El 14 de enero, William Peña, periodista venezolano de larga
y consistente trayectoria en la fuente de tecnología, encendió las alarmas. La
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) estaría por aprobar una ley que vulneraría
(aún más) los derechos humanos de los venezolanos al poner bajo control del
Estado (lo cual en Venezuela quiere decir una facción política sin contrapesos
institucionales) los contenidos que circulan por Internet.
De inmediato un grupo de periodistas, investigadores, activistas
y defensores de la libertad de expresión e información nos dimos a la tarea,
con el invaluable apoyo de organizaciones de larga trayectoria, como Access Now
y Derechos Digitales, de analizar el texto para fijar posición sobre lo que se
planteaba.
Para los expertos, el articulado no resistía una mirada
desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos humanos. Los argumentos técnico-legales
fluyeron de seguidas, consistentes y con precisión. Total, no estamos solos,
los venezolanos, en esto de enfrentar la oleada totalitaria que intenta minar
las libertades en la red. Ya hay roncha. Hasta ahora, el documento ha sido
suscrito por cerca de 50 organizaciones, tanto nacionales como internacionales.
Otros asuntos, sin embargo, ocuparon la discusión. ¿Qué tono
dar al documento? ¿Se parte de minimizar la intentona (que eso es, por ahora…)
por provenir de un ente -la ANC- que la mayoría de los venezolanos y de la
comunidad internacional no reconoce? ¿Pero es que acaso ésta no ha sancionado
ya una ley, como la llamada “Ley Contra el Odio”, que se ha aplicado para
amedrentar a la disidencia política?
Cuestionar la ley, para algunos adherentes, podría
significar el reconocer la ANC. ¿Y qué hacemos? ¿No la reconocemos y, por lo
tanto, callamos? El consenso nos llevó a redactar este párrafo que-creemos-
resulta lo suficientemente claro:
“Por todo lo expuesto,
nos oponemos a la aprobación de este proyecto. La legitimidad de la Asamblea
Nacional Constituyente ha sido puesta en duda por instituciones venezolanas e
internacionales. Las leyes que regulen el uso de tecnologías de información y
comunicación deberían ser promulgadas por instituciones ampliamente reconocidas
para mantener la confianza en el ecosistema de internet y mediante
procedimientos democráticos y participativos, cumpliendo estrictamente con
estándares de derechos humanos”.
¿Que el párrafo debió ir al principio...? Para algunos
gustos, quizás. Pero allí está. Lo medular reluce: nos oponemos a la ANC y a todo
cuanto de ella emane por carecer de legitimidad. Y esta ley, de aprobarse, lo
será. Por lo demás, incluso en el seno de una instancia legítima, aspiramos a que cualquier ley que tenga como propósito regular el ámbito digital se elabore con el concurso de todos los sectores implicados. Vamos avisando.
El otro punto que generó debate fue: En el contexto de
crecientes restricciones, ¿qué destacar como acciones dirigidas a controlar la
libertad de expresión y el acceso a la información en Internet? ¿Sólo las
legales? ¿O incluimos bloqueos, detenciones arbitrarias a usuarios de redes
sociales, acoso en línea, ataques técnicos…? Las cuentas de este rosario son
pródigas en Venezuela, pero el ordenamiento jurídico, sin duda, tiene un gran
peso por las vías que abre para la apelación y la justicia. Al menos en países democráticos. Que no es nuestro caso, lo sabemos.
Este aspecto, el legal, nos lleva a otro no menos importante,
vital. ¿Confiamos en esta filtración? De una, quienes conocemos a William Peña,
y su trayectoria dentro de Inside Telecom,
asentimos. Confiamos y recordamos la filtración que los periodistas de ese
medio hicieron del texto propuesto para reformar la ley de telecomunicaciones en el año 2008, dirigida a establecer, entre otras cosas, un punto único de acceso
a Internet en manos del Estado (amén de la reforma del artículo 5to para
revertir el carácter de interés general de las telecomunicaciones).
En el 2008, gracias a la presión ciudadana, el “borrador de
ley” que la ministra tuvo que reconocer que existía, no pasó. Esperaron dos
años, pero lo hicieron. Y ese cambio, al menos en mi opinión, le puso una
lápida muy pesada (aunque no la única) a las telecomunicaciones.
Conclusión: No hay que bajar la guardia. Y no la bajamos.
