El Cenit reducirá el ancho de banda a las universidades venezolanas

        Como es lógico,  la noticia circuló rápidamente entre los administradores de las redes académicas de las universidades, no así entre los usuarios que no tienen por qué enterarse de los intríngulis técnicos y económicos que están detrás de la prestación de los servicios de conectividad, pero dependen de ellos para sus labores académicas. Sin embargo, al colarse en un tuit, la reacción fue lógica: Asfixia. Una medida más dirigida a asfixiar a las universidades venezolanas.

            No puede pensarse en otra cosa al conocer que, por solicitud de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU),  la Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT) les reducirá el ancho de banda. Como se sabe, la OPSU es la oficina técnica auxiliar del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MppEU) encargada de de instrumentar las políticas y las estrategias señaladas en los planes de la nación con respecto a la educación superior. La OPSU es el ente del Estado encargado de financiar la conectiidad universitaria, a través de un contrato firmado con el CENIT. En pocas palabras: La OPSU paga al CENIT, y este, a su vez, a la CANTV, que es la empresa de telecomunicaciones del Estado.

            ¿Qué está pasando? ¿Por qué se tomó esta decisión? Al respecto, consultamos la opinión de los profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alavarado (UCLA)  Junior Escalona y Jean Paul Angeli, Jefe del Departamento de Redes de Datos y Director de Telecomunicaciones, respectivamente.

            No estamos en contra del monitoreo

            Según Escalona, la medida obedece a una supuesta subutilización de los enlaces contratados por las Universidades con Reacciun. “Técnicos del CENIT nos informaron que la OPSU había hecho un monitoreo sobre la utilización del ancho de banda de cada universidad y que, debido a su subutilización, habían decidido sincerar su uso pues muchas instituciones no la aprovechan adecuadamente”.

            Asimismo, representantes de la OPSU –agregó– como medida ya tomada, sin consultar a los equipos técnicos de las universidades, nos informaron que el ancho de banda se ajustaría, pues según los resultados de un estudio técnico, que desconocemos,  “de 17 universidades que tienen MetroEthernet para acceso a Internet, solo 2 utilizan el ancho de banda en un 100%, 4 en un poco más del 80% y 3 utilizan un poco mas del 50%; el resto están por debajo del 50% de utilización. En aquellas que poseen acceso a Redes Avanzadas, 8 en total, ninguna utiliza más del 50% del ancho de banda asignado, de ellas existen 4 que no llegan al 10% de utilización”.

           -La explicación suena lógica. Si el servicio no se usa…

            Vista así, por supuesto, la decisión parece incontestable, responde Escalona, quien representa a la UCLA ante el Comité Técnico de Reacciun. Aunque desconozcamos cómo fue hecho este estudio, nosotros no estamos negando la necesidad de realizar todos los que sean necesarios para garantizar la eficiencia y el mejor uso de los servicios, pero creemos que una medida como esta debe ser consultada, no tomada de forma unilateral. Mucho menos si las razones que llevan a la reducción de los enlaces es su subutilización.

            El porqué de la subutilización

            Pero, ¿es esto cierto? ¿Se subutilizan los recursos de conectividad? Hago la pregunta como usuaria, pues en el caso de la ULA, particularmente en Trujillo, ya ni entrenar usuarios  podemos debido a la conexión, que es muy precaria…

            Justamente, ese es el punto. Nosotros hemos presentado proyectos para agregar valor a las redes, proyectos de todo tipo: Sub nodos regionales para la optimización de las redes, telemedicina, repositorios, bibliotecas digitales, educación a distancia, voz sobre IP, salas de videoconferencia… ¿Cuáles son los entes responsables de su financiamiento? Entes del Estado. A un servicio que presta el Estado, como es la conectividad, se le agrega valor si el mismo Estado se encarga de promoverlo como parte de sus estrategias. El financiamiento para ello no existe, ni siquiera es posible a través de los recursos propios de las mismas universidades porque todos sabemos como están sus presupuestos. Esto sin tomar en cuenta, además, que el desarrollo de este tipo de proyectos pasa por sortear las dificultades que impone el Decreto Presidencial 6649 (marzo del 2009), que  ha llevado a cero la adquisición de equipos informáticos y desarrollo de sistemas de información.

            Para Jean Paul Angeli, quien además es el representante institucional ante el CENIT y Reacciun por parte de la UCLA, una medida como esta no puede realizarse de manera unilateral, sin consultar a los miembros del Comité Educativo de Reacciun y sin el correspondiente análisis de los comités técnicos de cada institución.

            “Nosotros apoyamos los deseos de optimización de los recursos, pero estos enlaces son el resultado de compromisos y esfuerzos que se realizaron entre la OPSU, el CENIT y las Universidades, plasmados en acuerdos y puntos de agendas del CNU, del Ministerio, y de la Presidencia de la República".  

            ¿Cree usted que sea posible revertir la medida, frenarla…?

            Nosotros estamos pidiendo que se revise en atención a lo dispuesto en la Ley de Universidades vigente y en los estatutos que norman y otorgan sus funciones al Comité Educativo de Reacciun. Es necesario que el CENIT convoque a una reunión para analizar el informe que hizo la OPSU, el cual desconocemos; además, para escuchar los argumentos de cada universidad en relación con la utilización de los enlaces.
            Lo deseable, concluye Angeli, es que una decisión como esta sea producto de un consenso entre el Comité Educativo de Reacciun, el CENIT y la OPSU. 

Lo alternativo es lo antihegemónico

Comparto la conversación que sostuve con Luis Carlos Díaz, publicada en el diario Tal Cual

Recientemente la profesora Raisa Urribarrí, de la Universidad de Los Andes, presentó su tesis doctoral "La comunicación alternativa en la sociedad de la información: una lectura hermenéutica de la situación venezolana". La hermenéutica es el ejercicio interpretativo necesario para abordar dos fenómenos en crisis y surgimiento, los postulados de la comunicación alternativa frente a los poderes y el florecimiento de una nueva forma de comunicación masiva que empodera a la ciudadanía con herramientas digitales.

Con mi tutora y los tres miembros del jurado.

Para los curiosos de la comunicación social que deseen surfear la ola de la innovación digital, resulta importante guardar espacio para reconocer las fuentes y las deudas sobre los procesos que se consideraban alternativos, urgentes y apasionados. Conversamos con Raisa Urribarrí de este periodo bisagra:  

Hace pocas décadas se hablaba de comunicación alternativa porque el acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación era excluyente y costoso. Llegó Internet y parece un tsunami. ¿Qué cambios hubo? ¿Qué elementos de la comunicación alternativa se mantienen? ­

El elemento que se mantiene vivo es la utopía. La utopía de una comunicación democrática. Si partimos de la ya larga tradición de la comunicación alternativa, ésta siempre se ha concebido como un proceso dialógico. A pesar de que los medios que se alzan sobre la red permiten la interactividad y unas mayores cuotas de participación de los ciudadanos en la emisión, que no en la incidencia, a la dupla tecnologíacomunicación la engloba otra dimensión que cualifica esta relación: la política. 
En Venezuela el panorama es bastante claro. Debido al esfuerzo hegemónico del gobierno, dirigido a la cooptación de los medios, la disidencia política encontró en los medios digitales y en las redes sociales un escape, una fisura. En ese nuevo entorno, menos controlado, es posible apreciar la emergencia de voces que bien pudiéramos llamar CONTRAhegemónicas. ¿Es una manifestación de lo alternativo? Quizá no, porque reproduce una lógica binaria de opuestos que se repelen. Quizá lo verdaderamente alternativo sea lo ANTIhegemónico, vale decir "el polílogo", la expresión pública y la incidencia política de las múltiples voces del tejido social, con sus diversos matices. Con su diversidad. Lo dicho: la comunicación democrática que sigue siendo una utopía.

