#LeyCiberespacio: Ser o no ser

El 14 de enero, William Peña, periodista venezolano de larga y consistente trayectoria en la fuente de tecnología, encendió las alarmas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaría por aprobar una ley que vulneraría (aún más) los derechos humanos de los venezolanos al poner bajo control del Estado (lo cual en Venezuela quiere decir una facción política sin contrapesos institucionales) los contenidos que circulan por Internet.

De inmediato un grupo de periodistas, investigadores, activistas y defensores de la libertad de expresión e información nos dimos a la tarea, con el invaluable apoyo de organizaciones de larga trayectoria, como Access Now y Derechos Digitales, de analizar el texto para fijar posición sobre lo que se planteaba.

Para los expertos, el articulado no resistía una mirada desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos humanos. Los argumentos técnico-legales fluyeron de seguidas, consistentes y con precisión. Total, no estamos solos, los venezolanos, en esto de enfrentar la oleada totalitaria que intenta minar las libertades en la red. Ya hay roncha. Hasta ahora, el documento ha sido suscrito por cerca de 50 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Otros asuntos, sin embargo, ocuparon la discusión. ¿Qué tono dar al documento? ¿Se parte de minimizar la intentona (que eso es, por ahora…) por provenir de un ente -la ANC- que la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional no reconoce? ¿Pero es que acaso ésta no ha sancionado ya una ley, como la llamada “Ley Contra el Odio”, que se ha aplicado para amedrentar a la disidencia política?

Cuestionar la ley, para algunos adherentes, podría significar el reconocer la ANC. ¿Y qué hacemos? ¿No la reconocemos y, por lo tanto, callamos? El consenso nos llevó a redactar este párrafo que-creemos- resulta lo suficientemente claro: 

“Por todo lo expuesto, nos oponemos a la aprobación de este proyecto. La legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con estándares de derechos humanos”.

 

¿Que el párrafo debió ir al principio...? Para algunos gustos, quizás. Pero allí está. Lo medular reluce: nos oponemos a la ANC y a todo cuanto de ella emane por carecer de legitimidad. Y esta ley, de aprobarse, lo será. Por lo demás, incluso en el seno de una instancia legítima, aspiramos a que cualquier ley que tenga como propósito regular el ámbito digital se elabore con el concurso de todos los sectores implicados. Vamos avisando.

El otro punto que generó debate fue: En el contexto de crecientes restricciones, ¿qué destacar como acciones dirigidas a controlar la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet? ¿Sólo las legales? ¿O incluimos bloqueos, detenciones arbitrarias a usuarios de redes sociales, acoso en línea, ataques técnicos…? Las cuentas de este rosario son pródigas en Venezuela, pero el ordenamiento jurídico, sin duda, tiene un gran peso por las vías que abre para la apelación y la justicia. Al menos en países democráticos. Que no es nuestro caso, lo sabemos. 

Este aspecto, el legal, nos lleva a otro no menos importante, vital. ¿Confiamos en esta filtración? De una, quienes conocemos a William Peña, y su trayectoria dentro de Inside Telecom, asentimos. Confiamos y recordamos la filtración que los periodistas de ese medio hicieron del texto propuesto para reformar la ley de telecomunicaciones en el año 2008, dirigida a establecer, entre otras cosas, un punto único de acceso a Internet en manos del Estado (amén de la reforma del artículo 5to para revertir el carácter de interés general de las telecomunicaciones).

En el 2008, gracias a la presión ciudadana, el “borrador de ley” que la ministra tuvo que reconocer que existía, no pasó. Esperaron dos años, pero lo hicieron. Y ese cambio, al menos en mi opinión, le puso una lápida muy pesada (aunque no la única) a las telecomunicaciones.  

Conclusión: No hay que bajar la guardia. Y no la bajamos.

