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6 de junio de 2012

Sociedad de la Información:
¿Participación sin acceso?


Justo el 17 de mayo, cuando se celebraba el Día Mundial de las Telecomunicaciones, mejor conocido como el Día de Internet, uno de los portales digitales más populares del país, La patilla, denunció haber sido bloqueado por CANTV. El miércoles pasado, durante la mañana, el dominio .ve registro una grave caída que fuentes oficiales atribuyeron a fallas en el  suministro eléctrico de los servidores de Conatel. Ambos casos, sin duda, ponen sobre el tapete los nuevos problemas que surgen en la Sociedad de la Información.  Sobre este y otros temas conversamos con la profesora Raisa Urribarrí, de la Universidad de Los Andes.


Por Layisse Cuenca
@layissecuenca
Gráficas: Edgar Alviso


¿Qué significa participar en la Sociedad de la Información?
-Participar en la Sociedad de la Información significa tener acceso a la plataforma de comunicación que se ha convertido en su columna vertebral: Internet. Como señala el profesor Antonio Pasquali, allí se da una relación pendular: no puede haber participación sin acceso. El derecho a mantener una red neutral, y la exigencia de conectividad masiva a bajo costo son asuntos cruciales que los ciudadanos deben exigir a los Estados, dice de entrada la profesora.

La investigadora y experta en esta materia afirma que en Venezuela se han ido viendo avances en ese sentido: En el año 2000 teníamos un 4% de acceso, y hoy tenemos más de un 40% según cifras oficiales de Conatel, pero —se pregunta— ¿qué pasa con el derecho del 60% restante? Además, agrega, a la brecha de acceso hay que sumarle la velocidad promedio de conexión, que es de apenas 1Mbps.  Venezuela ha venido bajando desde el 2008 sus índices de preparación para el acceso a la Sociedad de la Información. De acuerdo con  la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, pasamos del puesto 61 al 65. Eso se refleja, entre otros aspectos, en la mala calidad de las conexiones, que se han multiplicado, pero también precarizado.

¿A qué se debe esto?
La precarización, en mi opinión, es producto de la monopolización del servicio de banda ancha, pues sólo CANTV presta ASDL. Es cierto que la operadora nacional mantiene las tarifas más bajas, pero con ellas no pueden competir las privadas y, al no darse una sana –recalco, sana– competencia, las inversiones decrecen. Investigadores serios señalan que  los aportes de sector de las telecomunicaciones al Producto Interno Bruto vienen cayendo en los últimos años. La diferencia de acceso entre el centro del país y la provincia (Miranda más de un 80% Vs. Trujillo, un 16%) también es atribuible a la lógica del mercado, pues se invierte donde es rentable. El Estado debe revertir eso. Las telecomunicaciones son un entramado complejo que necesita políticas de Estado, consensuadas con el sector privado y la sociedad civil,  que garanticen conectividad de calidad para la mayoría de la población. Mejores índices de conectividad y mejores velocidades de conexión serían  dos políticas de Estado deseables para asegurar el acceso equitativo a la red. Además de la garantía sobre su neutralidad.

Masa crítica

¿Cuánto le cuesta a un venezolano una conexión promedio?
La tarifa más baja, hablo de banda ancha, significa un egreso de aproximadamente el 15-20 % del salario mínimo. Lo lógico sería que si no lo pudieras pagar,  pudieras conectarte en bibliotecas, escuelas, liceos, universidades y sitios públicos. El Estado ha hecho esfuerzos para llevar la conectividad a las zonas populares, con el programa Infocentros, por ejemplo, pero estudios serios señalan que en ellos sólo accede el 3% de la clase E. Por eso es tan importante que haya habido una declaración de los relatores internacionales para la libertad de expresión instando a los Estados y a los gobiernos a declarar el acceso a internet como un derecho humano. En realidad el derecho humano es el de la comunicación, pero esta pasa  hoy en día por tener acceso a las plataformas de telecomunicaciones que la habilitan.

¿Qué es lo que se necesita para asegurar  la defensa de ese derecho?
Masa crítica de usuarios.  El acceso a Internet es un derecho que solo se defiende si se conoce, si se ha disfrutado. Por ello siempre he insistido en que, incluso para la comprensión de estos temas, se requiere una inmersión práctica.  Internet permite la multimedialidad, la hipertextualidad, la globalización de los mensajes y, lo que para mí es sumamente importante, la interactividad. Esas cuatro características cambian todo el ecosistema mediático. Incluso, la manera de pensar la misma sociedad porque ella se transforma gracias a esos cambios. No estamos hablando de banalidades.  Estamos en medio de un cambio de época que debe ser comprendido cabalmente si queremos incidir en su rumbo.