Pareciera que estamos sumergidos en ella y por eso perdemos coordenadas, ¿con qué se come "la sociedad de la información" hoy? ­

Es fácil ubicarse en los extremos y observarla como una moneda incusa, con la misma cara en el anverso y en el reverso.  Pesimistas y optimistas, apocalípticos e integrados, ya han abundado bastante en descripciones benévolas o catastrofistas. A mí me interesa observar el canto de la moneda, ese centro denso que usualmente no se toma en cuenta y que está atrapado entre los extremos. Allí se concentran las prácticas, los usos sociales, lo que los ciudadanos van gestando. Sólo sobre su canto es que la moneda rueda.

¿Cómo entramos a la sociedad de la información? ­

Es un proceso en plena evolución, producto de las transformaciones del paradigma tecnológico centrado en las innovaciones informáticas con énfasis en la generación, el procesamiento, la distribución y la aplicación del conocimiento. Debemos entrar en ella con un esfuerzo comprensivo. Ningún fenómeno se puede aprovechar si no se entiende de qué se trata. Estamos en la prehistoria de este cambio de época. Una época que a mí me gustaría llamar "de la formación" que, en términos hermenéuticos, quiere decir del diálogo y de la convivencia.

El acceso a la conectividad ha sido evolutivo y por efecto de consumo de mercado. ¿Pero qué puede hacer un Estado para promover esa digitalización? ­

En primer lugar, preguntarse para qué quiere promover la digitalización y la conectividad. Parece una perogrullada, pero no. En América latina hemos visto barbaridades, como escuelas donde llegan las computadoras pero no hay electricidad. O, peor aún: no hay agua.

La digitalización de cada sujeto social está llena de historias. ¿Cuál recuerda en la zona andina? ­

La ULA tiene una hermosa y honrosa historia que he vivido en carne propia. En Venezuela los esfuerzos de conectividad comenzaron en el campo académico y mi universidad, con el Consejo de Computación Académica a la cabeza (que acaba de cumplir 25 años), marcó un rumbo importante. No sólo en nuestra institución, sino en el área andina y en las ciudades de Mérida, Táchira y Trujillo donde la ULA tiene sus tres núcleos. Se conectaron profesores, investigadores y estudiantes y eso impactó positivamente el entorno. Sobre todo porque quienes diseñaron y dirigieron esta iniciativa tuvieron claro desde un principio que el desarrollo de la infraestructura debía ser acompañado por la formación. En Trujillo, por ejemplo, a la par de llevar la red a las sedes de docencia e investigación, se abrieron laboratorios destinados a la capacitación de docentes, alumnos, personal administrativo, obrero y comunidad de nuestro entorno.

Durante los años del proyecto hegemónico del chavismo ¿qué adelantos y retrocesos hemos tenido en materia digital? ­

En estos doce años podemos diferenciar dos etapas. La primera del 2000 al 2006, de apertura; y esta segunda, que va concluyendo, de control y cierre. La muestra más evidente de ese cambio lo representa el artículo quinto de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Cuando se sancionó, en el año 2000, al sector se le consideró de "interés general"; cuando se reformó en diciembre del 2010, volvió a manos del Estado, al ser calificado de "interés público". La estatización de la CANTV en el 2007 es otra muestra. El decreto 825, del año 2000, y el 6649, del 2009, son una evidencia más. De "prioritario para el desarrollo", Internet pasa a ser de "uso suntuario" con ese decreto.  Ese golpe de timón es explícito en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista de la Nación: 2007-2013. El plan de Telecomunicaciones que de él se deriva enrumba a la nación hacia el Socialismo del Siglo XXI; el del año 2000, por el contrario -­lo señala así el texto­- la empujaba hacia la Sociedad del Conocimiento.
Es cierto que la conectividad (cifras oficiales) ha pasado del 4 al 40% en doce años, pero no se ha cualificado. Se da cuenta de muchas conexiones pero con un servicio sumamente precario. La CANTV, que monopoliza la prestación de ADSL, no reinvierte sus ganancias en el mejoramiento de los servicios y eso es grave porque afecta a la mayoría de la población que recibe un servicio de banda estrecha.

Un tema urgente son las universidades y centros educativos, ¿qué se debe hacer en materia digital para dar un salto a la sociedad del conocimiento? ­

He participado en varios procesos electorales como miembro de mesa en escuelas ubicadas en barrios pobres y deprimidos donde falta de todo, desde baños hasta bombillos. El día de las elecciones, sin embargo, esos centros se conectan al CNE y transmiten los datos en línea. ¿Por qué no dejar esos centros conectados? No digo todos, digo un grupo piloto a escala nacional. Lo que hay en Venezuela son programas y proyectos de informatización y conexión desconectados entre ellos. Por acá los infocentros, por allá los CBits... Haría falta definir una prioridad, un para qué claro y, desde allí, formular un proyecto piloto y luego, sí, ampliar, maximizar, de acuerdo con los hallazgos positivos de su implementación. ¿Por dónde más comenzar sino por las escuelas? Pero vemos chamos con canaimitas y maestros con tiza y borrador.   

Sociedad de la Información: ¿Participación sin acceso?

Justo el 17 de mayo, cuando se celebraba el Día Mundial de las Telecomunicaciones, mejor conocido como el Día de Internet, uno de los portales digitales más populares del país, La patilla, denunció haber sido bloqueado por CANTV. El miércoles pasado, durante la mañana, el dominio .ve registro una grave caída que fuentes oficiales atribuyeron a fallas en el  suministro eléctrico de los servidores de Conatel. Ambos casos, sin duda, ponen sobre el tapete los nuevos problemas que surgen en la Sociedad de la Información.  Sobre este y otros temas conversamos con la profesora Raisa Urribarrí, de la Universidad de Los Andes.

Por Layisse Cuenca

@layissecuenca

Gráficas: Edgar Alviso

¿Qué significa participar en la Sociedad de la Información?

-Participar en la Sociedad de la Información significa tener acceso a la plataforma de comunicación que se ha convertido en su columna vertebral: Internet. Como señala el profesor Antonio Pasquali, allí se da una relación pendular: no puede haber participación sin acceso. El derecho a mantener una red neutral, y la exigencia de conectividad masiva a bajo costo son asuntos cruciales que los ciudadanos deben exigir a los Estados, dice de entrada la profesora.

La investigadora y experta en esta materia afirma que en Venezuela se han ido viendo avances en ese sentido: En el año 2000 teníamos un 4% de acceso, y hoy tenemos más de un 40% según cifras oficiales de Conatel, pero —se pregunta— ¿qué pasa con el derecho del 60% restante? Además, agrega, a la brecha de acceso hay que sumarle la velocidad promedio de conexión, que es de apenas 1Mbps.  Venezuela ha venido bajando desde el 2008 sus índices de preparación para el acceso a la Sociedad de la Información. De acuerdo con  la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, pasamos del puesto 61 al 65. Eso se refleja, entre otros aspectos, en la mala calidad de las conexiones, que se han multiplicado, pero también precarizado.

¿A qué se debe esto?

