Medios digitales y periodismo: retos para la democracia en Panamá

Uno de los impactos más notorios de la pandemia ha sido la virtualización acelerada de muchas actividades, incluida la difusión de información a través de los medios de comunicación. En Panamá, la llegada del coronavirus “adelantó todas esas circunstancias que antes no se veían”, resumió el director del periódico más antiguo del país en un webinar convocado para examinar la crisis de la verdad y los retos del periodismo de cara al Covid19.

En ese mismo foro, Rita Vásquez, directora del diario La Prensa, aseguró: “Con esta pandemia hemos corroborado que el futuro de los medios de comunicación está en el mundo digital y hemos logrado lo que hace algunos meses pensábamos que era impensable”. Otros panelistas aseveraron que los productos digitales han tenido un crecimiento sustantivo, al igual que las suscripciones y las audiencias.

Quizás los destinatarios estaban mejor preparados que los emisores. A finales del 2019, la «Encuesta de Ciudadanía y Derechos» del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) claramente que la mayoría de la población panameña se informaba de los asuntos del país mediante la televisión (90,7%), medio seguido por aquellos en Internet y RRSS (73,5%), canales que progresivamente han venido desplazando a los periódicos (68,5%) y la radio (68,2%).

Los números obtenidos en esta consulta evidencian que existe una superposición en las formas de informarse. Una proporción sustantiva de personas lo hace a través de todos los canales, o mediante una combinación de estos. Internet y RRSS, en general, abarcan un universo de opciones que la medición en esta oportunidad no precisa, pero lo destacable es que ya aparece con claridad en el horizonte del consumo informativo de los panameños.

Debido a la pandemia, este fenómeno ha cobrado una importancia central. De hecho, el domingo 19 de abril de 2020 ningún periódico tuvo ediciones impresas (Saltiel, 2020), pero siguieron informando a través de sus plataformas en línea y redes sociales (en adelante RRSS).

Pero además de la versión digital de los medios tradicionales que comienzan a afincarse en la arena digital, en Panamá también están surgiendo nuevos medios con vida exclusiva en la red que usan intensivamente las RRSS para distribuir sus contenidos. Aunque en algunos portales dedicados a mapear estas iniciativas (SembraMedia y Datéame) solo aparezcan unos diez, en el país ya funciona una Asociación de Medios Digitales (AMEDIPA) en cuyo sitio web se registran más de treinta.

Aún más, existe un conjunto de experiencias que no aparecen en ninguno de los tres directorios, como la revista de periodismo narrativo Concolón; el portal Panamá Oeste, un medio dirigido a informar en exclusiva sobre una zona poco asistida por los medios, o apuestas como Foco o ClaraMente, iniciativas dirigidos por jóvenes, que comienzan a expandir sus canales a partir de sus iniciales apuestas en RRSS.

Estos cambios podrían tener un impacto significativo en la democracia informativa y, por ende, en la democracia política, sobre todo en un país altamente desigual como Panamá, donde la brecha digital —como ha quedado expuesto en medio de la pandemia— constituye un serio problema con expresiones educativas y culturales. Autores como Lugo-Ocando y Harkins (2020) ya han advertido que la brecha digital de acceso ha restringido la tanto la libertad de expresión como de información de vastos sectores de la sociedad.

Aunque pudiese afirmarse que en Panamá existe un alto índice de penetración a Internet, cercano al 70 por ciento, lo cierto es que, de acuerdo con los datos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP, 2019), los panameños conectados podrían describirse como citadinos que usan el móvil bajo la modalidad de prepago. Según datos referidos en el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019-2024 (SENACYT, 2020), solo un 11 por ciento de la población cuenta con suscripciones de banda ancha fija. No obstante, según el último informe de la empresa HootSuite (2019), el uso de RRSS sobrepasa el 55 por ciento.

Estudios a escala global muestran que el consumo de noticias a través de los teléfonos inteligentes se está afianzando. En el contexto panameño, esta tendencia cobra una especial relevancia. Si bien los panameños que habitan en las ciudades pueden tener acceso a estos dispositivos ya las RRSS —donde circula cualquier tipo de información—, estos no tienen la misma posibilidad de conectarse a redes fijas de banda ancha, que son las requeridas para usos más relevantes como los vinculados con la educación.

