí que al foro se le haya denominado “La nueva Ley de Telecomunicaciones: Un asunto de interés público”.

En la sala “E” de la Universidad Central de Venezuela (UCV) participarán el ingeniero Luis Fernández, miembro del departamento de comunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCV y experto en los temas de tele educación mediante redes de alta velocidad, http://www.reacciun2.edu.ve/view/evento_doc/presentaciones-LanzamientoRed/luis-fernandez.pps junto con la abogada Adela Vivas, doctora en Derecho por la Universidad de Paris II, expresidenta de Casetel (2005-2007) y actual representante del sector telecomunicaciones en el Directorio de Fedecámaras.

Como moderador del foro en Caracas actuará el profesor de la UCV Luis Germán Rodríguez, computista con postgrado en las Universidades Simón Bolívar y la London School of Economics and Political Science, del Reino Unido, quien fuera el Presidente-Fundador de la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun), el primer proveedor de servicios de Internet (ISP) en Venezuela. Rodríguez además es consultor de la Fundación Redes y Desarrollo, una institución dedicada a la difusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en particular en América Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir con el desarrollo y la integración regional http://funredes.org/.

En el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la ULA, en Mérida, sesionarán los profesores José Gregorio Silva, Edmundo Vitale y Ermanno Pietrosemoli, fundadores de la Red Académica de la ULA, pionera de las redes académicas del país y, por ende, de la Internet en Venezuela. Cada uno de estos expertos cuenta en su haber con más de veinte años de experiencia en el campo de la teleinformación, habiéndose destacado internacionalmente por el desarrollo de importantes innovaciones en las áreas de software, tecnología inalámbrica y formación de recursos humanos.

Silva es actualmente director del Centro de Excelencia en Ingeniería de Software (CEISOFT)http://www.ceisoft.org/; Ermanno Pietrosemoli, quien preside la Escuela Latinoamericana de Redes (Eslared), es una autoridad internacional en la implantación de tecnologías inalámbricas de bajo costo http://www.wilac.net/ ; y Edmundo Vitale, quien ejerciera la gerencia educativa del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), coordina la Cátedra UNESCO-CISCO de Redes de Computadores de la ULA. http://reacciun2.edu.ve/view/cv/cv_vitale.html Actuará como moderador el doctor Luis Núñez, quien ejerce la Coordinación General del Consejo de Computación Académica http://www.cca.ula.ve/ y la Dirección del Centro Nacional de Cálculo Científico de la Universidad de Los Andes. http://www.cecalc.ula.ve/

Un diálogo necesario

A escala planetaria, la importancia del sector telecomunicaciones es tanta que la nueva sociedad, esta que ha venido configurándose gracias a su explosión sostenida, se le denomina de la información. Para calibrar su peso en la economía del país basta con repasar las cifras que lo presentan como el rubro que, después del petrolero, hace mayores aportes al producto interno bruto. Y si de su implantación social se trata, sólo considérese que, según cifras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), más de un 20 por ciento de la población se conecta regularmente a Internet y que casi la totalidad de la población (26 millones de venezolanos, de acuerdo con el ente regulador) dispone de telefonía celular, con todos los impactos que en términos económicos, políticos, sociales y culturales es posible imaginar.

Bajo este argumento, el de la explosión de las telecomunicaciones y la informática, se entiende, entonces, que el único instrumento legal que reglamentara estos asuntos desde 1940, y mantuviera vigente por seis décadas, fuera remozado y adaptado a los nuevos tiempos en los albores del Siglo XXI, específicamente en junio del año 2000. A pesar del singular contexto político de ese entonces, signado por pugnas y diferencias entre sectores políticos en confrontación, la nueva Ley, sin embargo, fue producto de un cierto consenso, como lo admitieron voceros vinculados con el sector empresarial, aunque no faltaron críticas por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron la reserva en la que se mantuvieron las discusiones.

Ocho años después de ese hito surgen algo más que rumores en relación con la aprobación de una nueva Ley de carácter orgánico, a raíz de la filtración de un supuesto borrador de Decreto con rango de Ley dirigido a regular el sector de la Informática y las Telecomunicaciones que habría quedado fuera del conjunto de leyes promulgadas mediante la Habilitante. A pesar de que algunos voceros gubernamentales negaran en principio la existencia de este documento, la Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática y Presidenta de la CANTV, Socorro Hernández, admitió que sí existía y que sería sometido próximamente a discusión por parte de la Asamblea Nacional.

