“Para los conectados, el resto del mundo tiene Internet”. Con esta agria
sentencia comienza un post de la
bloguera cubana Elaine Díaz con el cual, no lo dudo, le resultaría fácil
identificarse al 55% de la población venezolana sin acceso a la red…si pudiera
participar en las discusiones que, en su nombre, se libran en diversos
escenarios.
En los últimos meses, debido a las protestas ocurridas
en el país, las cuales –como resultado del control y la censura oficiales– han
sido silenciadas por la mayoría de los medios, comienza a tomar fuerza la idea
de que los ciudadanos y las audiencias se han deslizado a la red para
expresarse, informar e informarse sobre lo que sucede. En nuestro criterio, aunque en ello haya bastante
de verdad , eso no es del todo cierto. Según
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la penetración de
Internet alcanza casi el 45% de la población, pero este porcentaje de usuarios
no está distribuido equitativamente a lo largo y ancho del país.
Si bien en el Distrito Capital y el estado Miranda los conectados superan
el 90%, en estados como Trujillo, por mencionar uno, no llegan al 25%. Aún más:
en la zona alta de la parroquia Juan Ignacio Montilla de Valera, un grupo de
ciudadanos puede tener acceso a un servicio de banda ancha de 10Mbps (prestado
por la empresa Inter); mientras que en la parroquia San Luis, de la misma
ciudad, la gente aún accede a través de conexiones discadas (Cantv). Consulta
aquí un mapa interactivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presta
atención a los dos puntos azules, ambos en Caracas.
En la actualidad, la censura no solo tiene que ver con las presiones del
gobierno sobre los medios (incluidos los digitales), sino con nuevas formas de discriminación –como
la brecha digital– mucho más dinámicas y complejas de comprender. ¿Las estamos
estudiando con propiedad? ¿O estamos, como suele suceder, haciendo más énfasis en lo más evidente y que genera más ruido?
[Demasiada luz encandila].
En Venezuela el acceso y, por ende, la libertad de
expresión en la red no solo se ven coartados a través de disposiciones arbitrarias e ilegales como las de la Conatel, que ordenó a los proveedores de
servicio de Internet (y ellos aceptaron) el bloqueo de más de 500 sitios web; o mediante el acoso o
la censura a periodistas y ciberciudadanos, sino a través de mecanismos más sutiles, pero prácticamente
“invisibles”, como el control de la infraestructura de telecomunicaciones.
El “ecosistema
internet” puede ser representado, como lo propone Daniel Pimienta, con la forma
de una pirámide en cuya base descansa la infraestructura
(la red de transporte: cables, satélites, fibra óptica, etc.) sobre la cual se
alza la infoestructura (los diversos servicios: correo, video, redes
sociales). Los contenidos (o la infocultura)
son las piezas de información que circulan entre los usuarios; vale decir, la punta del iceberg, lo único
que una persona no familiarizada con estos temas puede ver a simple vista.
En nuestra opinión, en Venezuela el control de la red
se efectúa y comienza por la base, vale decir, por la infraestructura, y a
través de dos mecanismos: El financiero, mediante la restricción a las empresas
privadas de las divisas necesarias para sus inversiones (asignación y
repatriación); y el normativo, vía la promulgación de leyes, como la de Telecomunicaciones
y la de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos (ResorteMe), ambas reformadas en diciembre del año 2010.
Las tres “C”: Cencoex, Cantv,
Conatel
En Venezuela, el Estado (hoy lamentablemente cooptado por el gobierno) no
solo es el propietario del operador principal de telecomunicaciones (la empresa
Cantv, renacionalizada en el año 2007), a través del cual se producen cerca del
90% de las conexiones a Internet, sino que controla al ente que las regula
(CONATEL[1]),
y –algo para nada menor– también decide de manera unilateral sobre la
asignación y repatriación de las divisas requeridas por las empresas privadas
de telecomunicaciones (antes CADIVI, hoy CENCOEX).
