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18 de noviembre de 2011

LA LCPPP no pechará
a las empresas de telecomunicaciones


Como relatamos en un post anterior, el  jueves 10 de  noviembre, con los votos del PSUV y del PCV se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular. En su intervención, el diputado Biagio Pilieri  advirtió que el texto consignado incialmente había sufrido algunas modificaciones. 
Entre estas, notamos las siguientes:

-La  exposición de motivos incluye los artículos 57 y 58 de la CRBV (Libertad de expresión y Derecho a la información)
Título I: Disposiciones fundamentales
- En el artículo 1ero (Objeto) se incluye el deber que tienen estos medios de garantizar una comunicación libre y plural.
-Se eliminó el artículo 5 referente a los mecanismos de participación.
-En el artículo 6 (de las definiciones) apartado 2, se establece que son medios sin fines de lucro.
-Desaparecieron las definiciones de 10 y 11 correspondientes a propaganda y publicidad.
Título II: Organización para la comunicación popular
-En el artículo 7 se establece la creación de un registro o censo de las organizaciones que serán financiadas y se establece que será “el órgano con competencia en la materia”.
Título IV: Del financiamiento para la comunicación.
-Los recursos del fondo que se creará y será manejado por la Vicepresidencia -artículo 18- se reducen a dos fuentes: donaciones y una contribución especial prevista en la Ley.
-Esa contribución especial se reduce a un solo tipo de empresas, las de publicidad y mercadeo, que deberán aportar el 2% de sus ganancias o utilidades.
Como vemos, es esta última la única modificación de fondo. Del nuevo tributo quedan excluidas las empresas de telecomunicaciones...
El texto, como ha sido anunciado por la AN, será llevado a segunda "discusión" el próximo 7 de diciembre. Se puede decargar aquí.

4 de noviembre de 2011

¿Se discutirá la ley de medios comunitarios?


     Desde principios de este año se vienen realizando consultas en relación con una ley dirigida a normar el funcionamiento de los medios comunitarios. Medios que, en el año 2000, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, fueron reconocidos por parte del Estado. En agosto, un grupo de colectivos vinculados con estas iniciativas, con el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), introdujo a la Asamblea Nacional (AN), por iniciativa popular, una propuesta de ley con el apoyo de un poco más de 16 mil firmas que, posteriormente, fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral, según informó el presidente de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la AN.  

     Aunque en varias ocasiones públicamente se ha anunciado su discusión, y se han consignado otros documentos que valoran esta iniciativa y presentan propuestas alternas, esta no se ha producido. Con el interés de ampliar el conocimiento sobre el asunto, el Diario de Los Andes (Trujillo) realizó una serie informativa de seis entregas en la que abrió sus páginas a diferentes voces: radialistas comunitarios, diputados del PSUV y de la Unidad Democrática, Cámara de la Radio, académicos de las tres universidades públicas nacionales con mayor tradición en el área de comunicación social, así como otros actores y protagonistas de iniciativas de comunicación alternativa, educativa y popular. 

     Para la realización de la serie tuvimos la responsabilidad de ofrecer un breve esbozo inicial, acopiar la documentación disponible y contribuir con la selección de vocerías. Lamentablemente, no todas las fuentes que sugerimos consultar accedieron a ello, pero el conjunto de trabajos, en líneas generales, cumple con el objetivo compartido, entre el Diario y nosotros, de informar con equilibrio y equidad. Agradecemos a la colega Paula Rivero, coordinadora editorial del periódico, y a Amílcar Trejo, responsable de los trabajos, su receptividad y compromiso. Igualmente a Henry Quintero, editor gráfico corporativo, por su inagotable paciencia con esta colaboradora. Aquí están todos los textos, en el orden en el cual aparecieron publicados.









19 de septiembre de 2011

Ley de Comunicación Comunitaria
debe ser discutida por todos









Entrevista con la periodista María Fonseca Sevillano sobre la Ley de Comunicación para el poder Popular.
08/09/2011, Se puede oír aquí.

6 de septiembre de 2011

Ley de medios comunitarios no debe polarizarse


*Entrevista hecha por la periodista Marianela Mavares, publicada en el Diario El Tiempo, de Valera.



¿Qué opina sobre la Ley de Medios Comunitarios?