El estado de excepción y la libertad en la red

Mayo 2007. Reelecto en diciembre de 2006, Hugo Chávez no dudó en avanzar en lo que su ministro de Comunicaciones, Andrés Izarra, perfiló ese mismo año como la estrategia del gobierno: alcanzar la hegemonía comunicacional. En menos de una semana se concretaron dos medidas que, sin duda, configuraron un "turning point". Estatizaron la CANTV y cerraron RCTV. Lo que pasó con el sistema de medios tradicionales se vio de inmediato. No fue difícil prever que las voces críticas migrarían al emergente entorno digital. Bajo el control de cambios, sin embargo, el sector de las telecomunicaciones fue progresivamente desmantelado hasta llegar al sombrío panorama de hoy. Sin embargo, allí están ciudadanos, periodistas y medios, sorteando la censura a punta de banda rancha. Por eso, el gobierno atenaza cada día más la Internet libre y la incluye sin ambages -este mayo de 2017, una década después- en el decreto de estado de excepción. Por eso, es tan importante defenderla. 

Gracias a Derechos Digitales (Marianne Díaz Hernández) por hacerlo, por alertar, y por sumar voces de la región en este comunicado.

Internet Governance in Venezuela: Are we moving forward?

I don't usually post texts in English on this blog, I opened a page on Medium for that purpose. However, the publication of this report, by the Internet Policy Observatory, which looks at the multistakeholder initiatives for Internet Governance in Latin America -and covers the ones in Venezuela- has led me to share it with the intention of clarifying some data. My essay (copied below)was delivered for publication before the Second Meeting on Internet Governance for Development and Social Transformation (an event organized by CANTV, Conatel, the Venezuelan chapter of ISOC, and Internauta Venezuela) took place in August 2015, so I didn't included it in the narrative. The IPO report dated on September 2015, however, it does not include -nor mention- what I find most interesting: in 2014 there was not just one, but two events. This year there was only one event, in which both the Venezuelan chapter of ISOC, as well as public entities were involved. If the multistakeholder model seeks to bring all actors to the table, does this mean that we are moving forward? That is an interesting question. What do you think about it?

In a politically polarized country, where the ruling party controls all the branches of Government, promoting mechanisms to enable Internet governance is a difficult but unavoidable challenge. Proof of this is what happened last year when two events that gave an initial look at this topic happened almost simultaneously. The first was sponsored by government bodies[1], and NGOs that promote the defense of digital rights were not invited; the second was organized by the Internet Society, and representatives of the public entities were absent[2].

When I was invited to speak at the latter one, I served as a representative of the academic sector whose role revolved around creating paths to promote a consensus about basic Internet governance in the country. This must be done in order to slow the decline that the telecommunications sector in general (UIT, 2014; WebIndex, 2014) [3], and freedom on the net, in particular, have experienced in at least the past four years. (Freedom House, 2011, 2012, 2013, 2014) [4].

The Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, approved on December 1999, guarantees freedom of expression and establishes that universal access to information is a prerequisite for the economic, social, and political development of the country. Nonetheless, Congress put forward a set of government policies limiting these rights (such as the amendments to the 2010 Law of Telecommunications and Social Responsibility in Radio, TV and Electronic Media), contradicting the principles prescribed in the fundamental law.

Over the past decade, Venezuelan government went from promulgating Presidential Decree No. 825 in the year 2000, which declared the access and use of Internet a priority for the nation’s development, to the approval of Decree 6649[5] in 2009, which defines Internet as a luxury expenditure for all public institutions. Furthermore, in December 2010, the Telecommunications Law, as well as the Law of Social Responsibility in Radio and Television (which now includes electronic media)  were reformed to impose serious restrictions on the telecommunications and media sectors[6].

There is a clear governmental strategy to achieve hegemony over digital media.  The complex setup put in place to prevent free access to Internet includes the following components:

• A legislative environment that favors the state-owned monopoly of the telecommunications sector.
• Restriction of private investment via foreign currency exchange controls.
• Low Internet penetration in rural areas.
• High cost of equipment and Internet service rates.
• The absence of an independent regulatory body.

In Venezuela, universal access to Internet, and therefore freedom on the net, has been constricted not only through arbitrary governmental measures; such as the blocking of websites, surveillance of communications, the censorship and harassment of journalists, and the imprisonment of cyber activists; but also through subtle, practically invisible methods such as the control over telecommunications infrastructure.