Por su importancia y trascendencia, consideramos que el mencionado proyecto debería ser sometido a discusión y consulta por parte de los ciudadanos. Con este foro, la ULA da un paso en esta dirección aunque lamenta que las invitaciones cursadas a algunos voceros gubernamentales no hayan sido atendidas.

Construir la Sociedad de la Información implica la realización de amplias consultas

El decreto 6244 ha circulado como un virus informático: por correo, de buzón en buzón, y luego de los primeros alertas se comienzan a producir reflexiones más detenidas, lecturas y análisis de fondo que podrían contribuir con el mejoramiento del texto legal. Ello implicaría, por supuesto, que hubiera una consulta. Una consulta amplia y también escucha. Así lo señala el profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Germán Rodríguez, quien fuera el primer coordinador y presidente de la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun), cuando invita a mirar este conjunto de disposiciones desde un ángulo menos estrecho: el que se abre con la construcción de la Sociedad de la Información que descansa sobre la participación multisectorial.

Ninguna definición le cuadra mejor al decreto 6244 que el de ser un secreto a voces. Dada la crispación del momento político que vivimos, desde que se destapara el rumor sobre su existencia, un mes atrás, los esfuerzos divulgativos se centraron en lanzar un alerta sobre la posibilidad de que se dictara una nueva Ley, en este caso dirigida a regular el sector de la Informática y las Telecomunicaciones -y también el de los Servicios Postales- que pusiera en riesgo principios democráticos esenciales como la libertad de expresión e información.

Treinta días después es posible comprobar que a través de diversas fuentes y vías el mencionado decreto ha circulado con amplitud. Con la misma rapidez con la que se propagan los virus informáticos, éste se ha ido instalando en los buzones de correo de muchos venezolanos que, consientes de su importancia, lo han leído detenidamente con el interés de ir más allá de una diatriba coyuntural y dar pie a un análisis concienzudo que, de ser escuchado, pudiera contribuir con el mejoramiento de la propuesta.

En todo caso, se trata de venezolanos que no titubean a la hora de emitir sus opiniones, pues saben que su interés y preocupación encuentran cobijo en el Preámbulo de la Constitución de la República que declara a nuestra sociedad como democrática, participativa y protagónica. Entre los que han realizado este ejercicio destacan quienes protagonizaran los primeros esfuerzos para que la conexión de Venezuela a la red Internet fuera una realidad a principios de los años noventa.

Uno de ellos es Luis Germán Rodríguez, coordinador y primer presidente (1991-1995) de la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun), profesor e investigador (jubilado activo) de la UCV y consultor de la ONG Fundación Redes y Desarrollo (Funredes), una institución dedicada a la difusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en particular en América Latina y el Caribe, con el objetivo de contribuir al desarrollo e integración regional.

¿Qué aspectos le inquietan de este documento?

Frente a una nueva realidad hace falta una nueva legislación, pero esa realidad incluye el hecho de que desde hace varios años, a escala mundial, con el impulso y apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, estamos inmersos en un proceso de construcción de la Sociedad de la Información. En ese proceso los gobiernos de cada país tienen la responsabilidad de promover y coordinar la participación multisectorial para acordar sobre sus características, para modelarla de acuerdo con sus propios intereses, más allá de cómo se decida llamarla, sea de la Información, de la Comunicación, del Conocimiento o de los Saberes Compartidos. Este proyecto de ley, que obviamente tiene mucho que ver con este tema, no es, precisamente, una muestra de ello, de una vocación de consulta.

Sin embargo hay un título, el Segundo, dedicado expresamente al tema de la participación comunitaria…

Eso me llama mucho la atención. Es un título, pero de apenas ocho artículos que no van muy lejos, que se quedan en simples enunciados. No está mal como declaración, pero una nueva Ley es una oportunidad para innovar y, efectivamente, propiciar la participación en aspectos tales como la conformación del Fondo del Servicio Universal (que se convierte en el Fondo para las Telecomunicaciones, la Informáticas y los Servicios Postales) y el de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fidetel). La junta directiva del primero de ellos, según el decreto, contaría con cuatro representantes ministeriales y uno de los operadores; la del segundo, por su parte, estaría compuesta por cinco representantes ministeriales, uno de las universidades y otro de los operadores. Esta última junta, la de Fidetel, ni siquiera tiene la responsabilidad de formular proyectos, sino de evaluarlos y hacerles seguimiento. ¿Quién decide entonces cuáles proyectos van a financiarse con esos recursos? Tenemos que considerar que esos son recursos enormes que a escala internacional, no sólo en Venezuela, están represados, están siendo subutilizados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sólo se usa, en promedio, un 15 por ciento de estos fondos.