El surgimiento de medios digitales y el uso extendido de las RRSS tiene al menos dos caras. Puede ser una oportunidad para que la ciudadanía se informe mejor a través de diversas fuentes informativas, o bien ser una vía para que diversos sectores sociales canalicen sus demandas e intereses, sin la mediación de intermediarios. No obstante, también es posible que esta nueva plaza sea contaminada con piezas desinformativas, creando tendencias a favor de intereses opacos que una población con condiciones desiguales de educación sea incapaz de discernir.

En enero de 2018 el Tribunal Electoral de Panamá creó una unidad especializada dirigida a monitorear el uso de medios y RRSS durante el torneo electoral de mayo de 2019 para aplicar las disposiciones del Código Electoral en esta materia. Posteriormente, en junio del mismo año, once meses antes de la realización de las elecciones generales, el organismo electoral lanzó la iniciativa “Pacto Ético Digital” mediante la cual aspiraba a que tanto los candidatos como sus comandos de campaña y seguidores, así como la ciudadanía en general, se comprometieron a no realizar campañas sucias ni a utilizar bots automatizados para manipular la voluntad del electorado.

La iniciativa tuvo efectos positivos y esta unidad pudo detectar el uso de call centers para afectar a una de las candidaturas presidenciales. A través del acuerdo hecho con las plataformas (Twitter, Facebook e Instagram) el Tribunal Electoral pudo establecer las sanciones respectivas, aunque el procedimiento fue largo y complicado en algunos casos (Bin, 2019).

En ese mismo periodo también fue notorio el surgimiento de campañas ciudadanas con expresión política en RRSS como la de # NoALaReelección, mediante el cual un grupo de ciudadanos instaba a no reelegir un conjunto de diputados con varios períodos de ejercicio en sus curules y objeto de denuncias por hechos de corrupción.

Sin querer establecer relaciones de causalidad entre esta campaña y los resultados de los comicios, es preciso subrayar que algunos de esos diputados cuestionados no fueron reelectos y que cinco candidatos por postulación libre obtuvieron curules en la Asamblea Nacional. Asimismo, cabe señalar que uno de los candidatos a la presidencia postulado de forma independiente llegó de tercero en la contienda, superando al candidato del partido de gobierno.

Otro tipo de manifestaciones en RRSS —con reflejo en la “vida real” - se han producido recientemente en el contexto de la pandemia. Durante la primera semana de mayo la etiqueta #SinCarrizoPorFavor, con la que un grupo de personas exigía transparencia en el uso de los fondos públicos en medio de la emergencia sanitaria, ocupó los primeros lugares de los Trending Topic de Twitter. El domingo tres de mayo, la tendencia fue acompañada por un pailazo que se escuchó en amplios sectores de la ciudad capital. En contra de esta campaña surgió otra, con la etiqueta #MovinChantaje, para acusar al movimiento político de ese nombre de presionar indebidamente al gobierno. Según los voceros de ese movimiento, la campaña habría sido orquestada desde la Secretaría de Comunicaciones del Ejecutivo.

En el año 2024, cuando se celebren nuevas elecciones en Panamá, indudablemente tendremos una población mucho más familiarizada en el uso de los medios y canales digitales para informarse sobre los asuntos nacionales. Con ese evento en el horizonte, hay que comenzar a observar este ecosistema de medios y prestar atención a las advertencias que vienen haciendo en torno a la manipulación informativa a través de RRSS. Este tipo de estrategias, ya implementadas en Brasil, Venezuela, México, Ecuador y Argentina, por mencionar algunos países de la región, se desarrollaron de forma incipiente en el último proceso electoral de Panamá.

Estudiar el comportamiento de los nuevos medios y prácticas de comunicación digital que emergen en el país permitiría generar alertas tempranas sobre hechos que pudiesen lesionar la democracia, así como generar también insumos para el desarrollo de estrategias de alfabetización mediática que permiten a los ciudadanos consumir información de manera crítica, así como producir mensajes autónomos que se correspondan con sus necesidades.