The latter has been achieved through two main mechanisms: the monopoly the main telecommunications operator (CANTV, an enterprise nationalized in 2007) has over the sector, and the restricted access to foreign currency, which private businesses need for their operations and investments. The state-owned company has prioritized expanding access rather than improving connection speeds. At the same time, private companies have focused their investments in areas that generate the most revenue. The landscape in Venezuela is clear: a country that is 60 percent connected, but with speeds higher than 4.0 Mbps only in economically profitable sectors..

Since at least 2010, the International Telecommunication Union (ITU) has been reporting a decrease in the Venezuelan ICT Development Index. Although official government figures say that the Internet penetration rate is close to 60 percent[7], the average download speed is only around 2.0 Mbps[8], and according to Akamai[9], the average highest speed does not surpass 8.0 Mbps. Out of the three mobile phone operators, only one offers 4G connections in a limited number of locations. There are approximately 8 million smartphones in the country, but according to personal calculations of the data provided by Conatel and ITU, only 7 percent of these devices have broadband connections. Due to the new exchange control regulations established in February 2015 that limit private companies’ access to foreign currency needed to import technological goods, the situation is posed to worsen.

In contrast with the situation in Venezuela, discussions about net neutrality and the need to make Internet access a human right advance around the world, albeit not without obstacles. Similarly, the consensus that freedom on the net can only be achieved through plural and democratic governance continues to spread. At NETMundial, an event that took place in Brazil last year, World Wide Web creator, Tim Berners-Lee, highlighted a global inequality: 60 percent of the world’s population lacks Internet access. Democratizing communications encompasses significantly reducing the digital gap, which is indispensable to ensure the full participation of citizens in this century.

Agreeing on principles, rules, and processes for making the decisions that will define the evolution and use of the Internet is a duty for all sectors of society. We, academics and activists, have pointed out the absence of Venezuelan officials and the low participation of representatives from other sectors in the international events where these topics are debated and analyzed. Actively participating in the Internet Governance Forum will allow us to promote, with better arguments, the necessary multi-stakeholder dialogue within our country.

[1]          http://www.internetvenezuela.net.ve/ Accessed February 14, 2015

[2]          http://egi.org.ve/  Accessed February  14, 2015

[3]          ITU (2014) Measuring the Information Society Report. &  http://thewebindex.org/  Accessed February 12, 2015

[4]          I have authored the Venezuelan chapter of Freedom on the Net Report available at https://freedomhouse.org/ Accessed February 10, 2015

[5]          Both decrees can be accessed through the site of Internet Prioritaria  (Prioritary Internet), a campaign in defense of a free internet that we leaded with a team of researchers of Universidad de Los Andes. http://www.cecalc.ula.ve/internetprioritaria/ Accessed February 11, 2015

[6]          Relevant documentation can be found in my article From Knowledge Society to the Socialism of the 21^st Century (In Spanish: De la sociedad del conocimiento al Socialismo del Siglo XXI ) available at http://www.scribd.com/doc/211889421/Comunicacion-163-164. Accessed February 13, 2015

[7]          Conatel (2014)  Figures from the Telecommunications Sector, Third Trimester 2014 http://www.conatel.gob.ve/informe-tercer-trimestre-2014/ Accessed February 09, 2015

[8]          Net Index Explorer http://explorer.netindex.com/maps?country=Venezuela Accessed February 08, 2015

[9]          Akamai (2013) The State of Internet. http://es.scribd.com/doc/202720160/Q3-2013-SOTI-Layout-final  Accessed February 13, 2015

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El silencio de los desconectados

“Para los conectados, el resto del mundo tiene Internet”. Con esta agria sentencia  comienza un post de la bloguera cubana Elaine Díaz con el cual, no lo dudo, le resultaría fácil identificarse al 55% de la población venezolana sin acceso a la red…si pudiera participar en las discusiones que, en su nombre, se libran en diversos escenarios.

En los últimos meses, debido a las protestas ocurridas en el país, las cuales –como resultado del control y la censura oficiales–   han sido silenciadas por la mayoría de los medios, comienza a tomar fuerza la idea de que los ciudadanos y las audiencias se han deslizado a la red para expresarse, informar e informarse sobre lo que sucede.  En nuestro criterio, aunque en ello haya bastante de verdad , eso no es del todo cierto.  Según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la penetración de Internet alcanza casi el 45% de la población, pero este porcentaje de usuarios no está distribuido equitativamente a lo largo y ancho del país.