Sería allí donde debería haber participación ciudadana, en la definición de esos proyectos…

Exactamente. ¿Cómo se va a invertir ese dinero? ¿En qué áreas? En la definición de los proyectos la participación ciudadana, de la sociedad civil, de las universidad, etc., está minimizada. Por otro lado, hay un aspecto bastante notorio y es el desbalance entre lo explícito que son unos títulos y lo vagos que resultan otros. Yo no soy experto en técnicas legislativas, pero hay un título, el XV, dedicado a la Promoción y Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales que tiene cuatro artículos, apenas página y media de consideraciones muy loables, de buenos deseos, pero sin definición ni desarrollo. El título siguiente, por el contrario, referido al Régimen Sancionatorio, tiene 24 páginas y consta de 38 artículos. No sé si desde el punto de vista legislativo sea posible comparar estas cosas, pero llama la atención lo bien que se explaya un aspecto, el punitivo, y lo poco que se trabaja el otro, el de la promoción y desarrollo.

¿Alguna vez, en otras épocas, el gobierno llamó a las universidades a participar en estos asuntos? Me refiero particularmente del desarrollo de Internet, tomando en cuenta que la academia fue determinante en eso.

Nosotros, las universidades, actuábamos desde el Conicit, que era un ente del Estado, pero manejado con otros criterios; allí se convocaba a todo el que tuviera una experticia y había gente de todos los colores. La razón que prevalecía era el conocimiento. Hablamos del principio de los noventa, cuando ni siquiera las empresas fuertes del sector, como CANTV o TELCEL, entendían de esto y no les interesaba porque aún no era un negocio. La necesidad de un punto de acceso único a Internet o de interconexión nacional, e incluso regional, lo planteamos nosotros en esa época, pero no tuvo acogida entre los operadores porque obviamente ellos tenían otros intereses y no visionaban lo que llegaría a ser la Internet.

En América Latina ¿existe alguna experiencia exitosa que pueda referir en cuanto a la participación multisectorial en estos temas, a la inclusión de todos los sectores?

Desde el año 2001-2003 la corriente internacional se dirige hacia allá, hacia una concertación de intereses que dé como resultado una interrelación armoniosa beneficio de todos, en pro del desarrollo social. Hay experiencias interesantes, como la boliviana, la peruana o la brasileña, entre otras. En los eventos internacionales tú ves eso, como algunos se presentan como la delegación de un país. Los representantes del gobierno no acuden solos, sino que van en igualdad de condiciones voceros empresariales y de la sociedad civil. El punto es que una sociedad inclusiva se construye incluyendo, partiendo de consultas amplias donde todos los que tengan algo que decir participen y sean escuchados.

Un punto de acceso deber ser manejado por un consorcio plural

Un punto de acceso debería ser administrado por entes plurales e independientes que garanticen excelencia en la operación técnica y un tratamiento no discriminatorio a los usuarios. Esa es una vieja idea, se ha hablado de ello desde hace años, se han iniciado conversaciones varias veces, pero por una parte las agallas de muchos proveedores de acceso a Internet, especialmente los más grandes como CANTV o TELCEL (hablo de principios de los noventa), y en general la falta de voluntad de todos, torpedearon la posibilidad de que se consolidara un consorcio amplio para el intercambio de tráfico venezolano. Un punto de acceso es un elemento demasiado importante para dejarlo en manos de un solo sector.

Publicado en el Diario de Los Andes www.diariodelosandes.com

Por el derecho a saber

(Boletín Proacceso)

Entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre se realizarán varias actividades para promover el interés público y las demandas sociales por el derecho a tener información pública disponible, actualizada, confiable, clara y gratuita ¿El lema?: “No dejes que te echen otro cuento, haz valer tu derecho a la información Pública”

Durante todo un mes, en el marco del Día Internacional del Derecho a la Información Pública, la Coalición Proacceso desarrolla en Venezuela la campaña 2008 a favor del derecho ciudadano a tener información. Cada 28 de Septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Derecho a Saber. Se pretende de ese modo dar a conocer el derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir información del gobierno y otras entidades públicas, independientemente del uso que se le vaya a dar a esa información.