Más allá de todo lo deseable, también cabría preguntarse: ¿Cómo fortalecer un sistema de medios que contribuya con la edificación del clima democrático? ¿Cómo sacar provecho de las ventajas democratizadoras de la digitalización? En suma: ¿Cómo preservar el derecho de acceso a la información de calidad como pivote de la democracia?

En medio del webinar que mencionamos al inicio de este artículo, el moderador deslizó una idea alentadora que podría servirnos de guía para una respuesta: “La pandemia ha contribuido a revalorizar el periodismo clásico”. Quizás la fórmula sea esa, simple pero no fácil: volver al periodismo.

Referencias:

LUGO-OCANDO, J. y HARKINS, S. (2020). ¿Es la objetividad, estúpida? Por qué la Revolución Digital ha significado tan poco para la voz de quienes viven en la pobreza en el Sur Global. En Ética global de los medios y la revolución digital: narrativas controvertidas y puntos de vista contradictorios. Abingdon, Oxfordshire: Routledge. (En prensa, manuscrito cedido por los autores).

Publicado originalmente aquí.

Coronavirus y desigualdad digital en Panamá

La rápida transmisión del coronavirus (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad respiratoria Covid-19, ha provocado la implantación de medidas como el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social con el fin de mitigar la curva de propagación.

En términos sencillos, el distanciamiento social se ha traducido con un eslogan que, como el mismo virus, ha circulado velozmente por las redes sociales con la etiqueta # QuédateEnCasa. ¿Podríamos dudar de la utilidad de esta recomendación? Por supuesto que no debemos dudar de los beneficios de su acatamiento.

Según datos aportados por científicos, hay tres porcentajes clave: 80, 15 y 5. El 80% de los que contraerán el virus no tendrán mayores consecuencias; un 15% puede desarrollar una enfermedad que requerirá tratamiento, y solo un 5% derivará en un caso grave que necesitará cuidados intensivos.

Amainando la propagación mediante el distanciamiento físico, lo que se busca es que no colapsen los servicios de salud, como ha sucedido en países como Italia y España, que aplicaron esta medida muy tardíamente.

A partir de este llamado a quedarse en casa, se han producido otros, como aquellos que instan al teletrabajo, la teleeducación, y al disfrute de la infocultura. Sin embargo, estas iniciativas han expuesto con suma crudeza las limitaciones de la virtualidad, pero especialmente un hecho que muchos investigadores hemos venido señalando desde los inicios del proceso de digitalización: la existencia de una grave brecha digital.

Como concepto, la brecha digital tiene varias expresiones y derivaciones, como la educativa y la sociocultural, pero todas convergen, al inicio, en una diferencia infraestructural de acceso asociada a factores de tipo socioeconómico. No puede haber uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo sin que haya acceso para todos con equidad. En Panamá, el sexto país más desigual del mundo, la digitalización muestra con aspereza esa disparidad.

Los números aportan clara evidencia. Según datos de la ASEP(2019), en Panamá hay 4,2 millones de habitantes y 5,5 millones de teléfonos celulares; es decir, una penetración celular móvil del 132,5%. De asados, solo el 16,6% son de contrato o pospago. La cobertura celular es del 96% de la población, pero el porcentaje del territorio cubierto es de solo un 38%. En cuanto a las líneas fijas, sólo existen cerca de 700 mil, de las cuales unas 500 mil son residenciales. Las cifras del Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT, 2019) indican que sólo un 11% de la población cuenta con suscripciones de banda ancha fija. En otras palabras, los panameños podrían describirse como citadinos que usan el móvil bajo la modalidad de prepago.

A pesar del potencial que tiene Panamá para convertirse en el hub digital de las Américas (CAF, 2019), estas cifras revelan carencias que urge superar si queremos que la transformación digital impacte positivamente en el bienestar de la mayoría de los panameños y panameñas.

