El giro ¿en las telecomunicaciones?

Ayer se aprobó en primera discusión una Ley que, sin duda, marcará una involución en torno a la promoción del acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del país, tal y como establece el Decreto 825 del 22 de mayo del año 2000 que, aunque no ha sido derogado, queda prácticamente sin efecto.

Y es que cumplir con los objetivos de ese Decreto, redactado en correspondencia con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) que acaba de reformarse, suponía la existencia de un régimen jurídico que garantizara, entre otras cosas, que tanto la explotación de las redes como la prestación de servicios de telecomunicaciones fueran considerados de interés general y no de interés público, como lo establece el "nuevo" texto que lleva al país de vuelta al Reglamento de Telecomunicaciones de 1940, instrumento legal anterior a la LOTEL.

Pasaron nada menos que 60 años para que nuestro país, en sintonía con el desarrollo global de las telecomunicaciones, adecuara su marco jurídico y lo hizo ajustado a preceptos constitucionales plenamente vigentes expresados en los artículos 108 y 110, entre otros.

Uno de los aspectos más celebrados de esa, entonces, novísima Ley, ampliamente consultada por Conatel con las empresas agrupadas en la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (CASETEL), fue justamente que abría las puertas a la inversión del sector privado en un área económica que prontamente pasó a ocupar el segundo lugar en importancia después del petróleo. Gracias a sus disposiciones se incrementaron sensiblemente las inversiones en el área y los aportes de ésta al PIB lo que trajo, como lógica consecuencia, que en una década Venezuela pasara de un 3,8% a más de un 35% de conectividad a Internet.

Ahora, con la reforma de la Ley ya aprobada en primera discusión, se establece en el artículo 16 que “El órgano rector, cuando lo estime conveniente y teniendo en consideración el interés público de la Nación, podrá otorgar concesiones a particulares y a las comunidades organizadas para la prestación de los servicios de telecomunicaciones reservados al Estado…” con lo cual, es obvio, pasa a monopolizar en exclusiva -valga la reiteración- la prestación de estos servicios.

Con la re-nacionalización de la CANTV, en el año 2007, Venezuela anunció el giro que se daría en el sector de las telecomunicaciones. A finales del 2010, con la reforma de la Ley, lo concretó. De allí, obviamente, que la inclusión o no de un Punto de Acceso a Internet (NAP, por sus siglas en inglés) perdiera relevancia. En realidad, con el monopolio del carrier (CANTV), que concentra más del 80% del tráfico, éste se hace innecesario. Existe de facto.

En el año 2008 se filtró a la prensa el borrador de una Ley de Telecomunicaciones que finalmente nunca se aprobó. Fue discutido ampliamente entre académicos, empresarios y organizaciones sociales que a través de diversas vías hicieron circular públicamente sus críticas y propuestas. Dos años después, en menos de una semana se da a conocer -y se aprueba- una reforma que cambia, como ya dijimos, las reglas del sector. La importancia del asunto obligaba a un mínimo de transparencia. Al menos si la Constitución, que consagra a la República Bolivariana de Venezuela como una sociedad democrática, participativa y protagónica, conservara algo de vigencia.

Publicado en el Diario de Los Andes, 16/12/2010 y en Código Venezuela
*Hemos corregido una fecha inexacta ofrecida en una primera versión. El reglamento de telecomunicaciones data de 1940 (no de 1936) Es en 1953 cuando el Estado compra la totalidad de las acciones de CANTV, la cual es privatizada en 1991 y re-nacionalizada 16 años después (2007).

Por una Internet de contenido libre

Una vez conocido que los Proyectos de Reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, así como la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, cuyo contenido pretende ser discutido por la Asamblea Nacional, incluyen:

1.- El servicio de Internet y medios electrónicos en las normas de regulación de difusión de mensajes en la Ley Resorte.
2.- La declaración como servicio público, el establecimiento de redes de telecomunicaciones y la prestación de estos servicios, para cuyo ejercicio se requiere la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa en las condiciones que establece la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Declaramos:
Nos preocupa suponer que el uso de Internet pueda ser considerado por el Estado venezolano como una actividad comparable a la que se deriva de la radio, prensa o televisión. El carácter distribuido, de libre acceso a la información y de intercambio horizontal que promueve Internet ha generado la posibilidad de construir voces alternativas a las impuestas por los medios de comunicación tradicional, sometidas en muchas ocasiones a agendas impuestas tanto por gobiernos de turnos como por intereses empresariales.
Internet ha sido considerada un bastión importante para la organización civil y la participación ciudadana en las democracias contemporáneas, dando paso a una nueva sociedad, la de la información y el conocimiento, planteando así nuevas relaciones del Estado con los ciudadanos.