La invención de Internet vino a cambiar  definitivamente los modelos de comunicación. Los de antes eran medios unívocos, donde existía un emisor para varios destinatarios, prácticamente mudos, sin posibilidades de retorno. Una tecnología como esta, bidireccional, lo que hizo fue abrir los canales, abrir las puertas para que ese destinatario se convirtiera en uno con posibilidad de participación y eso cambio todo,  al menos desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista social, las inequidades siguen presentes, como vemos son altas las barreras (acceso, educación, etc.). El punto crucial es cómo aprovechas esas nuevas posibilidades que se te abren para superarlas. Lo contrario es cruzarte de brazos, algo muy peligroso porque los cambios son veloces y vas a quedarte atrás.

¿Cuáles serían los mayores desafíos?
Este siglo va a estar marcado por el control de las telecomunicaciones. Quien controla las comunicaciones controla la sociedad,  y quien controla la sociedad tiende a controlar las comunicaciones que, en este siglo, encarnan en las telecomunicaciones. En los años que siguen vamos a ver de una manera cada vez más marcada, esa lucha -que ya se está dando-  por  mantener la red libre o por controlarla. En Venezuela ya lo vemos con la nacionalización de la CANTV. Por ahí pasa el 92% del tráfico nacional de Internet y su control por parte del Estado es una señal importante. A ello súmale la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley  Resorte. La primera le devolvió al Estado el control de las telecomunicaciones, y la segunda incluyó en la normativa a los mensajes que circulan por los medios digitales.  No estoy diciendo que el control de las telecomunicaciones por parte del Estado sea necesariamente negativo, pero sí hay que reflexionar sobre el porqué y el para qué se controla al Estado.

Puente de acceso a otros derechos
Para la periodista y profesora de la ULA,  cuando se priva al ciudadano de las posibilidades de acceso se le está sustrayendo de la posibilidad del ejercicio de un derecho que garantiza el ejercicio de otros más: al trabajo, al estudio...
“Quienes defendemos el libre acceso a la red nos preocupamos  cuando surge alguna iniciativa dirigida al control de la plataforma. Internet es un canal sobre el que se alzan los otros medios. Por eso debería ser neutral. Esa es la campaña que han emprendido un conjunto de activistas a escala internacional, una que por cierto acompañan sus mismos creadores, Vint Cerf y Tim-Berners Lee”.
 Nuestra utopía por una comunicación democrática, destaca finalmente la profesora Urribarrí,  nos ubica de ese lado, del de quienes trabajan porque no haya ningún mecanismo o poder que permita privilegiar o censurar el acceso y la participación de todos los ciudadanos en esta plataforma global.

Publicada en el Diario de Los Andes. 06/06/2012

29 de abril de 2011

Aumentan y se diversifican
las amenazas sobre Internet

“Nuevas tecnologías, innovación en los modos de represión” se titula la introducción al informe Libertad en la Red 2011, un estudio publicado recientemente por la organización Freedom House (FH), según el cual la libertad de expresión y prensa en Internet correría riesgos en Venezuela.

Esta es la segunda investigación que realiza FH para calibrar el estado de la red a escala global. El informe del año 2009 examinó 15 países y de América Latina sólo figuraron Cuba y Brasil. El actual presenta los resultados de 22 más, para un total de 37. Entre los latinoamericanos se cuentan, además de los dos anteriores, México y Venezuela.

En líneas generales, internacionalmente la propagación e intensificación de los controles de Internet sigue cuatro patrones bien definidos: bloqueo de contenido político relevante, ciberataques contra sitios críticos, control de la infraestructura de telecomunicaciones y manipulación de la información disponible en línea.

Los resultados globales revelan que un número cada vez mayor de gobiernos se está moviendo para regular o restringir la libre circulación de información en Internet. Incluso en países como Corea del Sur y el Reino Unido la red es vapuleada a través del acoso judicial, la censura o la vigilancia.

No obstante, el informe también señala que, aunque las amenazas aumentan y se diversifican, igualmente lo hacen las iniciativas de ciudadanos y activistas que ensayan y encuentran formas de eludir las restricciones y de usar las diversas herramientas disponibles en la red para promover la democracia y los derechos humanos.

La metodología del estudio se basa en el escrutinio de un conjunto de cien indicadores clasificados en tres categorías: obstáculos para el acceso, límites en el contenido y violación de los derechos de los usuarios. Los resultados permiten agrupar a los países en tres segmentos: con libertad en la red, parcialmente libres y sin libertad.

