#LeyCiberespacio: Ser o no ser

El 14 de enero, William Peña, periodista venezolano de larga y consistente trayectoria en la fuente de tecnología, encendió las alarmas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaría por aprobar una ley que vulneraría (aún más) los derechos humanos de los venezolanos al poner bajo control del Estado (lo cual en Venezuela quiere decir una facción política sin contrapesos institucionales) los contenidos que circulan por Internet.

De inmediato un grupo de periodistas, investigadores, activistas y defensores de la libertad de expresión e información nos dimos a la tarea, con el invaluable apoyo de organizaciones de larga trayectoria, como Access Now y Derechos Digitales, de analizar el texto para fijar posición sobre lo que se planteaba.

Para los expertos, el articulado no resistía una mirada desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos humanos. Los argumentos técnico-legales fluyeron de seguidas, consistentes y con precisión. Total, no estamos solos, los venezolanos, en esto de enfrentar la oleada totalitaria que intenta minar las libertades en la red. Ya hay roncha. Hasta ahora, el documento ha sido suscrito por cerca de 50 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Otros asuntos, sin embargo, ocuparon la discusión. ¿Qué tono dar al documento? ¿Se parte de minimizar la intentona (que eso es, por ahora…) por provenir de un ente -la ANC- que la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional no reconoce? ¿Pero es que acaso ésta no ha sancionado ya una ley, como la llamada “Ley Contra el Odio”, que se ha aplicado para amedrentar a la disidencia política?

Cuestionar la ley, para algunos adherentes, podría significar el reconocer la ANC. ¿Y qué hacemos? ¿No la reconocemos y, por lo tanto, callamos? El consenso nos llevó a redactar este párrafo que-creemos- resulta lo suficientemente claro: 

“Por todo lo expuesto, nos oponemos a la aprobación de este proyecto. La legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con estándares de derechos humanos”.

 

¿Que el párrafo debió ir al principio...? Para algunos gustos, quizás. Pero allí está. Lo medular reluce: nos oponemos a la ANC y a todo cuanto de ella emane por carecer de legitimidad. Y esta ley, de aprobarse, lo será. Por lo demás, incluso en el seno de una instancia legítima, aspiramos a que cualquier ley que tenga como propósito regular el ámbito digital se elabore con el concurso de todos los sectores implicados. Vamos avisando.

El otro punto que generó debate fue: En el contexto de crecientes restricciones, ¿qué destacar como acciones dirigidas a controlar la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet? ¿Sólo las legales? ¿O incluimos bloqueos, detenciones arbitrarias a usuarios de redes sociales, acoso en línea, ataques técnicos…? Las cuentas de este rosario son pródigas en Venezuela, pero el ordenamiento jurídico, sin duda, tiene un gran peso por las vías que abre para la apelación y la justicia. Al menos en países democráticos. Que no es nuestro caso, lo sabemos. 

Este aspecto, el legal, nos lleva a otro no menos importante, vital. ¿Confiamos en esta filtración? De una, quienes conocemos a William Peña, y su trayectoria dentro de Inside Telecom, asentimos. Confiamos y recordamos la filtración que los periodistas de ese medio hicieron del texto propuesto para reformar la ley de telecomunicaciones en el año 2008, dirigida a establecer, entre otras cosas, un punto único de acceso a Internet en manos del Estado (amén de la reforma del artículo 5to para revertir el carácter de interés general de las telecomunicaciones).

En el 2008, gracias a la presión ciudadana, el “borrador de ley” que la ministra tuvo que reconocer que existía, no pasó. Esperaron dos años, pero lo hicieron. Y ese cambio, al menos en mi opinión, le puso una lápida muy pesada (aunque no la única) a las telecomunicaciones.  

Conclusión: No hay que bajar la guardia. Y no la bajamos.