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Medios digitales y periodismo: retos para la democracia en Panamá

Uno de los impactos más notorios de la pandemia ha sido la virtualización acelerada de muchas actividades, incluida la difusión de información a través de los medios de comunicación. En Panamá, la llegada del coronavirus “adelantó todas esas circunstancias que antes no se veían”, resumió el director del periódico más antiguo del país en un webinar convocado para examinar la crisis de la verdad y los retos del periodismo de cara al Covid19.

En ese mismo foro, Rita Vásquez, directora del diario La Prensa, aseguró: “Con esta pandemia hemos corroborado que el futuro de los medios de comunicación está en el mundo digital y hemos logrado lo que hace algunos meses pensábamos que era impensable”. Otros panelistas aseveraron que los productos digitales han tenido un crecimiento sustantivo, al igual que las suscripciones y las audiencias.

Quizás los destinatarios estaban mejor preparados que los emisores. A finales del 2019, la «Encuesta de Ciudadanía y Derechos» del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) claramente que la mayoría de la población panameña se informaba de los asuntos del país mediante la televisión (90,7%), medio seguido por aquellos en Internet y RRSS (73,5%), canales que progresivamente han venido desplazando a los periódicos (68,5%) y la radio (68,2%).

Los números obtenidos en esta consulta evidencian que existe una superposición en las formas de informarse. Una proporción sustantiva de personas lo hace a través de todos los canales, o mediante una combinación de estos. Internet y RRSS, en general, abarcan un universo de opciones que la medición en esta oportunidad no precisa, pero lo destacable es que ya aparece con claridad en el horizonte del consumo informativo de los panameños.

Debido a la pandemia, este fenómeno ha cobrado una importancia central. De hecho, el domingo 19 de abril de 2020 ningún periódico tuvo ediciones impresas (Saltiel, 2020), pero siguieron informando a través de sus plataformas en línea y redes sociales (en adelante RRSS).

Pero además de la versión digital de los medios tradicionales que comienzan a afincarse en la arena digital, en Panamá también están surgiendo nuevos medios con vida exclusiva en la red que usan intensivamente las RRSS para distribuir sus contenidos. Aunque en algunos portales dedicados a mapear estas iniciativas (SembraMedia y Datéame) solo aparezcan unos diez, en el país ya funciona una Asociación de Medios Digitales (AMEDIPA) en cuyo sitio web se registran más de treinta.

Aún más, existe un conjunto de experiencias que no aparecen en ninguno de los tres directorios, como la revista de periodismo narrativo Concolón; el portal Panamá Oeste, un medio dirigido a informar en exclusiva sobre una zona poco asistida por los medios, o apuestas como Foco o ClaraMente, iniciativas dirigidos por jóvenes, que comienzan a expandir sus canales a partir de sus iniciales apuestas en RRSS.

Estos cambios podrían tener un impacto significativo en la democracia informativa y, por ende, en la democracia política, sobre todo en un país altamente desigual como Panamá, donde la brecha digital —como ha quedado expuesto en medio de la pandemia— constituye un serio problema con expresiones educativas y culturales. Autores como Lugo-Ocando y Harkins (2020) ya han advertido que la brecha digital de acceso ha restringido la tanto la libertad de expresión como de información de vastos sectores de la sociedad.

Aunque pudiese afirmarse que en Panamá existe un alto índice de penetración a Internet, cercano al 70 por ciento, lo cierto es que, de acuerdo con los datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP, 2019), los panameños conectados podrían describirse como citadinos que usan el móvil bajo la modalidad de prepago. Según datos referidos en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (SENACYT, 2020), solo un 11 por ciento de la población cuenta con suscripciones de banda ancha fija. No obstante, según el último informe de la empresa HootSuite (2019), el uso de RRSS sobrepasa el 55 por ciento.

Estudios a escala global muestran que el consumo de noticias a través de los teléfonos inteligentes se está afianzando. En el contexto panameño, esta tendencia cobra una especial relevancia. Si bien los panameños que habitan en las ciudades pueden tener acceso a estos dispositivos ya las RRSS —donde circula cualquier tipo de información—, estos no tienen la misma posibilidad de conectarse a redes fijas de banda ancha, que son las requeridas para usos más relevantes como los vinculados con la educación.