La precarización, en mi opinión, es producto de la monopolización del servicio de banda ancha, pues sólo CANTV presta ASDL. Es cierto que la operadora nacional mantiene las tarifas más bajas, pero con ellas no pueden competir las privadas y, al no darse una sana –recalco, sana– competencia, las inversiones decrecen. Investigadores serios señalan que  los aportes de sector de las telecomunicaciones al Producto Interno Bruto vienen cayendo en los últimos años. La diferencia de acceso entre el centro del país y la provincia (Miranda más de un 80% Vs. Trujillo, un 16%) también es atribuible a la lógica del mercado, pues se invierte donde es rentable. El Estado debe revertir eso. Las telecomunicaciones son un entramado complejo que necesita políticas de Estado, consensuadas con el sector privado y la sociedad civil,  que garanticen conectividad de calidad para la mayoría de la población. Mejores índices de conectividad y mejores velocidades de conexión serían  dos políticas de Estado deseables para asegurar el acceso equitativo a la red. Además de la garantía sobre su neutralidad.

Masa crítica

¿Cuánto le cuesta a un venezolano una conexión promedio?

La tarifa más baja, hablo de banda ancha, significa un egreso de aproximadamente el 15-20 % del salario mínimo. Lo lógico sería que si no lo pudieras pagar,  pudieras conectarte en bibliotecas, escuelas, liceos, universidades y sitios públicos. El Estado ha hecho esfuerzos para llevar la conectividad a las zonas populares, con el programa Infocentros, por ejemplo, pero estudios serios señalan que en ellos sólo accede el 3% de la clase E. Por eso es tan importante que haya habido una declaración de los relatores internacionales para la libertad de expresión instando a los Estados y a los gobiernos a declarar el acceso a internet como un derecho humano. En realidad el derecho humano es el de la comunicación, pero esta pasa  hoy en día por tener acceso a las plataformas de telecomunicaciones que la habilitan.

¿Qué es lo que se necesita para asegurar  la defensa de ese derecho?

Masa crítica de usuarios.  El acceso a Internet es un derecho que solo se defiende si se conoce, si se ha disfrutado. Por ello siempre he insistido en que, incluso para la comprensión de estos temas, se requiere una inmersión práctica.  Internet permite la multimedialidad, la hipertextualidad, la globalización de los mensajes y, lo que para mí es sumamente importante, la interactividad. Esas cuatro características cambian todo el ecosistema mediático. Incluso, la manera de pensar la misma sociedad porque ella se transforma gracias a esos cambios. No estamos hablando de banalidades.  Estamos en medio de un cambio de época que debe ser comprendido cabalmente si queremos incidir en su rumbo.

La invención de Internet vino a cambiar  definitivamente los modelos de comunicación. Los de antes eran medios unívocos, donde existía un emisor para varios destinatarios, prácticamente mudos, sin posibilidades de retorno. Una tecnología como esta, bidireccional, lo que hizo fue abrir los canales, abrir las puertas para que ese destinatario se convirtiera en uno con posibilidad de participación y eso cambio todo,  al menos desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista social, las inequidades siguen presentes, como vemos son altas las barreras (acceso, educación, etc.). El punto crucial es cómo aprovechas esas nuevas posibilidades que se te abren para superarlas. Lo contrario es cruzarte de brazos, algo muy peligroso porque los cambios son veloces y vas a quedarte atrás.

¿Cuáles serían los mayores desafíos?

Este siglo va a estar marcado por el control de las telecomunicaciones. Quien controla las comunicaciones controla la sociedad,  y quien controla la sociedad tiende a controlar las comunicaciones que, en este siglo, encarnan en las telecomunicaciones. En los años que siguen vamos a ver de una manera cada vez más marcada, esa lucha -que ya se está dando-  por  mantener la red libre o por controlarla. En Venezuela ya lo vemos con la nacionalización de la CANTV. Por ahí pasa el 92% del tráfico nacional de Internet y su control por parte del Estado es una señal importante. A ello súmale la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley  Resorte. La primera le devolvió al Estado el control de las telecomunicaciones, y la segunda incluyó en la normativa a los mensajes que circulan por los medios digitales.  No estoy diciendo que el control de las telecomunicaciones por parte del Estado sea necesariamente negativo, pero sí hay que reflexionar sobre el porqué y el para qué se controla al Estado.

Puente de acceso a otros derechos

Para la periodista y profesora de la ULA,  cuando se priva al ciudadano de las posibilidades de acceso se le está sustrayendo de la posibilidad del ejercicio de un derecho que garantiza el ejercicio de otros más: al trabajo, al estudio...

“Quienes defendemos el libre acceso a la red nos preocupamos  cuando surge alguna iniciativa dirigida al control de la plataforma. Internet es un canal sobre el que se alzan los otros medios. Por eso debería ser neutral. Esa es la campaña que han emprendido un conjunto de activistas a escala internacional, una que por cierto acompañan sus mismos creadores, Vint Cerf y Tim-Berners Lee”.

 Nuestra utopía por una comunicación democrática, destaca finalmente la profesora Urribarrí,  nos ubica de ese lado, del de quienes trabajan porque no haya ningún mecanismo o poder que permita privilegiar o censurar el acceso y la participación de todos los ciudadanos en esta plataforma global.

Publicada en el Diario de Los Andes. 06/06/2012

Medios digitales y participación política

El Departamento de Comunicación Social y el Laboratorio de Investigación Educativa de la Universidad de Los Andes convocan a la presentación de artículos para el Volumen 5, Número 1, del Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones", correspondiente al primer semestre del año 2012, destinado a explorar la relación entre los medios digitales y la participación política.

El binomio tecnología-sociedad puede explorarse desde varias y muy diversas perspectivas. Una de ellas, sin embargo, ha cobrado renovado auge con el inicio de la segunda década del Siglo XXI: la política. Ello como consecuencia del impacto que ha tenido el uso de redes sociales y medios digitales en los procesos de cambios políticos y sociales que se observan en el Medio Oriente, concretamente las revueltas ocurridas en países como Túnez y Egipto en las cuales el protagonismo de los ciudadanos, enlazados a través de redes sociales como Facebook, o través del uso de canales de información como Twitter, ha sido relevante.

La emergencia de un nuevo infociudadano que, valido de herramientas de teleinformación, busca incidir en el espacio público es sin duda un fenómeno novedoso y necesitado de estudio y reflexión pues, como ha dicho Manuel Castells, la política se halla cada vez más encapsulada en el mundo de los medios de comunicación, adaptándose a sus códigos o intentando cambiar las reglas del juego mediante la creación de otros nuevos.

¿Qué efectos tiene el nuevo ecosistema mediático en la democracia? ¿Contribuye con el aumento de la deliberación, de la participación o de la incidencia de los ciudadanos en los asuntos públicos? De acuerdo con algunos autores, gracias a la emergencia de una vibrante ciberesfera, una mayor cantidad de ciudadanos anónimos tienen la oportunidad de interactuar y generar atención en torno a temas de su interés, de modo tal que se incluyan en la agenda mediática y política de una sociedad. Otros, por el contrario, arguyen que si bien existe mayor capacidad de habla y de relacionamiento entre los ciudadanos, ello no asegura su participación activa en la esfera pública ni su escucha o incidencia política.

Las preguntas en torno al impacto de Internet en la democracia expresan contradicciones. ¿Contribuyen las redes sociales articuladas en el ciberespacio a generar mayor participación social o nos aíslan en nuestra habitación frente a la pantalla? ¿Propician el cambio social o provocan fragmentación y dispersión? Aún más ¿qué relación existe -si es que hay alguna- entre el acceso a las TIC, los nuevos medios digitales y la participación política?