¿Es posible que en estas condiciones de desigualdad digital la mayoría de la población pueda teletrabajar, teleeducarse o teleinformarse con propiedad? La respuesta obvia es no, como lo han expresado dirigentes del gremio magisterial (González, 2020), al señalar que la mayoría de los educadores se ven imposibilitados de impartir clases a distancia usando Internet.

Esto no quiere decir que no sean positivas las iniciativas como el llamado al teletrabajo, la asistente virtual Rosa (desarrollada por la Autoridad de Innovación Gubernamental para canalizar consultas sobre el Covid-19) o el acuerdo entre esta dependencia y las operadoras para aumentar el ancho de banda. Al contrario, lo que estas medidas revelan es la importancia de ampliar y mejorar la conectividad.

Si algún aprendizaje nos debe dejar esta crisis, es que los esfuerzos en conectividad —que incluyen una ley que procura el establecimiento del servicio universal a Internet— son urgentes. El acceso que demandan los teleservicios de calidad requiere mayores y mejores inversiones en infraestructura, que incluyen la implementación de planos integrales con componentes para atender asuntos territoriales, lingüísticos y de género, por mencionar solo algunos.

Es vital promover la digitalización, pero debe hacerse sin perder de vista la equidad. Si no, se podría estar contribuyendo con el ensanchamiento de la desigualdad, un problema que arropa muchos ámbitos, como ha quedado evidenciado en la Encuesta de Ciudadanía y Derechos del CIEPS (2019).

Hay que ampliar el acceso y hacerlo tomando en cuenta las desigualdades sociales. Solo así la conectividad podrá convertirse en palanca para el desarrollo, que se quiere justo y equitativo. Entender que en un mundo informatizado la disminución de la brecha digital contribuye con el acortamiento de la brecha social, pasa, entre otras cosas, por comprender que los asuntos relacionados con las TIC no son solo ttécnicos, sino sociales y culturales. Esperamos que al menos eso quede claro con esta crisis.

Referencias

CAF (2019, 2 de diciembre). Hub Digital Panamá. Instrucciones. Seminario CAF: Gobierno e infraestructura digital para la integración regional.

Publicado originalmente aquí.

Postales de Venezuela en el IGF 2015

http://www.cecalc.ula.ve/internetprioritaria/

Estuve en Brasil la semana pasada en el Internet Governance Forum como parte de la delegación de la organización Freedom House. Como analista para Venezuela del reporte Freedom on The Net (Libertad en la Red), pude hablar unos minutos sobre la situación del país en la presentación del informe mundial. 

Más allá de lo que está ampliamente documentado en la publicación, intenté destacar el elemento que, en mi opinión, juega un papel definitivo en el desarrollo, aunque quizás sea más apropiado decir subdesarrollo, del entorno digital venezolano. En un evento como ese, tener el chance de decir unas palabritas es algo extraordinario. Y esto fue lo que dije, este fue mi punto (no lo llevé escrito, así que dejo constancia por aquí). Gracias a Sanja Kelly, directora del proyecto, por darme esa oportunidad.

El patrón de control y de limitación de la libertad en el entorno digital que se sigue en Venezuela es, básicamente, el de la restricción del acceso. En el reporte de Freedom House, que analiza siete países de América Latina y el Caribe, somos el que muestra el peor desempeño en ese aspecto, después de Cuba. 

Cuando se analizan los factores que atentan contra la Libertad en la Red, mi impresión es que se le suele prestar mayor atención al bloqueo, al control y a la remoción de los contenidos, al igual que a la violación de los derechos de los usuarios, procedimientos absolutamente repudiables que se producen una vez que los ciudadanos han ganado cierto espacio en la red. Pero ¿no es acaso lícito preguntarse si restringir el acceso a la red mundial es, también, un modo de represión más sutil y menos visible, y una violación del artículo 19 de la declaración de los derechos humanos? En mi opinión, sí. Y en Venezuela el control comienza por allí. Las tenazas se aplican en la raíz. 