El surgimiento de medios digitales y el uso extendido de las RRSS tiene al menos dos caras. Puede ser una oportunidad para que la ciudadanía se informe mejor a través de diversas fuentes informativas, o bien ser una vía para que diversos sectores sociales canalicen sus demandas e intereses, sin la mediación de intermediarios. No obstante, también es posible que esta nueva plaza sea contaminada con piezas desinformativas, creando tendencias a favor de intereses opacos que una población con condiciones desiguales de educación sea incapaz de discernir.

En enero de 2018 el Tribunal Electoral de Panamá creó una unidad especializada dirigida a monitorear el uso de medios y RRSS durante el torneo electoral de mayo de 2019 para aplicar las disposiciones del Código Electoral en esta materia. Posteriormente, en junio del mismo año, once meses antes de la realización de las elecciones generales, el organismo electoral lanzó la iniciativa “Pacto Ético Digital” mediante la cual aspiraba a que tanto los candidatos como sus comandos de campaña y seguidores, así como la ciudadanía en general, se comprometieron a no realizar campañas sucias ni a utilizar bots automatizados para manipular la voluntad del electorado.

La iniciativa tuvo efectos positivos y esta unidad pudo detectar el uso de call centers para afectar a una de las candidaturas presidenciales. A través del acuerdo hecho con las plataformas (Twitter, Facebook e Instagram) el Tribunal Electoral pudo establecer las sanciones respectivas, aunque el procedimiento fue largo y complicado en algunos casos (Bin, 2019).

En ese mismo periodo también fue notorio el surgimiento de campañas ciudadanas con expresión política en RRSS como la de # NoALaReelección, mediante el cual un grupo de ciudadanos instaba a no reelegir un conjunto de diputados con varios períodos de ejercicio en sus curules y objeto de denuncias por hechos de corrupción.

Sin querer establecer relaciones de causalidad entre esta campaña y los resultados de los comicios, es preciso subrayar que algunos de esos diputados cuestionados no fueron reelectos y que cinco candidatos por postulación libre obtuvieron curules en la Asamblea Nacional. Asimismo, cabe señalar que uno de los candidatos a la presidencia postulado de forma independiente llegó de tercero en la contienda, superando al candidato del partido de gobierno.

Otro tipo de manifestaciones en RRSS —con reflejo en la “vida real” - se han producido recientemente en el contexto de la pandemia. Durante la primera semana de mayo la etiqueta #SinCarrizoPorFavor, con la que un grupo de personas exigía transparencia en el uso de los fondos públicos en medio de la emergencia sanitaria, ocupó los primeros lugares de los Trending Topic de Twitter. El domingo tres de mayo, la tendencia fue acompañada por un pailazo que se escuchó en amplios sectores de la ciudad capital. En contra de esta campaña surgió otra, con la etiqueta #MovinChantaje, para acusar al movimiento político de ese nombre de presionar indebidamente al gobierno. Según los voceros de ese movimiento, la campaña habría sido orquestada desde la Secretaría de Comunicaciones del Ejecutivo.

En el año 2024, cuando se celebren nuevas elecciones en Panamá, indudablemente tendremos una población mucho más familiarizada en el uso de los medios y canales digitales para informarse sobre los asuntos nacionales. Con ese evento en el horizonte, hay que comenzar a observar este ecosistema de medios y prestar atención a las advertencias que vienen haciendo en torno a la manipulación informativa a través de RRSS. Este tipo de estrategias, ya implementadas en Brasil, Venezuela, México, Ecuador y Argentina, por mencionar algunos países de la región, se desarrollaron de forma incipiente en el último proceso electoral de Panamá.

Estudiar el comportamiento de los nuevos medios y prácticas de comunicación digital que emergen en el país permitiría generar alertas tempranas sobre hechos que pudiesen lesionar la democracia, así como generar también insumos para el desarrollo de estrategias de alfabetización mediática que permiten a los ciudadanos consumir información de manera crítica, así como producir mensajes autónomos que se correspondan con sus necesidades.

