Cable Venezuela-Cuba: ¿a prueba de tiburones?

El martes pasado llegó las costas de Siboney, Cuba, la punta norte del cable de 1630 kilómetros de largo cuyo extremo sur se encuentra sembrado en Camurí, una de las playas del estado Vargas, desde el pasado 22 de enero. Con una capacidad de 640 gigabytes, el cable de fibra óptica, que pudiera multiplicar por 3000 la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz de que dispone actualmente Cuba, ha sido fabricado a prueba de tiburones, según se lee en una nota difundida por la revista Cuba Socialista, órgano informativo del comité central del Partido Comunista Cubano.

El proyecto, denominado Sistema Internacional de Telecomunicaciones ALBA1, con un costo de aproximadamente 70 millones de dólares, ha sido ejecutado por Shanghai Bell, una filial de Alcatel-Lucent con sede en China, y será administrado por Telecomunicaciones Gran Caribe, una empresa cuya propiedad es 60% venezolana y 40% cubana.

Pero una cosa es la conexión a la red y otra, muy distinta, la infraestructura que permitirá el acceso a los servicios, Cuba adentro. Ya lo ha dicho el viceministro de Informática y Comunicaciones cubano Jorge Luis Perdomo: el cable tendido desde Venezuela no será una "varita mágica" para llevar la Internet a las casas de los cubanos, pues todavía hacen falta inversiones en la infraestructura de redes.

De acuerdo con el profesor de la Universidad Estatal de California Larry Press, estudioso del proceso de adopción de Internet en Cuba, mientras la red de datos consistía sólo en conectividad asíncrona UUCP a la información Soviética, a través de enlaces X.25, se mantuvo por “debajo del radar”, pero cuando, a pesar del bloqueo, se produjo la conexión a Internet vía satélite, ésta comenzó a ser objeto de escrutinio y surgió una fuerte divergencia de criterio entre los líderes políticos de la isla, como se hizo evidente en una Sesión Plenaria del Comité Central del Partido Comunista.

Mientras Carlos Lage, entonces secretario del Consejo Ejecutivo de Ministros, enfatizaba sobre la necesidad de promover el uso de Internet para enfrentar los desafíos científicos y los cambios tecnológicos, Raúl Castro alertaba sobre su potencial utilización subversiva por parte de los opositores políticos. En medio de aquellos debates, fechados en 1997, el control de Internet se impuso como política y el gobierno optó por contener la expansión de la red, manteniéndola reducida y con un estricto control sobre el contenido y el acceso.

A principios de 2008, Cuba autorizó la compra de computadoras personales y el acceso a proveedores de Internet con permiso del gobierno, pero un equipo básico cuesta un promedio de 780 dólares, una hora de conexión entre 10 y 15 y el salario promedio mensual no llega a los 20. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el índice de penetración apenas sobrepasa el 10%, cifra que incluso ha sido calificada de abultada.

Según un despacho de la agencia informativa Reuters, en la inauguración de una conferencia el viceministro de Informática y Comunicaciones cubano dijo que el gobierno tiene como meta seguir desarrollando el sector de las telecomunicaciones en función del desarrollo económico y social del país, incluyendo a todos los actores de la sociedad.

La llegada del cable submarino a las costas cubanas coincide con el impulso de algunas reformas. ¿Hacia dónde se mueven estos cambios? Algo interesante de ver en un futuro próximo es la manera cómo el gobierno manejará la multiplicación de la conectividad y si ello va a afectar, y de qué manera, los cambios económicos y sociales que progresivamente se producen en la isla

De acuerdo con declaraciones del presidente Hugo Chávez, el financiamiento del proyecto proviene de un préstamo hecho por China y ello, según Press, no es un asunto menor dado que desde 2008 este país es el segundo socio comercial de Cuba y el mayor importador de sus productos. Según Stefan Harper, autor del libro El Consenso de Beijing, referido por el investigador norteamericano, entre la democracia de mercado y sus libertades, y el autoritarismo de mercado y la mejora de las condiciones de vida (aunque con límites en la libertad de expresión), la mayoría de los países en busca de desarrollo tienden a preferir el modelo autoritario.