Lo primero es que la discusión sobre esta Ley no puede ser objeto de polarización. Por una razón muy sencilla: al ser expresión de una comunidad, un medio comunitario, por definición, es plural y diverso.

¿Cómo evalúa la propuesta introducida en la Asamblea?

Que adolece de lo que justamente he dicho le resulta propio, el pluralismo, pues expresa -desde la exposición de motivos- una parcialidad. Si bien el proyecto se introdujo por iniciativa popular, algo que celebramos, ésta fue impulsada por el sector oficial y, por lo tanto, recoge sólo su visión e intereses. Son válidos, cómo no, y tienen el derecho de promoverlos,  pero otros ciudadanos también tienen el derecho de ser escuchados. Sobre todo porque las luchas de los medios comunitarios no son de hoy, sino de hace varias décadas, y el Estado está en mora con esta Ley desde hace diez años.

En mora, ¿por qué?

Porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 legaliza la existencia de estos medios y sobre su desempeño sólo se cuenta con un Reglamento, vigente desde el 2002. Obviamente, en cuanto a la normativa, entre esos niveles macro y micro, que son una Ley Orgánica y un reglamento, hace falta uno meso como este, es decir, una Ley Ordinaria

¿Y quiénes deberían opinar y ser escuchados?

Todas aquellas personas e instituciones que tengan algo que decir, con base en argumentos. Hablamos de algo muy serio, de una Ley de la República. Así como el sector oficial acompañó una propuesta, los diputados de la oposición que integran la comisión de medios presentaron una serie de principios a ser considerados. Pero, más allá de estos dos sectores, políticamente diferenciados, hay otros cuyas opiniones deberían ser tomadas en cuenta dada su experticia en estos asuntos.

¿A cuáles se refiere?

A los centros de investigación de la comunicación de las universidades nacionales, a la asociación venezolana de investigadores de la comunicación, a las escuelas de comunicación social, a las instituciones de larga data y tradición como el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, cuyo equipo periodístico recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2002 (por haber informado veraz, imparcial y oportunamente durante el blackout mediático) y la primera licencia que se otorgó en el país para la operación de una radio comunitaria.
¿Qué opina del documento que presentó la oposición?

Aunque de alguna forma también refleja el clima polarizador, es más amplio. Sorprende, por ejemplo, que acoja como referentes los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el cual ha servido de guía para la elaboración de normativas de avanzada como las de Argentina y Uruguay, países con los cuales nuestro gobierno tiene excelentes relaciones.  Si los diputados, tanto del PSUV como de la oposición, se sentaran a trabajar constructivamente podríamos tener una buena Ley.


¿En su criterio, cuáles son los puntos centrales de una Legislación como esta?

En primer lugar su definición, en cuanto a los medios que atañe. Estimo que lo conveniente sería legislar sobre radio y TV únicamente, porque el anteproyecto presentado incluye hasta las expresiones muralísticas, lo cual es impensable. Lo segundo sería lo relativo a los fines y objetivos de estos medios, que -por cierto- están muy bien definidos en el reglamento vigente, pues acoge lo que tradicional e históricamente han sido: medios de un tercer sector no comprometido ni con intereses comerciales ni gubernamentales.
Otro aspecto, obviamente, tiene que ver con el ente otorga licencias, financiamiento y regula su quehacer. Este debe estar constituido de forma equilibrada, con representantes de diversos sectores. En Uruguay, por ejemplo, existe un  Consejo integrado por representantes de algunos ministerios, de los propios medios comunitarios, universidades públicas y privadas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. En este punto falla, y mucho, el  proyecto presentado, pues establece, por ejemplo, la creación de un fondo dirigido a captar y distribuir recursos para estos medios y lo adscribe a la Vicepresidencia de la República. A escala internacional no se conoce algo similar.

¿Está de acuerdo con la división del espectro en tres partes iguales?

Los primeros papeles de trabajo introducían ese punto, pero el proyecto presentado ya no lo contempla. Pero igual te diría lo siguiente. El espectro electromagnético es un bien público administrado por el Estado y debe procurarse la equidad en su distribución. Bolivia acaba de aprobar una Ley que les otorga 33% al Estado, 33 % a los comerciales, 17 %  al sector social comunitario y 17 % a los pueblos indígenas originarios y campesinos. Cada realidad orienta una propuesta. Ahora bien, con la digitalización esto pasa a otro lugar. Tendríamos que estar hablando ya, como en otros países, de neutralidad de la red, de acceso universal al servicio de banda ancha. En realidad esta es una Ley del Siglo XX que, insisto, debería discutirse con amplitud, profundidad y sin sesgos.

