Algo más que rumores han comenzado a circular en relación con la aprobación de una nueva Ley de carácter orgánico. Se trata de la número 27, que regula las Telecomunicaciones, la Informática y los Servicios Postales la cual iba a ser incluida dentro del conjunto promulgado mediante la Habilitante. A pesar de que en un principio diversos voceros gubernamentales negaron la existencia del texto legal, lo cierto es que existe un Proyecto de Decreto-Ley (Número 6244) aprobado en Consejo de Ministros y sometido a consideración del Tribunal Supremo de Justicia , organismo que da cuenta de ello en su sitio web. Analistas como el profesor Marcelino Bisbal han opinado que su aprobación fue diferida “previendo reacciones sociales como las que hubo con el proyecto de Ley de Educación y como las que se dieron con la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que luego fue derogada” y que el gobierno sólo estaría a la espera del momento adecuado para sancionarla.
Luego de que el hecho se filtrara a la prensa y se lanzaran los primeros alertas, http://www.eluniversal.com/2008/08/17/eco_art_inside-telecom_997701.shtml
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=11251&secID=28 pocos medios de comunicación tradicionales, entre los que destacan Tal Cual y El Universal, se han ocupado de seguir la cuestión. En la blogosfera local, sin embargo, ésta no ha pasado bajo la mesa y ha generado interesantes conversaciones
http://khandika01.blogspot.com/2008/08/blogs-y-ley-de-telecomunicaciones.html
http://resteados.blogsome.com/2008/08/31/luz-roja-para-las-telecomunicaciones/
http://resteados.blogsome.com/2008/08/31/luz-roja-para-las-telecomunicaciones/
en blogs y redes virtuales donde convergen ciberactivistas e infociudadanos. Entre ellas destaca la que se produjo en el seno del grupo Ciberpolítica, creado por la profesora Iria Puyosa, de la Universidad Central de Venezuela. http://www.facebook.com/group.php?gid=23135791776
Pero vayamos atrás y hagamos un poco de memoria. La vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue el único instrumento legal aprobado durante el Régimen de Transición del Poder Público, período vulgarmente conocido como “el congresillo”, el primero de junio del año 2000. A pesar del singular contexto político de aquel entonces, quienes a la sazón fungieron como operadores claves para su aprobación, en especial Diosdado Cabello como presidente de Conatel, recogieron palabras de reconocimiento por parte de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), gremio que reúne a las compañías debidamente habilitadas y responsables de la operación de los servicios de telecomunicaciones en Venezuela. Quizá por ello algunos voceros afirman que ésta fue producto de un consenso el cual, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos. Que recordemos, el Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, liderado por el profesor Antonio Pasquali, cuestionó la discreción que signó este proceso.
Ocho años después, la reserva se repite. Nuevamente los pormenores de un texto legal de suma importancia se articulan tras bastidores. Que sepamos, no ha habido ningún tipo de consulta pública a los sectores involucrados y desafortunadamente, dada la restricción informativa impuesta sobre el mencionado decreto, los aspectos analizados han sido pocos. En especial se han filtrado dos, muy marcados por el momento político que vive el país, sorprendido por la aprobación de un conjunto de 26 leyes que no fueron ni discutidas ni consultadas públicamente. Estos se refieren a la potestad que tendría el Jefe del Estado de suspender la transmisión de comunicaciones en resguardo del interés nacional, y a la creación de un punto único de acceso a la red de proveedores de servicios de Internet (PSI), con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en Venezuela.
Cabe destacar que sobre esta última cuestión se pronunció Socorro Hernández, Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática y Presidenta de la CANTV. http://www.eluniversal.com/2008/08/31/pol_art_punto-unico-no-baja_1022988.shtml
Pero vayamos atrás y hagamos un poco de memoria. La vigente Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue el único instrumento legal aprobado durante el Régimen de Transición del Poder Público, período vulgarmente conocido como “el congresillo”, el primero de junio del año 2000. A pesar del singular contexto político de aquel entonces, quienes a la sazón fungieron como operadores claves para su aprobación, en especial Diosdado Cabello como presidente de Conatel, recogieron palabras de reconocimiento por parte de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), gremio que reúne a las compañías debidamente habilitadas y responsables de la operación de los servicios de telecomunicaciones en Venezuela. Quizá por ello algunos voceros afirman que ésta fue producto de un consenso el cual, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos. Que recordemos, el Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, liderado por el profesor Antonio Pasquali, cuestionó la discreción que signó este proceso.
Ocho años después, la reserva se repite. Nuevamente los pormenores de un texto legal de suma importancia se articulan tras bastidores. Que sepamos, no ha habido ningún tipo de consulta pública a los sectores involucrados y desafortunadamente, dada la restricción informativa impuesta sobre el mencionado decreto, los aspectos analizados han sido pocos. En especial se han filtrado dos, muy marcados por el momento político que vive el país, sorprendido por la aprobación de un conjunto de 26 leyes que no fueron ni discutidas ni consultadas públicamente. Estos se refieren a la potestad que tendría el Jefe del Estado de suspender la transmisión de comunicaciones en resguardo del interés nacional, y a la creación de un punto único de acceso a la red de proveedores de servicios de Internet (PSI), con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en Venezuela.