¿Cuál será el papel de China en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones cubana? Más aún ¿cuál será su papel en el aggiornamento del modelo político de la isla? ¿Qué más circula por ese cable entre Cuba y Venezuela? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla?

La foto es de la agencia EFE.

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La comunicación alternativa se desliza a la red

Quienes nos dedicamos al estudio de la comunicación alternativa nos vemos en aprietos cuando acudimos a congresos en el exterior y somos interrogados por nuestros pares sobre el “estado del arte” de este asunto en Venezuela.

Uno de los datos que más gratamente sorprende a nuestros colegas es la gran cantidad de medios comunitarios que existen en el país. Como se sabe, el discurso oficial los promueve como la alternativa popular a la hegemonía de los medios privados.

Lo que más allá de nuestras fronteras poco se conoce es que más o menos así era el asunto en esta Tierra de Gracia hasta el año 2000 y que en la última década, gracias a una clara política gubernamental, emergieron como hongos una enorme cantidad que opera como altavoz gubernamental, práctica antagónica a la tradición alternativa.

Puestos frente a la aclaratoria, nuestros colegas usualmente insisten. Pero entonces, ¿Qué tipo de prácticas sobreviven en ese terreno tradicionalmente ocupado por quienes buscan equilibrios mediáticos, vale decir también, sociales, culturales y políticos?

A falta de mejor respuesta, respondo que mientras el gobierno avanza en la consolidación de su hegemonía comunicacional, en un clima de abierta polarización política, los medios digitales y las redes sociales, especialmente los blogs, Facebook y Twitter, se han venido convirtiendo en espacios para la difusión y activa deliberación de asuntos políticos y sociales, un entorno variopinto en el cual es posible advertir gradaciones, más allá del blanco y del negro al que nos pretenden confinar los extremos en confrontación.

Ello es consecuencia, argumento, de la multiplicación del número de usuarios de Internet que sobrepasa los diez millones. En Venezuela el índice de conectividad pasó del 3.38 % en el año 2000, al 34.67 % en el tercer trimestre de 2010, de acuerdo con las estadísticas de CONATEL. Es el tercer país con más usuarios de Facebook en Latinoamérica, el tercero con mayor penetración de Twitter en el mundo y el que ocupa la primera posición en el uso de este recurso en español. Para el año 2012 se calcula que más de la mitad de la población disfrute de algún tipo de conexión.

A partir de 2007, junto a movilizaciones juveniles de calle orquestadas a través del uso intensivo de SMS, han sido notables las campañas emprendidas en la tuitosfera. La primera de ellas, efectuada en marzo de 2009, fue etiquetada como #internetlujo y estuvo destinada, justamente, a defender la vigencia del decreto 825 que declara el uso prioritario de la red. Posteriormente, se produjo #FreeMediaVe como protesta por el cierre de una treintena de emisoras de radio y en contra del proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos, elaborado por la Fiscalía, que finalmente no fue presentado para su discusión en la Asamblea Nacional. A finales del 2010, las acciones legislativas dirigidas a fortalecer la censura sobre los medios radioeléctricos y electrónicos produjeron otras “cibermanifestaciones”.

Al norte de América del Sur, les cuento, comienzan a emerger un conjunto de nuevas prácticas de activismo digital que, como las del norte de Africa, pueden ser descritas -parafraseo a Manuel Castells- como revueltas cogeneradas sin estrategia central. ¿Es esta la figura actualizada de nuestra vieja y noble comunicación alternativa? Aún es pronto para responder. Por lo pronto, el Ministro de Información y Comunicación ya ha manifestado la urgencia de “enfocarse” en la web, pretensión que, sin duda, requerirá habilidades multifocales. Porque al menos que se opte por el desenchufe, como recientemente ocurrió en Egipto, es muy difícil, por no decir imposible, imponer hegemonías en un territorio minado de fisuras.