6 de agosto de 2011

¿Comunicación para el Poder Popular?

6 de enero de 2011

Sobre la censura a medios digitales:
¿Qué veremos este año?

Cuando se intenta dar cuenta de la censura a los medios digitales, en particular, o a Internet, en general, usualmente se consignan datos acerca de sitios filtrados o bloqueados, de periodistas o activistas presos, u otras formas abiertas y deliberadas de acoso y presión. Sin embargo, en ocasiones, las restricciones son mucho más sutiles. Tanto que podrían llegar a ser invisibles dado que cuentan con la anuencia de sus propias víctimas.
Hablamos de la autocensura, consecuencia de la coacción y la intimidación, estrategias que, subrepticiamente, han venido imponiéndose en Venezuela y que podrían acentuarse en los meses por venir, al amparo de la Ley Resorte y de Telecomunicaciones, reformadas en diciembre pasado. La primera incluye la responsabilidad social de los proveedores de servicio de Internet y medios electrónicos y la segunda abre las puertas a la posibilidad de nacionalización total del sector.
Hasta ahora la amenaza sobre los medios digitales se ha hecho evidente en el hostigamiento legal de los gestores de medios y emisores finales. Los casos del portal informativo Noticiero Digital con dos investigaciones judiciales en su haber; y el de tres tuiteros imputados por, supuestamente, contribuir a exacerbar la crisis bancaria, en un par de casos, y por incitar al magnicidio, en otro, fueron emblemáticos en 2010.
Con la reforma de la Ley Resorte, la presión -puede preverse- se concentrará ahora sobre los medios, vale decir, sobre el soporte de los datos, hecho que, vinculado con la otra Ley recién reformada, la de Telecomunicaciones, abre paso a la toma de “precauciónes”* por parte de las empresas operadoras. Vale recordar que, de conformidad con el artículo quinto, la prestación de los servicios de telecomunicaciones pasa a ser considerada de interés público, por lo cual la posibilidad de una nacionalización expedita, bien de una empresa, como de todo el sector, queda abierta. Es lógico suponer, entonces, que veremos mermar las inversiones al mismo ritmo al que disminuyen las garantías jurídicas, con consecuencias nefastas para los usuarios.
A esto se le suma que el artículo segundo de la Ley Habilitante, referido a la infraestructura, transporte y servicios públicos, dispone que el Presidente de la República podrá “dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas”.
El artículo 57 de la Constitución Nacional reza que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. En lo que respecta a los medios digitales, sin embargo, la confluencia de varios factores como la estatización del principal proveedor de servicios de telefonía e Internet (CANTV), el control cambiario, la falta de equilibrio de los poderes públicos que conforman el Estado y, a partir de este año dos nuevas leyes dirigidas promover la toma de ciertas “precauciones”, como la autocensura, lo convierten en un derecho seriamente lesionado.
* Precaución. (Del lat. praecautĭo, -ōnis). f. Reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse. (DRAE)
** La foto (tomada del diario El Universal) es del profesor universitario y activista de DDHH Carlos Correa, agredido al momento de entregar en la AN una solicitud de palabra, a nombre de la Alianza por la libertad de expresión, para consignar consideraciones críticas sobre la Ley Resorte y la Lotel.
Publicado en Código Venezuela

16 de diciembre de 2010

El giro ¿en las telecomunicaciones?

Ayer se aprobó en primera discusión una Ley que, sin duda, marcará una involución en torno a la promoción del acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del país, tal y como establece el Decreto 825 del 22 de mayo del año 2000 que, aunque no ha sido derogado, queda prácticamente sin efecto.

Y es que cumplir con los objetivos de ese Decreto, redactado en correspondencia con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) que acaba de reformarse, suponía la existencia de un régimen jurídico que garantizara, entre otras cosas, que tanto la explotación de las redes como la prestación de servicios de telecomunicaciones fueran considerados de interés general y no de interés público, como lo establece el "nuevo" texto que lleva al país de vuelta al Reglamento de Telecomunicaciones de 1940, instrumento legal anterior a la LOTEL.