El acceso a la información pública es un derecho humano de carácter universal y por tanto susceptible de exigirse ante los funcionarios. Su relevancia está vinculada a numerosas actividades de la vida diaria y además es imprescindible para que las personas puedan exigir y realizar otros derechos humanos. Las personas pueden estar interesadas en conocer desde el control de la gestión municipal hasta los presupuestos de la escuela de la comunidad, pasando por seguir los indicadores de la situación de la salud o el salario de los funcionarios.
La Coalición ProAcceso es una alianza cuyo grupo promotor está integrado actualmente por Espacio Público, Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), Transparencia Venezuela, el Grupo Social Cesap y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y al cual se han sumado decenas de organizaciones.

La campaña “Mes del Acceso a la Información Pública”, cuyo lanzamiento se realizó en el Ateneo de Caracas, cuenta este año con la activa participación del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Se prevé realizar un conjunto de actos relacionados con la lucha a favor del libre acceso de los ciudadanos a la información pública.
La campaña a través de radio y TV dispone de dos producciones de video articuladas a la serie "No dejes que te cuenten otro cuento", ambos relacionados con los cuentos infantiles Los tres cochinitos y La Caperucita Roja.

Durante todo un mes, se van a concentrar esfuerzos de diversos actores sociales preocupados por el interés de promover el derecho ciudadano a saber en Venezuela. Se busca con estos eventos, impulsar el interés público y las demandas sociales por el derecho a tener información pública disponible, actualizada, confiable, clara y gratis. Indican los organizadores que “todos tenemos el derecho a acceder o recibir información que esté en poder de cualquier institución pública Nacional, Regional o Municipal o Comunal. Toda persona tiene derecho a recibir una respuesta adecuada y oportuna”.

Personalidades del país y del exterior se darán cita entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre, con el fin de identificar los elementos para el diseño de una estrategia en pro de fomentar y entender las implicaciones del ejercicio de este derecho y emprender procesos de mejora en los mecanismos de acceso a la información pública, fortaleciendo la participación de los mismos, la contraloría social y la transparencia en los asuntos públicos. Uno de los eventos principales será el Seminario Internacional “Lucha social en favor de un derecho: ¿Cuánto nos cuesta informar y estar informados?” cuya realización será en Caracas el 9 de octubre de 2008.

Entre las actividades a realizarse en diversas ciudades del país destacan la entrega a la Asamblea Nacional del proyecto de ley de Transparencia y Acceso a la Información que preparó la Coalición Proacceso, así como propuestas de modelos de normativas equivalentes a escala de los Consejos Legislativos Estadales y de ordenanza a los Concejos Municipales.

Se ha previsto el desarrollo de iniciativas de capacitación, difusión y debate donde participan organizaciones que se han adherido a los X Principios que sustentan la alianza que ha fomentado la Coalición ProAcceso desde su constitución.

Se expondrán casos de rendición de cuentas gubernamentales (a escala municipal) dirigidas a la disminución de la corrupción y experiencias de entidades comunitarias (salud, educación, urbanismo) que han hecho uso del derecho a solicitar, obtener y difundir información de relevancia pública.

De especial interés serán los talleres que sobre acceso a la información, a escala comunitaria y en ámbitos periodísticos, realizarán las organizaciones que conforman la Coalición Proacceso en todo el país, los foros regionales con invitados internacionales y muy especialmente el evento Acceso a la Información y Libertad de Prensa: a 200 años de la imprenta en Venezuela, pautado para el día martes 23 de septiembre de 2008, en la Sala de Conciertos del Ateneo de Caracas.

Para conocer detalles de la programación visite el portal Proacceso http://www.proacceso.org.ve/ o haga contacto directo con los organizadores a través de: prensa@transparencia.org.ve.

Un punto único de acceso a Internet pondría en riesgo la seguridad nacional

La Ley que regula las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales quedó fuera de la habilitante. Conocida como la número 27, el proyecto de decreto-ley, sin embargo, ya recibió el visto bueno del Consejo de Ministros y el dictamen constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Su contenido, no obstante, aún no ha sido divulgado apropiadamente. Apenas han sido ventilados unos pocos artículos, gracias a una filtración dada a conocer por la prensa. Luis Núñez y José Gregorio Silva, profesores de la Universidad de Los Andes pioneros en la construcción de las redes académicas y, por ende, de la Internet en Venezuela, nos ayudan a comprender los alcances de una de estas disposiciones, la relativa a un punto único de acceso a la red. Próximamente abordaremos otros asuntos con la colaboración de la periodista Ysabel Briceño, de la Corporación Parque Tecnológico de Mérida, y otros colegas de la Universidad de Los Andes vinculados con esta fuente.