Más allá de todo lo deseable, también cabría preguntarse: ¿Cómo fortalecer un sistema de medios que contribuya con la edificación del clima democrático? ¿Cómo sacar provecho de las ventajas democratizadoras de la digitalización? En suma: ¿Cómo preservar el derecho de acceso a la información de calidad como pivote de la democracia?

En medio del webinar que mencionamos al inicio de este artículo, el moderador deslizó una idea alentadora que podría servirnos de guía para una respuesta: “La pandemia ha contribuido a revalorizar el periodismo clásico”. Quizás la fórmula sea esa, simple pero no fácil: volver al periodismo.

Referencias:

LUGO-OCANDO, J. y HARKINS, S. (2020). ¿Es la objetividad, estúpida? Por qué la Revolución Digital ha significado tan poco para la voz de quienes viven en la pobreza en el Sur Global. En Ética global de los medios y la revolución digital: narrativas controvertidas y puntos de vista contradictorios. Abingdon, Oxfordshire: Routledge. (En prensa, manuscrito cedido por los autores).

Publicado originalmente aquí.

Coronavirus y desigualdad digital en Panamá

La rápida transmisión del coronavirus (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad respiratoria Covid-19, ha provocado la implantación de medidas como el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social con el fin de mitigar la curva de propagación.

En términos sencillos, el distanciamiento social se ha traducido con un eslogan que, como el mismo virus, ha circulado velozmente por las redes sociales con la etiqueta # QuédateEnCasa. ¿Podríamos dudar de la utilidad de esta recomendación? Por supuesto que no debemos dudar de los beneficios de su acatamiento.

Según datos aportados por científicos, hay tres porcentajes clave: 80, 15 y 5. El 80% de los que contraerán el virus no tendrán mayores consecuencias; un 15% puede desarrollar una enfermedad que requerirá tratamiento, y solo un 5% derivará en un caso grave que necesitará cuidados intensivos.

Amainando la propagación mediante el distanciamiento físico, lo que se busca es que no colapsen los servicios de salud, como ha sucedido en países como Italia y España, que aplicaron esta medida muy tardíamente.

A partir de este llamado a quedarse en casa, se han producido otros, como aquellos que instan al teletrabajo, la teleeducación, y al disfrute de la infocultura. Sin embargo, estas iniciativas han expuesto con suma crudeza las limitaciones de la virtualidad, pero especialmente un hecho que muchos investigadores hemos venido señalando desde los inicios del proceso de digitalización: la existencia de una grave brecha digital.

Como concepto, la brecha digital tiene varias expresiones y derivaciones, como la educativa y la sociocultural, pero todas convergen, al inicio, en una diferencia infraestructural de acceso asociada a factores de tipo socioeconómico. No puede haber uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo sin que haya acceso para todos con equidad. En Panamá, el sexto país más desigual del mundo, la digitalización muestra con aspereza esa disparidad.

Los números aportan clara evidencia. Según datos de la ASEP(2019), en Panamá hay 4,2 millones de habitantes y 5,5 millones de teléfonos celulares; es decir, una penetración celular móvil del 132,5%. De asados, solo el 16,6% son de contrato o pospago. La cobertura celular es del 96% de la población, pero el porcentaje del territorio cubierto es de solo un 38%. En cuanto a las líneas fijas, sólo existen cerca de 700 mil, de las cuales unas 500 mil son residenciales. Las cifras del Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT, 2019) indican que sólo un 11% de la población cuenta con suscripciones de banda ancha fija. En otras palabras, los panameños podrían describirse como citadinos que usan el móvil bajo la modalidad de prepago.

A pesar del potencial que tiene Panamá para convertirse en el hub digital de las Américas (CAF, 2019), estas cifras revelan carencias que urge superar si queremos que la transformación digital impacte positivamente en el bienestar de la mayoría de los panameños y panameñas.

¿Es posible que en estas condiciones de desigualdad digital la mayoría de la población pueda teletrabajar, teleeducarse o teleinformarse con propiedad? La respuesta obvia es no, como lo han expresado dirigentes del gremio magisterial (González, 2020), al señalar que la mayoría de los educadores se ven imposibilitados de impartir clases a distancia usando Internet.