Pasaron nada menos que 60 años para que nuestro país, en sintonía con el desarrollo global de las telecomunicaciones, adecuara su marco jurídico y lo hizo ajustado a preceptos constitucionales plenamente vigentes expresados en los artículos 108 y 110, entre otros.

Uno de los aspectos más celebrados de esa, entonces, novísima Ley, ampliamente consultada por Conatel con las empresas agrupadas en la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL), fue justamente que abría las puertas a la inversión del sector privado en un área económica que prontamente pasó a ocupar el segundo lugar en importancia después del petróleo. Gracias a sus disposiciones se incrementaron sensiblemente las inversiones en el área y los aportes de ésta al PIB lo que trajo, como lógica consecuencia, que en una década Venezuela pasara de un 3,8% a más de un 35% de conectividad a Internet.

Ahora, con la reforma de la Ley ya aprobada en primera discusión, se establece en el artículo 16 que “El órgano rector, cuando lo estime conveniente y teniendo en consideración el interés público de la Nación, podrá otorgar concesiones a particulares y a las comunidades organizadas para la prestación de los servicios de telecomunicaciones reservados al Estado…” con lo cual, es obvio, pasa a monopolizar en exclusiva -valga la reiteración- la prestación de estos servicios.

Con la re-nacionalización de la CANTV, en el año 2007, Venezuela anunció el giro que se daría en el sector de las telecomunicaciones. A finales del 2010, con la reforma de la Ley, lo concretó. De allí, obviamente, que la inclusión o no de un Punto de Acceso a Internet (NAP, por sus siglas en inglés) perdiera relevancia. En realidad, con el monopolio del carrier (CANTV), que concentra más del 80% del tráfico, éste se hace innecesario. Existe de facto.

En el año 2008 se filtró a la prensa el borrador de una Ley de Telecomunicaciones que finalmente nunca se aprobó. Fue discutido ampliamente entre académicos, empresarios y organizaciones sociales que a través de diversas vías hicieron circular públicamente sus críticas y propuestas. Dos años después, en menos de una semana se da a conocer -y se aprueba- una reforma que cambia, como ya dijimos, las reglas del sector. La importancia del asunto obligaba a un mínimo de transparencia. Al menos si la Constitución, que consagra a la República Bolivariana de Venezuela como una sociedad democrática, participativa y protagónica, conservara algo de vigencia.

Publicado en el Diario de Los Andes, 16/12/2010 y en Código Venezuela
*Hemos corregido una fecha inexacta ofrecida en una primera versión. El reglamento de telecomunicaciones data de 1940 (no de 1936) Es en 1953 cuando el Estado compra la totalidad de las acciones de CANTV, la cual es privatizada en 1991 y re-nacionalizada 16 años después (2007).

14 de diciembre de 2010

Por una Internet de contenido libre

Una vez conocido que los Proyectos de Reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, así como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuyo contenido pretende ser discutido por la Asamblea Nacional, incluyen:

1.- El servicio de Internet y medios electrónicos en las normas de regulación de difusión de mensajes en la Ley Resorte.
2.- La declaración como servicio público, el establecimiento de redes de telecomunicaciones y la prestación de estos servicios, para cuyo ejercicio se requiere la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa en las condiciones que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Declaramos:

Nos preocupa suponer que el uso de Internet pueda ser considerado por el Estado venezolano como una actividad comparable a la que se deriva de la radio, prensa o televisión. El carácter distribuido, de libre acceso a la información y de intercambio horizontal que promueve Internet ha generado la posibilidad de construir voces alternativas a las impuestas por los medios de comunicación tradicional, sometidas en muchas ocasiones a agendas impuestas tanto por gobiernos de turnos como por intereses empresariales.
Internet ha sido considerada un bastión importante para la organización civil y la participación ciudadana en las democracias contemporáneas, dando paso a una nueva sociedad, la de la información y el conocimiento, planteando así nuevas relaciones del Estado con los ciudadanos.

