Universitarios exigen conocer los términos de la nueva Ley de Telecomunicaciones

Pantalla que muestra las cinco salas enlazadas: ULA, UCV, UC, UCLA y CNIT

El texto existe. El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Informática y Servicios Postales tiene el número 6244 y fue recibido por la Secretaría de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de julio pasado http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1257-310708-08-0975.htm.. Lo que no sabemos es si ese, en efecto, se corresponde con el borrador que, como hemos dicho antes, se ha convertido en un secreto a voces y disparado agudas alarmas.

La posible promulgación de una nueva Ley para el sector de las Telecomunicaciones, como ha sido anunciado por la Ministra Socorro Hernández, nos ha puesto de frente la necesidad de saber. Los ciudadanos, al menos quienes convocados por la Universidades de Los Andes y Central de Venezuela nos reunimos mediante videoconferencia en Mérida, Caracas, Valencia y Barquisimeto el jueves pasado, manifestamos nuestro interés por participar en las discusiones que se llevarán a cabo para definir los términos de este nuevo texto legal. Para ello, por supuesto, la información es vital.

Grosso modo, esta fue uno de los aspectos en que coincidimos. Si una nueva Ley va a ser sometida a aprobación por parte de la Asamblea, ésta debe ser consultada. Hacerlo de otra forma contraviene el espíritu de la Constitución que define a nuestra sociedad como democrática, participativa y protagónica.

Mientras, sin embargo, la jornada nos permitió, más allá de analizar algunos elementos críticos del borrador que se ha filtrado, constatar la riqueza y la diversidad de opiniones en torno a las distintas aristas de una Ley tan compleja como el sector que pretende regular.

Cabe resaltar también que, a pesar de las negativas iniciales de algunos representantes del sector público invitados al foro, finalmente se hizo presente Francisco Obispo, en representación del Centro Nacional de Innovación Tecnológica, órgano que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología http://www.cenit.gob.ve/cenitcms/index_1.html y al cual está adscrita la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun), plataforma mediante la cual se enlazaron las universidades en remoto.

Desde la UCV
La jornada comenzó con las palabras de la abogada Adela Vivas, representante del sector empresarial, quien destacó -con el borrador del Decreto 6244 en mano- que del Reglamento de Telecomunicaciones del año 1940, que constaba de 30 artículos, se pasó en el 2000 -luego de seis décadas- a una Ley de carácter orgánico de 220. Hoy -afirmó- "la propuesta a la cual hemos tenido acceso contempla 425”, lo cual es comprensible dado que amplía su campo de competencias para incluir la informática y los servicios postales. Una de las observaciones principales de Vivas fue la referida a la desaparición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) como un servicio autónomo, para convertirse en "una especie de dirección del Ministerio". Igualmente destacó que el Fondo de Servicio Universal, constituido con el aporte del 1% de las ganancias brutas de las empresas del ramo, según el decreto de marras sólo podrá ser utilizado por la operadora del Estado y, además, para fines distintos al del desarrollo de las telecomunicaciones.

Luis Fernandez, profesor de la UCV experto en temas de numeración, http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IPd destacó que el citado decreto, al referirse a ese asunto en los artículos 154 y 155, no establecía las necesarias distinciones entre los planos de control y de tráfico. En la misma dirección, Francisco Obispo, con dilatada experiencia al frente de la administración del NIC.VE http://www.nic.ve/ (desde el 16 del mes pasado es operado por CONATEL), subrayó que se debía "meter la lupa a lo que puede y no puede ser regulado, pues en los temas de interconexión, de números IP y de nombres de dominio, se ha impuesto la autoregulación". El NIC.VE, según sus apreciaciones, "es una estructura crítica, pues hay cerca de 60 mil dominios y la infraestructura requiere de garantías y seguridad superiores”. A su juicio, la creación de un NAP (Network Access Point, por sus siglas en inglés) es deseable, pero "se debe garantizar la transparencia de su uso". Según informó, a finales de año CANTV generará un punto de tráfico nacional.

En su papel de moderador del panel situado en Caracas, Luis Germán Rodríguez, profsor de la UCV y consultor de la Fundación Redes y Desarrollo, llamó la atención sobre la necesidad de mirar estos temas de manera multisectorial, tal y como lo promueve desde los inicios de esta década la Organización de las Naciones Unidas que, a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), impulsa la construcción de la Sociedad de la Información.

En Mérida
El panel de Mérida comenzó con las palabras de Luis Núñez, director del Consejo de Computación Académica, quien al presentar a sus colegas, como él fundadores de la Red Académica de la ULA, subrayó el protagonismo de las universidades públicas en la introducción de Internet en el país y recordó que fue Reacciun el primer proveedor de este servicio en Venezuela.

Ermanno Pietrosemoli, presidente de la Escuela Latinoamericana de Redes http://www.eslared.org.ve/ , al mencionar el Punto Único de Interconexión, hizo un parangón entre éste y el suministro de energía eléctrica: "Los recientes apagones son consecuencia de la dependencia del suministro de energía que viene desde Guayana por una única línea de transmisión. Un punto único sería algo como eso, algo en pondría en riesgo la confiabilidad del sistema de comunicaciones". Consideró negativo lo atinente al término de duración de la habilitación administrativa para operar las concesiones, el cual, según el decreto en cuestión, no podrá exceder de 15 años. "Las inversiones requeridas para ciertos tipos de sistemas no son recuperables en tan corto plazo, a menos de que se le cobre a los consumidores tarifas muy altas. El único backbone de comunicaciones existente en el país es el de CANTV. Cualquier empresa que quiera construir otro backbone se vería en grandes dificultades para poder recuperar la inversión en 15 años, a menos de que cobrara precios excesivos a los usuarios", afirmó.

Pietrosemoli también llamó la atención sobre un curioso artículo, el 86, denominado "Silencio Negativo", el cual establece que las solicitudes hechas a CONATEL que no sean respondidas en los lapsos previstos deben considerarse denegadas. A juicio del profesor, con el fin de movilizar la burocracia debería exigirse que, por el contrario, las solicitudes no evacuadas en el tiempo pautado se consideraran respondidas positivamente. Para finalizar, como impulsor del uso de tecnologías inalámbricas de bajo costo, calificó como interesante la apertura que se observa para las iniciativas comunitarias las cuales, en su criterio, podrían contribuir a bajar el costo de las comunicaciones.

José Gregorio Silva, experto en el desarrollo de software, prefirió dejar de lado las consideraciones técnicas para subrayar la responsabilidad que tiene la Universidad con la sociedad de impulsar el debate sobre estos temas. Autocalificándose de ingenuo, aseguró: "Estamos a tiempo de incidir en la manera en que se redacte esta Ley y es nuestra obligación, como expertos conocedores del sector, hacernos de un lenguaje que permita que la mayoría de la colectividad entienda de qué estamos hablando. El de las comunicaciones es un tema que toca la cotidianidad de la gente y es demasiado importante para dejárselo solo al Gobierno".

Luego de un interesante diálogo entre profesores, periodistas, estudiantes y demás público presente en las cinco salas habilitadas, quedó de manifiesto el interés por emprender nuevas acciones de manera conjunta con el fin de impulsar la transparencia en las discusiones y la participación en la toma de decisiones. En esa dirección, la ULA asumió el compromiso de seguir trabajando. Como dijera José Gregorio Silva: aún estamos a tiempo.