Con apoyo de diversos estamentos y funcionarios del gobierno, desde principios de año se vienen realizando reuniones que, como ha sido difundido por varios medios, promueven la discusión y aprobación de una Ley, simplifiquemos el título, de Medios Comunitarios.
Variadas notas de prensa, así como documentos disponibles, revelan que la propuesta apunta básicamente al logro de dos cuestiones: la reserva del 33 por ciento del espectro electromagnético para este tipo de iniciativas y el otorgamiento de un abultado presupuesto público para estas emisoras por vía de la publicidad oficial. Algunos señalan el 50 por ciento.
Amén de las lógicas suspicacias que un proyecto de este tipo pueda levantar, y de lo evidentemente desfasado que resulta, tomando en consideración las nuevas venas que abre la digitalización, lo que nos parece más curioso es el ominoso silencio de quienes, en nuestra opinión, tendrían mucho que abonar en un debate sobre el tema. Porque ese es un punto cardinal. No hay discusión y debate. Al menos abiertamente.
Las reuniones a las que nos estamos refiriendo están siendo auspiciadas por destacadas figuras afectas al gobierno y en ella participan, de forma mayoritaria también, gestores y representantes de un conjunto de medios claramente identificados con el sector oficial.
Sé, porque conozco el sector desde hace muchos años, que el de los medios comunitarios no es un grupo homogéneo, sumiso y obsecuente. Por el contrario, si algo late en el corazón de su tradición, es el ser esquivo a los controles y mediatizaciones.
Esa, y no otra, es la razón de su emergencia en el espacio mediático, para demandar democracia informativa, al margen de los intereses comerciales y gubernamentales. Ello, como ha sido reconocido por tirios y troyanos, se puso claramente de manifiesto en el año 2002 cuando, gracias al blackout mediático operado por la TV comercial, surgieron como una “alternativa” a la desinformación.
¿Cómo se comportan ahora? Varios estudios disponibles que examinan sus discursos y tendencias dan cuenta de ello. Algunos son de corte descriptivo, con énfasis en las percepciones de sus promotores; otros, ponen sus los oídos en las audiencias; algunos más de fondo, producto de tesis doctorales en universidades y centros de investigación del país y del extranjero, los calibran a la luz de teorías comunicacionales y políticas.
Palabras más, palabras menos, al menos los que hemos consultado, coinciden en una realidad notoria: son pocos los que cuentan con un fuerte anclaje social. Un buen trozo de esta torta ha sido comida por el gobierno. Desde el 2002 se planificó y llevo a cabo un proceso de cooptación dirigido a hacer de ellos un altavoz oficial y así se desempeñan muchos. Muchísimos.
Pero también emerge de bulto que ese panorama no es uniforme, plácido, inamovible. Subsisten, penosamente invisibilizadas, una interesante cantidad de medios de genuina vocación alternativa y comunitaria.
¿Qué piensan estos de esta propuesta de Ley? ¿Qué les parece una pretensión como la que se revela en el proyecto, destinada a doblegar, mediante una pauta publicitaria oficial, su necesaria, sana y legítima independencia?
Que sepamos, no existe en el orbe legislación que se ajuste a tamaño despropósito. Existen sí, Estados democráticos que aseguran y destinan presupuestos y partidas del erario público al sostenimiento económico de unos medios que le urgen a la democracia. Partidas y presupuestos compuestos por ingresos provenientes de fuentes públicas y privadas, vía tasas impositivas, por ejemplo, administrados localmente y supervisados por entes equilibrados y probos.
Porque es esto lo que está en el fondo. Quién te financia y para qué. Ya lo decía Alfonso Gumucio-Dagron, uno de los estudiosos más respetados por el movimiento de medios comunitarios a escala latinoamericana: La sostenibilidad de estos medios es un arte de equilibristas.
De acuerdo con este investigador, autor de varios libros de obligada consulta y protagonista de diversas experiencias en Bolivia y Guatemala, los medios comunitarios tienen que procurar un balance (nada fácil) entre tres tipos de sostenibilidades: social, económica e institucional.
Social, porque deben auscultar y expresar los pálpitos de una comunidad, que siempre es diversa, con equidad. Económica, porque de ella depende su autonomía e independencia. Y, finalmente, institucional, porque tienen el derecho - y el deber- de exigirle al Estado un margo legal y regulatorio que garantice su supervivencia, de acuerdo con los ideales de una gestión democrática y participativa. Sin concesiones.
Hemos advertido muy de cerca la presión que sienten quienes, para nosotros, encarnan prácticas de legítima comunicación comunitaria y alternativa. Por eso nos resultan tan valiosas las expresiones de Argenis Fuenmanyor, de Tierra Libre FM de Trujillo; o de Kenia Useche, de Canal Z, de Maracaibo, quienes en un reciente foro celebrado en Valera, con el patrocinio de la misma Gobernación del Estado, abogaron por una revisión de fondo sobre el quehacer de estos medios y, en el contexto de la Ley que se promueve, pusieron sobre el tapete el tema de su necesaria independencia, al margen del discurso oficial.
¿Quién puede dudarlo? Es necesaria una Legislación que legitime, acote y preserve el digno quehacer de estos medios. Lo que no debe aceptarse es que, en aras de su muy circunstancial cooptación, se les ofrezca -y se acepte- una manzana envenenada. ¿Habrá algún ingenuo en esta época? ¿Se la comerán? ¿Cómo conjurar esa trampa? ¿Cómo aprovechar esta contingencia para avanzar en la antigua y noble lucha por una comunicación democrática?