Entendiendo que:

• Internet es un instrumento necesario para el desarrollo social y el libre acceso al conocimiento.
• Las características del espacio digital no son iguales a las del espectro radioeléctrico. Es inoperante, por ejemplo, regular aspectos como los bloques de horarios.
• Internet se aviene a una facultad inherente al espíritu de libertad de elección para producir y consumir contenidos.
• No existiendo capacidad técnica apropiada en Venezuela para las pretensiones de control de contenidos en Internet, se corre el riesgo de que autoridades públicas actúen de manera discrecional contra páginas e individuos que hacen su vida en la red, limitando la organización civil por esta vía para el ejercicio de la ciudadanía.
• Los códigos normativos, dispuestos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia de las Naciones Unidas dedicada a la ordenación de las tecnologías de la información y la comunicación y de la cual Venezuela forma parte, no ha logrado acordar aspectos de regulación de contenidos en Internet. Por lo tanto, no existe referencia internacional para justificar en las legislaciones internas de cada país, el desarrollo de dispositivos jurídicos que persigan el establecimiento de controles sobre los contenidos difundidos por esta vía. Hasta ahora, el acceso del usuario ha quedado totalmente fuera del ámbito de la acción reguladora del Estado en las discusiones internacionales.
• En Venezuela, la Ley de Delitos Informáticos (2001) fija responsabilidades penales a quienes violen la privacidad, obtengan y divulguen fraudulentamente datos personales o cometan ultrajes contra niños y adolescentes. Esta normativa está vigente y cumple en gran medida el propósito de la pretendida reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuyo objeto de regulación serían incluidos los mensajes transmitidos vía Internet.

Exhortamos a:

• Respetar los acuerdos internacionales y tendencias de regulación estandarizada de los que Venezuela es signataria.
• Excluir Internet de políticas regulatorias que no han sido debatidas abiertamente entre los diferentes sectores de la sociedad, específicamente en el caso de una posible discusión de Reforma de la Ley Resorte.
• Procurar políticas de buen uso de Internet, optimizando capacidades ciudadanas y educativas que promuevan usuarios críticos y capaces de autorregular decisiones en torno a la creación y recepción de contenidos.
• Establecer una comisión nacional de uso de Internet en la que participen diferentes sectores de la sociedad para evaluar impactos negativos o de excesos posibles, para discutir y acordar mecanismos de supervisión que no atenten contra su naturaleza libre y descentralizada, ni limiten la amplia posibilidad para la producción alternativa de contenidos.

Así lo suscribimos, a los trece días del mes de diciembre de 2010.
Si estás de acuerdo, firma la petición on line a la Asamblea Legislativa de Venezuela

24 de septiembre de 2010

26S: Cobertura electoral ciudadana

6 de abril de 2010

Trujillo, la MUD y el país alternativo

Los días previos a la Semana Santa, durante los cuales la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) comenzó a deslizar los nombres de quienes resultarían postulados como candidatos a diputados en las elecciones del 26S, evidenciaron el clima que, suponíamos, prevalecería en los sectores opositores tradicionales.


Tanto fue el ruido que nacionalmente se extendió el plazo para divulgar el pronunciamiento, debido a las molestias que originó la forma como fueron acordadas algunas nominaciones, así como el surgimiento de nuevas estrategias de selección propuestas por algunos de los grupos que integran la MUD.

Como comentaba a una amiga, angustiada por la fisura del capítulo regional, he tenido como norma eximirme de escribir sobre política-partidista. Por una sencilla razón: no es mi campo de juego. No participo en las Grandes Ligas. Le he apostado invariablemente a las Pequeñas, lo cual, traducido al lenguaje político, significa trabajar en el ámbito de la formación ciudadana, pues, como muchos, estoy convencida de que sólo si sembramos allí podremos tener equipos (partidos) que representen nuestras aspiraciones, equipos a los que valga la pena apostar.

¿Partidos Vs.Sociedad Civil?

No obstante, a causa de la reciente diatriba escenificada en nuestro Estado, donde si hemos interpretado bien el debate se ha centrado en una falaz oposición partidos/sociedad civil, es necesario dejar claro que, al menos desde nuestro punto de vista, una democracia sin partidos resulta insostenible. Como ha dicho Jesús Hermoso, Secretario General de la Juventud de Bandera Roja, lo contrario a las organizaciones políticas son los egos, los “yoes” supremos y, como consecuencia, las autocracias. Obviamente, estas consideraciones no deben interpretarse como un visto bueno para la forma en cómo éstos suelen proceder. Es evidente que los partidos necesitan urgentes transformaciones de fondo. La pregunta es: ¿Lo harán sin la sociedad civil? En nuestro criterio, no.