Ello es evidente en la división urbano rural, en la prestación de servicios de banda ancha (4 G, por ejemplo) sólo en algunos sectores de ciertas ciudades, en el desmantelamiento de las redes académicas... Tenemos más puntos de conexión, sí, pero la conectividad que estos ofrecen es cada vez más precaria. Nuestra velocidad promedio de conexión es menor a 2 Mbps. En otras palabras: La mayoría de la población no cuenta con servicios de banda ancha. 

Por supuesto que cuando me refiero al acceso lo hago en los términos en que lo concibe la Unesco, que no lo limita únicamente a la disponibilidad de la infraestructura, pero que obviamente la incluye. Participar con equidad en la Sociedad de la Información pasa por comprenderla, y no se comprende lo que no se conoce. La apropiación de Internet es una experiencia. Experiencia negada, por si se nos olvida, a más de la mitad de la población mundial. 

No es nada que no haya dicho o escrito antes, sólo que tuve el privilegio de expresarlo en un IGF. 

Quizás porque hice casi toda mi carrera académica en la provincia, en una zona casi rural, en un núcleo poco desarrollado de la Universidad de Los Andes (ULA), que fue pionera en el desarrollo de las redes académicas en ALC, eso lo he tenido claro desde los años '90. Hacen falta políticas inclusivas que procuren una Internet libre, abierta y segura para TODOS.

Venezuela también tuvo su mención en otra de las sesiones. En el panel que analizó la responsabilidad de los intermediarios, convocado por la organización ManilaPrinciples on Intermediary Liability, el Dr. Giancarlo Frosio, del Centro Internet y Sociedad de la Universidad de Stanford, presentó los hallazgos del proyecto WILMap (con el que hemos venido colaborando) el cual consiste en un mapa en línea que documenta la evolución de la regulación de Internet que afecta la libertad de expresión y los derechos de los usuarios en todo el mundo. En su presentación, Frosio mencionó el bloqueo de contenidos por parte de Conatel.

Venezuela en el mapa.

De Venezuela, y por Venezuela, también estuvieron presentes los tres jóvenesembajadores de la Internet Society, de los cuales tuve y me traigo una impresión gratísima. Muchachos de provincia (los tres viven en Mérida) que despuntan ya con liderazgo propio: Encel Sánchez, Paola Pérez y Maureen Hernández. Esta última, estudiante de ingeniería de sistemas de la ULA, tuvo una mención especial por parte de la presidenta y CEO de Internet Society, Kathryn Brown, y de Vint Cerf, el papá de los helados. ¡Nada menos!
 

Los IGF son una oportunidad para aprender, para hacer networking y también, cómo no, para callarse. Y con esta confesión cierro esta nota. También me mordí la lengua.

En la presentación de las últimas publicaciones de la Unesco, el coordinador del panel, integrado por varios de los autores, inició la sesión contándole al auditorio que había tenido una pesadilla terrible. Que unos árboles lo atenazaban y lo sofocaban, en venganza por haber destruido demasiados bosques para imprimir tantos documentos. Nos rogó que le ayudáramos a exorcizar la culpa. 

Tímidos, unos cuantos manifestaron razonamientos de apoyo, pero la mayoría, indefectiblemente (algo de esperar por el contexto), terminaba con el latiguillo de...pero mejor, claro, imprimir unos pocos libros e informes y el resto ponerlo en línea. Por supuesto, ¡eso es lo que hace la Unesco! Sin embargo, había allí un montón enorme de cajas, muchísimos libros, documentos e informes valiosos que lamentablemente llegarán a muy pocos lectores. Me guardé lo que quería decir:

Que nos mandaran a Venezuela todas esas cajas, que bajar todos esos informes era una tortura con nuestras pobres conexiones, que imprimirlos era un lujo -no digamos para los estudiantes- para profesores universitarios cuyo salario no llega a los 50 dólares mensuales. Me callé, sí. Porque tampoco es cuestión de ir por el mundo a exponer nuestras miserias. Basta con el dolor que se siente cuando se visitan los países de la región y se comprende -por contraste- lo que significa ser habitante de un país potencia.

Demba Kandeh, un joven activista de Gambia, leyó la declaración de la delegación en la ceremonia de cierre.