Este número de Disertaciones se propone la recepción de resultados de investigaciones, concluidas o por concluir, y de ensayos en torno a algunos temas ubicados en la intersección entre Medios Digitales y Participación Política, a saber: Redes sociales y participación ciudadana, ciberesfera pública y democracia, medios alternativos en la sociedad de la información, derechos de cuarta generación en la sociedad digital, periodismo ciudadano; medios, ciudadanía y democracia; ética en la sociedad digital, democracia electrónica y ciberpolítica , entre otros.

Asimismo se propone, en el contexto de este escenario, alentar contribuciones de fondo sobre las transformaciones que están ocurriendo en las teorías y modelos de la comunicación, así como sobre las metodologías emergentes para el estudio de estos asuntos dentro del mismo entorno digital y con las herramientas disponibles en él.

Disertaciones está indizada en Latindex, donde obtuvo la más alta calificación en los criterios de calidad científica. Los interesados en enviar contribuciones deben hacerlo a través del sistema electrónico de recepción de manuscritos donde se encuentran disponibles las normas para los autores.

La fecha límite de entrega de los manuscritos es el 30 de diciembre de 2011

Raisa Urribarrí, editora.

¿Se discutirá la ley de medios comunitarios?

     Desde principios de este año se vienen realizando consultas en relación con una ley dirigida a normar el funcionamiento de los medios comunitarios. Medios que, en el año 2000, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fueron reconocidos por parte del Estado. En agosto, un grupo de colectivos vinculados con estas iniciativas, con el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), introdujo a la Asamblea Nacional (AN), por iniciativa popular, una propuesta de ley con el apoyo de un poco más de 16 mil firmas que, posteriormente, fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral, según informó el presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la AN.  

     Aunque en varias ocasiones públicamente se ha anunciado su discusión, y se han consignado otros documentos que valoran esta iniciativa y presentan propuestas alternas, esta no se ha producido. Con el interés de ampliar el conocimiento sobre el asunto, el Diario de Los Andes (Trujillo) realizó una serie informativa de seis entregas en la que abrió sus páginas a diferentes voces: radialistas comunitarios, diputados del PSUV y de la Unidad Democrática, Cámara de la Radio, académicos de las tres universidades públicas nacionales con mayor tradición en el área de comunicación social, así como otros actores y protagonistas de iniciativas de comunicación alternativa, educativa y popular. 

     Para la realización de la serie tuvimos la responsabilidad de ofrecer un breve esbozo inicial, acopiar la documentación disponible y contribuir con la selección de vocerías. Lamentablemente, no todas las fuentes que sugerimos consultar accedieron a ello, pero el conjunto de trabajos, en líneas generales, cumple con el objetivo compartido, entre el Diario y nosotros, de informar con equilibrio y equidad. Agradecemos a la colega Paula Rivero, coordinadora editorial del periódico, y a Amílcar Trejo, responsable de los trabajos, su receptividad y compromiso. Igualmente a Henry Quintero, editor gráfico corporativo, por su inagotable paciencia con esta colaboradora. Aquí están todos los textos, en el orden en el cual aparecieron publicados.

Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet (01/06/2011)

De los principios generales (1, a):

"La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad..."

Ver el texto completo aquí

Aumentan y se diversifican las amenazas sobre Internet

“Nuevas tecnologías, innovación en los modos de represión” se titula la introducción al informe Libertad en la Red 2011, un estudio publicado recientemente por la organización Freedom House (FH), según el cual la libertad de expresión y prensa en Internet correría riesgos en Venezuela.

Esta es la segunda investigación que realiza FH para calibrar el estado de la red a escala global. El informe del año 2009 examinó 15 países y de América Latina sólo figuraron Cuba y Brasil. El actual presenta los resultados de 22 más, para un total de 37. Entre los latinoamericanos se cuentan, además de los dos anteriores, México y Venezuela.

En líneas generales, internacionalmente la propagación e intensificación de los controles de Internet sigue cuatro patrones bien definidos: bloqueo de contenido político relevante, ciberataques contra sitios críticos, control de la infraestructura de telecomunicaciones y manipulación de la información disponible en línea.

Los resultados globales revelan que un número cada vez mayor de gobiernos se está moviendo para regular o restringir la libre circulación de información en Internet. Incluso en países como Corea del Sur y el Reino Unido la red es vapuleada a través del acoso judicial, la censura o la vigilancia.

No obstante, el informe también señala que, aunque las amenazas aumentan y se diversifican, igualmente lo hacen las iniciativas de ciudadanos y activistas que ensayan y encuentran formas de eludir las restricciones y de usar las diversas herramientas disponibles en la red para promover la democracia y los derechos humanos.

La metodología del estudio se basa en el escrutinio de un conjunto de cien indicadores clasificados en tres categorías: obstáculos para el acceso, límites en el contenido y violación de los derechos de los usuarios. Los resultados permiten agrupar a los países en tres segmentos: con libertad en la red, parcialmente libres y sin libertad.

Ocho países aparecen en el tope, con Estonia y Estados Unidos a la cabeza, y once en la base, con Irán, Burma y Cuba disputándose el foso. Venezuela se ubica en el medio, junto con diecisiete más y, según los hallazgos, comienza a mostrar “signos iniciales de control de Internet por motivos políticos”.

Ya en los preliminares, de un texto de casi 150 páginas, las investigadoras Sanja Kelly y Sarah Cook mencionan este dato y advierten que, si bien en nuestro país las restricciones a los medios de radiodifusión habían crecido en los últimos años, la red se había mantenido relativamente libre de control.

Aunque hasta la fecha no se han detectado casos de filtrado a gran escala, o detenciones masivas de ciberactivistas, sí se nota “el esfuerzo por intimidar a los sitios web para que censuren los comentarios de sus usuarios”, afirman. Un riesgo adicional a futuro lo supone la posible aplicación discrecional de la ley Resorte, reformada en diciembre pasado, que insta a los operadores de las redes de telecomunicaciones a convertirse en censores.

Entre los eventos más relevantes asociados a un posible bloqueo mencionan un caso puntual: la dificultad que se tuvo para acceder a ciertos blogs alojados en la plataforma de Wordpress y al portal Noticiero Digital (inaccesible desde Venezuela a través de CANTV) durante los días cercanos a las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010.

El informe señala una arista crítica: la imposibilidad de comprobar la responsabilidad del gobierno, u otros agentes, en estos casos. Subraya que estos son eventos preocupantes en un país donde no existen contrapesos entre los diferentes poderes del Estado y que carece de instituciones independientes ante las cuales propietarios, usuarios y productores de contenido pueden tramitar sus quejas, pues el organismo regulador del sector, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), depende del poder ejecutivo a través de la Vicepresidencia de la República.

De cara a las próximas elecciones presidenciales del 2012, el estudio sugiere que podría “aumentar la censura y el hostigamiento a los medios digitales y a los usuarios de Internet”. De concretarse este vaticinio, el gobierno estaría bien apalancado, pues en Venezuela, “aunque hay 25 operadores de telecomunicaciones, es la CANTV, estatizada en 2007, la compañía que monopoliza el servicio de banda ancha y controla más del 90 por ciento del mercado de Internet”. Movilnet, por su parte, lidera el mercado de la telefonía móvil.

El informe completo se puede revisar aquí

Publicado en CódigoVenezuela y Diario de Los Andes

#GenteEnRed: una opinión desde el país invisible

A raíz de los sucesos de Medio Oriente, una pregunta circula insistentemente entre investigadores, políticos y activistas: ¿Estimulan las tecnologías de información y comunicación (TIC), la Internet y las redes sociales la participación política?

