15 de noviembre de 2010

El año en que tuiteamos en peligro

A principios de este mes fue noticia que el joven estudiante de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela Cristian Fuentes, usuario regular del canal @Caracasmetro, herramienta creada para monitorear y hacer contraloría social del servicio, fue “retenido” por sacar fotos en el subterráneo. Según él mismo ha relatado, lo que causó su detención fue la posibilidad de que tuiteara las fotografías. Los agentes de la Policía Nacional Bolivariana -declaró a varios medios- “me dijeron que seguramente iba a tuitear esas fotos. Que yo era uno de los que tuiteaba”.

Que sepamos, @bombiro, alias de Fuentes en la red, es el cuarto tuitero que enfrenta los rigores de la represión en lo que va de año. El ocho de julio pasado autoridades policiales detuvieron a dos personas por estar presuntamente involucradas en la difusión de falsos rumores dirigidos a desestabilizar el sistema bancario nacional. Fueron imputados por el Ministerio Público por la supuesta comisión del delito de difusión de información falsa, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que contempla penas de prisión de nueve a once años. Posteriormente, un Tribunal de Control acordó medidas cautelares, de acuerdo con lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal.

Lo curioso de ambos casos es que una de estas personas, Luis Acosta Oxford, al momento de ser detenido contaba con apenas 32 seguidores y había enviado 201 tuites, de los cuales solo uno hacía referencia a la situación bancaria; y la otra, Carmen Cecilia Nares Castro, tenía dos meses suscrita a Twitter y seis seguidores. Luego de ser liberada, Nares pidió un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional para protestar por lo que consideró una arbitrariedad.

De acuerdo con una nota de prensa de la Asamblea Nacional, firmada por la periodista Maritza Villaroel, Castro contó a los diputados que una comisión del CICPC había allanado su casa, pues “al parecer buscaban evidencias que me vincularan con el Twitter”. Precisó que le habían pedido “un BlackBerry con conexión a Internet”, pero que les había entregado el único celular que tenía: un Nokia modelo 6236 dañado. Dijo que habían revisado su computadora así como dos pendrive donde guarda los trabajos del colegio, porque es educadora. En la audiencia informó que era miembro del PSUV y que muchos medios de comunicación la habían llamado para que declarara en contra el Gobierno, pero que ella “no se prestaba para eso”. Su abogado cuestionó severamente a la Fiscalía por no haber realizado las diligencias pertinentes que llevaron a su imputación.

Justo dos meses después, agentes del CICPC detuvieron a un trabajador de Corpoelec, el ingeniero Jesús Majano, de 27 años de edad, por supuestamente haber enviado tuites y publicado imágenes que incitaban al magnicidio. Luego de varias horas de detención acusado de haber instigado al odio público, delito tipificado en el artículo 285 del Código Penal, el tribunal 31 de control le otorgó una medida cautelar de libertad con presentación cada 15 días . El 21 de octubre, en el timeline de @majano23, alias del ingeniero en Twitter, se lee: Estoy libre, pero el juicio sigue y debo presentarme aún… El 13 de noviembre, aparece un saludo cariñoso -vía @caracasmetro- a los 35 detenidos por las protestas: “Suerte, muchachos”.

Publicada en Código Venezuela

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