Si bien en el Distrito Capital y el estado Miranda los conectados superan el 90%, en estados como Trujillo, por mencionar uno, no llegan al 25%. Aún más: en la zona alta de la parroquia Juan Ignacio Montilla de Valera, un grupo de ciudadanos puede tener acceso a un servicio de banda ancha de 10Mbps (prestado por la empresa Inter); mientras que en la parroquia San Luis, de la misma ciudad, la gente aún accede a través de conexiones discadas (Cantv). Consulta aquí un mapa interactivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y presta atención a los dos puntos azules, ambos en Caracas. 

En la actualidad, la censura no solo tiene que ver con las presiones del gobierno sobre los medios (incluidos los digitales),  sino con nuevas formas de discriminación –como la brecha digital– mucho más dinámicas y complejas de comprender. ¿Las estamos estudiando con propiedad? ¿O estamos, como suele suceder, haciendo más énfasis en lo más evidente y que genera más ruido? [Demasiada luz encandila].

En Venezuela el acceso y, por ende, la libertad de expresión en la red no solo se ven coartados a través de disposiciones arbitrarias e ilegales como las de la Conatel, que ordenó a los proveedores de servicio de Internet (y ellos aceptaron) el bloqueo de más de 500 sitios web; o mediante el acoso o la censura a periodistas y ciberciudadanos,  sino a través de mecanismos más sutiles, pero prácticamente “invisibles”, como el control de la infraestructura de telecomunicaciones.

 El “ecosistema internet” puede ser representado, como lo propone Daniel Pimienta, con la forma de una pirámide en cuya base descansa la infraestructura (la red de transporte: cables, satélites, fibra óptica, etc.) sobre la cual se alza la infoestructura  (los diversos servicios: correo, video, redes sociales). Los contenidos (o la infocultura) son las piezas de información que circulan entre los usuarios;  vale decir, la punta del iceberg, lo único que una persona no familiarizada con estos temas puede ver a simple vista.

En nuestra opinión, en Venezuela el control de la red se efectúa y comienza por la base, vale decir, por la infraestructura, y a través de dos mecanismos: El financiero, mediante la restricción a las empresas privadas de las divisas necesarias para sus inversiones (asignación y repatriación); y el normativo, vía la promulgación de leyes, como la de Telecomunicaciones y la  de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (ResorteMe), ambas reformadas en diciembre del año 2010.

Las tres “C”: Cencoex, Cantv, Conatel

En Venezuela, el Estado (hoy lamentablemente cooptado por el gobierno) no solo es el propietario del operador principal de telecomunicaciones (la empresa Cantv, renacionalizada en el año 2007), a través del cual se producen cerca del 90% de las conexiones a Internet, sino que controla al ente que las regula (CONATEL[1]), y –algo para nada menor– también decide de manera unilateral sobre la asignación y repatriación de las divisas requeridas por las empresas privadas de telecomunicaciones (antes CADIVI, hoy CENCOEX).

¿En qué aspectos ha incidido este control?  Nos referiremos, por ahora, sólo a uno: la velocidad de acceso. En la actualidad, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal),  se considera banda ancha aquella conexión que es igual o mayor a 4 Mbps. En Venezuela, la velocidad promedio  ronda los 1,5 Mbps  Sólo para comparar: El promedio latinoamericano es de 2.5 Kbps (va desde Ecuador, con 3.6 Mbps, hasta llegar a Bolivia, con 1 Mbps).  El “pico de velocidad” promedio latinoamericano es de 13.5 Mbps (Va desde Ecuador, que tiene 18.5 Mbps hasta llegar a Venezuela con  8.0 Mbps (Akamai, 2013).

Desde el año 2008 nuestro país ha venido bajando en los índices de preparación para el ingreso exitoso a la Sociedad de la Información. De acuerdo con  la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT, Informe 2013), pasamos del puesto 76 al 79 (157 países: Corea del sur en el tope, Níger en el fondo).  Las conexiones se han multiplicado, pero en la misma medida se han precarizado.