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Redes sociales y autocracias: de la intimidación al bloqueo

Para los gobiernos de tendencia autoritaria la ampliación del acceso a la Internet significa un serio desafío. ¿Cómo censurar las redes sociales y al mismo tiempo mantener una fachada democrática?
Las protestas en El Cairo contra el gobierno del presidente Hosni Mubarak llevaban ya varios días. El 18 de enero un joven de 25 años había muerto tras inmolarse en Alejandría. Tres egipcios más se habían prendido fuego: dos en El Cairo y uno en la zona del canal de Suez. Según observadores, los manifestantes imitaban el comportamiento del joven Mohamed Bouazizi quien, con un sacrificio similar, semanas atrás había desatado las protestas que desembocaron en la huida del dictador tunecino.

El descontento popular y las demandas contra el régimen de Mubarak, con casi 30 años en el poder, venían en aumento. Y por motivos no pueriles. Durante el año pasado se duplicó el precio de los alimentos y existen sospechas infundadas acerca de los últimos comicios parlamentarios: se presume que fueron amañados de forma flagrante.

Tiempos raros estos, la noticia de esta semana -sin embargo- no ha sido los abusos de un régimen autoritario y las protestas en su contra, sino los métodos utilizados por los manifestantes. Según diversos analistas, la escalada del descontento en Egipto fue producto del uso estratégico de las herramientas de telecomunicación en manos de opositores emergentes, especialmente jóvenes, que organizaron, coordinaron y difundieron las convocatorias a través de redes sociales como Facebook y Twitter.

Existen divergencias de criterio en torno al efecto real de los nuevos medios en las protestas populares, como las sucedidas en Irán, Túnez y ahora Egipto, países en los cuales el acceso a Internet es restringido y vigilado. Sin embargo, la opinión más extendida y aceptada es que éstas no funcionan como disparadores si no cuentan con un piso político y organizativo de fondo.

Entre otros, el investigador de la Universidad de Stanford Timothy Garton Ash ha subrayado que las tecnologías de información y comunicación obviamente no provocan cambios por ellas mismas, pero que, en efecto, contribuyen a potenciarlos. En el caso egipcio, un hecho habla por sí solo: tanto Twitter como Facebook fueron bloqueados.

En el año 2008, la penetración de Internet en el país árabe era del 13 por ciento. Al año siguiente casi se duplicó. Según el informe de la organización Freedom House del año 2009, como otros gobiernos de corte autoritario, el egipcio, a la par que ha desarrollado políticas dirigidas a ampliar el acceso a la Internet, se ha ocupado de mantener una vigilancia constante sobre el uso que se hace de sus servicios para la difusión de información política sensible.

Métodos como la intimidación, los procedimientos legales poco transparente, las detenciones arbitrarias y la misma vigilancia a los activistas en línea, constituyen prácticas cotidianas en el país africano. En Egipto no existen leyes que otorguen al gobierno el poder de censurar Internet; por el contrario, la Constitución garantiza la libertad de expresión de sus ciudadanos y la Ley de Telecomunicaciones el derecho a la privacidad. Sin embargo, artículos del Código Penal y de la llamada Ley de Emergencia, en vigor desde 1981, le confieren discrecionalidad para controlar y censurar todas las comunicaciones. Adicionalmente, algunas enmiendas a la Ley de Prensa aprobada en 2006 tipifican como delito el difundir noticias falsas y criticar al jefe del Estado, delitos que, según dictamen de los tribunales, también aplican a los medios en línea.

El 26 de octubre de 2005, el bloguero Abdel Karim Nabil (conocido como Karim Amer), fue arrestado por la agencia egipcia de seguridad acusado de difundir en mensajes anti-religiosos. Fue detenido durante doce días y confiscados sus libros y escritos personales. En noviembre del año siguiente fue nuevamente detenido hasta que el 22 de febrero de 2007, a los 22 años, fue el primer bloguero egipcio condenado a prisión (por cuatro años) bajo los cargos de "insultos al Islam y al presidente”. Posteriormente, agentes de seguridad detuvieron a Abd al-Monim Mahmud, quien permaneció detenido durante 47 días por el supuesto delito de pertenecer a una organización política prohibida. En abril del 2008, la arrestada fue una mujer de 29 años, Isra Abd al-Fattah, acusada de usar la red social Facebook para llamar a una huelga general. Por la misma razón fue detenido en mayo el activista opositor Ahmed Maher.