Cabe destacar que sobre esta última cuestión se pronunció Socorro Hernández, Ministra del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática y Presidenta de la CANTV. http://www.eluniversal.com/2008/08/31/pol_art_punto-unico-no-baja_1022988.shtml
La funcionaria, en vez de desmentir la especie, dejó entrever que dicha disposición sí estaría contemplada con la finalidad de hacer más eficiente el tráfico de las comunicaciones. En tal sentido, Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, al igual que otros voceros vinculados con el sector académico, como los profesores Marcelino Bisbal, antes mencionado, y Gustavo Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la Comunicaciones (ININCO) de la UCV, han advertido que una medida de ese tipo levantaría sospechas sobre los posibles mecanismos de control que el gobierno pudiera instrumentar.
Tomando entonces como posible esta intención gubernamental, nos preguntamos: ¿Es éste un argumento razonable? ¿Qué elementos deberían considerarse para tomar una decisión de esta naturaleza? Las respuestas las dan José Gregorio Silva (JGS) y Luis Núñez (LN), fundadores de la Red Académica de la Universidad de Los Andes, con quienes conversamos en compañía de la periodista Ysabel Briceño, del Parque Tecnológico de Mérida.
Una lógica del pasado
¿Técnicamente, de qué estamos hablando?
LN: Si se trata de hacer eficientes las comunicaciones estaríamos hablando de un NAP (siglas en inglés del Network Access Point), lo cual no tiene que ver con un solo punto de acceso a la red en términos físicos, sino con programación. Se trata de que todos los mensajes que vayan al dominio .ve se dirijan a un punto. Los NAP son instancias en las que convergen los proveedores de acceso a Internet y existen en diversos países.
JGS: Pensar en otra cosa es ubicarse en lógicas y tecnologías del pasado. En términos técnicos, pero también políticos. Hoy en día es un error grave de perspectiva plantearse soluciones “no distribuidas”.
LN: Estratégicamente, además, pensar en un solo punto de acceso es un desatino. ¿Y qué pasa si se cae? Cuando iniciamos Reacciun (la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales) teníamos dos proveedores y dos tecnologías independientes, una de fibra óptica en Caracas y otra satelital, en la ULA-Mérida.
JGS: Efectivamente, y algunos se oponían porque comprar la salida en bloque resultaba más barato. ¿Y la seguridad? De hecho, una vez se cayó la conexión desde Caracas y toda la red nacional salió por Mérida. Se trata, ni más ni menos, que de una lógica de riesgo, de preservar la seguridad del país. Pensemos en los proveedores múltiples, esos que ofrecen televisión por cable, telefonía e Internet, todo junto. Cuando se cae el proveedor, se caen los tres servicios. Mientras más posibilidades de conexión existan, cada una independiente de la otra, las comunicaciones son más seguras. En la búsqueda de la eficiencia o del menor costo podemos dejar de lado asuntos verdaderamente críticos.
¿Se trataría, entonces, de un asunto exclusivamente técnico?
JGS: Técnico y político. El Estado debería jugar un papel protagónico e impulsar que la coordinación entre los proveedores de Internet se dé. Hablamos de otra cosa, de un deber ser del Estado que no es el de controlar, sino el de regular el sector para garantizar la calidad y la confiabilidad de los servicios. No es sustituyendo a los operadores como se garantiza la democratización de las comunicaciones, sino fijando reglas claras para que los prestadores de servicios, privados y públicos, lo hagan bien.
LN: Ese es el papel que el Estado nunca ha jugado…
¿A qué se refiere?
LN: El inicio de las redes en Venezuela se produjo gracias al impulso dado por el sector académico; el establecimiento de un NAP fue algo sobre lo cual advertimos, pero ¿cómo convocábamos nosotros a los proveedores de Internet? Nunca tuvimos incidencia política ni se nos tomó en cuenta como actores claves del campo. Pero repito, el NAP es una cosa y el proveedor único es otra. Son asuntos muy distintos.
Hace un año, a raíz de la estatización de la CANTV, el profesor Antonio Pasquali alertó sobre el posible control de Internet y la instrumentación de medidas como el filtrado de mensajes, etc… http://periodistasandinos.blogspot.com/2007/08/antonio-pasquali-una-radiotelevisin.html
JGS: La descentralización del servicio establece las condiciones estructurales para que la democracia y la diversidad se expresen de modo natural. Socialmente es importante que técnicamente no se dependa de una única fuente porque aparece la tentación del control, independientemente de quien circunstancialmente ejerza el poder político. Hay que pensar en términos más amplios. Se trata de equilibrar los intereses de todos los sectores para que no prevalezca ninguno.
Luis Núñez. Físico, fundador de la Red de Datos de La Universidad de Los Andes (RedULA), de la Escuela Latinoamericana de Redes y de la Escuela Latinoamericana de Paralelismo y Computación de Alto Rendimiento (ELPCAR). Actualmente ejerce la Coordinación General del Consejo de Computación Académica y la Dirección del CentroNacional de Cálculo Científico de la Universidad de Los Andes
José Gregorio Silva. Ingeniero en Electrónica, fundador de de la Red de Datos de La Universidad de Los Andes (RedULA), de la Escuela Latinoamericana de Redes y de la Exposición-Conferencia Latinoamericana en Interoperatibilidad (LATINFO). Director de HACER, empresa universitaria especializada en teleinformática, Director Técnico del Proyecto Alejandría, del Parque Tecnológico de Mérida y del Centro de Excelencia en Ingeniería de Software.
Publicado en el Diario de Los Andes
