Venezuela: sigue declinando la libertad en la red

Venezuela es uno de los cinco países donde la libertad en la red ha declinado de forma continua en los últimos cinco años.

El informe “Libertad en la Red” (en inglés, Freedom on the Net) es el producto de una investigación realizada anualmente por la organización Freedom House desde el año 2011. El reporte, que en la actualidad incluye la evaluación de 65 países, se obtiene de la aplicación de una metodología basada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ofrece un panorama global acerca de las libertades de los ciudadanos en la red. Asimismo, señala las amenazas que se observan para el ejercicio del derecho a la comunicación y los desafíos para su defensa.

Para la realización del reporte “Libertad en la Red”, se examinan cerca de cien indicadores distribuidos tres categorías:  Obstáculos para el acceso, limitaciones a los contenidos y violaciones de los derechos de los usuarios. Cada ítem se puntúa en un rango variable. Los analistas de cada país, con la asesoría del equipo de investigadores de Freedom House, asignan puntos numéricos a cada uno de los indicadores, lo que permite un análisis comparativo entre los países y facilita un examen de las tendencias de cada uno de ellos a lo largo del tiempo. La puntuación total va de 0 (mejor) a 100 (peor). Los países que acumulan entre 0 y 30 puntos se consideran "libres”, de 31 a 60 "parcialmente libres, y de 61 a 100, "no libres".

Desde su primera edición, en el año 2011, “Libertad en la Red” incluye un capítulo sobre Venezuela. Aunque durante los seis años estudiados el país se ha mantenido dentro de la categoría “parcialmente libre”, sus índices han venido desmejorando progresivamente. Mientras que en el año 2011 obtuvo 46 puntos, en 2016 alcanzó 60, justo en el límite para ser considerado “no libre”. En el informe de este año sobresalen las dificultades para el acceso, derivadas del deterioro y el control de la infraestructura, y la cada vez más agresiva política de acoso, intimidación y violencia en contra de periodistas, activistas e infociudadanos.

Lo alternativo es lo antihegemónico

Comparto la conversación que sostuve con Luis Carlos Díaz, publicada en el diario Tal Cual

Recientemente la profesora Raisa Urribarrí, de la Universidad de Los Andes, presentó su tesis doctoral "La comunicación alternativa en la sociedad de la información: una lectura hermenéutica de la situación venezolana". La hermenéutica es el ejercicio interpretativo necesario para abordar dos fenómenos en crisis y surgimiento, los postulados de la comunicación alternativa frente a los poderes y el florecimiento de una nueva forma de comunicación masiva que empodera a la ciudadanía con herramientas digitales.

Con mi tutora y los tres miembros del jurado.

Para los curiosos de la comunicación social que deseen surfear la ola de la innovación digital, resulta importante guardar espacio para reconocer las fuentes y las deudas sobre los procesos que se consideraban alternativos, urgentes y apasionados. Conversamos con Raisa Urribarrí de este periodo bisagra:  

Hace pocas décadas se hablaba de comunicación alternativa porque el acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación era excluyente y costoso. Llegó Internet y parece un tsunami. ¿Qué cambios hubo? ¿Qué elementos de la comunicación alternativa se mantienen? ­

El elemento que se mantiene vivo es la utopía. La utopía de una comunicación democrática. Si partimos de la ya larga tradición de la comunicación alternativa, ésta siempre se ha concebido como un proceso dialógico. A pesar de que los medios que se alzan sobre la red permiten la interactividad y unas mayores cuotas de participación de los ciudadanos en la emisión, que no en la incidencia, a la dupla tecnologíacomunicación la engloba otra dimensión que cualifica esta relación: la política. 
En Venezuela el panorama es bastante claro. Debido al esfuerzo hegemónico del gobierno, dirigido a la cooptación de los medios, la disidencia política encontró en los medios digitales y en las redes sociales un escape, una fisura. En ese nuevo entorno, menos controlado, es posible apreciar la emergencia de voces que bien pudiéramos llamar CONTRAhegemónicas. ¿Es una manifestación de lo alternativo? Quizá no, porque reproduce una lógica binaria de opuestos que se repelen. Quizá lo verdaderamente alternativo sea lo ANTIhegemónico, vale decir "el polílogo", la expresión pública y la incidencia política de las múltiples voces del tejido social, con sus diversos matices. Con su diversidad. Lo dicho: la comunicación democrática que sigue siendo una utopía.

Pareciera que estamos sumergidos en ella y por eso perdemos coordenadas, ¿con qué se come "la sociedad de la información" hoy? ­

Es fácil ubicarse en los extremos y observarla como una moneda incusa, con la misma cara en el anverso y en el reverso.  Pesimistas y optimistas, apocalípticos e integrados, ya han abundado bastante en descripciones benévolas o catastrofistas. A mí me interesa observar el canto de la moneda, ese centro denso que usualmente no se toma en cuenta y que está atrapado entre los extremos. Allí se concentran las prácticas, los usos sociales, lo que los ciudadanos van gestando. Sólo sobre su canto es que la moneda rueda.

¿Cómo entramos a la sociedad de la información? ­

Es un proceso en plena evolución, producto de las transformaciones del paradigma tecnológico centrado en las innovaciones informáticas con énfasis en la generación, el procesamiento, la distribución y la aplicación del conocimiento. Debemos entrar en ella con un esfuerzo comprensivo. Ningún fenómeno se puede aprovechar si no se entiende de qué se trata. Estamos en la prehistoria de este cambio de época. Una época que a mí me gustaría llamar "de la formación" que, en términos hermenéuticos, quiere decir del diálogo y de la convivencia.