En nuestra opinión, la respuesta pasa por el rastreo de discusiones pasadas, sostenidas al calor del surgimiento y auge de Internet (la 1.0) en el seno de las llamadas comunidades virtuales que no otra cosa, aunque más complejas, son las estructuras hoy definidas como redes sociales.

Nos referimos a una abundante cantidad de estudios, documentales y empíricos, desarrollados por centros de investigación, ONG y organismos internacionales que, cobijados bajo el rótulo de ICT4D (TIC para el Desarrollo) o el de Community Informatics (Informática Comunitaria) tenían, entre otros propósitos, establecer correlaciones entre el uso de las TIC y su impacto en el desarrollo humano, social o comunitario.

Una revisión a fondo de estos informes, que abarcan más de una década, resulta una tarea difícil y abrumadora, pero buceando entre ellos se desprende que una pregunta como la formulada al principio pasa, en primer lugar, por considerar la existencia de una tríada indisoluble: acceso, participación e incidencia. Porque una cosa es el acceso a las TIC, otra su uso y, una más, su apropiación, vale decir, su utilización estratégica, como sería la creación y/o utilización de redes sociales con fines de incidencia política.

En Venezuela, aunque según las estadísticas el acceso a Internet (plataforma en la que anidan estas redes) se ha ampliado, los estudios señalan que su uso se asocia mayoritariamente con lo lúdico, con el entretenimiento. Es decir, se accede a los recursos, se participa en ciertos espacios de forma activa, pero no siempre en el sentido político del término. Puede haber más acceso, más uso, pero no, necesariamente, una mayor incidencia en el ámbito político. Viéndolo de otra forma, supone afirmar una obviedad: también puede haber participación e incidencia política, al margen del acceso a las TIC.

Existe, sin embargo, una creciente porción de ciudadanos -los llamados infociudadanos- interesados en participar en los asuntos públicos y esto se hace bastante evidente en este tipo de redes sociales. Pero una cosa es participar y otra, muy distinta, incidir. La participación que nace en esta suerte de ciberesfera pública puede generar incidencia cuando las redes presenciales y virtuales se combinan recíprocamente. Son las llamadas blended networking, o redes que combinan ambas facetas, pero que esa sinapsis se produzca depende de asuntos de fondo, del contexto y de la tecnología, no solo de esta última.

Lo que vimos en Medio Oriente, como lo describió Manuel Castells, fueron “revueltas cogeneradas sin estrategia central” que multiplicaron a lo interno las protestas y, paralelamente, le dieron alta visibilidad más allá del Norte africano. Eso tiene un indudable valor, como ya vimos, pero quizás no sea el más importante, el de más largo plazo, como el que concibe el uso de las TIC atado al concepto de participación y construcción ciudadana.

En Venezuela, lamentablemente, pocos actores políticos reconocen la centralidad de este asunto. Aunque hay señales positivas, como las iniciativas realizadas en Caracas bajo el auspicio de @chacaodigital, la gran mayoría aún no lo percibe así, a pesar de la importancia que le ha otorgado el mismo Jefe del Estado. No queremos decir que el Presidente advierta el potencial de las redes, y de canales de información como Twitter, por ejemplo, de la manera en que nosotros lo aspiraríamos, pero ha puesto el asunto sobre el tapete y ello, sin duda, es positivo.

Hoy cualquier proyecto político pasa por la búsqueda de esa articulación realidad-virtualidad. Se trata de encontrar el equilibrio entre ambas dimensiones y de saber aprovechar las ventajas que tiene cada una. Pero lograrlo no es sencillo. Se requiere un profesional formado (no sólo con experticia técnica), motivado y con capacidades para buscar información, para discriminarla, contextualizarla, otorgarle sentido, generar conocimiento y aplicarlo en áreas específicas. Cimentar ese bagaje teórico-práctico requiere tiempo y dedicación.

En Venezuela, los medios digitales, especialmente los blogs, Facebook y Twitter, se han venido convirtiendo en un espacio de difusión y deliberación de asuntos políticos y sociales, expresión de un conglomerado políticamente muy variopinto en el cual es posible advertir gradaciones, más allá del blanco y del negro (aunque los incluye) al que pretenden confinar a los ciudadanos los extremos en confrontación. De manera tibia, en algunas ocasiones circunscritas al mismo ámbito comunicacional, este conjunto ha revelado su potencial. ¿Estará preparado para dar otro paso? ¿Serán nuestros políticos capaces de advertir ese momento? Y, para finalizar, ¿No representa este grupo una apetecible porción de los codiciados NiNi?

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Internet y la academia: ¿Qué pasa con la red?

Venezuela fue pionera en la conexión a Internet en América Latina. El país comenzó su desarrollo en 1981 a través del Sistema Automatizado de información Científica y Tecnológica (SAICYT) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), con una base tecnológica X.25, que era la vigente en aquella época. Los usuarios, una ilustre cofradía que no llegaba al centenar de personas, accedían a los servicios, básicamente al correo electrónico, por medio de líneas discadas y módems con una velocidad de 9.600 baudios por segundo (bps).

Casi una década después, en 1990, la red ya alcanzaba un registro de dos mil usuarios. Conectada a Internet a través del JvNCnet en la Universidad de Princeton, a través del protocolo de interconexión TCP/IP, se funda en 1994 la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun) que comienza operaciones formales en 1995. Eran los tiempos de “Dino”, el recordado servidor del Conicit. Quien tuviera una cuenta de correo bajo el dominio dino.conicit.ve era un adelantado en una época en la que Internet estaba lejos de ser una herramienta de uso cotidiano, como lo es ahora, sino que formaba parte de un imaginario del que llegaban referencias a través del cine y revistas especializadas.

Estamos hablando de los años previos a la invención de la WEB, cuando las búsquedas comenzaban con un gracioso (nos parece ahora) gopher:// en vez de www. ¡Cuánta pasión invirtió la academia venezolana para popularizar el nuevo y poderoso invento!

No obstante, el objetivo de hacer accesible la red a un mayor número de venezolanos sólo comenzó a fraguarse en 1996 cuando, gracias al otorgamiento de siete licencias para la operación de Proveedores del Servicio de Internet (PSI) por parte de la Comisión Nacional del Telecomunicaciones (Conatel), se inicia la explotación comercial de Internet. Puede afirmarse, entonces, que en Venezuela la red entró por las puertas de la academia y que la vanguardia que mostró el país con su temprano desarrollo se debió a científicos y técnicos de nuestras universidades y centros de investigación. La Universidad de Los Andes destacó en ese esfuerzo por ser la pionera, en 1992, con la creación de RedULA. Los nombres de José Gregorio Silva, Edmundo Vitale, Luis Núñez, Ermanno Pietrosemoli y Edgar Chacón, profesores de las Facultades de Ciencias e Ingeniería, ocupan las primeras líneas de esa historia.

En marzo del año 2000 Reacciun -que era una Asociación Civil sin fines de Lucro- pasa a ser administrada por el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), ente tutelado por el recién creado Ministerio de Ciencia y Tecnología. Según declaraciones del primer titular de ese despacho, Carlos Genatios, el CNTI tenía entre sus objetivos dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 825, que declara el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo económico, social y cultural del país.

Siete años después, la gestión de la Red Académica Nacional fue asumida por la Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT), organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI)

En la actualidad, según reza en su portal, Reacciun no sólo interconecta instituciones de educación superior y centros de investigación, sino organismos nacionales dependientes del MCTI. Su espina dorsal (backbone) la componen 4 nodos enrutadores principales ubicados en Caracas, que se sirven de la operadora nacional (CANTV) con enlaces de anchos de banda que van de 34Mbps a 100 Mbps, para el acceso de redes avanzadas; y desde 512Kbps a 100Mbps, para acceso a Internet comercial o global.