Ocho países aparecen en el tope, con Estonia y Estados Unidos a la cabeza, y once en la base, con Irán, Burma y Cuba disputándose el foso. Venezuela se ubica en el medio, junto con diecisiete más y, según los hallazgos, comienza a mostrar “signos iniciales de control de Internet por motivos políticos”.

Ya en los preliminares, de un texto de casi 150 páginas, las investigadoras Sanja Kelly y Sarah Cook mencionan este dato y advierten que, si bien en nuestro país las restricciones a los medios de radiodifusión habían crecido en los últimos años, la red se había mantenido relativamente libre de control.

Aunque hasta la fecha no se han detectado casos de filtrado a gran escala, o detenciones masivas de ciberactivistas, sí se nota “el esfuerzo por intimidar a los sitios web para que censuren los comentarios de sus usuarios”, afirman. Un riesgo adicional a futuro lo supone la posible aplicación discrecional de la ley Resorte, reformada en diciembre pasado, que insta a los operadores de las redes de telecomunicaciones a convertirse en censores.

Entre los eventos más relevantes asociados a un posible bloqueo mencionan un caso puntual: la dificultad que se tuvo para acceder a ciertos blogs alojados en la plataforma de Wordpress y al portal Noticiero Digital (inaccesible desde Venezuela a través de CANTV) durante los días cercanos a las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010.

El informe señala una arista crítica: la imposibilidad de comprobar la responsabilidad del gobierno, u otros agentes, en estos casos. Subraya que estos son eventos preocupantes en un país donde no existen contrapesos entre los diferentes poderes del Estado y que carece de instituciones independientes ante las cuales propietarios, usuarios y productores de contenido pueden tramitar sus quejas, pues el organismo regulador del sector, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), depende del poder ejecutivo a través de la Vicepresidencia de la República.

De cara a las próximas elecciones presidenciales del 2012, el estudio sugiere que podría “aumentar la censura y el hostigamiento a los medios digitales y a los usuarios de Internet”. De concretarse este vaticinio, el gobierno estaría bien apalancado, pues en Venezuela, “aunque hay 25 operadores de telecomunicaciones, es la CANTV, estatizada en 2007, la compañía que monopoliza el servicio de banda ancha y controla más del 90 por ciento del mercado de Internet”. Movilnet, por su parte, lidera el mercado de la telefonía móvil.

El informe completo se puede revisar aquí

Publicado en CódigoVenezuela y Diario de Los Andes

6 de enero de 2011

Sobre la censura a medios digitales:
¿Qué veremos este año?

Cuando se intenta dar cuenta de la censura a los medios digitales, en particular, o a Internet, en general, usualmente se consignan datos acerca de sitios filtrados o bloqueados, de periodistas o activistas presos, u otras formas abiertas y deliberadas de acoso y presión. Sin embargo, en ocasiones, las restricciones son mucho más sutiles. Tanto que podrían llegar a ser invisibles dado que cuentan con la anuencia de sus propias víctimas.
Hablamos de la autocensura, consecuencia de la coacción y la intimidación, estrategias que, subrepticiamente, han venido imponiéndose en Venezuela y que podrían acentuarse en los meses por venir, al amparo de la Ley Resorte y de Telecomunicaciones, reformadas en diciembre pasado. La primera incluye la responsabilidad social de los proveedores de servicio de Internet y medios electrónicos y la segunda abre las puertas a la posibilidad de nacionalización total del sector.
Hasta ahora la amenaza sobre los medios digitales se ha hecho evidente en el hostigamiento legal de los gestores de medios y emisores finales. Los casos del portal informativo Noticiero Digital con dos investigaciones judiciales en su haber; y el de tres tuiteros imputados por, supuestamente, contribuir a exacerbar la crisis bancaria, en un par de casos, y por incitar al magnicidio, en otro, fueron emblemáticos en 2010.
Con la reforma de la Ley Resorte, la presión -puede preverse- se concentrará ahora sobre los medios, vale decir, sobre el soporte de los datos, hecho que, vinculado con la otra Ley recién reformada, la de Telecomunicaciones, abre paso a la toma de “precauciónes”* por parte de las empresas operadoras. Vale recordar que, de conformidad con el artículo quinto, la prestación de los servicios de telecomunicaciones pasa a ser considerada de interés público, por lo cual la posibilidad de una nacionalización expedita, bien de una empresa, como de todo el sector, queda abierta. Es lógico suponer, entonces, que veremos mermar las inversiones al mismo ritmo al que disminuyen las garantías jurídicas, con consecuencias nefastas para los usuarios.
A esto se le suma que el artículo segundo de la Ley Habilitante, referido a la infraestructura, transporte y servicios públicos, dispone que el Presidente de la República podrá “dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas”.
El artículo 57 de la Constitución Nacional reza que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. En lo que respecta a los medios digitales, sin embargo, la confluencia de varios factores como la estatización del principal proveedor de servicios de telefonía e Internet (CANTV), el control cambiario, la falta de equilibrio de los poderes públicos que conforman el Estado y, a partir de este año dos nuevas leyes dirigidas promover la toma de ciertas “precauciones”, como la autocensura, lo convierten en un derecho seriamente lesionado.
* Precaución. (Del lat. praecautĭo, -ōnis). f. Reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse. (DRAE)
** La foto (tomada del diario El Universal) es del profesor universitario y activista de DDHH Carlos Correa, agredido al momento de entregar en la AN una solicitud de palabra, a nombre de la Alianza por la libertad de expresión, para consignar consideraciones críticas sobre la Ley Resorte y la Lotel.
Publicado en Código Venezuela