El acceso a la conectividad ha sido evolutivo y por efecto de consumo de mercado. ¿Pero qué puede hacer un Estado para promover esa digitalización? ­

En primer lugar, preguntarse para qué quiere promover la digitalización y la conectividad. Parece una perogrullada, pero no. En América latina hemos visto barbaridades, como escuelas donde llegan las computadoras pero no hay electricidad. O, peor aún: no hay agua.

La digitalización de cada sujeto social está llena de historias. ¿Cuál recuerda en la zona andina? ­

La ULA tiene una hermosa y honrosa historia que he vivido en carne propia. En Venezuela los esfuerzos de conectividad comenzaron en el campo académico y mi universidad, con el Consejo de Computación Académica a la cabeza (que acaba de cumplir 25 años), marcó un rumbo importante. No sólo en nuestra institución, sino en el área andina y en las ciudades de Mérida, Táchira y Trujillo donde la ULA tiene sus tres núcleos. Se conectaron profesores, investigadores y estudiantes y eso impactó positivamente el entorno. Sobre todo porque quienes diseñaron y dirigieron esta iniciativa tuvieron claro desde un principio que el desarrollo de la infraestructura debía ser acompañado por la formación. En Trujillo, por ejemplo, a la par de llevar la red a las sedes de docencia e investigación, se abrieron laboratorios destinados a la capacitación de docentes, alumnos, personal administrativo, obrero y comunidad de nuestro entorno.

Durante los años del proyecto hegemónico del chavismo ¿qué adelantos y retrocesos hemos tenido en materia digital? ­

En estos doce años podemos diferenciar dos etapas. La primera del 2000 al 2006, de apertura; y esta segunda, que va concluyendo, de control y cierre. La muestra más evidente de ese cambio lo representa el artículo quinto de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Cuando se sancionó, en el año 2000, al sector se le consideró de "interés general"; cuando se reformó en diciembre del 2010, volvió a manos del Estado, al ser calificado de "interés público". La estatización de la CANTV en el 2007 es otra muestra. El decreto 825, del año 2000, y el 6649, del 2009, son una evidencia más. De "prioritario para el desarrollo", Internet pasa a ser de "uso suntuario" con ese decreto.  Ese golpe de timón es explícito en el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista de la Nación: 2007-2013. El plan de Telecomunicaciones que de él se deriva enrumba a la nación hacia el Socialismo del Siglo XXI; el del año 2000, por el contrario -­lo señala así el texto­- la empujaba hacia la Sociedad del Conocimiento.
Es cierto que la conectividad (cifras oficiales) ha pasado del 4 al 40% en doce años, pero no se ha cualificado. Se da cuenta de muchas conexiones pero con un servicio sumamente precario. La CANTV, que monopoliza la prestación de ADSL, no reinvierte sus ganancias en el mejoramiento de los servicios y eso es grave porque afecta a la mayoría de la población que recibe un servicio de banda estrecha.

Un tema urgente son las universidades y centros educativos, ¿qué se debe hacer en materia digital para dar un salto a la sociedad del conocimiento? ­

He participado en varios procesos electorales como miembro de mesa en escuelas ubicadas en barrios pobres y deprimidos donde falta de todo, desde baños hasta bombillos. El día de las elecciones, sin embargo, esos centros se conectan al CNE y transmiten los datos en línea. ¿Por qué no dejar esos centros conectados? No digo todos, digo un grupo piloto a escala nacional. Lo que hay en Venezuela son programas y proyectos de informatización y conexión desconectados entre ellos. Por acá los infocentros, por allá los CBits... Haría falta definir una prioridad, un para qué claro y, desde allí, formular un proyecto piloto y luego, sí, ampliar, maximizar, de acuerdo con los hallazgos positivos de su implementación. ¿Por dónde más comenzar sino por las escuelas? Pero vemos chamos con canaimitas y maestros con tiza y borrador.   

Sociedad de la Información: ¿Participación sin acceso?

Justo el 17 de mayo, cuando se celebraba el Día Mundial de las Telecomunicaciones, mejor conocido como el Día de Internet, uno de los portales digitales más populares del país, La patilla, denunció haber sido bloqueado por CANTV. El miércoles pasado, durante la mañana, el dominio .ve registro una grave caída que fuentes oficiales atribuyeron a fallas en el  suministro eléctrico de los servidores de Conatel. Ambos casos, sin duda, ponen sobre el tapete los nuevos problemas que surgen en la Sociedad de la Información.  Sobre este y otros temas conversamos con la profesora Raisa Urribarrí, de la Universidad de Los Andes.

Por Layisse Cuenca

@layissecuenca

Gráficas: Edgar Alviso

¿Qué significa participar en la Sociedad de la Información?

-Participar en la Sociedad de la Información significa tener acceso a la plataforma de comunicación que se ha convertido en su columna vertebral: Internet. Como señala el profesor Antonio Pasquali, allí se da una relación pendular: no puede haber participación sin acceso. El derecho a mantener una red neutral, y la exigencia de conectividad masiva a bajo costo son asuntos cruciales que los ciudadanos deben exigir a los Estados, dice de entrada la profesora.