Esto no quiere decir que no sean positivas las iniciativas como el llamado al teletrabajo, la asistente virtual Rosa (desarrollada por la Autoridad de Innovación Gubernamental para canalizar consultas sobre el Covid-19) o el acuerdo entre esta dependencia y las operadoras para aumentar el ancho de banda. Al contrario, lo que estas medidas revelan es la importancia de ampliar y mejorar la conectividad.

Si algún aprendizaje nos debe dejar esta crisis, es que los esfuerzos en conectividad —que incluyen una ley que procura el establecimiento del servicio universal a Internet— son urgentes. El acceso que demandan los teleservicios de calidad requiere mayores y mejores inversiones en infraestructura, que incluyen la implementación de planos integrales con componentes para atender asuntos territoriales, lingüísticos y de género, por mencionar solo algunos.

Es vital promover la digitalización, pero debe hacerse sin perder de vista la equidad. Si no, se podría estar contribuyendo con el ensanchamiento de la desigualdad, un problema que arropa muchos ámbitos, como ha quedado evidenciado en la Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS (2019).

Hay que ampliar el acceso y hacerlo tomando en cuenta las desigualdades sociales. Solo así la conectividad podrá convertirse en palanca para el desarrollo, que se quiere justo y equitativo. Entender que en un mundo informatizado la disminución de la brecha digital contribuye con el acortamiento de la brecha social, pasa, entre otras cosas, por comprender que los asuntos relacionados con las TIC no son solo ttécnicos, sino sociales y culturales. Esperamos que al menos eso quede claro con esta crisis.

Referencias

CAF (2019, 2 de diciembre). Hub Digital Panamá. Instrucciones. Seminario CAF: Gobierno e infraestructura digital para la integración regional.

Publicado originalmente aquí.

Los 41 años del DLA: que arranque la fiesta

En días pasados una amiga holandesa me comentó que estaba aprendiendo español.

-Me están costando mucho los verbos en pasado, me confesó bastante apenada.

Bromeando, le dije: mejor empéñate en aprender los tiempos en futuro, que el pasado ya pasó. 

Así que yo también, frente a la reflexión acerca de lo que ha significado el Diario de Los Andes para Trujillo, opto por hacer un ejercicio de imaginación acerca de lo que podría significar este periódico para la región andina, atado a su ya larga tradición.

Esta casa fue fundada con el compromiso de animar conversaciones creativas entre sus habitantes para dar forma al Trujillo posible. Y estoy segura de que el DLA ha tenido claro que el cumplimiento de esa honrosa misión es imposible sin inclusión y sin democracia.

Me consta que durante su trayectoria el DLA no se ha hecho el sordo, aunque no siempre le haya gustado lo que escucha, o no haya creído en la honestidad o la buena fe de quienes hablan a través de sus páginas. Ha crecido acogiendo a muchos y a las voces de muchos también. 

En un momento doloroso de su historia fuimos testigos de mucha mezquindad hacia esta casa y, sin embargo, de su parte no conocimos gestos de acritud, sino más bien de nobleza hacia quienes la traicionaron.

Creo que esa característica suya, bastante extraña en el panorama de medios del país, es la que le garantiza una playa ancha, serena y limpia, en el futuro. Pero tiene que aprender nuevas lenguas.

Los tiempos corren cada vez más rápido y si bien, como dicen nuestros mayores, de la prisa no queda sino el cansancio, tampoco es hora de “echar el carro”. Como industriosos andinos, quienes habitan esta casa tienen que acomodarse al ritmo frenético de los cambios y apostar con fuerza a lo digital, pero no como muleta, pensando en que tal ortopedia será pronto innecesaria. Por el contrario.

Cualquier apuesta ahora demanda apertura, escucha, riesgo, confianza, rigurosidad, celo, inversiones, alianzas. Innovación pura y dura. Porque sobrevivirán los que hayan sabido otear en medio de la borrasca. ¡Y vaya borrasca la que atravesamos! No solo la que ha traído la transformación del ecosistema de medios, sino la local, la nacional, la propia. Esa que atenaza, golpea y parece no darnos tregua.