Las empresas privadas dejaron de vender planes superiores a 2Mbps. De las tres compañías de telefonía celular, solo una (Digitel) ofrece conexiones 4G y en un limitado número de localidades. Existe un parque de teléfonos inteligentes de aproximadamente 8 millones de aparatos, pero de éstos, según cálculos propios basados en las cifras de la Conatel y de la UIT, sólo un 7% se sirve de la banda ancha.

Un informe reciente de la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y empresas de Telecomunicaciones (Ahciet) vaticinó que, de acuerdo con las tendencias que se observan,  en el año 2020 Uruguay y Argentina igualarán a Europa, con el 75 por ciento de los hogares con banda ancha.  Chile llegará al 67 por ciento, México al 64 por ciento, Brasil al 63 por ciento y Venezuela al 54 por ciento. Hablamos de 2020 y ya –hoy–según la UIT,  más del 95% de los puestos de trabajo tienen o incluyen un factor de competencia digital.

En resumen: Nos estamos quedando atrás.  El acceso y el uso de Internet no es un lujo, es una prioridad, tal y como lo defendimos en la campaña InternetPrioritaria en el año 2009. En 2011 los relatores de libertad de expresión propusieron que se considerase un derecho humano, pues es puerta de entrada y garantía para el ejercicio de otros derechos, como los de expresión, educación y trabajo. Sabemos que la brecha digital es reflejo o consecuencia de la brecha económica y social y que, gracias a la velocidad con la que impactan las TIC todos los procesos, esta brecha no hará sino ampliarse cada día más. 

¿Qué hacer?  ¿Qué garantías debemos demandar al Estado?

No es posible plantear reclamos y demandas si no hemos comprendido de qué se trata este asunto. En ese sentido, toca, en primer lugar: Sensibilizar sobre estos temas para generar una masa crítica de usuarios.  ¿Cómo hacerlo?  ¿Por dónde empezar? Los jóvenes son la clave. 70% de los usuarios venezolanos de Internet son jóvenes. Esta investigación muestra que aquellos entre 18-29 años son el grupo más dispuesto a defender la apertura del entorno digital.

Internet es una puerta de entrada a la diversidad y una palanca para el desarrollo. Sin embargo, hacer que esté disponible para todo el mundo es sólo posible a través la formulación y desarrollo de políticas públicas producto del debate social. ¿Lo estamos dando? Me temo que no.  No creo equivocarme al decir que sobre esto hablamos mucho, pero todavía muy pocos…precisamente, los conectados.

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[1] La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el ente responsable de administrar, regular y controlar el uso de los recursos limitados utilizados en las telecomunicaciones y medios de comunicación audiovisuales. En la letra es un instituto con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, pero es dependiente del poder ejecutivo. Sus cinco directivos son de libre nombramiento y remoción por parte del Presidente de la República. El Directorio de Responsabilidad Social, otra instancia reguladora prevista en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, es presidido por el Director General de CONATEL e integrado por once miembros, de los cuales siete son representantes de organismos estatales.

El Cenit reducirá el ancho de banda a las universidades venezolanas

        Como es lógico,  la noticia circuló rápidamente entre los administradores de las redes académicas de las universidades, no así entre los usuarios que no tienen por qué enterarse de los intríngulis técnicos y económicos que están detrás de la prestación de los servicios de conectividad, pero dependen de ellos para sus labores académicas. Sin embargo, al colarse en un tuit, la reacción fue lógica: Asfixia. Una medida más dirigida a asfixiar a las universidades venezolanas.

            No puede pensarse en otra cosa al conocer que, por solicitud de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU),  la Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT) les reducirá el ancho de banda. Como se sabe, la OPSU es la oficina técnica auxiliar del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MppEU) encargada de de instrumentar las políticas y las estrategias señaladas en los planes de la nación con respecto a la educación superior. La OPSU es el ente del Estado encargado de financiar la conectiidad universitaria, a través de un contrato firmado con el CENIT. En pocas palabras: La OPSU paga al CENIT, y este, a su vez, a la CANTV, que es la empresa de telecomunicaciones del Estado.

            ¿Qué está pasando? ¿Por qué se tomó esta decisión? Al respecto, consultamos la opinión de los profesores de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alavarado (UCLA)  Junior Escalona y Jean Paul Angeli, Jefe del Departamento de Redes de Datos y Director de Telecomunicaciones, respectivamente.