La investigadora y experta en esta materia afirma que en Venezuela se han ido viendo avances en ese sentido: En el año 2000 teníamos un 4% de acceso, y hoy tenemos más de un 40% según cifras oficiales de Conatel, pero —se pregunta— ¿qué pasa con el derecho del 60% restante? Además, agrega, a la brecha de acceso hay que sumarle la velocidad promedio de conexión, que es de apenas 1Mbps.  Venezuela ha venido bajando desde el 2008 sus índices de preparación para el acceso a la Sociedad de la Información. De acuerdo con  la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, pasamos del puesto 61 al 65. Eso se refleja, entre otros aspectos, en la mala calidad de las conexiones, que se han multiplicado, pero también precarizado.

¿A qué se debe esto?

La precarización, en mi opinión, es producto de la monopolización del servicio de banda ancha, pues sólo CANTV presta ASDL. Es cierto que la operadora nacional mantiene las tarifas más bajas, pero con ellas no pueden competir las privadas y, al no darse una sana –recalco, sana– competencia, las inversiones decrecen. Investigadores serios señalan que  los aportes de sector de las telecomunicaciones al Producto Interno Bruto vienen cayendo en los últimos años. La diferencia de acceso entre el centro del país y la provincia (Miranda más de un 80% Vs. Trujillo, un 16%) también es atribuible a la lógica del mercado, pues se invierte donde es rentable. El Estado debe revertir eso. Las telecomunicaciones son un entramado complejo que necesita políticas de Estado, consensuadas con el sector privado y la sociedad civil,  que garanticen conectividad de calidad para la mayoría de la población. Mejores índices de conectividad y mejores velocidades de conexión serían  dos políticas de Estado deseables para asegurar el acceso equitativo a la red. Además de la garantía sobre su neutralidad.

Masa crítica

¿Cuánto le cuesta a un venezolano una conexión promedio?

La tarifa más baja, hablo de banda ancha, significa un egreso de aproximadamente el 15-20 % del salario mínimo. Lo lógico sería que si no lo pudieras pagar,  pudieras conectarte en bibliotecas, escuelas, liceos, universidades y sitios públicos. El Estado ha hecho esfuerzos para llevar la conectividad a las zonas populares, con el programa Infocentros, por ejemplo, pero estudios serios señalan que en ellos sólo accede el 3% de la clase E. Por eso es tan importante que haya habido una declaración de los relatores internacionales para la libertad de expresión instando a los Estados y a los gobiernos a declarar el acceso a internet como un derecho humano. En realidad el derecho humano es el de la comunicación, pero esta pasa  hoy en día por tener acceso a las plataformas de telecomunicaciones que la habilitan.

¿Qué es lo que se necesita para asegurar  la defensa de ese derecho?

Masa crítica de usuarios.  El acceso a Internet es un derecho que solo se defiende si se conoce, si se ha disfrutado. Por ello siempre he insistido en que, incluso para la comprensión de estos temas, se requiere una inmersión práctica.  Internet permite la multimedialidad, la hipertextualidad, la globalización de los mensajes y, lo que para mí es sumamente importante, la interactividad. Esas cuatro características cambian todo el ecosistema mediático. Incluso, la manera de pensar la misma sociedad porque ella se transforma gracias a esos cambios. No estamos hablando de banalidades.  Estamos en medio de un cambio de época que debe ser comprendido cabalmente si queremos incidir en su rumbo.

La invención de Internet vino a cambiar  definitivamente los modelos de comunicación. Los de antes eran medios unívocos, donde existía un emisor para varios destinatarios, prácticamente mudos, sin posibilidades de retorno. Una tecnología como esta, bidireccional, lo que hizo fue abrir los canales, abrir las puertas para que ese destinatario se convirtiera en uno con posibilidad de participación y eso cambio todo,  al menos desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista social, las inequidades siguen presentes, como vemos son altas las barreras (acceso, educación, etc.). El punto crucial es cómo aprovechas esas nuevas posibilidades que se te abren para superarlas. Lo contrario es cruzarte de brazos, algo muy peligroso porque los cambios son veloces y vas a quedarte atrás.

¿Cuáles serían los mayores desafíos?

Este siglo va a estar marcado por el control de las telecomunicaciones. Quien controla las comunicaciones controla la sociedad,  y quien controla la sociedad tiende a controlar las comunicaciones que, en este siglo, encarnan en las telecomunicaciones. En los años que siguen vamos a ver de una manera cada vez más marcada, esa lucha -que ya se está dando-  por  mantener la red libre o por controlarla. En Venezuela ya lo vemos con la nacionalización de la CANTV. Por ahí pasa el 92% del tráfico nacional de Internet y su control por parte del Estado es una señal importante. A ello súmale la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley  Resorte. La primera le devolvió al Estado el control de las telecomunicaciones, y la segunda incluyó en la normativa a los mensajes que circulan por los medios digitales.  No estoy diciendo que el control de las telecomunicaciones por parte del Estado sea necesariamente negativo, pero sí hay que reflexionar sobre el porqué y el para qué se controla al Estado.

Puente de acceso a otros derechos

Para la periodista y profesora de la ULA,  cuando se priva al ciudadano de las posibilidades de acceso se le está sustrayendo de la posibilidad del ejercicio de un derecho que garantiza el ejercicio de otros más: al trabajo, al estudio...

“Quienes defendemos el libre acceso a la red nos preocupamos  cuando surge alguna iniciativa dirigida al control de la plataforma. Internet es un canal sobre el que se alzan los otros medios. Por eso debería ser neutral. Esa es la campaña que han emprendido un conjunto de activistas a escala internacional, una que por cierto acompañan sus mismos creadores, Vint Cerf y Tim-Berners Lee”.

