Ley de medios comunitarios no debe polarizarse

*Entrevista hecha por la periodista Marianela Mavares, publicada en el Diario El Tiempo, de Valera.

¿Qué opina sobre la Ley de Medios Comunitarios?

Lo primero es que la discusión sobre esta Ley no puede ser objeto de polarización. Por una razón muy sencilla: al ser expresión de una comunidad, un medio comunitario, por definición, es plural y diverso.

¿Cómo evalúa la propuesta introducida en la Asamblea?

Que adolece de lo que justamente he dicho le resulta propio, el pluralismo, pues expresa -desde la exposición de motivos- una parcialidad. Si bien el proyecto se introdujo por iniciativa popular, algo que celebramos, ésta fue impulsada por el sector oficial y, por lo tanto, recoge sólo su visión e intereses. Son válidos, cómo no, y tienen el derecho de promoverlos,  pero otros ciudadanos también tienen el derecho de ser escuchados. Sobre todo porque las luchas de los medios comunitarios no son de hoy, sino de hace varias décadas, y el Estado está en mora con esta Ley desde hace diez años.

En mora, ¿por qué?

Porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 legaliza la existencia de estos medios y sobre su desempeño sólo se cuenta con un Reglamento, vigente desde el 2002. Obviamente, en cuanto a la normativa, entre esos niveles macro y micro, que son una Ley Orgánica y un reglamento, hace falta uno meso como este, es decir, una Ley Ordinaria

¿Y quiénes deberían opinar y ser escuchados?

Todas aquellas personas e instituciones que tengan algo que decir, con base en argumentos. Hablamos de algo muy serio, de una Ley de la República. Así como el sector oficial acompañó una propuesta, los diputados de la oposición que integran la comisión de medios presentaron una serie de principios a ser considerados. Pero, más allá de estos dos sectores, políticamente diferenciados, hay otros cuyas opiniones deberían ser tomadas en cuenta dada su experticia en estos asuntos.

¿A cuáles se refiere?

A los centros de investigación de la comunicación de las universidades nacionales, a la asociación venezolana de investigadores de la comunicación, a las escuelas de comunicación social, a las instituciones de larga data y tradición como el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, cuyo equipo periodístico recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2002 (por haber informado veraz, imparcial y oportunamente durante el blackout mediático) y la primera licencia que se otorgó en el país para la operación de una radio comunitaria.

¿Qué opina del documento que presentó la oposición?

Aunque de alguna forma también refleja el clima polarizador, es más amplio. Sorprende, por ejemplo, que acoja como referentes los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el cual ha servido de guía para la elaboración de normativas de avanzada como las de Argentina y Uruguay, países con los cuales nuestro gobierno tiene excelentes relaciones.  Si los diputados, tanto del PSUV como de la oposición, se sentaran a trabajar constructivamente podríamos tener una buena Ley.

¿En su criterio, cuáles son los puntos centrales de una Legislación como esta?

En primer lugar su definición, en cuanto a los medios que atañe. Estimo que lo conveniente sería legislar sobre radio y TV únicamente, porque el anteproyecto presentado incluye hasta las expresiones muralísticas, lo cual es impensable. Lo segundo sería lo relativo a los fines y objetivos de estos medios, que -por cierto- están muy bien definidos en el reglamento vigente, pues acoge lo que tradicional e históricamente han sido: medios de un tercer sector no comprometido ni con intereses comerciales ni gubernamentales.

Otro aspecto, obviamente, tiene que ver con el ente otorga licencias, financiamiento y regula su quehacer. Este debe estar constituido de forma equilibrada, con representantes de diversos sectores. En Uruguay, por ejemplo, existe un  Consejo integrado por representantes de algunos ministerios, de los propios medios comunitarios, universidades públicas y privadas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. En este punto falla, y mucho, el  proyecto presentado, pues establece, por ejemplo, la creación de un fondo dirigido a captar y distribuir recursos para estos medios y lo adscribe a la Vicepresidencia de la República. A escala internacional no se conoce algo similar.

¿Está de acuerdo con la división del espectro en tres partes iguales?

Los primeros papeles de trabajo introducían ese punto, pero el proyecto presentado ya no lo contempla. Pero igual te diría lo siguiente. El espectro electromagnético es un bien público administrado por el Estado y debe procurarse la equidad en su distribución. Bolivia acaba de aprobar una Ley que les otorga 33% al Estado, 33 % a los comerciales, 17 %  al sector social comunitario y 17 % a los pueblos indígenas originarios y campesinos. Cada realidad orienta una propuesta. Ahora bien, con la digitalización esto pasa a otro lugar. Tendríamos que estar hablando ya, como en otros países, de neutralidad de la red, de acceso universal al servicio de banda ancha. En realidad esta es una Ley del Siglo XX que, insisto, debería discutirse con amplitud, profundidad y sin sesgos.