Por esa razón celebro como auspiciosa la presencia de nuevas voces en el escenario donde se disputa la representación en la Asamblea Nacional (AN), pues los ciudadanos tienen el derecho de exigir cambios, pero también la responsabilidad de contribuir con ellos: con el de los partidos y con el del ejercicio de la política en general.

Para ello, no obstante, es menester el desarrollo de un trabajo organizado y sostenido, un camino largo, lento y lleno de escollos que deben ser entendidos y asumidos como los obstáculos naturales que enfrentan quienes comienzan el entrenamiento necesario para llegar a las ligas mayores.

Pretender cobrar sin haber hecho el trabajo sólo asegura la permanencia, o acaso el aumento, de una enorme deuda por pagar. Es lo que traducimos del último estudio nacional de opinión pública de Alfredo Keller y Asociados (marzo 2010) el cual revela que, aunque las preferencias de los electores están parejas (34 % de los encuestados se pronuncia por el oficialismo y 32 % por la oposición), un nada despreciable 21% desea una AN plural que piense, y exprese, al país como un todo.

El desafío de un país inclusivo

He allí el reto. Para los partidos, que deben abrir sus compuertas a nuevos liderazgos, y para las organizaciones de la sociedad civil, que tendrían que trabajar a fondo para interpretar y maximizar ese desiderátum con propuestas y estrategias claras. De este desafío, cabe añadir, no están exentos los grupos disidentes del campo oficial e incluso aquellos que se sienten abacorados dentro del mismo partido de gobierno.

Estas reflexiones, lamentablemente escasas a escala local, son –sin embargo pródigas en las redes sociales, estos nuevos espacios de interlocución ciudadana donde interesantes e intensos diálogos tienen lugar. No son pocos los correos electrónicos, blogs, artículos, mensajes de texto y tuits que han circulado los pasados días sobre la coyuntura electoral del 26S. Entre ellos el llamado de atención que hace Olga Ramos, representante de la ONG Asamblea de Educación, quien acertadamente diferencia: una cosa es el acuerdo unitario sobre el que trabaja la MUD y otra, muy distinta, la unidad nacional en torno a un proyecto de país.

Aferarrse a la MUD como una tabla de salvación, destaca la educadora, es seguir apostándole a soluciones mesiánicas. La UNIDAD, con mayúsculas, requiere otro punto de partida: “La procura de una opción que permita unificar, no a los grupos opositores, sino al país en torno a un proyecto que nos impulse a salir de la crisis generalizada cuyos orígenes preceden, al menos en un par de décadas, al inicio de este gobierno”.

Hacia esa misma dirección apunta Jesús Torrealba, del colectivo Radar de los Barrios, quien, aunque cuestiona las primeras decisiones de la MUD, les concede el beneficio de la duda, pero anuncia que si en la madrugada del 27S el país opositor no celebra una victoria, sino que enfrenta otra costosa frustración, no se dedicará ya a denunciar o proponer soluciones a problemas puntuales, sino a construir “una alternativa doble: democrática, frente al régimen totalitario que hoy nos desgobierna; y progresista, frente a las direcciones opositoras que han sido incapaces de proponer futuro porque son simplemente la encarnación del pasado”.

Cada uno con su estilo, Ramos y Torrealba, representantes de sendas organizaciones de la sociedad civil, señalan el reto que la Venezuela alternativa, deseosa de cambios profundos, tiene por delante. Ni más ni menos que el trabajo pendiente por hacer: Construir ciudadanía para gestar un proyecto de país democrático y plural. ¿Estará Trujillo listo para ese desafío?

Publicado en el Diario de Los Andes, 05-04-2010

*Ilustración: La quema de Judas, del pintor trujillano Salvador Valero (1965)

5 de febrero de 2010

¡Se acabaron los kleenex!

Usualmente, cuando se aproximan comicios electorales los llamados “no alineados”, esa amplia franja de la población no identificada con gobierno u oposición que va in crescendo, manifiestan su descontento por el menú de opciones que partidos o grupos de electores presentan a su consideración.


