Durante la transmisión del maratónico dominical, un “invitado”, a cuenta de las denuncias formuladas en contra de la Constructora Cumberland, C.A., empresa perteneciente al grupo Muchacho Hermanos, dueño también del Diario de Los Andes, esgrime uno de los ejemplares del periódico donde se observa una nota editorial y afirma, sin que medien exigibles argumentos, que sus accionistas constituyen una mafia dedicada a explotar a humildes trujillanos y que, en presencia de un gobierno que actúa en beneficio del soberano, se han dedicado a atacarlo con encono. Suerte de guión preconcebido, el Presidente de la República de inmediato interviene para repudiar al medio y sus palabras, por demás lapidarias, “ese es el periódico de la burguesía trujillana”, posteriormente montadas en un formato de propaganda, comienzan a ser transmitidas con inusual frecuencia por emisoras de radio públicas, privadas y comunitarias del Estado Trujillo.
Para algunos trujillanos, al menos para aquellos que siguen el devenir político y atienden los discursos mediáticos con cierta atención, es posible pensar que la ecuación es al revés. Que el gobierno arremete contra el Diario de Los Andes como represalia por su postura crítica y, muy especialmente, por la serie de notas informativas y editoriales que últimamente han venido denunciando manejos turbios de la administración regional, especialmente los relacionados con la compra de un terreno destinado a la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras cuya ubicación, en la entrada de la ciudad de Valera, ha generado el rechazo de la población a causa de los malos olores.
En descargo del grupo empresarial, uno de los hermanos Muchacho, como vocero de la constructora, ha utilizado el periódico para hacer un recuento minucioso de las negociaciones realizadas y de los problemas que han atravesado para cumplir con sus obligaciones. Entre otras cosas ha sostenido que el crédito contraído con el Banco Central (hoy Bicentenario) para la ejecución del conjunto residencial bajo escrutinio les fue otorgado con el aval de sus bienes personales, por lo que mal podría pensarse que fraguaban una estafa, y que están buscando las vías para concluirlo manteniendo el precio de venta inicialmente pactado.
Por su parte, el editor del Diario de Los Andes ha afirmado que la mención a sus editoriales en el Aló presidencial, y la posterior campaña de desprestigio desplegada a través de la radio, pone en evidencia que la intervención de la constructora constituye un pase de factura por sus denuncias. La verdad es que no resulta difícil llegar a esa conclusión. Las puntadas son demasiado burdas, demasiado gruesas.
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