Redes sociales y autocracias: de la intimidación al bloqueo

Para los gobiernos de tendencia autoritaria la ampliación del acceso a la Internet significa un serio desafío. ¿Cómo censurar las redes sociales y al mismo tiempo mantener una fachada democrática?
Las protestas en El Cairo contra el gobierno del presidente Hosni Mubarak llevaban ya varios días. El 18 de enero un joven de 25 años había muerto tras inmolarse en Alejandría. Tres egipcios más se habían prendido fuego: dos en El Cairo y uno en la zona del canal de Suez. Según observadores, los manifestantes imitaban el comportamiento del joven Mohamed Bouazizi quien, con un sacrificio similar, semanas atrás había desatado las protestas que desembocaron en la huida del dictador tunecino.

El descontento popular y las demandas contra el régimen de Mubarak, con casi 30 años en el poder, venían en aumento. Y por motivos no pueriles. Durante el año pasado se duplicó el precio de los alimentos y existen sospechas infundadas acerca de los últimos comicios parlamentarios: se presume que fueron amañados de forma flagrante.

Tiempos raros estos, la noticia de esta semana -sin embargo- no ha sido los abusos de un régimen autoritario y las protestas en su contra, sino los métodos utilizados por los manifestantes. Según diversos analistas, la escalada del descontento en Egipto fue producto del uso estratégico de las herramientas de telecomunicación en manos de opositores emergentes, especialmente jóvenes, que organizaron, coordinaron y difundieron las convocatorias a través de redes sociales como Facebook y Twitter.

Existen divergencias de criterio en torno al efecto real de los nuevos medios en las protestas populares, como las sucedidas en Irán, Túnez y ahora Egipto, países en los cuales el acceso a Internet es restringido y vigilado. Sin embargo, la opinión más extendida y aceptada es que éstas no funcionan como disparadores si no cuentan con un piso político y organizativo de fondo.

Entre otros, el investigador de la Universidad de Stanford Timothy Garton Ash ha subrayado que las tecnologías de información y comunicación obviamente no provocan cambios por ellas mismas, pero que, en efecto, contribuyen a potenciarlos. En el caso egipcio, un hecho habla por sí solo: tanto Twitter como Facebook fueron bloqueados.

En el año 2008, la penetración de Internet en el país árabe era del 13 por ciento. Al año siguiente casi se duplicó. Según el informe de la organización Freedom House del año 2009, como otros gobiernos de corte autoritario, el egipcio, a la par que ha desarrollado políticas dirigidas a ampliar el acceso a la Internet, se ha ocupado de mantener una vigilancia constante sobre el uso que se hace de sus servicios para la difusión de información política sensible.

Métodos como la intimidación, los procedimientos legales poco transparente, las detenciones arbitrarias y la misma vigilancia a los activistas en línea, constituyen prácticas cotidianas en el país africano. En Egipto no existen leyes que otorguen al gobierno el poder de censurar Internet; por el contrario, la Constitución garantiza la libertad de expresión de sus ciudadanos y la Ley de Telecomunicaciones el derecho a la privacidad. Sin embargo, artículos del Código Penal y de la llamada Ley de Emergencia, en vigor desde 1981, le confieren discrecionalidad para controlar y censurar todas las comunicaciones. Adicionalmente, algunas enmiendas a la Ley de Prensa aprobada en 2006 tipifican como delito el difundir noticias falsas y criticar al jefe del Estado, delitos que, según dictamen de los tribunales, también aplican a los medios en línea.

El 26 de octubre de 2005, el bloguero Abdel Karim Nabil (conocido como Karim Amer), fue arrestado por la agencia egipcia de seguridad acusado de difundir en mensajes anti-religiosos. Fue detenido durante doce días y confiscados sus libros y escritos personales. En noviembre del año siguiente fue nuevamente detenido hasta que el 22 de febrero de 2007, a los 22 años, fue el primer bloguero egipcio condenado a prisión (por cuatro años) bajo los cargos de "insultos al Islam y al presidente”. Posteriormente, agentes de seguridad detuvieron a Abd al-Monim Mahmud, quien permaneció detenido durante 47 días por el supuesto delito de pertenecer a una organización política prohibida. En abril del 2008, la arrestada fue una mujer de 29 años, Isra Abd al-Fattah, acusada de usar la red social Facebook para llamar a una huelga general. Por la misma razón fue detenido en mayo el activista opositor Ahmed Maher.