No pocas veces hemos escuchado frases como: el domingo aprovecho para hacer una parrillita o, en el “mejor” de los casos, voy a votar…pero con un pañuelo en la nariz. Tanto -pareciera ser- el desánimo y el descontento. Pero suceden cosas, algo parece estar cambiando. Quienes miran los toros desde la barrera, pero lo hacen con atención, comienzan a mostrar signos de hartazgo.


Las últimas protestas son prueba de ello. Interpretadas por algunos analistas como consecuencia de la salida de RCTV de las compañías operadoras de TV por suscripción, en nuestra opinión, más que obedecer a ello, la levantisca observada durante los últimos días ha prendido en la gente del común, sin distingo de afiliación política, pues ella ha operado como catalizadora del descontento de una población ahíta de soluciones a sus problemas. Hablamos de seguridad ciudadana, servicios públicos (como luz, agua y transporte) e inflación, entre los más sentidos.


Porque los ciudadanos ¿es tan difícil entenderlo? anhelamos una eficiente gestión pública, un clima de paz y sana gobernabilidad. Y ello pasa por la superación de una forma de ejercicio político que ha fracasado en la satisfacción de las aspiraciones de las mayorías. Ello, obviamente, está directamente en relación con aquellos a quienes elegimos para que gobiernen y nos representen.


¿Estamos ejerciendo nuestro derecho a elegir? ¿Sabemos quiénes son y a qué intereses responden nuestros representantes? ¿Nos han rendido cuentas nuestros gobernantes? Los ciudadanos también tenemos responsabilidades. Derechos, sí, pero también deberes. Entre ellos el de votar con conciencia de lo que significan nuestros actos y el de exigir a quienes pretenden ejercer cargos públicos una hoja de servicio intachable, un comportamiento cívico ejemplar, un proyecto y, por supuesto, que luego nos rindan cuentas de su actuación.


En relación con esto, y frente a las próximas elecciones parlamentarias pautadas para celebrarse el 26 de septiembre, privadamente, cara a cara, o en pequeños grupos de reflexión (reales y virtuales) ciudadanos de diferentes ocupaciones, intereses y tendencias políticas hemos estado conversando sobre la posibilidad de que el estado Trujillo pueda dar un salto cualitativo, en el sentido de postular como candidatos a personas con una excelente trayectoria de servicio público y comprometida con una agenda legislativa vinculada al sentir colectivo. Ojo: no se promueve la antipolítica, sino un forma cualitativamente diferente de ejercerla. En todo caso, interprétese como un llamado de atención a los partidos políticos. A todos, sin excepción.


Sin embargo, la sensación que no pocas veces nos ha embarga al término de nuestros diálogos puede resumirse con un: “estamos entrampados”, aludiendo con ello a que opciones dicotómicas se imponen y parecieran dejarnos sin escapatoria. “Es que no escuchan”, exclaman por ahí.


¿Cómo salir de esta trampa? Obviamente no hay respuesta al tiro, ni mágica ni fácil. Pero la poesía es sabia y, como decía nuestro gran poeta Rafael Cadenas: No se pueden buscar las salidas en el sitio de donde se pretende salir. Ello pareciera un buen punto de partida. Cabe entonces preguntarnos: ¿De qué estamos abjurando? ¿Qué es necesario tramsformar? ¿Habría alguien dispuesto a encarnar esa voluntad, a comprometerese con un verdadero cambio?


Los ciudadanos tenemos el derecho de exigir y escoger personas que nos representen con dignidad y que ejerzan con decoro la administración de la cosa pública. Es urgente urbanizar la política y creo no equivocarme al afirmar que cada vez somos más quienes no nos conformamos con el llamado "mal menor", que cada vez somos más quienes nos negamos a acudir a las urnas con un pañuelo en la nariz. A mí, lo digo sin reservas, se me acabó la cajita de kleenex.


Algunos dicen que en Trujillo, este pequeño, deprimido y olvidado estado andino, no estamos preparados para dar un salto cualitativo y probablemente sea cierto. Lo que me pregunto es si no somos nosotros, los ciudadanos, los responsables de impulsarlo, de trabajar por la construcción de una alternativa, de una referencia.


Publicado en el Diario de Los Andes