Entendiendo que:

• Internet es un instrumento necesario para el desarrollo social y el libre acceso al conocimiento.
• Las características del espacio digital no son iguales a las del espectro radioeléctrico. Es inoperante, por ejemplo, regular aspectos como los bloques de horarios.
• Internet se aviene a una facultad inherente al espíritu de libertad de elección para producir y consumir contenidos.
• No existiendo capacidad técnica apropiada en Venezuela para las pretensiones de control de contenidos en Internet, se corre el riesgo de que autoridades públicas actúen de manera discrecional contra páginas e individuos que hacen su vida en la red, limitando la organización civil por esta vía para el ejercicio de la ciudadanía.
• Los códigos normativos, dispuestos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia de las Naciones Unidas dedicada a la ordenación de las tecnologías de la información y la comunicación y de la cual Venezuela forma parte, no ha logrado acordar aspectos de regulación de contenidos en Internet. Por lo tanto, no existe referencia internacional para justificar en las legislaciones internas de cada país, el desarrollo de dispositivos jurídicos que persigan el establecimiento de controles sobre los contenidos difundidos por esta vía. Hasta ahora, el acceso del usuario ha quedado totalmente fuera del ámbito de la acción reguladora del Estado en las discusiones internacionales.
• En Venezuela, la Ley de Delitos Informáticos (2001) fija responsabilidades penales a quienes violen la privacidad, obtengan y divulguen fraudulentamente datos personales o cometan ultrajes contra niños y adolescentes. Esta normativa está vigente y cumple en gran medida el propósito de la pretendida reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en cuyo objeto de regulación serían incluidos los mensajes transmitidos vía Internet.

Exhortamos a:

• Respetar los acuerdos internacionales y tendencias de regulación estandarizada de los que Venezuela es signataria.
• Excluir Internet de políticas regulatorias que no han sido debatidas abiertamente entre los diferentes sectores de la sociedad, específicamente en el caso de una posible discusión de Reforma de la Ley Resorte.
• Procurar políticas de buen uso de Internet, optimizando capacidades ciudadanas y educativas que promuevan usuarios críticos y capaces de autorregular decisiones en torno a la creación y recepción de contenidos.
• Establecer una comisión nacional de uso de Internet en la que participen diferentes sectores de la sociedad para evaluar impactos negativos o de excesos posibles, para discutir y acordar mecanismos de supervisión que no atenten contra su naturaleza libre y descentralizada, ni limiten la amplia posibilidad para la producción alternativa de contenidos.

Así lo suscribimos, a los trece días del mes de diciembre de 2010.
Si estás de acuerdo, firma la petición on line a la Asamblea Legislativa de Venezuela

DDHH, derecho a la comunicación, neutralidad de la red y acceso a banda ancha

La comunicación no es solo un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que el derecho a comunicar ––como estableció en 1980 el Informe MacBride de la UNESCO–– es un requisito previo para la realización de otros derechos humanos.

En relación con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es necesario advertir que si bien con ellas se alude a diversos elementos y técnicas utilizados para el tratamiento y la transmisión de información, que incluyen la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, es la conjunción de estos tres componentes encarnados en la Web lo que merece ser analizado, la menos hoy, cuando se trata de la vigencia y la preservación de las libertades de comunicación y expresión.

En un reciente artículo publicado en la revista Scientific America, Tim Berners-Lee, su creador, advirtió que la Web es ahora más esencial para la libertad de expresión que cualquier otro medio y que sus principios están siendo socavados. En su opinión, la desconexión es una forma de privación de la libertad.

La Web no es sólo un nuevo medio de información y comunicación, sino también la aguja con la que se teje, o el magma del que brota, la Sociedad de la Información; nada menos que un nuevo espacio social de intercambio y relacionamiento del que surgen nuevos problemas y desafíos de difícil comprensión. En nuestra opinión, algunos de los más relevantes son la neutralidad de la red y el acceso universal a la banda ancha.

En la actualidad, una discusión de fondo tiene lugar entre dos sectores visiblemente enfrentados: aquellos que defienden la conservación de una red neutral ––en la que el soporte y el contenido estén claramente separados–– y quienes argumentan que el crecimiento exponencial del tráfico debería conducir al establecimiento de medidas discriminatorias para garantizar la calidad del servicio en caso de congestión.