 Nuestra utopía por una comunicación democrática, destaca finalmente la profesora Urribarrí,  nos ubica de ese lado, del de quienes trabajan porque no haya ningún mecanismo o poder que permita privilegiar o censurar el acceso y la participación de todos los ciudadanos en esta plataforma global.

Publicada en el Diario de Los Andes. 06/06/2012

Rapidito y sin debate se aprobó la LCPPP

La primera "discusión" de la LCPPP

¿Se discutirá la ley de medios comunitarios?

     Desde principios de este año se vienen realizando consultas en relación con una ley dirigida a normar el funcionamiento de los medios comunitarios. Medios que, en el año 2000, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fueron reconocidos por parte del Estado. En agosto, un grupo de colectivos vinculados con estas iniciativas, con el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), introdujo a la Asamblea Nacional (AN), por iniciativa popular, una propuesta de ley con el apoyo de un poco más de 16 mil firmas que, posteriormente, fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral, según informó el presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la AN.  

     Aunque en varias ocasiones públicamente se ha anunciado su discusión, y se han consignado otros documentos que valoran esta iniciativa y presentan propuestas alternas, esta no se ha producido. Con el interés de ampliar el conocimiento sobre el asunto, el Diario de Los Andes (Trujillo) realizó una serie informativa de seis entregas en la que abrió sus páginas a diferentes voces: radialistas comunitarios, diputados del PSUV y de la Unidad Democrática, Cámara de la Radio, académicos de las tres universidades públicas nacionales con mayor tradición en el área de comunicación social, así como otros actores y protagonistas de iniciativas de comunicación alternativa, educativa y popular. 

     Para la realización de la serie tuvimos la responsabilidad de ofrecer un breve esbozo inicial, acopiar la documentación disponible y contribuir con la selección de vocerías. Lamentablemente, no todas las fuentes que sugerimos consultar accedieron a ello, pero el conjunto de trabajos, en líneas generales, cumple con el objetivo compartido, entre el Diario y nosotros, de informar con equilibrio y equidad. Agradecemos a la colega Paula Rivero, coordinadora editorial del periódico, y a Amílcar Trejo, responsable de los trabajos, su receptividad y compromiso. Igualmente a Henry Quintero, editor gráfico corporativo, por su inagotable paciencia con esta colaboradora. Aquí están todos los textos, en el orden en el cual aparecieron publicados.

¿Preguntas a Conatel?

Hace algunos años comenzamos a observar con atención el desempeño de las radios comunitarias a partir de la percepción de que éstas, a contravía de su larga tradición, en vez de ser iniciativas dirigidas a democratizar las comunicaciones le estaban abonando a la polarización política. En ese entonces, nos referimos al año 2007, aunque advertíamos rasgos preocupantes, indicábamos que se necesitaban estudios más profundos, diagnósticos exhaustivos que dieran mejor cuenta de la situación.

Ya han comenzado a producirse. Dos investigaciones muy recientes, realizadas por estudiantes de la maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Zulia, ofrecen un panorama bastante completo, pues se complementan regional y temáticamente. La primera de ellas corresponde a Camilo Mora, quien analizó la participación ciudadana en la gestión de las radios comunitarias del estado Táchira; y la segunda, que examinó la situación legal de las radios comunitarias del municipio Maracaibo del estado Zulia, a un equipo encabezado por Nerio Abreu.

Los hallazgos de ambos estudios exponen con contundencia las irregularidades en las que incurren buena parte de estas emisoras. El focalizado en Maracaibo, que explora los aspectos legales, arroja como resultado que de las 32 emisoras que es posible sintonizar, apenas 6 cuentan con la habilitación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El del estado Táchira, por su lado, revela que existen 11 emisoras autorizadas, pero 21 más con solicitudes en espera desde hace varios años.

Uno de los asuntos más relevantes de estas pesquisas emerge del análisis de su programación. Mientras que en las del municipio Maracaibo despunta su cariz comercial, en las de Táchira sobresale su mayoritaria adhesión al gobierno. No es que las estudiadas en Maracaibo carezcan de ese sesgo, pero no es lo predominante, de acuerdo con lo que exponen sus autores en un artículo que, por cierto, fue favorablemente comentado el domingo pasado en el Editorial del diario Últimas Noticias.

El estudio de Mora, aún inédito, descubre en las emisoras del estado Táchira “la inobservancia del Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público Sin Fines de Lucro”, lo cual se manifiesta “en considerables programas de opinión conducidos por autoridades civiles, como alcaldes o concejales, que más allá de expresarse de forma institucional, frecuentemente lo hacen como activadores político-partidistas”. Igualmente agrega: “pocos medios poseen una programación que rescate el acervo cultural y espiritual de las comunidades (…) la mayor parte de la programación está destinada al entretenimiento”.

Ambos trabajos coinciden al señalar irregularidades y ambos apelan a la urgente intervención del ente regulador. Recomienda el de Abreu: "Resulta indispensable que el Estado venezolano, a través de Conatel, investigue plenamente las actividades que realizan las llamadas emisoras comunitarias. Solo mediante la aplicación de las leyes se podrá conseguir que lo que surgió como una alternativa al monopolio de los medios tradicionales no se convierta en espacios para la realización de las mismas prácticas de las radios comerciales". Y así el de Mora: “Consideramos que Conatel debe ser más celosa en el cumplimiento de la ley”. Lo que nosotros nos hemos venido preguntando desde el año 2007 es: ¿Qué ente, quién, quiénes, debe (n) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales?