Anuncian pronta discusión de la Ley de Comunicación Comunitaria

Hoy fueron entregadas para su verificación ante el Consejo Nacional Electoral las cerca de 26 mil firmas que avalan el proyecto de Ley de Comunicación para el Poder Popular consignado el pasado 4 de agosto en la Asamblea Nacional. Además de los representantes del partido de gobierno, que promueve la propuesta, en el acto estuvo presente el diputado opositor Stalin González, miembro de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, quien destacó que el Estado está en mora con esta Ley desde el año 2000 cuando, con la aprobación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se abrió la compuerta legal para la existencia de la radiodifusión sonora y televisión abierta comunitaria de servicio público, sin fines de lucro. Estos medios, aunque cuentan con un reglamento, aprobado en el año 2001, adolecen de una Ley marco.
     Como se sabe, el proyecto presentado por los sectores afectos al ejecutivo el cuatro de agosto pasado, recibió una réplica por parte de los sectores de oposición quienes introdujeron un documento  insiprado en los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), el cual ha servido de guía para la elaboración de normativas de avanzada como las de Argentina y Uruguay, y con el que aspiran la actualización y cualificación del texto legal.
     A la entrada del CNE, Blanca Eekhout, reconocida activista de medios comunitarios (fundadora de CatiaTV) que hoy ocupa la segunda vicepresidencia del congreso y quien también pertenece a la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, aseguró que, verificadas las firmas, habría discusión en esa instancia y luego se pasaría a la consulta pública. Todas las propuestas -dijo- serán consideradas.
     La que no será discutida, al parecer, es la referente a la vieja aspiración de los colectivos populares, de acceder al 33% del espectro radioeléctrico. Del primer texto ventilado entre los grupos, hasta el que finalmente fue orillado a la Asamblea, esta moción fue descartada. Permanece en pie, sí, la creación de un fondo de financiamiento constituido por una contribución especial del 2% de las utiidades brutas de las empresas dedicadas a la publicidad y a las telecomunicaciones, además de los aportes del sector público y donaciones particulares. Dicho fondo estaría adscrito a la Vicepresidencia de la República. Algunos gestores de medios han destacado la urgencia de contar con este fondo, pues "el aporte monetario es necesario para seguir ejerciendo nuestras labores".
     Sobre ese aspecto, aunque los principios de la AMARC promueven la sustentabilidad económica de los medios comunitarios, vinculan este punto con su independencia y transparencia, por lo cual -destacan- los recursos obtenidos deberán ser reinvertidos íntegramente en el funcionamiento de la emisora para el cumplimiento de sus objetivos y fines, a saber:
        Satisfacer las necesidades de comunicación y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los integrantes de sus comunidades, sean éstas territoriales, etnolingüísticas o de intereses. Sus finalidades se relacionan directamente con las de la comunidad a la cual sirven y representan. Entre otras, serán la promoción del desarrollo social, de los Derechos Humanos, de la diversidad cultural y lingüística, de la pluralidad de informaciones y opiniones, de los valores democráticos, de la satisfacción de las necesidades de comunicación social, de la convivencia pacífica y del fortalecimiento de las identidades culturales y sociales. Son medios pluralistas y por tanto deben permitir y promover el acceso, diálogo y participación de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, orientaciones sexuales y religiosas, edades o de cualquier otro tipo, en sus emisoras.
      En esa dirección, tanto el otorgamiento de licencias, las asignaciones de frecuencias y otros aspectos del funcionamiento del servicio de radiodifusión comunitaria deberán ser regulados por organismos estatales independientes del gobierno, así como de grupos económicos y empresariales.
 

¿Comunicación para el Poder Popular?

Ley de medios comunitarios: ¿Una manzana envenenada?

Con apoyo de diversos estamentos y funcionarios del gobierno, desde principios de año se vienen realizando reuniones que, como ha sido difundido por varios medios, promueven la discusión y aprobación de una Ley, simplifiquemos el título, de Medios Comunitarios.

Variadas notas de prensa, así como documentos disponibles, revelan que la propuesta apunta básicamente al logro de dos cuestiones: la reserva del 33 por ciento del espectro electromagnético para este tipo de iniciativas y el otorgamiento de un abultado presupuesto público para estas emisoras por vía de la publicidad oficial. Algunos señalan el 50 por ciento.

Amén de las lógicas suspicacias que un proyecto de este tipo pueda levantar, y de lo evidentemente desfasado que resulta, tomando en consideración las nuevas venas que abre la digitalización, lo que nos parece más curioso es el ominoso silencio de quienes, en nuestra opinión, tendrían mucho que abonar en un debate sobre el tema. Porque ese es un punto cardinal. No hay discusión y debate. Al menos abiertamente.