Como se ve, la ampliación del acceso a la Internet pone a los regímenes autoritarios en una seria disyuntiva; por ello algunos gobiernos, interesados en brindar y mantener una fachada democrática, optan en un primer momento por el acoso y la intimidación a los díscolos usuarios. Cuando ya la espiral se desborda, viene el bloqueo. Esta vez el turno le tocó a Egipto y a Mubarak, pero -sin duda- hay varios más en la lista de espera.

Publicado en Código Venezuela

¿Cómo tuitean los periodistas venezolanos?

En tiempos como los que corren, en los cuales la privacidad se ha hecho asunto público gracias a la proliferación de medios y redes sociales, al menos un par de preguntas comienzan a despuntar entre los profesionales de la comunicación social: ¿Cuáles son los deberes y límites de los periodistas cuando se expresan en estos medios en tanto simples ciudadanos? ¿Es que acaso sus responsabilidades como informantes públicos les marcan una pauta a la hora de interactuar como gente de a pie?

Las respuestas no son sencillas. Quizás sean hasta imposibles en una época en la que se mueven, al mismo tiempo y con gran velocidad, tantos y tan disímiles elementos novedosos. Lo evidente es que las redes sociales, por su facilidad de uso, han contribuido con la exposición pública de los trabajadores de los medios, no ya como voceros de uno en particular, sino como ciudadanos con opiniones propias que, obviamente, no tienen por qué coincidir con las posturas editoriales de las empresas en las cuales trabajan.

En una situación ideal, no se deberían confrontar problemas, pero -se sabe- una cosa son los intereses de los medios y otra, muy distinta, los de los periodistas. En algunos casos son coincidentes, pero en otros no. Y cuando sucede esto último puede haber represalias contra quienes manifiestan, de manera personal y al margen de los medios que los emplean, opiniones divergentes. Tal fue el caso, en julio pasado, de la periodista Octavia Nasr, despedida de su cargo como editora para Medio Oriente de CNN -en el que tenía 20 años- por haber manifestado en un tuit su pesar por la muerte del gran ayatolá del Líbano Mohammed Hussein Fadlallah.

¿Qué debemos hacer los periodistas? ¿Autocensurarnos? ¿Apelar al uso de un seudónimo para llevar, digamos, una cierta vida paralela con más oxígeno? ¿Es eso ético? ¿Sería esto tolerable por los medios?

Empresas informativas de alcance global como la agencia Reuters, o medios con influencia internacional, como The Guardian, ya cuentan con políticas explícitas al respecto, pero en Venezuela aún es un asunto poco tratado. Afortunadamente vemos como periodistas de diversos medios y fuentes parecieran haber desarrollado, motu proprio y sin guiatura, una manera conveniente y original de desenvolverse en este canal informativo sin mayor protocolo y, hasta ahora, sin consecuencias que lamentar.

En Facebook, por ejemplo, hemos observado que algunos colegas han discutido abiertamente (y con no poca sorna y justificada inquina) asuntos relativos con su precaria contratación laboral, bajos sueldos y malas condiciones de trabajo. Que sepamos, no ha habido ni despidos ni sanciones a causa del ejercicio de esta cuota de libertad. En Twitter, muchos colegas informan dónde trabajan, pero en una búsqueda (apurada, debo confesar) sólo conseguí a uno que en su biografía, especificara, como la productora audiovisual y periodista de El-Nacional.com Angie Rodríguez, que la suya es una cuenta “PERSONAL y no representa al medio en el que trabajo”.

El rastro que dejamos los periodistas en las redes, querámoslo o no, lo hagamos ex profeso o no, genera opiniones que, en algún momento, puede operar a nuestro favor o en nuestra contra. Especialmente si llegáramos a vernos en el ojo del huracán, como le sucedió a la venezolana Andreína Flores, quien actuando como corresponsal de la agencia AFP hiciera una incómoda pregunta al Presidente Hugo Chávez luego del 26S. Como pudimos notar, al hacerse público su nombre de usuario, cierta jauría se dispuso a explorar en su timeline y a registrar sus opiniones para, a partir de ellas, cargarse en su contra por una supuesta “falta de objetividad”.

¿Qué debemos hacer en las redes? ¿Mantenernos como una suerte de seres angélicos sin opiniones? ¿Es eso posible? ¿Dejamos de usarlas? ¿Nos limitamos a tratar temas ajenos a nuestras fuentes profesionales?

Recientemente, en un webinario dirigido por Bárbara Yuste para la FNPI sobre la gestión de la identidad periodística en la red, una joven venezolana recién titulada, pero con varios años de vida digital y cierta identidad ya establecida, preguntó: ¿Es decir que cuando entre a trabajar a un medio no voy a poder ser yo? No hubo respuesta para ella porque, volvemos al principio, no es fácil.