En cuanto al acceso a Internet se confrontan nuevas formas de discriminación (no otra cosa es la brecha digital) más dinámicas y complejas que las del pasado. Es evidente que la capacidad de transmisión afecta el acceso a los servicios: los que tienen conexiones lentas lo tendrán a aplicaciones sencillas, mientras que aquellos con mejores prestaciones lo tendrán a unas más sofisticadas. De allí la importancia del acceso universal a la banda ancha.

Según revela un estudio muy reciente de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en Europa y América del Norte más del 30 por ciento de la población tiene acceso a Internet con una velocidad promedio de 30,6 megabits por segundo (Mbps). Por contraste, en América Latina los niveles de penetración de banda ancha (fija y móvil) son inferiores a los promedios mundiales de 8 y 10 por ciento, respectivamente, y la velocidad se ubica en una media de 2,5 Mbps. Esta evidente disparidad pone de relieve no sólo el debilitamiento de nuestros derechos sociales, sino el de comunicarnos libremente.

¿Es necesario legislar para proteger la neutralidad de la red? ¿Es necesario legislar para garantizar el acceso universal a la banda ancha? Este año Chile se convirtió en el primer país del mundo en aprobar un proyecto de ley de Neutralidad de la Red y ya en Perú se discute una iniciativa legislativa que pretende declarar como derecho fundamental el acceso a la banda ancha. ¿Cómo estamos en Venezuela? ¿Hacia dónde vamos?

La ruta a recorrer dependerá, sustancialmente, de políticas de Estado; pero éstas, es bueno subrayar, dependen en buena parte de las demandas ciudadanas. No está de más advertir, como lo ha notado el académico José Luis Orihuela, que una de las consecuencias del caso Wikileaks es que “la neutralidad de la red se ha visto comprometida”. No sólo por el acoso al que ha sido sometido el portal, sino “por el previsible endurecimiento de las políticas de control sobre la red que pueden generarse a partir de este caso”.

Publicado en Código Venezuela

A propósito de las #LluviasVE

Durante los deslaves ocurridos en el estado Vargas en 1999, una incipiente Internet, que había despegado hacía apenas siete años, y contaba con un magro tres por ciento de penetración, demostró tempranamente las ventajas de su correcta utilización en casos de emergencia. Una década después, con una penetración cercana al 35 por ciento y, por ende, con una población con mayor cultura digital, nuevamente se revela como un excelente medio de información y coordinación ciudadana. Más aún cuando a ella ya se le han sumado las potencialidades y facilidades interactivas de la Web 2.0.

Durante las horas más críticas del pasado fin de semana, vista la multiplicación vertiginosa de información a través de Twitter, la misma comunidad de usuarios fue descubriendo la necesidad de organizarla para hacerla más útil y efectiva. En pocas horas, ciudadanos ávidos de recibir, pero también de ofrecer información oportuna acerca de la tragedia ocasionada por las cuantiosas lluvias, crearon la etiqueta #lluviasVe para concentrar los tuits referidos a la grave situación que se vivía desde el Zulia hasta Nueva Esparta.

Menos de 48 horas después, un grupo de emprendedores y activistas de la web social se articularon y, en menos de doce horas, levantaron un portal con un mapa agregador, un sitio dinámico de participación abierta que va organizando los datos (textos y fotos) proporcionados por los usuarios en tiempo real, lo cual lo convierte, de hecho, en una excelente herramienta de monitoreo.

Según se lee en su página principal, para alimentar el sitio LluviasVE el interesado cuenta con diversas opciones de envío: 1) un correo electrónico a la dirección lluviasve@gmail.com, 2) un tuit con la etiqueta #lluviasve y 3) un reporte en la página web. Pero existe una cuarta opción para aquellos a quienes se les dificulte la conexión a la red: el envío de un mensaje de texto al número 212 con la palabra *lluvias, lo cual tiene el costo de un bolívar (más el básico y el IVA). Adicionalmente, cuentan con una página en Facebook y se coordinan en una sala de Skype.

La velocidad con la que se mueve la red, sin embargo, ocasiona siempre algunos ruidos, como el suscitado con la cuenta de Twitter. Como es natural, un tuitero interesado en el tema se apresuró a tomar el usuario @lluviasVE, con el que claramente se identifica el portal que, en consecuencia, se vio impelido a utilizar uno muy similar @Velluvias. Según informan, sin embargo, ya ambos están en contacto y colaborando.

Un detalle importante, según relata uno de sus creadores, el joven computista y profesor de la Universidad Simón Bolívar Héctor Palacios (@hectorpal), es que antes de aparecer en la página, los reportes que llegan son verificados y aprobados para su difusión por un equipo multidisciplinario de voluntarios de distinta formación, un grupo de jóvenes dispuesto a dar parte de su tiempo y conocimientos de manera desinteresada para construir un insumo informativo que puede ser utilizado libremente y sin costo alguno.