Como se ve, la ampliación del acceso a la Internet pone a los regímenes autoritarios en una seria disyuntiva; por ello algunos gobiernos, interesados en brindar y mantener una fachada democrática, optan en un primer momento por el acoso y la intimidación a los díscolos usuarios. Cuando ya la espiral se desborda, viene el bloqueo. Esta vez el turno le tocó a Egipto y a Mubarak, pero -sin duda- hay varios más en la lista de espera.

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¿Cómo tuitean los periodistas venezolanos?

En tiempos como los que corren, en los cuales la privacidad se ha hecho asunto público gracias a la proliferación de medios y redes sociales, al menos un par de preguntas comienzan a despuntar entre los profesionales de la comunicación social: ¿Cuáles son los deberes y límites de los periodistas cuando se expresan en estos medios en tanto simples ciudadanos? ¿Es que acaso sus responsabilidades como informantes públicos les marcan una pauta a la hora de interactuar como gente de a pie?

Las respuestas no son sencillas. Quizás sean hasta imposibles en una época en la que se mueven, al mismo tiempo y con gran velocidad, tantos y tan disímiles elementos novedosos. Lo evidente es que las redes sociales, por su facilidad de uso, han contribuido con la exposición pública de los trabajadores de los medios, no ya como voceros de uno en particular, sino como ciudadanos con opiniones propias que, obviamente, no tienen por qué coincidir con las posturas editoriales de las empresas en las cuales trabajan.

En una situación ideal, no se deberían confrontar problemas, pero -se sabe- una cosa son los intereses de los medios y otra, muy distinta, los de los periodistas. En algunos casos son coincidentes, pero en otros no. Y cuando sucede esto último puede haber represalias contra quienes manifiestan, de manera personal y al margen de los medios que los emplean, opiniones divergentes. Tal fue el caso, en julio pasado, de la periodista Octavia Nasr, despedida de su cargo como editora para Medio Oriente de CNN -en el que tenía 20 años- por haber manifestado en un tuit su pesar por la muerte del gran ayatolá del Líbano Mohammed Hussein Fadlallah.

¿Qué debemos hacer los periodistas? ¿Autocensurarnos? ¿Apelar al uso de un seudónimo para llevar, digamos, una cierta vida paralela con más oxígeno? ¿Es eso ético? ¿Sería esto tolerable por los medios?

Empresas informativas de alcance global como la agencia Reuters, o medios con influencia internacional, como The Guardian, ya cuentan con políticas explícitas al respecto, pero en Venezuela aún es un asunto poco tratado. Afortunadamente vemos como periodistas de diversos medios y fuentes parecieran haber desarrollado, motu proprio y sin guiatura, una manera conveniente y original de desenvolverse en este canal informativo sin mayor protocolo y, hasta ahora, sin consecuencias que lamentar.

En Facebook, por ejemplo, hemos observado que algunos colegas han discutido abiertamente (y con no poca sorna y justificada inquina) asuntos relativos con su precaria contratación laboral, bajos sueldos y malas condiciones de trabajo. Que sepamos, no ha habido ni despidos ni sanciones a causa del ejercicio de esta cuota de libertad. En Twitter, muchos colegas informan dónde trabajan, pero en una búsqueda (apurada, debo confesar) sólo conseguí a uno que en su biografía, especificara, como la productora audiovisual y periodista de El-Nacional.com Angie Rodríguez, que la suya es una cuenta “PERSONAL y no representa al medio en el que trabajo”.

El rastro que dejamos los periodistas en las redes, querámoslo o no, lo hagamos ex profeso o no, genera opiniones que, en algún momento, puede operar a nuestro favor o en nuestra contra. Especialmente si llegáramos a vernos en el ojo del huracán, como le sucedió a la venezolana Andreína Flores, quien actuando como corresponsal de la agencia AFP hiciera una incómoda pregunta al Presidente Hugo Chávez luego del 26S. Como pudimos notar, al hacerse público su nombre de usuario, cierta jauría se dispuso a explorar en su timeline y a registrar sus opiniones para, a partir de ellas, cargarse en su contra por una supuesta “falta de objetividad”.