La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel) del año 2000 dispuso en su artículo 34 que Conatel estuviera adscrita al Ministerio de Infraestructura, pero con el transcurrir del tiempo, y de forma discrecional, ésta fue migrando por varios despachos hasta quedar bajo el mandato de la Vicepresidencia de la República. Aunque la reforma hecha en diciembre pasado no aclara el asunto de su adscripción, más bien aparece como un galimatías, el artículo 40 se mantuvo intacto: en él se establece que su Consejo Directivo estará formado por el director y cuatro miembros, con sus respectivos suplentes, de libre nombramiento y remoción por parte del Jefe del Estado.

Dada la importancia de los asuntos bajo su competencia, con la finalidad de garantizar su equidad e independencia, en otras latitudes el organismo regulador de las telecomunicaciones está integrado por diversos sectores: organismos del Estado, representantes de la empresa privada, de las academias y voceros comunitarios, entre otros. El espíritu que priva es que, en medio de una dinámica plural, no se imponga el interés de un sector por sobre los otros y prevalezca el equilibrio.

Las investigaciones de campo demuestran que las radios comunitarias no están cumpliendo con el papel que la Ley y su extensa y sólida tradición les asigna. En la nota editorial de Últimas Noticias, firmada por Eleazar Díaz Rangel, se formulan varias preguntas, todas muy interesantes y pertinentes, pero por lo que hemos venido coligiendo (se titula Preguntas a Conatel) el destinatario no parece ser el más adecuado. ¿De quien -y de qué- depende que las radios comunitarias marquen una diferencia?

Publicado en Código Venezuela

Sobre la censura a medios digitales: ¿Qué veremos este año?

Cuando se intenta dar cuenta de la censura a los medios digitales, en particular, o a Internet, en general, usualmente se consignan datos acerca de sitios filtrados o bloqueados, de periodistas o activistas presos, u otras formas abiertas y deliberadas de acoso y presión. Sin embargo, en ocasiones, las restricciones son mucho más sutiles. Tanto que podrían llegar a ser invisibles dado que cuentan con la anuencia de sus propias víctimas.

Hablamos de la autocensura, consecuencia de la coacción y la intimidación, estrategias que, subrepticiamente, han venido imponiéndose en Venezuela y que podrían acentuarse en los meses por venir, al amparo de la Ley Resorte y de Telecomunicaciones, reformadas en diciembre pasado. La primera incluye la responsabilidad social de los proveedores de servicio de Internet y medios electrónicos y la segunda abre las puertas a la posibilidad de nacionalización total del sector.
Hasta ahora la amenaza sobre los medios digitales se ha hecho evidente en el hostigamiento legal de los gestores de medios y emisores finales. Los casos del portal informativo Noticiero Digital con dos investigaciones judiciales en su haber; y el de tres tuiteros imputados por, supuestamente, contribuir a exacerbar la crisis bancaria, en un par de casos, y por incitar al magnicidio, en otro, fueron emblemáticos en 2010.
Con la reforma de la Ley Resorte, la presión -puede preverse- se concentrará ahora sobre los medios, vale decir, sobre el soporte de los datos, hecho que, vinculado con la otra Ley recién reformada, la de Telecomunicaciones, abre paso a la toma de “precauciónes”* por parte de las empresas operadoras. Vale recordar que, de conformidad con el artículo quinto, la prestación de los servicios de telecomunicaciones pasa a ser considerada de interés público, por lo cual la posibilidad de una nacionalización expedita, bien de una empresa, como de todo el sector, queda abierta. Es lógico suponer, entonces, que veremos mermar las inversiones al mismo ritmo al que disminuyen las garantías jurídicas, con consecuencias nefastas para los usuarios.
A esto se le suma que el artículo segundo de la Ley Habilitante, referido a la infraestructura, transporte y servicios públicos, dispone que el Presidente de la República podrá “dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas”.
El artículo 57 de la Constitución Nacional reza que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. En lo que respecta a los medios digitales, sin embargo, la confluencia de varios factores como la estatización del principal proveedor de servicios de telefonía e Internet (CANTV), el control cambiario, la falta de equilibrio de los poderes públicos que conforman el Estado y, a partir de este año dos nuevas leyes dirigidas promover la toma de ciertas “precauciones”, como la autocensura, lo convierten en un derecho seriamente lesionado.
* Precaución. (Del lat. praecautĭo, -ōnis). f. Reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse. (DRAE)
** La foto (tomada del diario El Universal) es del profesor universitario y activista de DDHH Carlos Correa, agredido al momento de entregar en la AN una solicitud de palabra, a nombre de la Alianza por la libertad de expresión, para consignar consideraciones críticas sobre la Ley Resorte y la Lotel.
Publicado en Código Venezuela

El giro ¿en las telecomunicaciones?

Ayer se aprobó en primera discusión una Ley que, sin duda, marcará una involución en torno a la promoción del acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del país, tal y como establece el Decreto 825 del 22 de mayo del año 2000 que, aunque no ha sido derogado, queda prácticamente sin efecto.

Y es que cumplir con los objetivos de ese Decreto, redactado en correspondencia con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) que acaba de reformarse, suponía la existencia de un régimen jurídico que garantizara, entre otras cosas, que tanto la explotación de las redes como la prestación de servicios de telecomunicaciones fueran considerados de interés general y no de interés público, como lo establece el "nuevo" texto que lleva al país de vuelta al Reglamento de Telecomunicaciones de 1940, instrumento legal anterior a la LOTEL.