            No estamos en contra del monitoreo

            Según Escalona, la medida obedece a una supuesta subutilización de los enlaces contratados por las Universidades con Reacciun. “Técnicos del CENIT nos informaron que la OPSU había hecho un monitoreo sobre la utilización del ancho de banda de cada universidad y que, debido a su subutilización, habían decidido sincerar su uso pues muchas instituciones no la aprovechan adecuadamente”.

            Asimismo, representantes de la OPSU –agregó– como medida ya tomada, sin consultar a los equipos técnicos de las universidades, nos informaron que el ancho de banda se ajustaría, pues según los resultados de un estudio técnico, que desconocemos,  “de 17 universidades que tienen MetroEthernet para acceso a Internet, solo 2 utilizan el ancho de banda en un 100%, 4 en un poco más del 80% y 3 utilizan un poco mas del 50%; el resto están por debajo del 50% de utilización. En aquellas que poseen acceso a Redes Avanzadas, 8 en total, ninguna utiliza más del 50% del ancho de banda asignado, de ellas existen 4 que no llegan al 10% de utilización”.

           -La explicación suena lógica. Si el servicio no se usa…

            Vista así, por supuesto, la decisión parece incontestable, responde Escalona, quien representa a la UCLA ante el Comité Técnico de Reacciun. Aunque desconozcamos cómo fue hecho este estudio, nosotros no estamos negando la necesidad de realizar todos los que sean necesarios para garantizar la eficiencia y el mejor uso de los servicios, pero creemos que una medida como esta debe ser consultada, no tomada de forma unilateral. Mucho menos si las razones que llevan a la reducción de los enlaces es su subutilización.

            El porqué de la subutilización

            Pero, ¿es esto cierto? ¿Se subutilizan los recursos de conectividad? Hago la pregunta como usuaria, pues en el caso de la ULA, particularmente en Trujillo, ya ni entrenar usuarios  podemos debido a la conexión, que es muy precaria…

            Justamente, ese es el punto. Nosotros hemos presentado proyectos para agregar valor a las redes, proyectos de todo tipo: Sub nodos regionales para la optimización de las redes, telemedicina, repositorios, bibliotecas digitales, educación a distancia, voz sobre IP, salas de videoconferencia… ¿Cuáles son los entes responsables de su financiamiento? Entes del Estado. A un servicio que presta el Estado, como es la conectividad, se le agrega valor si el mismo Estado se encarga de promoverlo como parte de sus estrategias. El financiamiento para ello no existe, ni siquiera es posible a través de los recursos propios de las mismas universidades porque todos sabemos como están sus presupuestos. Esto sin tomar en cuenta, además, que el desarrollo de este tipo de proyectos pasa por sortear las dificultades que impone el Decreto Presidencial 6649 (marzo del 2009), que  ha llevado a cero la adquisición de equipos informáticos y desarrollo de sistemas de información.

            Para Jean Paul Angeli, quien además es el representante institucional ante el CENIT y Reacciun por parte de la UCLA, una medida como esta no puede realizarse de manera unilateral, sin consultar a los miembros del Comité Educativo de Reacciun y sin el correspondiente análisis de los comités técnicos de cada institución.

            “Nosotros apoyamos los deseos de optimización de los recursos, pero estos enlaces son el resultado de compromisos y esfuerzos que se realizaron entre la OPSU, el CENIT y las Universidades, plasmados en acuerdos y puntos de agendas del CNU, del Ministerio, y de la Presidencia de la República".  

            ¿Cree usted que sea posible revertir la medida, frenarla…?

            Nosotros estamos pidiendo que se revise en atención a lo dispuesto en la Ley de Universidades vigente y en los estatutos que norman y otorgan sus funciones al Comité Educativo de Reacciun. Es necesario que el CENIT convoque a una reunión para analizar el informe que hizo la OPSU, el cual desconocemos; además, para escuchar los argumentos de cada universidad en relación con la utilización de los enlaces.
            Lo deseable, concluye Angeli, es que una decisión como esta sea producto de un consenso entre el Comité Educativo de Reacciun, el CENIT y la OPSU.