Algo más que rumores han comenzado a circular en relación con la aprobación de una nueva Ley de carácter orgánico. Se trata de la número 27, que regula las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales la cual iba a ser incluida dentro del conjunto promulgado mediante la Habilitante. A pesar de que en un principio diversos voceros gubernamentales negaron la existencia del texto legal, lo cierto es que existe un Proyecto de Decreto-Ley (Número 6244) aprobado en Consejo de Ministros y sometido a consideración del Tribunal Supremo de Justicia , organismo que da cuenta de ello en su sitio web. Analistas como el profesor Marcelino Bisbal han opinado que su aprobación fue diferida “previendo reacciones sociales como las que hubo con el proyecto de Ley de Educación y como las que se dieron con la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que luego fue derogada” y que el gobierno sólo estaría a la espera del momento adecuado para sancionarla.

http://www.eluniversal.com/2008/09/14/pol_art_siempre-ha-existido_1043411.shtml

Luego de que el hecho se filtrara a la prensa y se lanzaran los primeros alertas, http://www.eluniversal.com/2008/08/17/eco_art_inside-telecom_997701.shtml

http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=11251&secID=28 pocos medios de comunicación tradicionales, entre los que destacan Tal Cual y El Universal, se han ocupado de seguir la cuestión. En la blogosfera local, sin embargo, ésta no ha pasado bajo la mesa y ha generado interesantes conversaciones

http://khandika01.blogspot.com/2008/08/blogs-y-ley-de-telecomunicaciones.html
http://resteados.blogsome.com/2008/08/31/luz-roja-para-las-telecomunicaciones/

en blogs y redes virtuales donde convergen ciberactivistas e infociudadanos. Entre ellas destaca la que se produjo en el seno del grupo Ciberpolítica, creado por la profesora Iria Puyosa, de la Universidad Central de Venezuela. http://www.facebook.com/group.php?gid=23135791776

Pero vayamos atrás y hagamos un poco de memoria. La vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue el único instrumento legal aprobado durante el Régimen de Transición del Poder Público, período vulgarmente conocido como “el congresillo”, el primero de junio del año 2000. A pesar del singular contexto político de aquel entonces, quienes a la sazón fungieron como operadores claves para su aprobación, en especial Diosdado Cabello como presidente de Conatel, recogieron palabras de reconocimiento por parte de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), gremio que reúne a las compañías debidamente habilitadas y responsables de la operación de los servicios de telecomunicaciones en Venezuela. Quizá por ello algunos voceros afirman que ésta fue producto de un consenso el cual, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos. Que recordemos, el Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, liderado por el profesor Antonio Pasquali, cuestionó la discreción que signó este proceso.

Ocho años después, la reserva se repite. Nuevamente los pormenores de un texto legal de suma importancia se articulan tras bastidores. Que sepamos, no ha habido ningún tipo de consulta pública a los sectores involucrados y desafortunadamente, dada la restricción informativa impuesta sobre el mencionado decreto, los aspectos analizados han sido pocos. En especial se han filtrado dos, muy marcados por el momento político que vive el país, sorprendido por la aprobación de un conjunto de 26 leyes que no fueron ni discutidas ni consultadas públicamente. Estos se refieren a la potestad que tendría el Jefe del Estado de suspender la transmisión de comunicaciones en resguardo del interés nacional, y a la creación de un punto único de acceso a la red de proveedores de servicios de Internet (PSI), con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en Venezuela.

Cabe destacar que sobre esta última cuestión se pronunció Socorro Hernández, Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática y Presidenta de la CANTV. http://www.eluniversal.com/2008/08/31/pol_art_punto-unico-no-baja_1022988.shtml

La funcionaria, en vez de desmentir la especie, dejó entrever que dicha disposición sí estaría contemplada con la finalidad de hacer más eficiente el tráfico de las comunicaciones. En tal sentido, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, al igual que otros voceros vinculados con el sector académico, como los profesores Marcelino Bisbal, antes mencionado, y Gustavo Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la Comunicaciones (ININCO) de la UCV, han advertido que una medida de ese tipo levantaría sospechas sobre los posibles mecanismos de control que el gobierno pudiera instrumentar.

