19 de septiembre de 2011

6 de septiembre de 2011

Ley de medios comunitarios no debe polarizarse


*Entrevista hecha por la periodista Marianela Mavares, publicada en el Diario El Tiempo, de Valera.



¿Qué opina sobre la Ley de Medios Comunitarios?

Lo primero es que la discusión sobre esta Ley no puede ser objeto de polarización. Por una razón muy sencilla: al ser expresión de una comunidad, un medio comunitario, por definición, es plural y diverso.

¿Cómo evalúa la propuesta introducida en la Asamblea?

Que adolece de lo que justamente he dicho le resulta propio, el pluralismo, pues expresa -desde la exposición de motivos- una parcialidad. Si bien el proyecto se introdujo por iniciativa popular, algo que celebramos, ésta fue impulsada por el sector oficial y, por lo tanto, recoge sólo su visión e intereses. Son válidos, cómo no, y tienen el derecho de promoverlos,  pero otros ciudadanos también tienen el derecho de ser escuchados. Sobre todo porque las luchas de los medios comunitarios no son de hoy, sino de hace varias décadas, y el Estado está en mora con esta Ley desde hace diez años.

En mora, ¿por qué?

Porque la Ley Orgánica de Telecomunicaciones del año 2000 legaliza la existencia de estos medios y sobre su desempeño sólo se cuenta con un Reglamento, vigente desde el 2002. Obviamente, en cuanto a la normativa, entre esos niveles macro y micro, que son una Ley Orgánica y un reglamento, hace falta uno meso como este, es decir, una Ley Ordinaria

¿Y quiénes deberían opinar y ser escuchados?

Todas aquellas personas e instituciones que tengan algo que decir, con base en argumentos. Hablamos de algo muy serio, de una Ley de la República. Así como el sector oficial acompañó una propuesta, los diputados de la oposición que integran la comisión de medios presentaron una serie de principios a ser considerados. Pero, más allá de estos dos sectores, políticamente diferenciados, hay otros cuyas opiniones deberían ser tomadas en cuenta dada su experticia en estos asuntos.

¿A cuáles se refiere?

A los centros de investigación de la comunicación de las universidades nacionales, a la asociación venezolana de investigadores de la comunicación, a las escuelas de comunicación social, a las instituciones de larga data y tradición como el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, cuyo equipo periodístico recibió el Premio Nacional de Periodismo en el año 2002 (por haber informado veraz, imparcial y oportunamente durante el blackout mediático) y la primera licencia que se otorgó en el país para la operación de una radio comunitaria.
¿Qué opina del documento que presentó la oposición?

Aunque de alguna forma también refleja el clima polarizador, es más amplio. Sorprende, por ejemplo, que acoja como referentes los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el cual ha servido de guía para la elaboración de normativas de avanzada como las de Argentina y Uruguay, países con los cuales nuestro gobierno tiene excelentes relaciones.  Si los diputados, tanto del PSUV como de la oposición, se sentaran a trabajar constructivamente podríamos tener una buena Ley.


¿En su criterio, cuáles son los puntos centrales de una Legislación como esta?

En primer lugar su definición, en cuanto a los medios que atañe. Estimo que lo conveniente sería legislar sobre radio y TV únicamente, porque el anteproyecto presentado incluye hasta las expresiones muralísticas, lo cual es impensable. Lo segundo sería lo relativo a los fines y objetivos de estos medios, que -por cierto- están muy bien definidos en el reglamento vigente, pues acoge lo que tradicional e históricamente han sido: medios de un tercer sector no comprometido ni con intereses comerciales ni gubernamentales.
Otro aspecto, obviamente, tiene que ver con el ente otorga licencias, financiamiento y regula su quehacer. Este debe estar constituido de forma equilibrada, con representantes de diversos sectores. En Uruguay, por ejemplo, existe un  Consejo integrado por representantes de algunos ministerios, de los propios medios comunitarios, universidades públicas y privadas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión. En este punto falla, y mucho, el  proyecto presentado, pues establece, por ejemplo, la creación de un fondo dirigido a captar y distribuir recursos para estos medios y lo adscribe a la Vicepresidencia de la República. A escala internacional no se conoce algo similar.

¿Está de acuerdo con la división del espectro en tres partes iguales?

Los primeros papeles de trabajo introducían ese punto, pero el proyecto presentado ya no lo contempla. Pero igual te diría lo siguiente. El espectro electromagnético es un bien público administrado por el Estado y debe procurarse la equidad en su distribución. Bolivia acaba de aprobar una Ley que les otorga 33% al Estado, 33 % a los comerciales, 17 %  al sector social comunitario y 17 % a los pueblos indígenas originarios y campesinos. Cada realidad orienta una propuesta. Ahora bien, con la digitalización esto pasa a otro lugar. Tendríamos que estar hablando ya, como en otros países, de neutralidad de la red, de acceso universal al servicio de banda ancha. En realidad esta es una Ley del Siglo XX que, insisto, debería discutirse con amplitud, profundidad y sin sesgos.