14 de diciembre de 2010

Por una Internet de contenido libre

Una vez conocido que los Proyectos de Reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, así como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuyo contenido pretende ser discutido por la Asamblea Nacional, incluyen:

1.- El servicio de Internet y medios electrónicos en las normas de regulación de difusión de mensajes en la Ley Resorte.
2.- La declaración como servicio público, el establecimiento de redes de telecomunicaciones y la prestación de estos servicios, para cuyo ejercicio se requiere la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa en las condiciones que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Declaramos:

Nos preocupa suponer que el uso de Internet pueda ser considerado por el Estado venezolano como una actividad comparable a la que se deriva de la radio, prensa o televisión. El carácter distribuido, de libre acceso a la información y de intercambio horizontal que promueve Internet ha generado la posibilidad de construir voces alternativas a las impuestas por los medios de comunicación tradicional, sometidas en muchas ocasiones a agendas impuestas tanto por gobiernos de turnos como por intereses empresariales.
Internet ha sido considerada un bastión importante para la organización civil y la participación ciudadana en las democracias contemporáneas, dando paso a una nueva sociedad, la de la información y el conocimiento, planteando así nuevas relaciones del Estado con los ciudadanos.

Entendiendo que:

• Internet es un instrumento necesario para el desarrollo social y el libre acceso al conocimiento.
• Las características del espacio digital no son iguales a las del espectro radioeléctrico. Es inoperante, por ejemplo, regular aspectos como los bloques de horarios.
• Internet se aviene a una facultad inherente al espíritu de libertad de elección para producir y consumir contenidos.
• No existiendo capacidad técnica apropiada en Venezuela para las pretensiones de control de contenidos en Internet, se corre el riesgo de que autoridades públicas actúen de manera discrecional contra páginas e individuos que hacen su vida en la red, limitando la organización civil por esta vía para el ejercicio de la ciudadanía.
• Los códigos normativos, dispuestos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia de las Naciones Unidas dedicada a la ordenación de las tecnologías de la información y la comunicación y de la cual Venezuela forma parte, no ha logrado acordar aspectos de regulación de contenidos en Internet. Por lo tanto, no existe referencia internacional para justificar en las legislaciones internas de cada país, el desarrollo de dispositivos jurídicos que persigan el establecimiento de controles sobre los contenidos difundidos por esta vía. Hasta ahora, el acceso del usuario ha quedado totalmente fuera del ámbito de la acción reguladora del Estado en las discusiones internacionales.
• En Venezuela, la Ley de Delitos Informáticos (2001) fija responsabilidades penales a quienes violen la privacidad, obtengan y divulguen fraudulentamente datos personales o cometan ultrajes contra niños y adolescentes. Esta normativa está vigente y cumple en gran medida el propósito de la pretendida reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuyo objeto de regulación serían incluidos los mensajes transmitidos vía Internet.

Exhortamos a:

• Respetar los acuerdos internacionales y tendencias de regulación estandarizada de los que Venezuela es signataria.
• Excluir Internet de políticas regulatorias que no han sido debatidas abiertamente entre los diferentes sectores de la sociedad, específicamente en el caso de una posible discusión de Reforma de la Ley Resorte.
• Procurar políticas de buen uso de Internet, optimizando capacidades ciudadanas y educativas que promuevan usuarios críticos y capaces de autorregular decisiones en torno a la creación y recepción de contenidos.
• Establecer una comisión nacional de uso de Internet en la que participen diferentes sectores de la sociedad para evaluar impactos negativos o de excesos posibles, para discutir y acordar mecanismos de supervisión que no atenten contra su naturaleza libre y descentralizada, ni limiten la amplia posibilidad para la producción alternativa de contenidos.

Así lo suscribimos, a los trece días del mes de diciembre de 2010.
Si estás de acuerdo, firma la petición on line a la Asamblea Legislativa de Venezuela