El equipo está integrado además por Illiana Muñoz, Iria Puyosa y Jorge Olivares. El grupo de voluntarios son Carolina Martínez, Elisa Totaro, Estefanía Salazar, Francisco Pérez, Guillermo Amador, Hari Offret, Holanda Castro, Magdalena Boersner, Nadia Goncalves, Naky Soto, Raitme Citterio y Yimmi Castillo.

Una de las utilidades que presta el portal, como adelanta Iria Puyosa, es que los periodistas pueden consultar la base de datos para ubicar sucesos noticiosos por categorías o ubicación geográfica; igualmente, hacer panorámicas de la situación con una fácil identificación de los incidentes registrados. Como en la realidad, en la virtualidad la lluvia (de ideas) tampoco cesa.

Publicado en Código Venezuela

Medios al filo de la navaja

Quien se asome desprevenidamente al escenario nacional podría erróneamente pensar que en Venezuela el cerco tendido alrededor de los medios de comunicación social acorrala solo a los radioeléctricos o de mayor proyección. Pero, si bien ha habido hitos notables como el cierre de RCTV en el año 2007 y el retiro de concesiones, dos años después, a 34 emisoras de radio y dos de televisión, a lo largo y ancho del país existen diversos medios que, bien por hacerse eco de las denuncias ciudadanas, o por editorializar de forma crítica, viven al filo de la navaja. Tal es el caso del Diario de Los Andes, que circula en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, cuyos propietarios fueron recientemente sometidos al escarnio público durante el programa Aló, Presidente, en medio de los anuncios de expropiación de varios desarrollos urbanísticos.

Durante la transmisión del maratónico dominical, un “invitado”, a cuenta de las denuncias formuladas en contra de la Constructora Cumberland, C.A., empresa perteneciente al grupo Muchacho Hermanos, dueño también del Diario de Los Andes, esgrime uno de los ejemplares del periódico donde se observa una nota editorial y afirma, sin que medien exigibles argumentos, que sus accionistas constituyen una mafia dedicada a explotar a humildes trujillanos y que, en presencia de un gobierno que actúa en beneficio del soberano, se han dedicado a atacarlo con encono. Suerte de guión preconcebido, el Presidente de la República de inmediato interviene para repudiar al medio y sus palabras, por demás lapidarias, “ese es el periódico de la burguesía trujillana”, posteriormente montadas en un formato de propaganda, comienzan a ser transmitidas con inusual frecuencia por emisoras de radio públicas, privadas y comunitarias del Estado Trujillo.

Para algunos trujillanos, al menos para aquellos que siguen el devenir político y atienden los discursos mediáticos con cierta atención, es posible pensar que la ecuación es al revés. Que el gobierno arremete contra el Diario de Los Andes como represalia por su postura crítica y, muy especialmente, por la serie de notas informativas y editoriales que últimamente han venido denunciando manejos turbios de la administración regional, especialmente los relacionados con la compra de un terreno destinado a la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras cuya ubicación, en la entrada de la ciudad de Valera, ha generado el rechazo de la población a causa de los malos olores.

En descargo del grupo empresarial, uno de los hermanos Muchacho, como vocero de la constructora, ha utilizado el periódico para hacer un recuento minucioso de las negociaciones realizadas y de los problemas que han atravesado para cumplir con sus obligaciones. Entre otras cosas ha sostenido que el crédito contraído con el Banco Central (hoy Bicentenario) para la ejecución del conjunto residencial bajo escrutinio les fue otorgado con el aval de sus bienes personales, por lo que mal podría pensarse que fraguaban una estafa, y que están buscando las vías para concluirlo manteniendo el precio de venta inicialmente pactado.

Por su parte, el editor del Diario de Los Andes ha afirmado que la mención a sus editoriales en el Aló presidencial, y la posterior campaña de desprestigio desplegada a través de la radio, pone en evidencia que la intervención de la constructora constituye un pase de factura por sus denuncias. La verdad es que no resulta difícil llegar a esa conclusión. Las puntadas son demasiado burdas, demasiado gruesas.

Publicado en Código Venezuela

Sobre la política editorial del DLA

Artículo escrito a propósito del "Aló, Presidente" del pasado 14 de Noviembre en el cual se calificó al Diario de Los Andes (DLA) como el periódico de la burguesía trujillana. Nos guía el interés de dejar al descubierto, con hechos, las falsas apreciaciones que genera la polarización.