Lo único que podemos deslizar, a falta de mejor consejo, es que resulta una práctica sana el mantenernos a nosotros mismos bajo permanente vigilia. Pensar muy bien lo que escribimos. Y cómo. Cuidar cada tuit, cada actualización en Facebook, cada línea de nuestro blog. Porque somos ciudadanos, sí, pero unos ciudadanos con responsabilidades muy especiales derivadas de nuestra profesión. Y una identidad digital, esto es: exponencialmente pública.

Si algo bueno traen las redes sociales a los medios es audiencia. Y la audiencia necesita conversar, tener un interlocutor del otro lado. Y ese interlocutor no puede ser de palo. Por ello, en relación con las empresas en las cuales trabajamos, lo ideal es reflexionar sobre este asunto, documentarnos con experiencias de otras latitudes y construir una batería argumental que nos permita discutir con criterio propio las normas que trataran de imponerse. No tardan en llegar.

*Agradezco a la colega Estrella Gutiérrez, de la agencia de Noticias Inter Press Service, el ameno diálogo sobre este tema que quedó recogido en esta nota.
Publicado en Código Venezuela.

Sobre la censura a medios digitales: ¿Qué veremos este año?

Cuando se intenta dar cuenta de la censura a los medios digitales, en particular, o a Internet, en general, usualmente se consignan datos acerca de sitios filtrados o bloqueados, de periodistas o activistas presos, u otras formas abiertas y deliberadas de acoso y presión. Sin embargo, en ocasiones, las restricciones son mucho más sutiles. Tanto que podrían llegar a ser invisibles dado que cuentan con la anuencia de sus propias víctimas.

Hablamos de la autocensura, consecuencia de la coacción y la intimidación, estrategias que, subrepticiamente, han venido imponiéndose en Venezuela y que podrían acentuarse en los meses por venir, al amparo de la Ley Resorte y de Telecomunicaciones, reformadas en diciembre pasado. La primera incluye la responsabilidad social de los proveedores de servicio de Internet y medios electrónicos y la segunda abre las puertas a la posibilidad de nacionalización total del sector.
Hasta ahora la amenaza sobre los medios digitales se ha hecho evidente en el hostigamiento legal de los gestores de medios y emisores finales. Los casos del portal informativo Noticiero Digital con dos investigaciones judiciales en su haber; y el de tres tuiteros imputados por, supuestamente, contribuir a exacerbar la crisis bancaria, en un par de casos, y por incitar al magnicidio, en otro, fueron emblemáticos en 2010.
Con la reforma de la Ley Resorte, la presión -puede preverse- se concentrará ahora sobre los medios, vale decir, sobre el soporte de los datos, hecho que, vinculado con la otra Ley recién reformada, la de Telecomunicaciones, abre paso a la toma de “precauciónes”* por parte de las empresas operadoras. Vale recordar que, de conformidad con el artículo quinto, la prestación de los servicios de telecomunicaciones pasa a ser considerada de interés público, por lo cual la posibilidad de una nacionalización expedita, bien de una empresa, como de todo el sector, queda abierta. Es lógico suponer, entonces, que veremos mermar las inversiones al mismo ritmo al que disminuyen las garantías jurídicas, con consecuencias nefastas para los usuarios.
A esto se le suma que el artículo segundo de la Ley Habilitante, referido a la infraestructura, transporte y servicios públicos, dispone que el Presidente de la República podrá “dictar y reformar normas regulatorias en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología de información, los mecanismos públicos de comunicaciones informáticas, electrónicas y telemáticas”.
El artículo 57 de la Constitución Nacional reza que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”. En lo que respecta a los medios digitales, sin embargo, la confluencia de varios factores como la estatización del principal proveedor de servicios de telefonía e Internet (CANTV), el control cambiario, la falta de equilibrio de los poderes públicos que conforman el Estado y, a partir de este año dos nuevas leyes dirigidas promover la toma de ciertas “precauciones”, como la autocensura, lo convierten en un derecho seriamente lesionado.
* Precaución. (Del lat. praecautĭo, -ōnis). f. Reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños que pueden temerse. (DRAE)
** La foto (tomada del diario El Universal) es del profesor universitario y activista de DDHH Carlos Correa, agredido al momento de entregar en la AN una solicitud de palabra, a nombre de la Alianza por la libertad de expresión, para consignar consideraciones críticas sobre la Ley Resorte y la Lotel.
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