Reacciun es miembro de la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (Red CLARA) una Organización de Derecho Internacional sin fines de lucro dirigida a promover la investigación, la innovación y la educación mediante el uso de redes de telecomunicaciones. A través ella, la red académica nacional se conecta a otras redes de América Latina con un enlace de 45 Mbps, que a su vez la articula con las Paneuropea Geant2 y la asiática Apan. También dispone de un enlace de 155 Mbps, conocido como Internet2, que la conecta a Estados Unidos.

Se supone que a través de Reacciun los académicos, profesores e investigadores de los diferentes centros de investigación y universidades del país, podemos acceder a velocidades de conexión superiores a las que brindan los proveedores comerciales de acceso a Internet y disfrutar de los servicios de telecomunicaciones avanzadas que exigen nuestras labores. La realidad, sin embargo, es una muy distinta. La pregunta que corre por casa es: ¿Qué pasa con la red? En posteriores entregas trataremos de asomar algunas respuestas.

Publicado en el Diario de Los Andes, 18/02/2011

Cable Venezuela-Cuba: ¿a prueba de tiburones?

El martes pasado llegó las costas de Siboney, Cuba, la punta norte del cable de 1630 kilómetros de largo cuyo extremo sur se encuentra sembrado en Camurí, una de las playas del estado Vargas, desde el pasado 22 de enero. Con una capacidad de 640 gigabytes, el cable de fibra óptica, que pudiera multiplicar por 3000 la velocidad de transmisión de datos, imágenes y voz de que dispone actualmente Cuba, ha sido fabricado a prueba de tiburones, según se lee en una nota difundida por la revista Cuba Socialista, órgano informativo del comité central del Partido Comunista Cubano.

El proyecto, denominado Sistema Internacional de Telecomunicaciones ALBA1, con un costo de aproximadamente 70 millones de dólares, ha sido ejecutado por Shanghai Bell, una filial de Alcatel-Lucent con sede en China, y será administrado por Telecomunicaciones Gran Caribe, una empresa cuya propiedad es 60% venezolana y 40% cubana.

Pero una cosa es la conexión a la red y otra, muy distinta, la infraestructura que permitirá el acceso a los servicios, Cuba adentro. Ya lo ha dicho el viceministro de Informática y Comunicaciones cubano Jorge Luis Perdomo: el cable tendido desde Venezuela no será una "varita mágica" para llevar la Internet a las casas de los cubanos, pues todavía hacen falta inversiones en la infraestructura de redes.

De acuerdo con el profesor de la Universidad Estatal de California Larry Press, estudioso del proceso de adopción de Internet en Cuba, mientras la red de datos consistía sólo en conectividad asíncrona UUCP a la información Soviética, a través de enlaces X.25, se mantuvo por “debajo del radar”, pero cuando, a pesar del bloqueo, se produjo la conexión a Internet vía satélite, ésta comenzó a ser objeto de escrutinio y surgió una fuerte divergencia de criterio entre los líderes políticos de la isla, como se hizo evidente en una Sesión Plenaria del Comité Central del Partido Comunista.

Mientras Carlos Lage, entonces secretario del Consejo Ejecutivo de Ministros, enfatizaba sobre la necesidad de promover el uso de Internet para enfrentar los desafíos científicos y los cambios tecnológicos, Raúl Castro alertaba sobre su potencial utilización subversiva por parte de los opositores políticos. En medio de aquellos debates, fechados en 1997, el control de Internet se impuso como política y el gobierno optó por contener la expansión de la red, manteniéndola reducida y con un estricto control sobre el contenido y el acceso.

A principios de 2008, Cuba autorizó la compra de computadoras personales y el acceso a proveedores de Internet con permiso del gobierno, pero un equipo básico cuesta un promedio de 780 dólares, una hora de conexión entre 10 y 15 y el salario promedio mensual no llega a los 20. De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el índice de penetración apenas sobrepasa el 10%, cifra que incluso ha sido calificada de abultada.

Según un despacho de la agencia informativa Reuters, en la inauguración de una conferencia el viceministro de Informática y Comunicaciones cubano dijo que el gobierno tiene como meta seguir desarrollando el sector de las telecomunicaciones en función del desarrollo económico y social del país, incluyendo a todos los actores de la sociedad.

La llegada del cable submarino a las costas cubanas coincide con el impulso de algunas reformas. ¿Hacia dónde se mueven estos cambios? Algo interesante de ver en un futuro próximo es la manera cómo el gobierno manejará la multiplicación de la conectividad y si ello va a afectar, y de qué manera, los cambios económicos y sociales que progresivamente se producen en la isla

De acuerdo con declaraciones del presidente Hugo Chávez, el financiamiento del proyecto proviene de un préstamo hecho por China y ello, según Press, no es un asunto menor dado que desde 2008 este país es el segundo socio comercial de Cuba y el mayor importador de sus productos. Según Stefan Harper, autor del libro El Consenso de Beijing, referido por el investigador norteamericano, entre la democracia de mercado y sus libertades, y el autoritarismo de mercado y la mejora de las condiciones de vida (aunque con límites en la libertad de expresión), la mayoría de los países en busca de desarrollo tienden a preferir el modelo autoritario.

¿Cuál será el papel de China en la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones cubana? Más aún ¿cuál será su papel en el aggiornamento del modelo político de la isla? ¿Qué más circula por ese cable entre Cuba y Venezuela? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla?

La foto es de la agencia EFE.

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La comunicación alternativa se desliza a la red

Quienes nos dedicamos al estudio de la comunicación alternativa nos vemos en aprietos cuando acudimos a congresos en el exterior y somos interrogados por nuestros pares sobre el “estado del arte” de este asunto en Venezuela.

Uno de los datos que más gratamente sorprende a nuestros colegas es la gran cantidad de medios comunitarios que existen en el país. Como se sabe, el discurso oficial los promueve como la alternativa popular a la hegemonía de los medios privados.

Lo que más allá de nuestras fronteras poco se conoce es que más o menos así era el asunto en esta Tierra de Gracia hasta el año 2000 y que en la última década, gracias a una clara política gubernamental, emergieron como hongos una enorme cantidad que opera como altavoz gubernamental, práctica antagónica a la tradición alternativa.

Puestos frente a la aclaratoria, nuestros colegas usualmente insisten. Pero entonces, ¿Qué tipo de prácticas sobreviven en ese terreno tradicionalmente ocupado por quienes buscan equilibrios mediáticos, vale decir también, sociales, culturales y políticos?

A falta de mejor respuesta, respondo que mientras el gobierno avanza en la consolidación de su hegemonía comunicacional, en un clima de abierta polarización política, los medios digitales y las redes sociales, especialmente los blogs, Facebook y Twitter, se han venido convirtiendo en espacios para la difusión y activa deliberación de asuntos políticos y sociales, un entorno variopinto en el cual es posible advertir gradaciones, más allá del blanco y del negro al que nos pretenden confinar los extremos en confrontación.

Ello es consecuencia, argumento, de la multiplicación del número de usuarios de Internet que sobrepasa los diez millones. En Venezuela el índice de conectividad pasó del 3.38 % en el año 2000, al 34.67 % en el tercer trimestre de 2010, de acuerdo con las estadísticas de CONATEL. Es el tercer país con más usuarios de Facebook en Latinoamérica, el tercero con mayor penetración de Twitter en el mundo y el que ocupa la primera posición en el uso de este recurso en español. Para el año 2012 se calcula que más de la mitad de la población disfrute de algún tipo de conexión.