¿Qué debemos hacer en las redes? ¿Mantenernos como una suerte de seres angélicos sin opiniones? ¿Es eso posible? ¿Dejamos de usarlas? ¿Nos limitamos a tratar temas ajenos a nuestras fuentes profesionales?

Recientemente, en un webinario dirigido por Bárbara Yuste para la FNPI sobre la gestión de la identidad periodística en la red, una joven venezolana recién titulada, pero con varios años de vida digital y cierta identidad ya establecida, preguntó: ¿Es decir que cuando entre a trabajar a un medio no voy a poder ser yo? No hubo respuesta para ella porque, volvemos al principio, no es fácil.

Lo único que podemos deslizar, a falta de mejor consejo, es que resulta una práctica sana el mantenernos a nosotros mismos bajo permanente vigilia. Pensar muy bien lo que escribimos. Y cómo. Cuidar cada tuit, cada actualización en Facebook, cada línea de nuestro blog. Porque somos ciudadanos, sí, pero unos ciudadanos con responsabilidades muy especiales derivadas de nuestra profesión. Y una identidad digital, esto es: exponencialmente pública.

Si algo bueno traen las redes sociales a los medios es audiencia. Y la audiencia necesita conversar, tener un interlocutor del otro lado. Y ese interlocutor no puede ser de palo. Por ello, en relación con las empresas en las cuales trabajamos, lo ideal es reflexionar sobre este asunto, documentarnos con experiencias de otras latitudes y construir una batería argumental que nos permita discutir con criterio propio las normas que trataran de imponerse. No tardan en llegar.

*Agradezco a la colega Estrella Gutiérrez, de la agencia de Noticias Inter Press Service, el ameno diálogo sobre este tema que quedó recogido en esta nota.
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Sobre la censura a medios digitales: ¿Qué veremos este año?

Cuando se intenta dar cuenta de la censura a los medios digitales, en particular, o a Internet, en general, usualmente se consignan datos acerca de sitios filtrados o bloqueados, de periodistas o activistas presos, u otras formas abiertas y deliberadas de acoso y presión. Sin embargo, en ocasiones, las restricciones son mucho más sutiles. Tanto que podrían llegar a ser invisibles dado que cuentan con la anuencia de sus propias víctimas.

Hablamos de la autocensura, consecuencia de la coacción y la intimidación, estrategias que, subrepticiamente, han venido imponiéndose en Venezuela y que podrían acentuarse en los meses por venir, al amparo de la Ley Resorte y de Telecomunicaciones, reformadas en diciembre pasado. La primera incluye la responsabilidad social de los proveedores de servicio de Internet y medios electrónicos y la segunda abre las puertas a la posibilidad de nacionalización total del sector.
Hasta ahora la amenaza sobre los medios digitales se ha hecho evidente en el hostigamiento legal de los gestores de medios y emisores finales. Los casos del portal informativo Noticiero Digital con dos investigaciones judiciales en su haber; y el de tres tuiteros imputados por, supuestamente, contribuir a exacerbar la crisis bancaria, en un par de casos, y por incitar al magnicidio, en otro, fueron emblemáticos en 2010.
Con la reforma de la Ley Resorte, la presión -puede preverse- se concentrará ahora sobre los medios, vale decir, sobre el soporte de los datos, hecho que, vinculado con la otra Ley recién reformada, la de Telecomunicaciones, abre paso a la toma de “precauciónes”* por parte de las empresas operadoras. Vale recordar que, de conformidad con el artículo quinto, la prestación de los servicios de telecomunicaciones pasa a ser considerada de interés público, por lo cual la posibilidad de una nacionalización expedita, bien de una empresa, como de todo el sector, queda abierta. Es lógico suponer, entonces, que veremos mermar las inversiones al mismo ritmo al que disminuyen las garantías jurídicas, con consecuencias nefastas para los usuarios.
A esto se le suma que el artículo segundo de la Ley Habilitante, referido a la infraestructura, transporte y servicios públicos, dispone que el Presidente de la República podrá “dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas”.
El artículo 57 de la Constitución Nacional reza que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. En lo que respecta a los medios digitales, sin embargo, la confluencia de varios factores como la estatización del principal proveedor de servicios de telefonía e Internet (CANTV), el control cambiario, la falta de equilibrio de los poderes públicos que conforman el Estado y, a partir de este año dos nuevas leyes dirigidas promover la toma de ciertas “precauciones”, como la autocensura, lo convierten en un derecho seriamente lesionado.
* Precaución. (Del lat. praecautĭo, -ōnis). f. Reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse. (DRAE)
** La foto (tomada del diario El Universal) es del profesor universitario y activista de DDHH Carlos Correa, agredido al momento de entregar en la AN una solicitud de palabra, a nombre de la Alianza por la libertad de expresión, para consignar consideraciones críticas sobre la Ley Resorte y la Lotel.
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El giro ¿en las telecomunicaciones?