¿En qué aspectos ha incidido
este control? Nos referiremos, por
ahora, sólo a uno: la velocidad de acceso. En la actualidad, de acuerdo con la Comisión Económica para América
Latina (Cepal), se considera banda ancha aquella conexión que
es igual o mayor a 4 Mbps. En Venezuela, la velocidad promedio ronda los 1,5 Mbps Sólo para comparar: El
promedio latinoamericano es de 2.5 Kbps (va desde Ecuador, con 3.6 Mbps,
hasta llegar a Bolivia, con 1 Mbps). El
“pico de velocidad” promedio latinoamericano es de 13.5 Mbps (Va desde Ecuador,
que tiene 18.5 Mbps hasta llegar a Venezuela con 8.0 Mbps (Akamai, 2013).
Desde el año 2008 nuestro país
ha venido bajando en los índices de preparación para el ingreso exitoso a la
Sociedad de la Información. De acuerdo con la Unión Internacional de las
Telecomunicaciones (UIT, Informe 2013), pasamos del puesto 76 al 79 (157
países: Corea del sur en el tope, Níger en el fondo). Las conexiones se han multiplicado, pero en la
misma medida se han precarizado.
Las empresas privadas dejaron de vender planes
superiores a 2Mbps. De las tres compañías de telefonía celular, solo una
(Digitel) ofrece conexiones 4G y en un limitado número de localidades. Existe
un parque de teléfonos inteligentes de aproximadamente 8 millones de aparatos, pero
de éstos, según cálculos propios basados en las cifras de la Conatel y de la
UIT, sólo un 7% se sirve de la banda ancha.
Un informe reciente de la Asociación Hispanoamericana de Centros de
Investigación y empresas de Telecomunicaciones (Ahciet) vaticinó que, de
acuerdo con las tendencias que se observan,
en el año 2020 Uruguay y Argentina igualarán a Europa, con el 75 por
ciento de los hogares con banda ancha.
Chile llegará al 67 por ciento, México al 64 por ciento, Brasil al
63 por ciento y Venezuela al 54 por ciento. Hablamos de 2020 y ya –hoy–según
la UIT, más del 95% de los puestos de
trabajo tienen o incluyen un factor de competencia digital.
En resumen: Nos estamos quedando atrás. El acceso y el uso de Internet no es un
lujo, es una prioridad, tal y como lo defendimos en la campaña InternetPrioritaria en el año 2009. En 2011 los relatores de libertad de expresión
propusieron que se considerase un derecho humano, pues es puerta de entrada y
garantía para el ejercicio de otros derechos, como los de expresión, educación
y trabajo. Sabemos que la brecha digital es reflejo o consecuencia de la brecha
económica y social y que, gracias a la velocidad con la que impactan las TIC
todos los procesos, esta brecha no hará sino ampliarse cada día más.
¿Qué hacer? ¿Qué garantías
debemos demandar al Estado?
No es posible plantear reclamos y demandas si no hemos comprendido de qué
se trata este asunto. En ese sentido, toca, en primer lugar: Sensibilizar sobre estos temas para generar una
masa crítica de usuarios. ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde
empezar? Los jóvenes son la clave.
70% de los usuarios venezolanos de Internet son jóvenes. Esta investigación muestra que aquellos entre
18-29 años son el
grupo más dispuesto a defender la
apertura del entorno digital.
Internet es
una puerta de entrada a la diversidad y
una palanca para el desarrollo. Sin embargo, hacer que esté disponible para
todo el mundo es sólo posible a través la formulación y desarrollo de políticas
públicas producto del debate social. ¿Lo estamos dando? Me temo que no. No creo equivocarme al decir que sobre esto
hablamos mucho, pero todavía muy pocos…precisamente, los conectados.
[1] La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
es el ente responsable de administrar, regular y controlar el uso de los
recursos limitados utilizados en las telecomunicaciones y medios de
comunicación audiovisuales. En la letra es un instituto con autonomía técnica,
financiera, organizativa y administrativa, pero es dependiente del poder
ejecutivo. Sus cinco directivos son de libre nombramiento y remoción por parte
del Presidente de la República. El Directorio de Responsabilidad Social, otra
instancia reguladora prevista en la Ley de Responsabilidad Social en Radio,
Televisión y Medios Electrónicos, es presidido por el Director General de
CONATEL e integrado por once miembros, de los cuales siete son representantes
de organismos estatales.