Cuando aterricé en Valera con mi título de licenciada en comunicación social casi de estreno, en 1986, lo primero que me sorprendió fue la vocería de un colectivo que empezaba a hacer sentir sus demandas de transformación social, agobiado por las políticas de uno de los gobiernos más nefastos que haya tenido el país.

La llamada ciudad de las Siete Colinas era entonces un laboratorio de pujante organización comunitaria necesitada de espacios de interacción, articulación, proyección y reconocimiento social y el periódico en el que llegaba a trabajar, el Diario de Los Andes (DLA), para sorpresa de quien había sido advertida de las funestas prácticas hegemónicas impuestas por los editores, entendía la atención a este descontento como un asunto de responsabilidad social.

Es así como, gracias al apoyo del Centro de Animación Juvenil, de la Federación de Centros Culturales, coordinada por Alfredo Matheus, y de grupos y personas vinculadas a diversas organizaciones, emprendimos un proyecto que, a la postre, y lo digo con 20 años carrera académica a cuestas, significó algo cardinal en mi formación profesional.

Hablo de Construyamos Juntos, una publicación quincenal de cuatro páginas y personalidad propia, donde se recogían las múltiples y variadas vivencias de los sectores populares que, de manera organizada, trabajaban para superarse a sí mismos y conseguir -gracias a su propio esfuerzo- mejores condiciones de vida para ellos mismos y sus comunidades.

El titular de su primera edición aún resulta inolvidable: Una sola golondrina no llama agua, sabias palabras de una vecina que resumía con ellas la necesidad de dejar de lado el individualismo para actuar de manera organizada. Recuerdo que a esa reunión, en un barrio acosado por los problemas, llegué con una “agenda informativa” que buscaba detectar y poner de relieve las carencias de “la gente”; ésta, sin embargo, se vio trastocada por la pauta que esa noche, durante la celebración de una misa comunitaria, me impusieron los vecinos: hablar de sus logros y de sus proyectos.

Durante varios meses fueron muchos los sectores populares que trajiné y diversas las iniciativas de las que di cuenta. Pero habiendo masticado las teorías de la comunicación alternativa, la idea que nos animaba no era “cubrir la fuente comunitaria”, sino propiciar la valoración de la dimensión comunicativa en el trabajo de organización popular, a través de la elaboración de un periódico hecho por las organizaciones y líderes comunitarios. Sin intermediarios.

Lo que planteábamos era que los “receptores” se convirtieran en “emisores” y que las comunidades populares se involucraran con el periódico, no como espectadoras, sino como protagonistas. De allí que el propósito inicial de una periodista -en solitario- se transformara en el proyecto de un equipo al que se sumaron Zonia Delgado, actual directora de la Escuela Fe y Alegría; el ex coordinador de la Misión Ribas, Pedro Rivero; el profesor Antonio Perdomo, miembro de la Asamblea del Centro de Animación Juvenil, entre otros -entonces- jóvenes emprendedores.

El suplemento, posteriormente coordinado por Zonia Delgado, alcanzó las 200 ediciones y dio origen a la fundación de la Escuela de Comunicadores Populares “Mario Kaplún”, de la que a su vez surgieron publicaciones como El Gañán, en Carache; El Convite, en Mérida; y Retruque, en Maracaibo, entre las que recuerdo.

Por esta experiencia de comunicación comunitaria recibí las dos únicas distinciones que -debo confesar- me han otorgado como periodista: el premio Pedro Malavé Coll, que concede anualmente el DLA al redactor más destacado, y una mención especial del Premio Latinoamericano de Periodismo “José Martí”, auspiciado por la agencia informativa cubana Prensa Latina, cuyo jurado estuvo presidido por el ilustre profesor Héctor Mujica.

Esta experiencia, reeditada por la Red de Reporteros Populares, que anima la Escuela de Liderazgo y Valores bajo la tutela de Roberth Ramírez; y por la Red de Reporteros Juveniles, en alianza con el Centro de Animación Juvenil y la Universidad Valle del Momboy, es un caso atípico. Hasta donde sepamos, en el país no han existido -ni existen- iniciativas como estas, en las que el pueblo organizado consiga un espacio para escribir su propio periódico dentro del periódico, no sólo con el respeto, sino con el respaldo absoluto de su editor.

Hoy nos parece necesario recordarlo pues expone, como ningún otro hecho, lo que ha sido la política editorial del DLA. Sin duda alguna, una de apertura, de escucha. Hoy, cuando todo el sistema de medios, privados, públicos y comunitarios, se encuentra bajo el escrutinio ciudadano, una revisión de estas experiencias puede ayudarnos a avizorar los esfuerzos hechos, y por hacer, a favor de una verdadera democracia informativa.