Pasaron nada menos que 60 años para que nuestro país, en sintonía con el desarrollo global de las telecomunicaciones, adecuara su marco jurídico y lo hizo ajustado a preceptos constitucionales plenamente vigentes expresados en los artículos 108 y 110, entre otros.

Uno de los aspectos más celebrados de esa, entonces, novísima Ley, ampliamente consultada por Conatel con las empresas agrupadas en la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL), fue justamente que abría las puertas a la inversión del sector privado en un área económica que prontamente pasó a ocupar el segundo lugar en importancia después del petróleo. Gracias a sus disposiciones se incrementaron sensiblemente las inversiones en el área y los aportes de ésta al PIB lo que trajo, como lógica consecuencia, que en una década Venezuela pasara de un 3,8% a más de un 35% de conectividad a Internet.

Ahora, con la reforma de la Ley ya aprobada en primera discusión, se establece en el artículo 16 que “El órgano rector, cuando lo estime conveniente y teniendo en consideración el interés público de la Nación, podrá otorgar concesiones a particulares y a las comunidades organizadas para la prestación de los servicios de telecomunicaciones reservados al Estado…” con lo cual, es obvio, pasa a monopolizar en exclusiva -valga la reiteración- la prestación de estos servicios.

Con la re-nacionalización de la CANTV, en el año 2007, Venezuela anunció el giro que se daría en el sector de las telecomunicaciones. A finales del 2010, con la reforma de la Ley, lo concretó. De allí, obviamente, que la inclusión o no de un Punto de Acceso a Internet (NAP, por sus siglas en inglés) perdiera relevancia. En realidad, con el monopolio del carrier (CANTV), que concentra más del 80% del tráfico, éste se hace innecesario. Existe de facto.

En el año 2008 se filtró a la prensa el borrador de una Ley de Telecomunicaciones que finalmente nunca se aprobó. Fue discutido ampliamente entre académicos, empresarios y organizaciones sociales que a través de diversas vías hicieron circular públicamente sus críticas y propuestas. Dos años después, en menos de una semana se da a conocer -y se aprueba- una reforma que cambia, como ya dijimos, las reglas del sector. La importancia del asunto obligaba a un mínimo de transparencia. Al menos si la Constitución, que consagra a la República Bolivariana de Venezuela como una sociedad democrática, participativa y protagónica, conservara algo de vigencia.

Publicado en el Diario de Los Andes, 16/12/2010 y en Código Venezuela
*Hemos corregido una fecha inexacta ofrecida en una primera versión. El reglamento de telecomunicaciones data de 1940 (no de 1936) Es en 1953 cuando el Estado compra la totalidad de las acciones de CANTV, la cual es privatizada en 1991 y re-nacionalizada 16 años después (2007).

Por una Internet de contenido libre

Una vez conocido que los Proyectos de Reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, así como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuyo contenido pretende ser discutido por la Asamblea Nacional, incluyen:

1.- El servicio de Internet y medios electrónicos en las normas de regulación de difusión de mensajes en la Ley Resorte.
2.- La declaración como servicio público, el establecimiento de redes de telecomunicaciones y la prestación de estos servicios, para cuyo ejercicio se requiere la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa en las condiciones que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Declaramos:
Nos preocupa suponer que el uso de Internet pueda ser considerado por el Estado venezolano como una actividad comparable a la que se deriva de la radio, prensa o televisión. El carácter distribuido, de libre acceso a la información y de intercambio horizontal que promueve Internet ha generado la posibilidad de construir voces alternativas a las impuestas por los medios de comunicación tradicional, sometidas en muchas ocasiones a agendas impuestas tanto por gobiernos de turnos como por intereses empresariales.
Internet ha sido considerada un bastión importante para la organización civil y la participación ciudadana en las democracias contemporáneas, dando paso a una nueva sociedad, la de la información y el conocimiento, planteando así nuevas relaciones del Estado con los ciudadanos.

Entendiendo que:

• Internet es un instrumento necesario para el desarrollo social y el libre acceso al conocimiento.
• Las características del espacio digital no son iguales a las del espectro radioeléctrico. Es inoperante, por ejemplo, regular aspectos como los bloques de horarios.
• Internet se aviene a una facultad inherente al espíritu de libertad de elección para producir y consumir contenidos.
• No existiendo capacidad técnica apropiada en Venezuela para las pretensiones de control de contenidos en Internet, se corre el riesgo de que autoridades públicas actúen de manera discrecional contra páginas e individuos que hacen su vida en la red, limitando la organización civil por esta vía para el ejercicio de la ciudadanía.
• Los códigos normativos, dispuestos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia de las Naciones Unidas dedicada a la ordenación de las tecnologías de la información y la comunicación y de la cual Venezuela forma parte, no ha logrado acordar aspectos de regulación de contenidos en Internet. Por lo tanto, no existe referencia internacional para justificar en las legislaciones internas de cada país, el desarrollo de dispositivos jurídicos que persigan el establecimiento de controles sobre los contenidos difundidos por esta vía. Hasta ahora, el acceso del usuario ha quedado totalmente fuera del ámbito de la acción reguladora del Estado en las discusiones internacionales.
• En Venezuela, la Ley de Delitos Informáticos (2001) fija responsabilidades penales a quienes violen la privacidad, obtengan y divulguen fraudulentamente datos personales o cometan ultrajes contra niños y adolescentes. Esta normativa está vigente y cumple en gran medida el propósito de la pretendida reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuyo objeto de regulación serían incluidos los mensajes transmitidos vía Internet.