A partir de 2007, junto a movilizaciones juveniles de calle orquestadas a través del uso intensivo de SMS, han sido notables las campañas emprendidas en la tuitosfera. La primera de ellas, efectuada en marzo de 2009, fue etiquetada como #internetlujo y estuvo destinada, justamente, a defender la vigencia del decreto 825 que declara el uso prioritario de la red. Posteriormente, se produjo #FreeMediaVe como protesta por el cierre de una treintena de emisoras de radio y en contra del proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos, elaborado por la Fiscalía, que finalmente no fue presentado para su discusión en la Asamblea Nacional. A finales del 2010, las acciones legislativas dirigidas a fortalecer la censura sobre los medios radioeléctricos y electrónicos produjeron otras “cibermanifestaciones”.

Al norte de América del Sur, les cuento, comienzan a emerger un conjunto de nuevas prácticas de activismo digital que, como las del norte de Africa, pueden ser descritas -parafraseo a Manuel Castells- como revueltas cogeneradas sin estrategia central. ¿Es esta la figura actualizada de nuestra vieja y noble comunicación alternativa? Aún es pronto para responder. Por lo pronto, el Ministro de Información y Comunicación ya ha manifestado la urgencia de “enfocarse” en la web, pretensión que, sin duda, requerirá habilidades multifocales. Porque al menos que se opte por el desenchufe, como recientemente ocurrió en Egipto, es muy difícil, por no decir imposible, imponer hegemonías en un territorio minado de fisuras.

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Redes sociales y autocracias: de la intimidación al bloqueo

Para los gobiernos de tendencia autoritaria la ampliación del acceso a la Internet significa un serio desafío. ¿Cómo censurar las redes sociales y al mismo tiempo mantener una fachada democrática?
Las protestas en El Cairo contra el gobierno del presidente Hosni Mubarak llevaban ya varios días. El 18 de enero un joven de 25 años había muerto tras inmolarse en Alejandría. Tres egipcios más se habían prendido fuego: dos en El Cairo y uno en la zona del canal de Suez. Según observadores, los manifestantes imitaban el comportamiento del joven Mohamed Bouazizi quien, con un sacrificio similar, semanas atrás había desatado las protestas que desembocaron en la huida del dictador tunecino.

El descontento popular y las demandas contra el régimen de Mubarak, con casi 30 años en el poder, venían en aumento. Y por motivos no pueriles. Durante el año pasado se duplicó el precio de los alimentos y existen sospechas infundadas acerca de los últimos comicios parlamentarios: se presume que fueron amañados de forma flagrante.

Tiempos raros estos, la noticia de esta semana -sin embargo- no ha sido los abusos de un régimen autoritario y las protestas en su contra, sino los métodos utilizados por los manifestantes. Según diversos analistas, la escalada del descontento en Egipto fue producto del uso estratégico de las herramientas de telecomunicación en manos de opositores emergentes, especialmente jóvenes, que organizaron, coordinaron y difundieron las convocatorias a través de redes sociales como Facebook y Twitter.

Existen divergencias de criterio en torno al efecto real de los nuevos medios en las protestas populares, como las sucedidas en Irán, Túnez y ahora Egipto, países en los cuales el acceso a Internet es restringido y vigilado. Sin embargo, la opinión más extendida y aceptada es que éstas no funcionan como disparadores si no cuentan con un piso político y organizativo de fondo.

Entre otros, el investigador de la Universidad de Stanford Timothy Garton Ash ha subrayado que las tecnologías de información y comunicación obviamente no provocan cambios por ellas mismas, pero que, en efecto, contribuyen a potenciarlos. En el caso egipcio, un hecho habla por sí solo: tanto Twitter como Facebook fueron bloqueados.

En el año 2008, la penetración de Internet en el país árabe era del 13 por ciento. Al año siguiente casi se duplicó. Según el informe de la organización Freedom House del año 2009, como otros gobiernos de corte autoritario, el egipcio, a la par que ha desarrollado políticas dirigidas a ampliar el acceso a la Internet, se ha ocupado de mantener una vigilancia constante sobre el uso que se hace de sus servicios para la difusión de información política sensible.

Métodos como la intimidación, los procedimientos legales poco transparente, las detenciones arbitrarias y la misma vigilancia a los activistas en línea, constituyen prácticas cotidianas en el país africano. En Egipto no existen leyes que otorguen al gobierno el poder de censurar Internet; por el contrario, la Constitución garantiza la libertad de expresión de sus ciudadanos y la Ley de Telecomunicaciones el derecho a la privacidad. Sin embargo, artículos del Código Penal y de la llamada Ley de Emergencia, en vigor desde 1981, le confieren discrecionalidad para controlar y censurar todas las comunicaciones. Adicionalmente, algunas enmiendas a la Ley de Prensa aprobada en 2006 tipifican como delito el difundir noticias falsas y criticar al jefe del Estado, delitos que, según dictamen de los tribunales, también aplican a los medios en línea.

El 26 de octubre de 2005, el bloguero Abdel Karim Nabil (conocido como Karim Amer), fue arrestado por la agencia egipcia de seguridad acusado de difundir en mensajes anti-religiosos. Fue detenido durante doce días y confiscados sus libros y escritos personales. En noviembre del año siguiente fue nuevamente detenido hasta que el 22 de febrero de 2007, a los 22 años, fue el primer bloguero egipcio condenado a prisión (por cuatro años) bajo los cargos de "insultos al Islam y al presidente”. Posteriormente, agentes de seguridad detuvieron a Abd al-Monim Mahmud, quien permaneció detenido durante 47 días por el supuesto delito de pertenecer a una organización política prohibida. En abril del 2008, la arrestada fue una mujer de 29 años, Isra Abd al-Fattah, acusada de usar la red social Facebook para llamar a una huelga general. Por la misma razón fue detenido en mayo el activista opositor Ahmed Maher.

Como se ve, la ampliación del acceso a la Internet pone a los regímenes autoritarios en una seria disyuntiva; por ello algunos gobiernos, interesados en brindar y mantener una fachada democrática, optan en un primer momento por el acoso y la intimidación a los díscolos usuarios. Cuando ya la espiral se desborda, viene el bloqueo. Esta vez el turno le tocó a Egipto y a Mubarak, pero -sin duda- hay varios más en la lista de espera.

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¿Cómo tuitean los periodistas venezolanos?

En tiempos como los que corren, en los cuales la privacidad se ha hecho asunto público gracias a la proliferación de medios y redes sociales, al menos un par de preguntas comienzan a despuntar entre los profesionales de la comunicación social: ¿Cuáles son los deberes y límites de los periodistas cuando se expresan en estos medios en tanto simples ciudadanos? ¿Es que acaso sus responsabilidades como informantes públicos les marcan una pauta a la hora de interactuar como gente de a pie?

Las respuestas no son sencillas. Quizás sean hasta imposibles en una época en la que se mueven, al mismo tiempo y con gran velocidad, tantos y tan disímiles elementos novedosos. Lo evidente es que las redes sociales, por su facilidad de uso, han contribuido con la exposición pública de los trabajadores de los medios, no ya como voceros de uno en particular, sino como ciudadanos con opiniones propias que, obviamente, no tienen por qué coincidir con las posturas editoriales de las empresas en las cuales trabajan.