En esta casa, de esta casa, aprendí mucho. Por eso siempre soñé con que se convirtiera en una escuela. No en una gran referencia, sino en una enorme, como una escuela-faro. Hemos sido estudiantes en ella, profesores en ella. A muchos de los periodistas que hemos pasado por aquí nos consta el oído fino de quien marca el compás de lo que aquí se baila. 

Si, como dicen, la vida empieza a los 40, vamos tarde. Es hora de que arranque la fiesta.

#LeyCiberespacio: Ser o no ser

El 14 de enero, William Peña, periodista venezolano de larga y consistente trayectoria en la fuente de tecnología, encendió las alarmas. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaría por aprobar una ley que vulneraría (aún más) los derechos humanos de los venezolanos al poner bajo control del Estado (lo cual en Venezuela quiere decir una facción política sin contrapesos institucionales) los contenidos que circulan por Internet.

De inmediato un grupo de periodistas, investigadores, activistas y defensores de la libertad de expresión e información nos dimos a la tarea, con el invaluable apoyo de organizaciones de larga trayectoria, como Access Now y Derechos Digitales, de analizar el texto para fijar posición sobre lo que se planteaba.

Para los expertos, el articulado no resistía una mirada desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos humanos. Los argumentos técnico-legales fluyeron de seguidas, consistentes y con precisión. Total, no estamos solos, los venezolanos, en esto de enfrentar la oleada totalitaria que intenta minar las libertades en la red. Ya hay roncha. Hasta ahora, el documento ha sido suscrito por cerca de 50 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. 

Otros asuntos, sin embargo, ocuparon la discusión. ¿Qué tono dar al documento? ¿Se parte de minimizar la intentona (que eso es, por ahora…) por provenir de un ente -la ANC- que la mayoría de los venezolanos y de la comunidad internacional no reconoce? ¿Pero es que acaso ésta no ha sancionado ya una ley, como la llamada “Ley Contra el Odio”, que se ha aplicado para amedrentar a la disidencia política?

Cuestionar la ley, para algunos adherentes, podría significar el reconocer la ANC. ¿Y qué hacemos? ¿No la reconocemos y, por lo tanto, callamos? El consenso nos llevó a redactar este párrafo que-creemos- resulta lo suficientemente claro: 

“Por todo lo expuesto, nos oponemos a la aprobación de este proyecto. La legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con estándares de derechos humanos”.

 

¿Que el párrafo debió ir al principio...? Para algunos gustos, quizás. Pero allí está. Lo medular reluce: nos oponemos a la ANC y a todo cuanto de ella emane por carecer de legitimidad. Y esta ley, de aprobarse, lo será. Por lo demás, incluso en el seno de una instancia legítima, aspiramos a que cualquier ley que tenga como propósito regular el ámbito digital se elabore con el concurso de todos los sectores implicados. Vamos avisando.

El otro punto que generó debate fue: En el contexto de crecientes restricciones, ¿qué destacar como acciones dirigidas a controlar la libertad de expresión y el acceso a la información en Internet? ¿Sólo las legales? ¿O incluimos bloqueos, detenciones arbitrarias a usuarios de redes sociales, acoso en línea, ataques técnicos…? Las cuentas de este rosario son pródigas en Venezuela, pero el ordenamiento jurídico, sin duda, tiene un gran peso por las vías que abre para la apelación y la justicia. Al menos en países democráticos. Que no es nuestro caso, lo sabemos. 

Este aspecto, el legal, nos lleva a otro no menos importante, vital. ¿Confiamos en esta filtración? De una, quienes conocemos a William Peña, y su trayectoria dentro de Inside Telecom, asentimos. Confiamos y recordamos la filtración que los periodistas de ese medio hicieron del texto propuesto para reformar la ley de telecomunicaciones en el año 2008, dirigida a establecer, entre otras cosas, un punto único de acceso a Internet en manos del Estado (amén de la reforma del artículo 5to para revertir el carácter de interés general de las telecomunicaciones).

En el 2008, gracias a la presión ciudadana, el “borrador de ley” que la ministra tuvo que reconocer que existía, no pasó. Esperaron dos años, pero lo hicieron. Y ese cambio, al menos en mi opinión, le puso una lápida muy pesada (aunque no la única) a las telecomunicaciones.  