Exhortamos a:

• Respetar los acuerdos internacionales y tendencias de regulación estandarizada de los que Venezuela es signataria.
• Excluir Internet de políticas regulatorias que no han sido debatidas abiertamente entre los diferentes sectores de la sociedad, específicamente en el caso de una posible discusión de Reforma de la Ley Resorte.
• Procurar políticas de buen uso de Internet, optimizando capacidades ciudadanas y educativas que promuevan usuarios críticos y capaces de autorregular decisiones en torno a la creación y recepción de contenidos.
• Establecer una comisión nacional de uso de Internet en la que participen diferentes sectores de la sociedad para evaluar impactos negativos o de excesos posibles, para discutir y acordar mecanismos de supervisión que no atenten contra su naturaleza libre y descentralizada, ni limiten la amplia posibilidad para la producción alternativa de contenidos.

Así lo suscribimos, a los trece días del mes de diciembre de 2010.
Si estás de acuerdo, firma la petición on line a la Asamblea Legislativa de Venezuela

A propósito de las #LluviasVE

Durante los deslaves ocurridos en el estado Vargas en 1999, una incipiente Internet, que había despegado hacía apenas siete años, y contaba con un magro tres por ciento de penetración, demostró tempranamente las ventajas de su correcta utilización en casos de emergencia. Una década después, con una penetración cercana al 35 por ciento y, por ende, con una población con mayor cultura digital, nuevamente se revela como un excelente medio de información y coordinación ciudadana. Más aún cuando a ella ya se le han sumado las potencialidades y facilidades interactivas de la Web 2.0.

Durante las horas más críticas del pasado fin de semana, vista la multiplicación vertiginosa de información a través de Twitter, la misma comunidad de usuarios fue descubriendo la necesidad de organizarla para hacerla más útil y efectiva. En pocas horas, ciudadanos ávidos de recibir, pero también de ofrecer información oportuna acerca de la tragedia ocasionada por las cuantiosas lluvias, crearon la etiqueta #lluviasVe para concentrar los tuits referidos a la grave situación que se vivía desde el Zulia hasta Nueva Esparta.

Menos de 48 horas después, un grupo de emprendedores y activistas de la web social se articularon y, en menos de doce horas, levantaron un portal con un mapa agregador, un sitio dinámico de participación abierta que va organizando los datos (textos y fotos) proporcionados por los usuarios en tiempo real, lo cual lo convierte, de hecho, en una excelente herramienta de monitoreo.

Según se lee en su página principal, para alimentar el sitio LluviasVE el interesado cuenta con diversas opciones de envío: 1) un correo electrónico a la dirección lluviasve@gmail.com, 2) un tuit con la etiqueta #lluviasve y 3) un reporte en la página web. Pero existe una cuarta opción para aquellos a quienes se les dificulte la conexión a la red: el envío de un mensaje de texto al número 212 con la palabra *lluvias, lo cual tiene el costo de un bolívar (más el básico y el IVA). Adicionalmente, cuentan con una página en Facebook y se coordinan en una sala de Skype.

La velocidad con la que se mueve la red, sin embargo, ocasiona siempre algunos ruidos, como el suscitado con la cuenta de Twitter. Como es natural, un tuitero interesado en el tema se apresuró a tomar el usuario @lluviasVE, con el que claramente se identifica el portal que, en consecuencia, se vio impelido a utilizar uno muy similar @Velluvias. Según informan, sin embargo, ya ambos están en contacto y colaborando.

Un detalle importante, según relata uno de sus creadores, el joven computista y profesor de la Universidad Simón Bolívar Héctor Palacios (@hectorpal), es que antes de aparecer en la página, los reportes que llegan son verificados y aprobados para su difusión por un equipo multidisciplinario de voluntarios de distinta formación, un grupo de jóvenes dispuesto a dar parte de su tiempo y conocimientos de manera desinteresada para construir un insumo informativo que puede ser utilizado libremente y sin costo alguno.

El equipo está integrado además por Illiana Muñoz, Iria Puyosa y Jorge Olivares. El grupo de voluntarios son Carolina Martínez, Elisa Totaro, Estefanía Salazar, Francisco Pérez, Guillermo Amador, Hari Offret, Holanda Castro, Magdalena Boersner, Nadia Goncalves, Naky Soto, Raitme Citterio y Yimmi Castillo.

Una de las utilidades que presta el portal, como adelanta Iria Puyosa, es que los periodistas pueden consultar la base de datos para ubicar sucesos noticiosos por categorías o ubicación geográfica; igualmente, hacer panorámicas de la situación con una fácil identificación de los incidentes registrados. Como en la realidad, en la virtualidad la lluvia (de ideas) tampoco cesa.

Publicado en Código Venezuela

Conatel: ¿Del timbo al tambo?

De acuerdo con una nota publicada ayer por la agencia oficial de noticias del Estado venezolano (AVN), la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) estará adscrita a la Vicepresidencia de la República, decisión que habría tomado el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, "en consideración de que en este momento las telecomunicaciones son un área estratégica para la democracia venezolana y para la estabilidad política del país", según informó el mismo Vicepresidente Elías Jaua.