Ayer se aprobó en primera discusión una Ley que, sin duda, marcará una involución en torno a la promoción del acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del país, tal y como establece el Decreto 825 del 22 de mayo del año 2000 que, aunque no ha sido derogado, queda prácticamente sin efecto.

Y es que cumplir con los objetivos de ese Decreto, redactado en correspondencia con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) que acaba de reformarse, suponía la existencia de un régimen jurídico que garantizara, entre otras cosas, que tanto la explotación de las redes como la prestación de servicios de telecomunicaciones fueran considerados de interés general y no de interés público, como lo establece el "nuevo" texto que lleva al país de vuelta al Reglamento de Telecomunicaciones de 1940, instrumento legal anterior a la LOTEL.

Pasaron nada menos que 60 años para que nuestro país, en sintonía con el desarrollo global de las telecomunicaciones, adecuara su marco jurídico y lo hizo ajustado a preceptos constitucionales plenamente vigentes expresados en los artículos 108 y 110, entre otros.

Uno de los aspectos más celebrados de esa, entonces, novísima Ley, ampliamente consultada por Conatel con las empresas agrupadas en la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL), fue justamente que abría las puertas a la inversión del sector privado en un área económica que prontamente pasó a ocupar el segundo lugar en importancia después del petróleo. Gracias a sus disposiciones se incrementaron sensiblemente las inversiones en el área y los aportes de ésta al PIB lo que trajo, como lógica consecuencia, que en una década Venezuela pasara de un 3,8% a más de un 35% de conectividad a Internet.

Ahora, con la reforma de la Ley ya aprobada en primera discusión, se establece en el artículo 16 que “El órgano rector, cuando lo estime conveniente y teniendo en consideración el interés público de la Nación, podrá otorgar concesiones a particulares y a las comunidades organizadas para la prestación de los servicios de telecomunicaciones reservados al Estado…” con lo cual, es obvio, pasa a monopolizar en exclusiva -valga la reiteración- la prestación de estos servicios.

Con la re-nacionalización de la CANTV, en el año 2007, Venezuela anunció el giro que se daría en el sector de las telecomunicaciones. A finales del 2010, con la reforma de la Ley, lo concretó. De allí, obviamente, que la inclusión o no de un Punto de Acceso a Internet (NAP, por sus siglas en inglés) perdiera relevancia. En realidad, con el monopolio del carrier (CANTV), que concentra más del 80% del tráfico, éste se hace innecesario. Existe de facto.

En el año 2008 se filtró a la prensa el borrador de una Ley de Telecomunicaciones que finalmente nunca se aprobó. Fue discutido ampliamente entre académicos, empresarios y organizaciones sociales que a través de diversas vías hicieron circular públicamente sus críticas y propuestas. Dos años después, en menos de una semana se da a conocer -y se aprueba- una reforma que cambia, como ya dijimos, las reglas del sector. La importancia del asunto obligaba a un mínimo de transparencia. Al menos si la Constitución, que consagra a la República Bolivariana de Venezuela como una sociedad democrática, participativa y protagónica, conservara algo de vigencia.

Publicado en el Diario de Los Andes, 16/12/2010 y en Código Venezuela
*Hemos corregido una fecha inexacta ofrecida en una primera versión. El reglamento de telecomunicaciones data de 1940 (no de 1936) Es en 1953 cuando el Estado compra la totalidad de las acciones de CANTV, la cual es privatizada en 1991 y re-nacionalizada 16 años después (2007).