En una situación ideal, no se deberían confrontar problemas, pero -se sabe- una cosa son los intereses de los medios y otra, muy distinta, los de los periodistas. En algunos casos son coincidentes, pero en otros no. Y cuando sucede esto último puede haber represalias contra quienes manifiestan, de manera personal y al margen de los medios que los emplean, opiniones divergentes. Tal fue el caso, en julio pasado, de la periodista Octavia Nasr, despedida de su cargo como editora para Medio Oriente de CNN -en el que tenía 20 años- por haber manifestado en un tuit su pesar por la muerte del gran ayatolá del Líbano Mohammed Hussein Fadlallah.

¿Qué debemos hacer los periodistas? ¿Autocensurarnos? ¿Apelar al uso de un seudónimo para llevar, digamos, una cierta vida paralela con más oxígeno? ¿Es eso ético? ¿Sería esto tolerable por los medios?

Empresas informativas de alcance global como la agencia Reuters, o medios con influencia internacional, como The Guardian, ya cuentan con políticas explícitas al respecto, pero en Venezuela aún es un asunto poco tratado. Afortunadamente vemos como periodistas de diversos medios y fuentes parecieran haber desarrollado, motu proprio y sin guiatura, una manera conveniente y original de desenvolverse en este canal informativo sin mayor protocolo y, hasta ahora, sin consecuencias que lamentar.

En Facebook, por ejemplo, hemos observado que algunos colegas han discutido abiertamente (y con no poca sorna y justificada inquina) asuntos relativos con su precaria contratación laboral, bajos sueldos y malas condiciones de trabajo. Que sepamos, no ha habido ni despidos ni sanciones a causa del ejercicio de esta cuota de libertad. En Twitter, muchos colegas informan dónde trabajan, pero en una búsqueda (apurada, debo confesar) sólo conseguí a uno que en su biografía, especificara, como la productora audiovisual y periodista de El-Nacional.com Angie Rodríguez, que la suya es una cuenta “PERSONAL y no representa al medio en el que trabajo”.

El rastro que dejamos los periodistas en las redes, querámoslo o no, lo hagamos ex profeso o no, genera opiniones que, en algún momento, puede operar a nuestro favor o en nuestra contra. Especialmente si llegáramos a vernos en el ojo del huracán, como le sucedió a la venezolana Andreína Flores, quien actuando como corresponsal de la agencia AFP hiciera una incómoda pregunta al Presidente Hugo Chávez luego del 26S. Como pudimos notar, al hacerse público su nombre de usuario, cierta jauría se dispuso a explorar en su timeline y a registrar sus opiniones para, a partir de ellas, cargarse en su contra por una supuesta “falta de objetividad”.

¿Qué debemos hacer en las redes? ¿Mantenernos como una suerte de seres angélicos sin opiniones? ¿Es eso posible? ¿Dejamos de usarlas? ¿Nos limitamos a tratar temas ajenos a nuestras fuentes profesionales?

Recientemente, en un webinario dirigido por Bárbara Yuste para la FNPI sobre la gestión de la identidad periodística en la red, una joven venezolana recién titulada, pero con varios años de vida digital y cierta identidad ya establecida, preguntó: ¿Es decir que cuando entre a trabajar a un medio no voy a poder ser yo? No hubo respuesta para ella porque, volvemos al principio, no es fácil.

Lo único que podemos deslizar, a falta de mejor consejo, es que resulta una práctica sana el mantenernos a nosotros mismos bajo permanente vigilia. Pensar muy bien lo que escribimos. Y cómo. Cuidar cada tuit, cada actualización en Facebook, cada línea de nuestro blog. Porque somos ciudadanos, sí, pero unos ciudadanos con responsabilidades muy especiales derivadas de nuestra profesión. Y una identidad digital, esto es: exponencialmente pública.

Si algo bueno traen las redes sociales a los medios es audiencia. Y la audiencia necesita conversar, tener un interlocutor del otro lado. Y ese interlocutor no puede ser de palo. Por ello, en relación con las empresas en las cuales trabajamos, lo ideal es reflexionar sobre este asunto, documentarnos con experiencias de otras latitudes y construir una batería argumental que nos permita discutir con criterio propio las normas que trataran de imponerse. No tardan en llegar.

*Agradezco a la colega Estrella Gutiérrez, de la agencia de Noticias Inter Press Service, el ameno diálogo sobre este tema que quedó recogido en esta nota.
Publicado en Código Venezuela.

El giro ¿en las telecomunicaciones?

Ayer se aprobó en primera discusión una Ley que, sin duda, marcará una involución en torno a la promoción del acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del país, tal y como establece el Decreto 825 del 22 de mayo del año 2000 que, aunque no ha sido derogado, queda prácticamente sin efecto.

Y es que cumplir con los objetivos de ese Decreto, redactado en correspondencia con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) que acaba de reformarse, suponía la existencia de un régimen jurídico que garantizara, entre otras cosas, que tanto la explotación de las redes como la prestación de servicios de telecomunicaciones fueran considerados de interés general y no de interés público, como lo establece el "nuevo" texto que lleva al país de vuelta al Reglamento de Telecomunicaciones de 1940, instrumento legal anterior a la LOTEL.

Pasaron nada menos que 60 años para que nuestro país, en sintonía con el desarrollo global de las telecomunicaciones, adecuara su marco jurídico y lo hizo ajustado a preceptos constitucionales plenamente vigentes expresados en los artículos 108 y 110, entre otros.

Uno de los aspectos más celebrados de esa, entonces, novísima Ley, ampliamente consultada por Conatel con las empresas agrupadas en la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL), fue justamente que abría las puertas a la inversión del sector privado en un área económica que prontamente pasó a ocupar el segundo lugar en importancia después del petróleo. Gracias a sus disposiciones se incrementaron sensiblemente las inversiones en el área y los aportes de ésta al PIB lo que trajo, como lógica consecuencia, que en una década Venezuela pasara de un 3,8% a más de un 35% de conectividad a Internet.

Ahora, con la reforma de la Ley ya aprobada en primera discusión, se establece en el artículo 16 que “El órgano rector, cuando lo estime conveniente y teniendo en consideración el interés público de la Nación, podrá otorgar concesiones a particulares y a las comunidades organizadas para la prestación de los servicios de telecomunicaciones reservados al Estado…” con lo cual, es obvio, pasa a monopolizar en exclusiva -valga la reiteración- la prestación de estos servicios.

Con la re-nacionalización de la CANTV, en el año 2007, Venezuela anunció el giro que se daría en el sector de las telecomunicaciones. A finales del 2010, con la reforma de la Ley, lo concretó. De allí, obviamente, que la inclusión o no de un Punto de Acceso a Internet (NAP, por sus siglas en inglés) perdiera relevancia. En realidad, con el monopolio del carrier (CANTV), que concentra más del 80% del tráfico, éste se hace innecesario. Existe de facto.

En el año 2008 se filtró a la prensa el borrador de una Ley de Telecomunicaciones que finalmente nunca se aprobó. Fue discutido ampliamente entre académicos, empresarios y organizaciones sociales que a través de diversas vías hicieron circular públicamente sus críticas y propuestas. Dos años después, en menos de una semana se da a conocer -y se aprueba- una reforma que cambia, como ya dijimos, las reglas del sector. La importancia del asunto obligaba a un mínimo de transparencia. Al menos si la Constitución, que consagra a la República Bolivariana de Venezuela como una sociedad democrática, participativa y protagónica, conservara algo de vigencia.

Publicado en el Diario de Los Andes, 16/12/2010 y en Código Venezuela
*Hemos corregido una fecha inexacta ofrecida en una primera versión. El reglamento de telecomunicaciones data de 1940 (no de 1936) Es en 1953 cuando el Estado compra la totalidad de las acciones de CANTV, la cual es privatizada en 1991 y re-nacionalizada 16 años después (2007).