De la importancia del organismo regulador de las Telecom no cabe ninguna duda y prueba de que las más altas intancias del gobierno están al tanto de ello son los últimos desplazamientos que ha sufrido esta instancia, un "instituto autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa" que, de acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones vigente (Art. 35), debería ser administrado por el Ministerio de Infraestructura, hoy inexistente.

Según el despacho de la AVN, antes de este anuncio "Conatel era un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte y las Comunicaciones" (Garcés), pero vale la pena recordar que éste ya había pasado por la tutela del Ministerio para las Telecomunicaciones y la Informática (Jesse Chacón) y, al cese de sus funciones (que fueron asumidas por el de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias), transferido al de Hábitat y Vivienda (Diosdado Cabello).

Dada la importancia de esta instancia, de los nombres a los cuales se asocia (Chacón> Cabello> Jaua) y la cercanía de las elecciones parlamentarias muchas suspicacias se levantan. Pero más allá de ello, una interrogante mayor nos ocupa: ¿Es legal este vaivén? ¿Puede un organismo clave, como Conatel, andar así, del timbo al tambo?

No está de más contrastar el último párrafo de la nota de prensa de la AVN:

"Esta institución durante los últimos años se ha esforzado por democratizar todo lo relacionado con las telecomunicaciones en el país. Sin embargo, sectores de la contrarrevolución han emprendido una serie de campañas para desprestigiar todas las acciones que se toman desde esta organización en pro de hacer valer el ordenamiento jurídico vigente que, constantemente, es irrespetados por canales y estaciones de radios privadas"

Con las competencias del organismo, establecidas en el artículo 27 de la Ley de Telecom vigente.

1. Dictar las normas y planes técnicos para la promoción, desarrollo y protección de las telecomunicaciones en el espacio geográfico venezolano, de conformidad con esta Ley y demás normas aplicables.
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, de las leyes que la desarrollen, de los reglamentos y demás actos que dicte la Comisión cuya vigilancia le competa;
3. Coordinar con los organismos nacionales los aspectos técnicos en materia de telecomunicaciones.
4. Proponer al Ejecutivo Nacional la designación de representantes ante organismos internacionales de telecomunicaciones.
5. Ofrecer adecuada y oportuna protección a los usuarios y operadores, cuando ello sea necesario de conformidad con esta Ley;
6. Proponer al Ministro de Infraestructura los planes nacionales de telecomunicaciones, de conformidad con las directrices establecidas en los planes nacionales de desarrollo;
7. Administrar y disponer de su patrimonio de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables;
8. Administrar, regular y controlar el uso de los recursos limitados utilizados en las telecomunicaciones;
9. Otorgar, revocar y suspender las habilitaciones administrativas y concesiones, salvo cuando ello corresponda al Ministro de Infraestructura de conformidad con esta Ley;
10. Inspeccionar y fiscalizar la instalación, operación y prestación de servicios de telecomunicaciones;
11. Homologar y certificar equipos de telecomunicaciones;
12. Aprobar las Condiciones Generales de los contratos de servicios de telecomunicaciones;
13. Abrir, de oficio o a instancia de parte, sustanciar y decidir los procedimientos administrativos relativos a presuntas infracciones a la ley y los reglamentos, así como aplicar las sanciones previstas en esta Ley e imponer los correctivos a que haya lugar;
14. Dictar medidas preventivas, de oficio o a instancia de los interesados, en el curso de los procedimientos administrativos que se sigan ante ella, cuando así lo requiera el caso concreto;
15. Administrar y realizar todos los actos o actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines relativos al Fondo de Servicio Universal previsto en esta Ley
16. Evaluar y proponer al Ejecutivo Nacional la aprobación de las tarifas para los diferentes servicios de telecomunicaciones, en los casos establecidos en esta Ley
17. Establecer las unidades de medida que deberán emplear los operadores para el cobro de sus servicios;
18. Fiscalizar, determinar, liquidar y recaudar los recursos de origen tributario, así como percibir directamente los que le correspondan de conformidad con la ley;
19. Requerir de los usuarios y de los operadores de servicios, las informaciones que considere convenientes, relacionadas con materias relativas al ámbito de sus funciones;
20. Procesar, clasificar, resguardar y custodiar el registro y los archivos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones;
21. Vigilar, evaluar y divulgar el comportamiento de las variables del mercado de las telecomunicaciones y de las estadísticas correspondientes;
22. Coadyuvar en el fomento y la protección de la libre competencia en el sector, en los términos establecidos en esta Ley.
23. Actuar como árbitro en la solución de conflictos que se susciten entre los operadores de servicios, cuando ello sea solicitado por las partes involucradas o ello se derive de la aplicación de la ley;
24. Acreditar peritos en materia de telecomunicaciones;
25. Manejar los equipos y recursos que se le asignen, los que obtenga en el desempeño de sus funciones, y cualquier otro que le corresponda;
26. Ejercer acciones administrativas o judiciales de cualquier índole para la salvaguarda y protección de sus derechos e intereses
27. Presentar el informe anual sobre su gestión al Ministro de Infraestructura;
28. Dictar su reglamento interno, previa consulta con el Ministro de Infraestructura, así como las normas y procedimientos para el funcionamiento de la Comisión;
29. Elaborar el plan único de cuentas para operadores de telecomunicaciones.
30. Ejecutar y velar por el cumplimiento del Plan Nacional de Contingencias para las Telecomunicaciones que dicte el Presidente de la República en Consejo de Ministros, así como los planes que este prevea.
31. Las demás atribuciones que le asigne la ley y las demás normas aplicables.