Las reuniones a las que nos estamos refiriendo están siendo auspiciadas por destacadas figuras afectas al gobierno y en ella participan, de forma mayoritaria también, gestores y representantes de un conjunto de medios claramente identificados con el sector oficial.

Sé, porque conozco el sector desde hace muchos años, que el de los medios comunitarios no es un grupo homogéneo, sumiso y obsecuente. Por el contrario, si algo late en el corazón de su tradición, es el ser esquivo a los controles y mediatizaciones.

Esa, y no otra, es la razón de su emergencia en el espacio mediático, para demandar democracia informativa, al margen de los intereses comerciales y gubernamentales. Ello, como ha sido reconocido por tirios y troyanos, se puso claramente de manifiesto en el año 2002 cuando, gracias al blackout mediático operado por la TV comercial, surgieron como una “alternativa” a la desinformación.

¿Cómo se comportan ahora? Varios estudios disponibles que examinan sus discursos y tendencias dan cuenta de ello. Algunos son de corte descriptivo, con énfasis en las percepciones de sus promotores; otros, ponen sus los oídos en las audiencias; algunos más de fondo, producto de tesis doctorales en universidades y centros de investigación del país y del extranjero, los calibran a la luz de teorías comunicacionales y políticas.

Palabras más, palabras menos, al menos los que hemos consultado, coinciden en una realidad notoria: son pocos los que cuentan con un fuerte anclaje social. Un buen trozo de esta torta ha sido comida por el gobierno. Desde el 2002 se planificó y llevo a cabo un proceso de cooptación dirigido a hacer de ellos un altavoz oficial y así se desempeñan muchos. Muchísimos.

Pero también emerge de bulto que ese panorama no es uniforme, plácido, inamovible. Subsisten, penosamente invisibilizadas, una interesante cantidad de medios de genuina vocación alternativa y comunitaria.

¿Qué piensan estos de esta propuesta de Ley? ¿Qué les parece una pretensión como la que se revela en el proyecto, destinada a doblegar, mediante una pauta publicitaria oficial, su necesaria, sana y legítima independencia?

Que sepamos, no existe en el orbe legislación que se ajuste a tamaño despropósito. Existen sí, Estados democráticos que aseguran y destinan presupuestos y partidas del erario público al sostenimiento económico de unos medios que le urgen a la democracia. Partidas y presupuestos compuestos por ingresos provenientes de fuentes públicas y privadas, vía tasas impositivas, por ejemplo, administrados localmente y supervisados por entes equilibrados y probos.

Porque es esto lo que está en el fondo. Quién te financia y para qué. Ya lo decía Alfonso Gumucio-Dagron, uno de los estudiosos más respetados por el movimiento de medios comunitarios a escala latinoamericana: La sostenibilidad de estos medios es un arte de equilibristas.

De acuerdo con este investigador, autor de varios libros de obligada consulta y protagonista de diversas experiencias en Bolivia y Guatemala, los medios comunitarios tienen que procurar un balance (nada fácil) entre tres tipos de sostenibilidades: social, económica e institucional.

Social, porque deben auscultar y expresar los pálpitos de una comunidad, que siempre es diversa, con equidad. Económica, porque de ella depende su autonomía e independencia. Y, finalmente, institucional, porque tienen el derecho - y el deber- de exigirle al Estado un margo legal y regulatorio que garantice su supervivencia, de acuerdo con los ideales de una gestión democrática y participativa. Sin concesiones.

Hemos advertido muy de cerca la presión que sienten quienes, para nosotros, encarnan prácticas de legítima comunicación comunitaria y alternativa. Por eso nos resultan tan valiosas las expresiones de Argenis Fuenmanyor, de Tierra Libre FM de Trujillo; o de Kenia Useche, de Canal Z, de Maracaibo, quienes en un reciente foro celebrado en Valera, con el patrocinio de la misma Gobernación del Estado, abogaron por una revisión de fondo sobre el quehacer de estos medios y, en el contexto de la Ley que se promueve, pusieron sobre el tapete el tema de su necesaria independencia, al margen del discurso oficial.

¿Quién puede dudarlo? Es necesaria una Legislación que legitime, acote y preserve el digno quehacer de estos medios. Lo que no debe aceptarse es que, en aras de su muy circunstancial cooptación, se les ofrezca -y se acepte- una manzana envenenada. ¿Habrá algún ingenuo en esta época? ¿Se la comerán? ¿Cómo conjurar esa trampa? ¿Cómo aprovechar esta contingencia para avanzar en la antigua y noble lucha por una comunicación democrática?

Tiempos beta...

Hablan algunos de los maestros de la FNPI. Recomendado para los #pichones.

Foro Rosario- Carlos Serrano from FNPI on Vimeo.

Declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet (01/06/2011)

De los principios generales (1, a):

"La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad..."

Ver el texto completo aquí