Conclusión: No hay que bajar la guardia. Y no la bajamos.

¿Comunicación alternativa en la era digital?

Luis Botello, del ICFJ, y los panelistas: Camila Adames, Carlos Serrano, Lourdes Arróliga y Grisha Vera

Nunca una idea, como la de hurgar en los preceptos de la comunicación alternativa, me pareció más ajustada para el desafío que enfrenta el periodismo en esta época.

En un reciente foro sobre La desinformación en la era digital, un asunto que por su gravedad ocupa cada vez más espacios de discusión, uno de los panelistas, el periodista colombiano Carlos Serrano, quien trabaja desde Miami para el servicio público de radio y televisión del Reino Unido (BBC), sugirió que una manera de conjurar la desinformación era “acercarse a las audiencias”.

En ese momento pensé en las experiencias que han surgido en Venezuela como consecuencia de la política de hegemonía comunicacional impuesta por el gobierno. Me refiero a los casos de ElBusTV y, muy especialmente, al programa de formación de infociudadanos de El Pitazo.

El BusTV, que ganó una nominación en la categoría de innovación del Premio Gabriel García Márquez de este año, busca directamente a las audiencias en los autobuses de Caracas donde se mueve una población que, no es difícil deducir, difícilmente puede acceder a medios independientes por Internet en un país cuya conectividad decrece a diario.

El programa de infociudadanos de El Pitazo, un portal digital de noticias que ha sido bloqueado por el gobierno para los usuarios de Venezuela, busca formar competencias ciudadanas para la búsqueda, el tratamiento y la difusión de noticias de y en las comunidades más vulnerables, así como para verificar la información que circula en redes sociales.

En el año 2014, justamente cuando Venezuela acabada de padecer la primera gran y fuerte ola represiva del gobierno de Nicolás Maduro, gracias a la invitación del profesor Marcelino Bisbal, coordinador de los Postgrados en Comunicación Social de la UCAB, compartí con un grupo de colegas algunas ideas en torno a la recomposición del periodismo.

Me referí allí a varios asuntos, pero el que me sirve hoy para argumentar lo que vengo hilando, es este: Cuando se habla de innovación periodística, con uso o por efecto de las TIC, quisiera pensar que se trata de otras apuestas que impliquen más escucha ciudadana.

En aquel momento no existían ni El Pitazo ni El BusTV, por mencionar apenas dos de los medios que nacieron al calor de la censura que se impuso en dos períodos represivos clave (2014 y 2017), posteriores e la elección del presidente Nicolás Maduro. Otro ejemplo en esa búsqueda es Efecto Cocuyo, con su iniciativa "Encuentros Cocuyos" para dialogar con las audiencias.

El territorio periodístico estaba vacío. El gobierno lo había secado a través del cierre y la compra de medios, las restricciones para la compra de papel periódico, la extorsión fiscal y múltiples presiones sobre las líneas editoriales. Pero los periodistas estaban llenos. Llenos del compromiso con dos de los valores supremos del periodismo: la verdad y el servicio público.

La crisis venezolana ha sacado lo mejor de nuestro gremio convirtiendo a estos colegas, no solo en emprendedores de medios, sino en una muralla para la defensa de la democracia.

Cuando los periodistas auscultan con oído fino a la sociedad sacan de ella su savia. Y en ese trabajo, si es genuino, se transforman. Dejan de ser canal y abren paso a otras voces.

¿No es ese el corazón de la comunicación comunitaria, alternativa? 

Volver la mirada a experiencias de comunicación comunitaria que marcaron una época en Latinoamérica, hurgar en sus pliegues, ricos en aprendizajes, podría ayudarnos ahora a navegar con éxito en las promisorias, pero también oscuras y turbulentas aguas de la digitalización. Y no solo en Venezuela.

Las posibilidades que nos ofrecen hoy las tecnologías (manejo de grandes volúmenes de datos, economía de recursos y difusión global de los mensajes, entre otras) no deberían obnubilarnos y dejar fuera lo esencial. Todas esas potencialidades, por el contrario, deberían ponerse al servicio de los ciudadanos. Ya estamos viendo que es posible.

¿Comunicación alternativa en la era digital? ¡Pues sí!