Tomando entonces como posible esta intención gubernamental, nos preguntamos: ¿Es éste un argumento razonable? ¿Qué elementos deberían considerarse para tomar una decisión de esta naturaleza? Las respuestas las dan José Gregorio Silva (JGS) y Luis Núñez (LN), fundadores de la Red Académica de la Universidad de Los Andes, con quienes conversamos en compañía de la periodista Ysabel Briceño, del Parque Tecnológico de Mérida.

Una lógica del pasado

¿Técnicamente, de qué estamos hablando?

LN: Si se trata de hacer eficientes las comunicaciones estaríamos hablando de un NAP (siglas en inglés del Network Access Point), lo cual no tiene que ver con un solo punto de acceso a la red en términos físicos, sino con programación. Se trata de que todos los mensajes que vayan al dominio .ve se dirijan a un punto. Los NAP son instancias en las que convergen los proveedores de acceso a Internet y existen en diversos países.

JGS: Pensar en otra cosa es ubicarse en lógicas y tecnologías del pasado. En términos técnicos, pero también políticos. Hoy en día es un error grave de perspectiva plantearse soluciones “no distribuidas”.

LN: Estratégicamente, además, pensar en un solo punto de acceso es un desatino. ¿Y qué pasa si se cae? Cuando iniciamos Reacciun (la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales) teníamos dos proveedores y dos tecnologías independientes, una de fibra óptica en Caracas y otra satelital, en la ULA-Mérida.

JGS: Efectivamente, y algunos se oponían porque comprar la salida en bloque resultaba más barato. ¿Y la seguridad? De hecho, una vez se cayó la conexión desde Caracas y toda la red nacional salió por Mérida. Se trata, ni más ni menos, que de una lógica de riesgo, de preservar la seguridad del país. Pensemos en los proveedores múltiples, esos que ofrecen televisión por cable, telefonía e Internet, todo junto. Cuando se cae el proveedor, se caen los tres servicios. Mientras más posibilidades de conexión existan, cada una independiente de la otra, las comunicaciones son más seguras. En la búsqueda de la eficiencia o del menor costo podemos dejar de lado asuntos verdaderamente críticos.

¿Se trataría, entonces, de un asunto exclusivamente técnico?

JGS: Técnico y político. El Estado debería jugar un papel protagónico e impulsar que la coordinación entre los proveedores de Internet se dé. Hablamos de otra cosa, de un deber ser del Estado que no es el de controlar, sino el de regular el sector para garantizar la calidad y la confiabilidad de los servicios. No es sustituyendo a los operadores como se garantiza la democratización de las comunicaciones, sino fijando reglas claras para que los prestadores de servicios, privados y públicos, lo hagan bien.

LN: Ese es el papel que el Estado nunca ha jugado…

¿A qué se refiere?

LN: El inicio de las redes en Venezuela se produjo gracias al impulso dado por el sector académico; el establecimiento de un NAP fue algo sobre lo cual advertimos, pero ¿cómo convocábamos nosotros a los proveedores de Internet? Nunca tuvimos incidencia política ni se nos tomó en cuenta como actores claves del campo. Pero repito, el NAP es una cosa y el proveedor único es otra. Son asuntos muy distintos.

Hace un año, a raíz de la estatización de la CANTV, el profesor Antonio Pasquali alertó sobre el posible control de Internet y la instrumentación de medidas como el filtrado de mensajes, etc… http://periodistasandinos.blogspot.com/2007/08/antonio-pasquali-una-radiotelevisin.html

JGS: La descentralización del servicio establece las condiciones estructurales para que la democracia y la diversidad se expresen de modo natural. Socialmente es importante que técnicamente no se dependa de una única fuente porque aparece la tentación del control, independientemente de quien circunstancialmente ejerza el poder político. Hay que pensar en términos más amplios. Se trata de equilibrar los intereses de todos los sectores para que no prevalezca ninguno.

Luis Núñez. Físico, fundador de la Red de Datos de La Universidad de Los Andes (RedULA), de la Escuela Latinoamericana de Redes y de la Escuela Latinoamericana de Paralelismo y Computación de Alto Rendimiento (ELPCAR). Actualmente ejerce la Coordinación General del Consejo de Computación Académica y la Dirección del CentroNacional de Cálculo Científico de la Universidad de Los Andes

José Gregorio Silva. Ingeniero en Electrónica, fundador de de la Red de Datos de La Universidad de Los Andes (RedULA), de la Escuela Latinoamericana de Redes y de la Exposición-Conferencia Latinoamericana en Interoperatibilidad (LATINFO). Director de HACER, empresa universitaria especializada en teleinformática, Director Técnico del Proyecto Alejandría, del Parque Tecnológico de Mérida y del Centro de Excelencia en Ingeniería de Software.

