Por tercer año consecutivo, la organización Freedom House se ocupa de analizar la libertad de expresión en el entorno digital venezolano con resultados desalentadores. El primer informe, correspondiente al año 2011, le otorga un puntaje de 46/100; el siguiente, de 2012, lo coloca en la posición número 48; y el de este año (que analiza el lapso que va del primero de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2013) le otorga 53 puntos, vale decir, cinco más que el anterior. Un declive sustantivo también registrado por Brasil y Estados Unidos. El mayor fue el de India, con 8 puntos.
De América Latina, sólo se estudian seis países. Además de Venezuela, se revisa la situación en Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y México. Mientras Argentina es calificado como "libre", Cuba se encuentra en las antípodas, como "no libre". El resto es clasificado como "parcialmente libre". Venezuela es el país de peor puntuación en este último grupo.
Mediante una metodología compleja, que examina y evalúa 100 indicadores distribuidos en tres áreas: Límites para el acceso, límites en el contenido y violaciones a los derechos de los usuarios, el informe da cuenta pormenorizada de los asuntos más sensibles relacionados con la libertad de expresión en Internet y, sobre todo, de las causas que originan las restricciones.
En primer lugar, con base en hechos incontrastables, la investigación expone la asociación que existe entre la falta de insitucionalidad (la inexistencia de contrapesos entre los poderes públicos), el control del operador principal (CANTV) y del ente regulador (CONATEL), así como el control en la asignación y repatriación de divisas para la empresas privadas de telecomunicaciones a través de Cadivi.
Con este panorama de base, el informe documenta de forma minuciosa (con 129 referencias a pie de página) los eventos más importantes en relación con los indicadores que se examinan. Mediante una exhaustiva revisión hemerográfica, entrevistas a expertos y trabajos de organismos nacionales e internacionales, la investigación sustenta de forma incuestionable cada afirmación que se vierte en torno a los continuos y cada vez mayores obstáculos que enfrentan los venezolanos para ejercer la libertad de expresión en la red, en un contexto signado por la hegemonía comunicacional del gobierno.
Un hecho destaca entre todos por su gravedad: La caída masiva de Internet el 14 de abril del 2013, cuando se celebraron las últimas elecciones presidenciales, evento sólo registrado en países como Egipto y Siria. Como se recordará, la noche de ese domingo, cuando se esperaban los resultados de los comicios, el Vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, reconoció que el gobierno le había "bajado el suiche" a la red con argumentos muy poco transparentes.
Si bien el informe subraya el hecho de que se han masificado las conexiones, apunta -igualmente- que la velocidad de acceso es muy pobre. Existe poca disponibilidad de conexiones de banda ancha (iguales o superiores a 4Mbps) y el costo de un plan de este tipo (como el de ABA de Cantv), que además no está disponible en todo el país, es casi un cuarto del salario mínimo.
La telefonía celular también es foco de atención. En este punto se observa, al igual que en la prestación de la banda ancha fija, el control de la CANTV con su filial privilegiada (Movilnet) y las restricciones que confrontan las empresas privadas para ampliar y mejorar sus plataformas. Cantv, por su parte, denuncia el informe, no reinvierte sus ganancias en la empresa, sino que las destina a "inversión social", con la consecuente desmejora de los servicios.
Igualmente, el texto señala la selectividad de las inversiones privadas. Las redes 4G, recientemente disponibles, solo existen en las ciudades de mayor densidad poblacional. La brecha urbano-rural, expresada en los índices de penetración que exhiben estados como Miranda (más de 92%) versus Apure (menos de 15%), por ejemplo, también son objeto de reflexión.
El acoso a periodistas, humoristas, artistas y líderes de opinión, así como también la vulneración y bloqueo de páginas informativas; la grabación y divulgación de conversaciones privadas, sin que las víctimas tengan un organismo independiente al cual acudir, son parte de un recuento que no nos es ajeno a los venezolanos que hacemos uso de la red y, además, realizamos escrutinio de ella como investigadores de la comunicación.
La restricción a las libertades de expresión, información y comunicación es un mal global. El informe 2013 de Freedom House señala que de 60 países estudiados, 34 mostraron un declive en sus índices; sin embargo, el informe es auspicioso: de la misma forma en que los gobiernos atentan contra las libertades cívicas, igualmente florece y se fortalece el movimiento de defensa de las libertades ciudadanas, entre ellas, el libre acceso y comunicación en la red.
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