Publicado en el Diario de Los Andes

Los primeros navegadores

A propósito del lanzamiento de Google Chrome, y por si no alcanzaron a verlo el miércoles pasado en medio del zapping entre los dos shows, les cuelgo el programa de Discovery Channel sobre los primeros navegadores. Sé que por aquí pasa puro chamo, pero si por casualidad algún despistado con algo de canas topara con esta esquina y quisiera contar (me) los pormenores de su primer encuentro con Mosaic, por favor, deje un comentario o, si prefiere, escríbame a uraiza@ula.ve Les quedo desde ya muy agradecida.

¡Bip Bip!

La señora Gladys llegó tarde esta mañana, más de lo que había anunciado al despedirse el viernes pasado. Tenía una cita en el seguro para hacerse una mamografía y a pesar de haberse levantado a cinco de la mañana para estar allá bien temprano y hacer la cola de rigor, apenas a las 10 les avisaron que el aparato estaba dañado. "Cuando no es pascua en diciembre", se queja con resignación y dar por terminado el tema pues otro concita toda su atención. Los pormenores y la angustia de su cuñado que venía desde Caracas en un bus que secuestraron. "Tremendo susto, qué vaina, y el hombre traía unos cobritos para los útiles y los uniformes. ¡Cómo se habrá puesto su hermana!, me atrevo a añadir, en tanto como me tiene ella de sus penurias, pues el sujeto en cuestión prácticamente se ha desentendido de esos muchachos. Bueno, desliza con un dejo de esperanza que no sabría cómo calificar: todavía tiene tiempo el muy muérgano de buscar más cobres. La escuela está por el piso y aún no comienzan las clases. Salud, seguridad, educación. Esos sí que son golpes. No estas locuras marca ACME. Digo yo, por decir algo. Bip Bip.

X Escuela Latinoamericana de Redes

El próximo lunes 15 termina el periodo de postulaciones para la X Escuela Latinoamericana de Redes (XI WALC) que se realizará en la Universidad de los Andes (Mérida) del 10 al 14 de noviembre. Como ya es tradición, este año nuevamente se dictará el taller (Track No. 3) que tiene como objetivo fortalecer a los profesionales que desarrollan y gestionan contenidos en proyectos que contemplan el uso intensivo de las TIC con fines de desarrollo social. El programa está especialmente dirigido a periodistas, editores, redactores, comunicadores, bibliotecarios, documentalistas, investigadores, activistas, diseñadores web, etc., cuyas tareas impliquen la generación y difusión de contenidos para Internet o la coordinación de equipos que cumplan con esa labor. Los instructores son Patricia Peña, de FLACSO (Chile) y Ariel Barbosa, de Colnodo (Colombia).

Más información en

http://ws.ula.ve/walc2008/

¿Un nuevo partner para Idania Chirinos?

Confieso que el programa Contrapeso me hacía gracia. Era hasta divertido. Sobre todo cuando los personajes que entrevistaban no eran del tipo Patricia Poleo -aunque el hecho de invitarla dijera mucho del coraje de sus productores- sino aquellos con los que difícilmente Vladimir Villegas lograba poner cara de yo no fui, performance que le quedó muy mal frente a Ismael García, entre otros. ¿Qué significará eso de que lo reestructuran? ¿Acaso Maripili le sugerirá a Idania un nuevo partner, de esos que no asoman dudas? Sobre el esfuerzo de esta dupla, que se desvanece antes de cumplir un año, vale la pena leer lo que unos meses atrás comentaba la periodista en un foro con estudiantes y profesores de comunicación social de la Universidad del Zulia. http://www.luz.edu.ve/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=2

"En los últimos años el contraste de opiniones se ha ausentado de la televisión venezolana. Los sesgos se imponen y es difícil para los sectores de oposición aparecer en los medios oficiales o viceversa. En nuestro programa los invitados asisten y no se imponen líneas de opinión creo que otros programas están asumiendo ese formato y la tendencia es ir recuperando la amplitud de criterios y romper con la polarización"

Ah mundo.